miércoles, 31 de marzo de 2010

POLÉMICA SOBRE LA LEY Nº 28109: PROMOCIÓN DE RECURSOS Y RESERVAS MARGINALES DE HIDROCARBUROS

El Regional de Piura, lunes 29 de Marzo de 2010

Pedirán reversión de lotes petroleros de Petroperú


Talara.- El Dirigente Nacional del Sindicato de Trabajadores de Petroperú, Juan Castillo More viene realizando las coordinaciones respectivas con el resto de bases sindicales, para exigir al Poder Ejecutivo iniciar el proceso de reversión de nueve lotes petroleros de Petroperú que fueron otorgados a varias empresas privadas que operan en la provincia de Talara.


Tras tomar en cuenta la ley 28840 que permite a Petroperú participar en las etapas de exploración, explotación, refinación y comercialización del petróleo, el dirigente consideró que el Poder Ejecutivo debe de iniciar dentro de poco, el proceso de reversión de los 9 lotes petroleros en Talara, así como los lotes 1AB y 8 de Selva en concesión, a fin que la Empresa Petróleos del Perú recupere la integración vertical que la ley 28840 le facultó para que participe en las etapas antes en mención y la cual Petroperú perdió en el proceso de privatización.

"Los contratos de concesión, en algunas empresas están por terminar, tal es el caso del lote petrolero que posee Graña y Montero, el cual caduca el 2011, y otras los años 2013 y 2015, por lo que el poder ejecutivo debe de iniciar en el más corto plazo, el proceso de reversión a fin de garantizar el buen funcionamiento de los lotes petroleros, la cual se hace con un anticipo de cuatro años y así evitar que las empresas petroleras no inviertan y muchas veces los lotes se queden deprimentes".

Indicó que la empresa petróleos del Perú de lograr nuevamente la integración vertical tendrá una producción propia del petróleo, y no compraría el petróleo a lotes concesionados a un precio internacional, como lo hace en la actualidad. Asimismo solicitó que los terminales de acopio de combustibles que operan en Etén, Arequipa, Juliaca, etc; y la refinería de Pucallpa que Petroperú otorgó también a la empresa privada en concesión sean devueltos porque sus contratos están por vencerse.

En desacuerdo con ley de reducción de regalías

Muy mortificado, el Dirigente Nacional del Sindicato de Trabajadores de Petroperú, manifestó que el congreso de la república viene tratando un planteamiento de ley dada por José Carrasco Távara, y Guevara Trelles, quienes tratan de ampliar el plazo de la disminución de regalías a cuatro empresas petroleras que operan en la Provincia de Talara.

"Estoy en total desacuerdo, con esta ley, porque el precio del petróleo ha subido considerablemente y por ello no existe justificación de bajar las regalías a las empresas, por lo que propongo al ejecutivo convocar a una audiencia pública a la población de Talara, para que pueden conocer que efectos causaría esta ley, ya que de bajar la regalías, los ingresos del canon petrolero disminuirían notoriamente en la región" sentenció Juan Castillo More.




PLANTEAN ELEVAR LA PRODUCCIÓN, CANON E INVERSIONES PETROLERAS POR MÁS DE US$ 200 MILLONES EN PIURA Y EL NOROESTE

EN RESPUESTA A DIRIGENCIA SINDICAL OBSOLETA

Teniendo como finalidad alcanzar la autonomía energética y reducir el grave dependencia de crudo importado, como parte de la política energética nacional, el pleno del Congreso está por debatir y aprobar el dictamen del Proyecto de Ley Nº 2064-2007-CR, que precisa los alcances de la Ley Nº 28109, Ley de Promoción de Recursos y Reservas Marginales, que generará compromisos de inversión por US$ 200 millones, cuya autoría corresponde al congresista piurano José Carlos Carrasco y ha recibido el respaldo mayoritario de la Comisión de Energía y Minas.

Al respecto, el mejor criterio de evaluación sobre la relevancia de la Ley Nº 28109 corresponde a la realidad económica del Noroeste entre los años 2004 y 2008, lo que en conjunto ha permitido elevar la producción entre 10,000 15,000 barriles/día, según estadísticas de Perupetro. Igualmente este aumento de la producción ha elevado el nivel de empleo entre 10% y 20%. de la PEA de la provincia de Talara. Y como se sabe, este incremento del petróleo, tiene como principal beneficiado la Refinería de Talara de Petroperú, reduciendo las compras de crudo importado.

Lo mismo se presenta en el caso de las Regalías pagadas por las empresas; a saber, entre los años 2007-2008, Petrolera Monterrico elevó su participación de US$ 7 a US$ 12 millones, Interoil de US$ 12 a US$ 29 millones, y Petrobras de US$ 105 a US$ 206 millones. En general, en todos lo casos las regalías recibidas por el Estado, Gobiernos Regional y Local se han incrementado de manera significativa entre los años 2004-2008.

En conclusión resulta paradójico que este sindicalismo economicista y producto de las gollerías de una empresa del Estado, pierda la visión económica que beneficia a Talara y el país y defienda los intereses de los importadores y traders de crudo, como Repsol y Primax, cuando ahora lo urgente es elevar la producción de petróleo para abastecer el creciente consumo de la refinería de Talara, cuya modernización y ampliación de capacidad es una tarea prioritaria nacional.

Lima, 31 de marzo 2010


NOTA DE PRENSA DEL DESPACHO
DEL CONGRESISTA JOSÉ CARLOS CARRASCO TÁVARA.
SE AGRADECE SU GENTIL DIFUSIÓN.

viernes, 26 de marzo de 2010

PERÚ LNG: DOLOSA EXPORTACIÓN DE GAS NATURAL

MERCADO INTERNO SIN GAS



“Nuestro compromiso es que en ningún caso el uso nacional
interno actual o posible para la electricidad, los vehículos, o la industria sea
detenido o sacrificado en beneficio de las exportaciones”. Mensaje Presidencial
Dr. Alan García 28/07/09



Siempre he sido crítico del mal uso en el gas natural proveniente del lote 88 de Camisea desde agosto del 2004 a la fecha. Si bien la generación eléctrica quemando un recurso no renovable como el gas se justificaba en el “arranque” de la industria, no tenía sentido el uso térmico abusivo del gas natural en plantas de generación de ciclo simple que desperdician más del 65% de la energía generada por el vapor producido, con un factor de eficiencia a lo sumo del 35%. Por ello, la generación a ciclo combinado debiera ser la regla y no la excepción.

Tampoco resulta razonable el desperdiciar un energético rico en metano (90%) y etano (10%) para ser utilizado en la producción eléctrica, dejando de lado las posibilidades de transformación petroquímica, es decir, políticas de valor agregado, para obtener urea, amoníaco, nitrato de amonio, etc. que tienen un mayor valor en el mercado internacional. La industrialización de las materias primas debiera ser una política de Estado.

En el mismo sentido he cuestionado hasta el cansancio la baratura del precio del gas natural para el mercado interno, con precios regulados que constituyen un “subsidio económico” para las empresas eléctricas que compran el gas natural barato y venden energía cara para los usuarios y consumidores. Por tanto, el precio del gas natural para la generación eléctrica proveniente de Camisea es tan barato que desestimula la construcción de centrales hídricas y eólicas que son ecológicamente más limpias.

Evidentemente con tales precios las eléctricas “hacen cola” en Chilca o Lurín al sur de Lima demandando gas barato que resulta insuficiente por la prioridad de la exportación. A ello se debiera agregar los requerimientos de gas de una serie de empresas industriales que no están siendo abastecidas y la pobre penetración del gas natural en la red de consumo doméstico, no más de 15 mil familias solamente en Lima.

El sinceramiento del precio del gas natural en boca de pozo del lote 88 que actualmente se cotiza en US$ 1.79 por millón de BTU (BTU unidad calorífica) para la generación eléctrica y de US$ 3.21 por millón de BTU para el uso industrial-petroquímico, se impone por racionalidad económica y como mecanismo de mercado para estimular la inversión exploratoria de riesgo, y poder incrementar mayores reservas.

Actualmente los precios regulados del lote 88 están por debajo de los vigentes en el mercado internacional con el marcador Henry Hub de US$ 5.23 por millón de BTU en el período enero/marzo del 2010, o distante de los vigentes en el 2008 cuando se mantuvo cercano a los US$ 9 dólares MMBTU.

Es decir, el precio regulado del gas natural del lote 88 equivalente a US$ 1.79 MMBTU resulta excesivamente bajo incluso si lo comparamos a nivel nacional con las empresas que extraen y comercializan el gas natural que se extrae asociado al petróleo. Así por ejemplo, el gas del lote Z-2B ahora operado por la alianza colombo/coreana de Savia Perú antes Petro Tech transfiere el gas del Zócalo Continental a US$ 5.98 por MMBTU. La empresa que opera en la selva central el lote 31-C Aguaytía Energy vende el gas a un precio promedio de US$ 4.29 MMBTU, y por último, la empresa estatal Petrobrás comercializa el gas del lote X de Talara a un precio promedio de US$ 3.70 por millón de BTU.

Es más, la empresa norteamericana Olympic Perú Sucursal que opera en Piura-Sechura en el lote XIII vende el gas natural al precio más alto en el mercado interno. A un precio en promedio de US$ 7.48 el millón de BTU, es decir al precio más alto vigente en el mercado interno. Evidentemente mientras más elevados los precios de los hidrocarburos (petróleo, gas y líquidos de gas natural) mayores serán los ingresos fiscales por concepto de regalías que se fijan sobre la producción fiscalizada, al margen del impuesto a la renta.

Así, todas las empresas que producen gas natural asociado al petróleo tanto del noroeste (Talara) como de la selva central venden el gas natural a un precio superior al de Camisea lote 88. Lo absurdo e irracional es que los precios pactados en el cuestionado proyecto de exportación con el gas natural proveniente del lote 56, bajo responsabilidad de la transnacional española Repsol/YPF serán incluso más bajos.

Por ello, siempre hemos afirmado que la prioridad en el abastecimiento de gas natural para el mercado interno debiera ser un objetivo nacional, y una política de Estado ahora y siempre. En tal sentido, las reservas de gas natural provenientes del lote 88 y 56 deben abastecer el mercado interno, al gaseoducto andino del sur, a las empresas petroquímicas e industriales en un horizonte renovado de 20 años.

EXPORTACIÓN: UN PÉSIMO NEGOCIO PARA EL ESTADO

La lectura del Informe Final del Grupo de Trabajo responsable del “Estudio y Propuesta Revisión de los Contratos de Gas de Camisea y de los Contratos de Exportación del Gas” presidida por el congresista del APRA José Carrasco Távara expone con meridiana claridad la nefasta decisión de las más altas autoridades del gobierno del ex Presidente Alejandro Toledo en PerúPetro, y en la Dirección General de Hidrocarburos (DGH) del Ministerio de Energía y Minas, para favorecer un proyecto de exportación a todas luces lesivo al interés nacional.

La lista de artilugios legales, anomalías, bellaquerías, y corruptelas es tan larga que será materia de análisis en siguientes artículos, pues en verdad constituyen parafraseando al escritor argentino Jorge Luis Borges “Una Historia Universal de la Infamia”. Haciendo memoria se debe tener en cuenta que tanto las reservas de gas y condensados del lote 88 como el lote 56 fueron descubiertas por la transnacional Shell, y devueltas al Estado.

De allí que el contrato por la explotación del lote 88 firmado durante el Gobierno de Transición del doctor Valentín Paniagua con el Consorcio Camisea, suscribe regalías del orden del 37.24 % por el gas y condensados. Con las reservas probadas de este lote nuestro país supuestamente tendría asegurado el abastecimiento del mercado interno. En verdad, con el vertiginoso crecimiento de la demanda interna gracias entre otras razones a los bajos precios del gas y la débil actividad exploratoria para encontrar más reservas probadas de gas, ello no es tan cierto.

Lo fundamental del contrato de explotación del lote 88 es que priorizaba el abastecimiento del mercado interno en un horizonte renovado de 20 años de forma permanente y después de existir excedentes los contratistas, en este caso el Consorcio Camisea que tiene como operador a Pluspetrol Perú Corporation y sus socios, podrían exportar el gas natural. La premisa fundamental era la prioridad del mercado interno sobre la exportación.

En cambio, las reservas del lote 56 que también fueron descubiertas por la Shell a fines de los noventa, y devueltas al Estado con reservas de más de 220 millones de barriles de condensados y más de 2 trillones de pies cúbicos usando la nomenclatura inglesa, fueron entregados en negociación directa, es decir, por invitación sin subasta internacional al mismo Consorcio Camisea en el 2004. Sin embargo, entre el 2001 al 2004 la Dirección General de Hidrocarburos (DGH) nunca reconoció como reservas probadas los hidrocarburos de este lote, a pesar que se negociaba su exportación.

Sospechosamente las reservas del lote 56 al no ser reconocidas como reservas probadas no tenían la restricción de abastecer el mercado interno prioritariamente. En esa lógica con el abono de las regalías, el contratista, vale decir el Consorcio Camisea tenía la libre disponibilidad del gas y condensados, y el camino de la exportación estaba librado.

El lobby funcionó tan bien que como los compromiso de exportación hacia México comprometían 4.2 trillones pies cúbicos, y el lote 56 solamente podría justificar un poco más de 2 trillones (TCF en inglés), el lote 88 podría respaldar el proyecto de exportación con 2.2 TCF para hacer viable el proyecto. Si bien la administración actual ha negociado que por cinco años 2009-2014 las reservas del lote 88 no se exportarán, lo cierto y evidente es que la exportación de gas natural licuefactado resulta lesiva al interés nacional, encarnados ahora por las empresas que operan en el Perú demandando gas natural, y no son abastecidas.

Lo cierto y evidente es que la exportación hacia México debiera empezar en mayo/junio del 2010 y la Planta de Licuefactación en Melchorita en Cañete al sur de Lima, está al 98% de su construcción, donde se convertirá el gas proveniente del lote 56 en líquido para poder ser transportado en buque metaneros.

Al margen que Perú LNG no tiene firmado un contrato de explotación firmado con el Estado representado por PerúPetro, y por contrato suscrito del lote 56 el Consorcio Camisea tiene el derecho de la exportación mas no Perú LNG, lo real es que la Planta de Manzanillo en México estará recién operativa en el segundo semestre del 2011, y las exportaciones de Perú LNG bajo responsabilidad de Repsol/YPF empezarán ahora en mayo o junio próximo, dejando insatisfecho el mercado interno.

Es decir, Perú LNG por medio de Repsol exportará el gas licuefactado proveniente del lote 56 a terceros países, mientras nuestras empresas no están siendo abastecidas por este estratégico energético. Ello supone un contrasentido y se impone una renegociación antes del “incendio de la pradera”, con el agravante que las empresas que operan en el país pagarían mejores precios por el gas natural y las regalías serán más elevadas para el Fisco.

MERCADO INTERNO: MÁS REGALÍAS

Se debe reconocer que el tratamiento de las regalías en el proyecto de exportación son especiales, “sui generis” por decirlo de alguna manera, tal como se puede observar en el cuadro respectivo en la parte derecha, donde aparecen los valores de referencia que tienen al marcador Henry Hub en dólares por millón de BTU. La serie va desde los 3.50 dólares por millón de BTU hasta los US$ 10 dólares. Debe ser evidente que este precio es referencial. En la columna del medio aparecen los precios pactados en el contrato del Consorcio Camisea con la Planta LGN.

Si tenemos conocimiento que los socios que están en Perú LNG (Hunt Oil, Sk Energy de Corea del Sur, Repsol/YPF y Marubeni de Japón) también están en el Consorcio Camisea debiera ser evidente la concertación de intereses. Donde Perú LNG a su vez le transfiere a Repsol/YPF el gas para la exportación hacia México o cualquier otro mercado.

Los precios contrato de compra-venta van desde los US$ 0.50 centavos por millón de BTU cuando el precio Henry Hub está en los US$ 3.50 el millón de BTU, y llega hasta los US$ 3.57 el millón de BTU cuando el marcador Henry Hub está en los US$ 10 dólares.

Por último, la columna de la extrema derecha expone las regalías que el Fisco percibiría por cada nivel de precios en el contrato de compra- venta, que evidentemente es un negocio entre privados. Así, por ejemplo con precios actuales del marcador Henry Hub de 5 dólares el millón de BTU el valor mínimo de valorización será de US$ 0.63 centavos y la tasa de regalía aplicada del 38%, esto determina un valor de US$ 0.24 centavos por millón de BTU como regalía efectiva, que resulta una fracción a las regalías que están abonando las empresas industriales que operan en el Perú.

Solamente en el mejor de los casos cuando el marcador Henry Hub está en los US$ 10 dólares el millón de BTU, el precio de contrato compra/venta será de US$ 3.57el millón de BTU y la regalía efectiva será de US$ 1.26, más alta que en el mercado local. Es decir, solamente con precios superiores a los US$ 10 dólares las regalías efectivas por la exportación serían mayores a las del mercado local.

Así, en la parte izquierda aparece el precio promedio industrial por millón de BTU que están pagando en boca de pozo las empresas industriales-petroquímicas, según información de la Dirección General de Hidrocarburos (DGH). A ese precio de US$ 3.21 por millón de BTU con una tasa de regalía del 37.24 % se obtiene una regalía efectiva de US$ 1.20 por millón de BTU. Es decir, el mercado interno de gas natural en cuanto su uso industrial abona mayores regalías al Fisco que el proyecto de exportación cuando los precios son menores a los 10 dólares.

Al margen que dicha metodología en la aplicación de las regalías para el proyecto de exportación no está contemplada en la ley de hidrocarburos ni en su reglamento, lo que también constituye materia de investigación, el referido contrato de exportación debiera renegociarse. No resulta razonable que se exporte el gas natural licuefactado por más importante que haya sido la inversión, si es que las empresas que operan en el Perú no son abastecidas en su oportunidad con la cantidad suficiente de gas natural.

Ello supondría una cruel paradoja propia del despojo colonial, donde sacar los precios de las exportaciones del gas natural serían menores a los vigentes en el mercado interno, con el agravante que las empresas que operan en el mercado interno encuentran limitaciones y restricciones en su abastecimiento. A ello debiera sumarse que las regalías que obtendría el Fisco por las exportaciones provenientes del lote 56 serían menores a las vigentes en el mercado interno. Por tanto, por la seguridad y autonomía energética del Perú dicho contrato debe ser renegociado, antes que “se incendie la pradera”.

lunes, 22 de marzo de 2010

MADRE DE DIOS: UN DESASTRE ECOLÓGICO

LA MALDICIÓN DEL ORO

He tenido la oportunidad de participar en la semana pasada en dos eventos de importancia trascendente sobre el futuro de Madre de Dios y el país, a propósito de la presencia del Ministro de Medio Ambiente Dr. Antonio Brack sobre la “Minería Informal e Ilegal en Madre de Dios” ante la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República el martes 16 de marzo; y el viernes 19 el Grupo Parlamentario del Bloque Popular organizó una mesa redonda sobre el proyecto de Integración Energética Perú-Brasil con la presencia de destacados expositores donde se plantearon una serie de observaciones al proyecto de exportación de energía hacia el Brasil aprovechando el enorme caudal hídrico que brindan los Andes Orientales cuyas aguas se pierden en el Atlántico.

En verdad, ambos eventos están articulados sobre una realidad que muestra con crudeza lo que sin duda se llamaría un desastre ecológico generado por la actividad minera en los últimos 40 años en la llamada Cuenca de Inambari, y por la deforestación selvática que ha empobrecido los suelos, sumada a una agresiva presencia cocalera. En ese contexto la construcción de la central hídrica de Inambari con una potencia de 2,000 megavatios constituye una posibilidad de desarrollo, donde se deben analizar los costos y beneficios de su construcción en un territorio depredado por la actividad minera informal e ilegal.

Así, en el departamento con una superficie de 8.5 millones de hectáreas existe una zona minera potencial con más de 627 mil hectáreas, con 1,951 derechos mineros vigentes, de los cuales más de 265 mil hectáreas con denuncios mineros están sobrepuestas con áreas naturales protegidas, tierras de comunidades nativas, concesiones maderables, de conservación, ecoturismo y reforestación. Esto será evidentemente una fuente renovada de conflictos entre colonos, nativos y los informales del oro.

La búsqueda de oro que existe en las orillas de antiguos cursos fluviales, más la explotación de oro en placeres auríferos aluviales en los ríos está provocando toda una tragedia ecológica que ha concitado el mayor interés ambiental ante la depredación de más de 18 mil hectáreas por año solamente en el departamento oriental que limita con el Brasil y Bolivia. Considerado como uno de los más pobres, sin embargo, tiene una riqueza ecológica de primer orden, tanto en lo forestal, en la biodiversidad, con un potencial turístico creciente en sus diversos parques y reservas naturales.

Si a ello se agrega que solamente 24 concesiones mineras tienen la llamada licencia ambiental, en un departamento donde se estima una extracción de oro anual superior a las 550 mil onzas de oro que utiliza de manera intensiva el mercurio en el proceso de amalgama, y cuyo derivado altamente tóxico, el metil mercurio, no se recupera en el proceso productivo estamos ante una tragedia ambiental que termina en un envenenamiento masivo en cadena de peces, animales, aire, suelos y personas.

Esta realidad se agudiza en razón de los altos precios del oro que superan los US$ 1,000 dólares la onza con tendencia al incremento, y del subempleo de miles de migrantes puneños y cuzqueños que ofertan su fuerza de trabajo en las peores condiciones laborales, y como en el Medio Oeste americano, con el sueño del éxito empresarial impera la ley del más fuerte, y el Estado resulta un ente pasivo ante la destrucción ecológica y la evasión de importantes recursos fiscales.

PRODUCCIÓN AURÍFERA

Esta minería informal e ilegal sustrae al fisco el abono del impuesto a la renta y regalías al margen que contamina impunemente el territorio de Madre de Dios, con altos pasivos ambientales que como todo suelo amazónico tiene un frágil equilibrio. El cuadro “Estimación de los Ingresos y Canon minero en Madre de Dios por la Obtención de Oro”, nos muestra la producción estimada por la Dirección General de Minería (DGM) del Ministerio de Energía y Minas medida en onzas finas desde el 2004 al 2009, luego se exponen los ingresos en miles de soles previa conversión del precio promedio del oro, y por último la columna del canon minero transferido al departamento de Madre de Dios.

Si se tiene presente que el canon minero por ley corresponde al 50% del impuesto a la renta pagado por titulares mineros como impuesto de tercera categoría, se tiene por ejemplo que para el año 2009 la producción estimada de oro fue de 556,425 onzas finas que con el precio promedio del oro equivalente a 973 dólares la onza y su conversión a nuevos soles al tipo de cambio promedio, se obtiene un ingreso de 1,631 millones de nuevos soles. Sin embargo el canon minero percibido tanto por los gobiernos locales como el regional no superó los 45 mil nuevos soles.

Esto constituye un grave desbalance de una actividad extractiva que por un lado genera un ingreso de más de 1,631 millones de nuevos soles, al cual habría que deducir los costos, con un estimado de 50% de rentabilidad neta que es la rentabilidad de las empresas auríferas, solamente capitaliza a la región vía canon minero con 45 mil nuevos soles. Si se formalizara la actividad aurífera, el canon minero sería mayor a los 50 millones de nuevos soles anuales y no la miseria de 50 mil nuevos soles y hasta menos.

En tal sentido, no existe proporcionalidad entre los ingresos generados y el impuesto a la renta pagado. Así, en el 2008 se generó un estimado de 1,378 millones de nuevos soles por concepto de ingresos y el impuesto a la renta pagado fue de 90 mil nuevos soles, de los cuales el 50% se distribuye como canon minero a partir de junio del 2009 por un valor de 45 mil nuevos soles.

Ello significa que existe una gran y grave evasión tributaria que se agudiza con los daños y pasivos ambientales, de una actividad minera que de informal solamente tiene el nombre en razón de la fuerte dotación de capital que utiliza maquinaria pesada a vista y paciencia de las autoridades regionales y sectoriales.

Según la información proporcionada por el ministro de Medio Ambiente en Madre de Dios se han detectado en las operaciones más de 550 cargadores frontales, volquetes Volvos, más de 150 dragas en los ríos que se valorizan entre 200 mil dólares a un millón de dólares, más de 800 chupaderas con motores que utilizan derivados del petróleo.

Se estima en más de 4,100 barriles diarios el consumo de diesel 2 y gasolinas que se utiliza preferentemente en las operaciones mineras intensivas en el uso de mercurio que sobrepasan los 30 mil kilos anuales.

¿QUÉ HACER?

De existir voluntad política y económica para formalizar una actividad ilegal que no tiene nada de artesanal ni de la pequeña minería, se debería ejercer mecanismos de mercado más una fuerte regulación en el control de los combustibles y en la licencia para el uso del mercurio. Por ello, creemos que el plan de solución expuesto por el señor ministro para una solución está condenado al fracaso.


En verdad, la explotación informal e ilegal de oro en Madre de Dios, y otros departamentos como Puno, Arequipa, Ayacucho, Ica, Piura, La Libertad, etc; es la expresión más pura del “capitalismo salvaje” que las libres fuerzas del mercado auspician y fortalecen. De allí que las medidas punitivas constituyen “cantos de sirena” que no van al fondo del problema. Frente al potencial aurífero, la tentación de mayores utilidades supera la norma y la regulación. La búsqueda y la obtención del oro con los beneficios privados van más allá de cualquier lógica. De allí, que el propio Estado tendría que superar sus propias limitaciones y utilizar los propios mecanismos de mercado e intervenir en el mercado del oro.

Evidentemente cualquier intervención del Estado en el mercado de los metales sería mal visto por nuestros liberales criollos que externamente se escandalizan con la tragedia ambiental de Madre de Dios donde se transan equipos y maquinaria pesada que se pagan en algunos casos hasta en pepitas de oro. Por ello, sería conveniente la intervención del Estado como comprador del metal amarillo con premios y castigos, más una fuerte regulación en el abastecimiento de combustibles y uso del mortal mercurio.


lunes, 15 de marzo de 2010

Comentarios respecto al artículo “Sobre Contratos de Hidrocarburos del Noroeste”

POLÉMICA ABIERTA

En primer lugar, debo agradecer los generosos comentarios respecto al artículo publicado en mi página web y en el blog Kuraka; sin embargo para evitar suspicacias sería deseable que las personas se identifiquen pues la libertad de prensa debe ser respetada como también la dignidad de las personas. Al mismo tiempo, es verdad que los apellidos deben tener la misma consideración de allí la necesidad de identificarse plenamente en la medida de lo posible.

Al margen de ello, me parece interesante y saludable que este tipo de denuncias se expongan y debiera ser el señor Saba de Andrea quién debiera responder. Quiénes ocupen altos cargos en la administración pública deben cumplir la máxima de Plutarco sobre la mujer del César que “no solamente debe ser honesta sino parecerlo”

En lo fundamental me reafirmo en el contenido del artículo en referencia y está en preparación la segunda parte del mismo. Dónde responderé algunas de las interrogantes planteadas, en relación a los contratos lesivos, la naturaleza de las reservas probadas, la capacidad de PetroPerú para asumir la gestión de los lotes marginales, etc.

Lo que sí considero importante es que estos temas se discutan plenamente y públicamente. Si bien es verdad, la atención de la opinión pública se centra en el proyecto de exportación del lote 56, o Inambari, en el Congreso de la República debiera debatirse la conveniencia o no de la prórroga en la extensión de los contratos de hidrocarburos del noroeste (Talara) que fueron firmados a inicios de la década de los noventa, donde dicho sea de paso no habían muchos críticos respecto a la privatización fragmentada de PetroPerú.

Lo cierto y evidente es que las condiciones del Perú y del precio internacional del petróleo de ese entonces son radicalmente diferentes a las actuales. En los años 1991-92 el precio del crudo era menor a los 21 dólares el barril y ahora se mantiene por encima de los 75 dólares con tendencia al incremento.

Por tanto, si el Estado participa con un 50 % o 47% de las regalías que se fijan sobre la producción fiscalizada de petróleo o gas asociado, al margen del impuesto a la renta pagado por las empresas privadas, me parece un buen negocio para el Estado este tipo de modelo, y si a ello se suman compromisos de inversión en buena hora.

Diferente es el caso de contratos de hidrocarburos donde las regalías fijadas resultan lesivas al Estado sea el caso de Petro Tech ahora Savia Perú donde la regalía equivalente que percibe el Fisco debiera ser del 51% y no 16%, o el caso de Sapet que opera el lote VI/VII con regalías mínimas.

El caso de Graña y Montero debiera dar lugar a una investigación del Congreso de la República, concretamente de la Comisión de Energía y Minas de ser cierta la información sobre una prórroga concedida en condiciones lesivas al país.

Por último, me reafirmo sobre la necesidad de juzgar a las personas teniendo en consideración los activos y pasivos que cada uno arrastra. De allí que los organismos competentes (Contraloría de la República, Congreso de la República, etc) debieran investigar una vez más la gestión del Señor Daniel Saba en PerúPetro.

Por todo ello, se publican los comentarios citados con algunas correcciones de estilo y ortografía respetando lo esencial.

Jorge Manco Zaconetti


1.- María del Carmen Manrique dijo...

¿Cuál es el tema en debate?

La ampliación del plazo de los Contratos?

La devolución de los lotes de Talara a PetroPerú?

El ilícito desempeño de Saba como Presidente del Contratante y Director de un Contratista?

El nombramiento de amigos de Saba en la organización de PERUPETRO?

La falta de manejo de Saba en PerúPetro que se traduce en 6 gerentes generales en 3 años?

Los más de 20 viajes de Saba al exterior para "DIZQUE" promocionar la inversión?

Los contratos de PerúPetro con proveedores amigos de SABA?

La contratación de estudios de amigos de SABA para opinar sobre contratos petroleros?

El nombramiento de Pedro Arce como gerente de contratos, el que firmó el informe que permitió el arbitraje que se perdió con Petrotech?

La inconsecuencia de SABA con su pregonada transparencia (todo se negocia por concurso), adjudicando contrato directamente cuando le da la gana?

La posición de SABA frente a la venta de acciones de Petrotech en el exterior?

La posición tibia de SABA frente a Pluspetrol? (por qué no se le hizo carta de incumplimiento?)

La fiebre de creación de oficinas descentralizadas sin estudio previo de necesidades? (¿qué hace la oficina de TALARA?)

La cantidad de gente que ha entrado a PERUPETRO en la gestión SABA?

El encubrimiento de SABA a los directores que legalmente están impedidos de serlo?

EL encubrimiento de SABA de 2 abogadas que pasaron al sector privado, estando legalmente impedidas?

Señor MANCO...
CUÁL ES LA POLÉMICA ABIERTA??????


15 de marzo de 2010 18:30


2. - Manuel Águila Castro dijo...

Amigo Manco... Estuve siguiendo con mucha atención sus artículos en la Red de Energía y en su Blog. El que algunas veces coincidamos y otras no, en nada afectan la opinión que tengo de su compromiso con los intereses nacionales.

Solo un comentario. El apellido "Fiestas" es emblemático en Talara… y la opinión de un Fiestas siempre se respeta.

Tampoco es muy cierto todo lo de la gran gestión de Saba, señor Manco.
6 gerentes generales… han cambiado 6 gerentes generales en PERUPETRO. Como quien se cambia camisas porque no hacen juego con el pantalón. ¿Eso le parece bien señor Manco?

Pregúntele usted ¿en qué quedó el reclamo a Pluspetrol sobre abastecimiento al mercado interno?

Pregúntele usted si es verdad que ¿Ya le extendió el plazo al contrato de Graña y Montero?

Pregúntele si es verdad que ha nombrado secretario general del directorio a su abogado personal Enrique Verdeguer.

Pregúntele si es verdad que su abogada en los juicios que tiene en curso (como presidente de PerúPetro) se los lleva la esposa de Verdeguer, la doctora Canelo.

Pregúntele si no fue él, quien decidió darle el lote 130 (que devolvieron los rusos) a CEPSA en negociación directa.

Pregúntele si no es verdad que revocó a Milton Rodríguez por haberse opuesto a negociar con Pluspetrol condiciones lesivas.

Pregúntele si no es verdad que es el presidente que más ha viajado al exterior.

Pregúntele si no es verdad que el permite que Gustavo Navarro sea director (de PerúPetro) cuando la Ley se lo prohíbe.

¿Usted cree que es serio ufanarse de la cantidad de contratos firmados, cuando todos juntos no hacen ni 3,000 kms de sismica y ni 10 pozos exploratorios en 2 años?

13 de marzo de 2010 22:54


3.- Ricardo Dávila Romero dijo...

El verdadero éxito en suscribir contratos se traduce en UTE's señor MANCO y no en # de contratos.

Lo importante es la CALIDAD de los contratos y no la cantidad señor Manco. Lo que importa es qué tipo de empresas son las que vienen y no cuántas empresas.

Usted que es un investigador, investigue entonces quienes son: Gold Oil, Petrolifera Petroleum, Vetra, etc.

Sobre lo de los yacimientos marginales de Talara, recuerde usted que para su privatización se convocó a concurso internacional y no se presentó una sola empresa extranjera, excepto Sapet para el lote VII. No se usó la misma modalidad del Lote X porque eran lotes desdeñados por PetroPerú con chatarra en su superficie.

Ha investigado usted ¿cuántas reservas tenían en diciembre de 92 y cuánto han producido en casi 17 años?

Lo de la modificación del contrato de GMP (Graña y Montero) sí merece una investigación. ¿Por qué a GMP le dijeron Sí y a los otros les dijeron No?.... HAGA LA DENUNCIA… gaste menos tinta en defender a SABA y haga denuncias realmente importantes.

14 de marzo de 2010 11:11


4.- Un trabajador de PERUPETRO dijo...

¿Por qué no hace una pequeña y rápida encuesta entre los trabajadores de PERUPETRO señor Manco?

A ver ¿Qué opinión tienen de SABA?

Usted que luchó tanto contra las corruptelas del Contrato Petrotech, recordará quienes firmaron el Informe en el que se apoyó Samaniego para llevar un asunto de "INCUMPLIMIENTO" a arbitraje… verdad?. Lo recuerda?

Bueno, el lunes a primera hora, pregunte a quién ha designado interinamente Gerente de Contratos en PERUPETRO, por vacaciones del titular... PREGUNTE, pero con un buen sofá atrás suyo.

14 de marzo de 2010 15:10


5.- Jorge Bicetti - Ingeniero Petroquímico dijo...

Rembrandt, el genial pintor holandés, estaba pintando uno de sus grandes cuadros cuando se le acercó un señor a admirar su obra.

El buen hombre le dijo: “Disculpe, Maestro, pero yo soy zapatero y me permito decirle que la hebilla en este zapato no está correctamente representada”.

Rembrandt, que no era ningún necio, inmediatamente tomó el consejo del zapatero y corrigió el zapato en cuestión.

El zapatero, envalentonado porque el famoso Maestro tomaba su consejo, pensó que podía darle su opinión sobre otros aspectos de la obra, como: la luz, la postura de los personajes, la composición, el color, a lo que Rembrandt muy cortésmente respondió: "gracias por sus consejos, pero .Zapatero, a tu Zapatos”.

Señor Manco: Cortésmente también le pregunto, ¿sabe usted como se determinan las reservas probadas de hidrocarburos y cómo intervienen las variables técnicas y económicas en esa determinación?

¿ZAPATERO A TUS ZAPATOS?

14 de marzo de 2010 16:59


6.- Manuel Mendoza Criollo Dirigente Sindical de PetroPerú, escribe:

Mi estimado Dr. Manco Zaconetti, no crees que sea necesario revertir estos criterios en tu artículo:

“Es más, por el mismo interés nacional esos lotes debieran seguir siendo operados por el sector privado por los altos costos y riesgos que entraña su producción. Por ello, si bien resultaría deseable que PetroPerú asuma paulatinamente la gestión y administración de los referidos lotes, ésta no tiene ni los capitales de inversión, ni el capital humano necesario. Es más políticamente la opinión pública está sensibilizada contra la petrolera estatal por el affaire de los petroaudios, la falta de transparencia en la administración actual, y el excesivo peso político en la determinación de los precios de los combustibles.

Por ello, lo razonable sería que PetroPerú concentre sus mejores esfuerzos en la modernización de la Refinería de Talara, en la obtención de los requeridos capitales para su ampliación, tratamiento de crudo pesados y la desulfurización del petróleo diesel. En ese sentido sería la petrolera estatal la más interesada en el incremento de la producción de los llamados campos marginales de Talara y del Zócalo Continental. Cuando su capacidad de refino se amplié a los 90 mil barriles diarios lo lógico sería que el abastecimiento del crudo tenga un origen doméstico, de preferencia del buen petróleo ligero del noroeste”

Debemos tener en cuenta que PETROPERU sí tiene capital humano necesario que inclusive actualmente les sirve a las mismas empresas que operan dichos lotes. Y en cuanto a capitales de inversión, no crees que teniendo de garantía las reservas probadas, darían suficiente garantía para el financiamiento.

Te digo esto, porque estoy enterado que por iniciativa de los trabajadores petroleros de oleoducto, existe un proyecto de Ley presentado por la bancada nacionalista, para que dichos lotes reviertan a PETROPERU y no se renegocien como quiere PERU PETRO.

Un fuerte abrazo, Manuel Mendoza


7.- Víctor Guevara B. dijo...

Interesante artículo Señor Manco.

Sería posible quitarle un poco de su tiempo para un par de preguntas:

1.- Es verdad que el el Art. 17 de la Ley de PERUPETRO (26225) dice que los directores no pueden ocupar cargos en empresas vinculadas COMERCIALMENTE con PERUPETRO?

2.- Es verdad que PETROPERU es Contratista de PERUPETRO en uno o más lotes petroleros?

3.-Es verdad que el Presidente de PERUPETRO es Daniel Saba y este señor a su vez es Director de PETROPERU (empresa contratista de PERUPETRO?

4.- Es verdad que quien nombró a Saba en PERUPETRO y en PETROPERU fue el Presidente de la República?

5.- Es verdad que el artículo 118, inciso 1, de la Constitución Política dice que es deber del Presidente de la República CUMPLIR y HACER CUMPLIR las Leyes?

6.-Es verdad que además de SABA hay directores como Navarro y Ortigas que son funcionarios públicos? (incumpliendo el art. 13 de la Ley 26225)

7.- ¿Por qué no escribe sobre este FLAGRANTE ILICITO?

10 de marzo de 2010 20:30


8.- José Fiestas dijo...

Lo más grave de todo esto es que el articulo 13 de la Ley de PerúPetro dice que para ser Director de PerúPetro debe acreditarse experiencia en la materia (contratación petrolera) y qué experiencia puede acreditar SABA?.. ¿Las Memorias de un Confeccionista?

11 de marzo de 2010 00:09

sábado, 13 de marzo de 2010

SOBRE CONTRATOS DE HIDROCARBUROS DEL NOROESTE

PRÓRROGA O DEVOLUCIÓN

No tengo un ánimo de animadversión con respecto al señor Daniel Saba de Andrea, mi relación con su persona es eventual, esporádica desde los años noventa a la fecha, más de conocidos que amigos. Por ello, los comentarios de los señores Víctor Guevara y José Fiestas en mi blog no dejan de tener interés sobre el comportamiento pasado, presente y futuro del Presidente de PerúPetro. Es más, si se tiene perspectiva histórica para juzgar a las personas, debieran evaluarse los activos y pasivos de sus acciones, por ello, creo que nuestro país debiera estar agradecido con Daniel Saba y con muchos otros que defendieron el patrimonio y el interés nacional en los duros días de la dictadura fujimontesinista después del golpe del 5 de abril de 1992; régimen donde se privatizaron rentables empresas estatales, yacimientos y activos para valorizar el capital privado fundamentalmente transnacional.

En la defensa de PetroPerú contra una absurda e irracional privatización impuesta desde 1991 que se inició con la transferencia de los llamados yacimientos marginales del gran lote X, de la privatización de rentables filiales como Solgás, Petromar, grifos, la naviera Transoceánica, y la liquidación de Serpetro, y la petroquímica básica de Talara (fertilizantes y negro de humo) no recuerdo haber conocido a ningún señor Guevara ni Fiestas, pero en cambio sí al señor Daniel Saba que desde el interior de la COPRI de PetroPerú, es decir el ente responsable de fomentar la privatización por pedazos de la petrolera estatal, tuvo el coraje de denunciar la irracionalidad de una privatización cuyas consecuencias tenemos que asumir hasta ahora.

Por ello, el comportamiento del señor Saba debe ser evaluado, no soy juez ni fiscal, teniendo perspectiva histórica. Si bien a mediados de la presente década formó parte de la asesoría del comandante Ollanta Humala y su movimiento nacionalista, tuvo la oportunidad de asumir la presidencia de PerúPetro en el 2006 por invitación directa y personal del presidente Alan García.

Se debe reconocer que PerúPetro es la empresa estatal responsable de promover la inversión en el sector de hidrocarburos y la supervisión de los contratos, y Saba tuvo que arrastrar en la administración a una serie de funcionarios doctos en malas prácticas empresariales, con indicios de corrupción como ha quedado en evidencia en sendas investigaciones del Congreso de la República y de la Contraloría, entre otros el asunto Petro Tech, la extensión de contrato del 1-AB, Z-1, el contrato de exportación del lote 56 etc.

En ese contexto se podría cuestionar al señor Saba de varios errores, incluso de no ser experto en contratación petrolera y de ser ilegalmente miembro del directorio de PetroPerú como bien señalan los atinados comentarios. Seguramente se podrá acusar al señor Saba de una serie de cargos, de irresoluto, medio autista, de timidez, de exceso de confianza a personas de dudoso pasado, etc. Pero como ha quedado demostrado en las investigaciones de los llamados “petroaudios”, y en su práctica vital, sí se puede afirmar que no es un corrupto, que no tiene manchadas las manos con entuertos, negociados y bellaquerías. Esto es decir bastante en un régimen que ha hecho de la mentira una virtud, y de la hacienda pública el establo de negocios privados.

Por lo tanto, con este reconocimiento de parte del activo y pasivo personal me extraña la manera como se está llevando en PerúPetro el asunto de la extensión de los contratos de Talara en los llamados “campos marginales” de Talara, donde se debe preservar ante todo el interés nacional.

LOS CAMPOS MARGINALES

Se debe recordar que en la gestión del señor Jaime Quijandría Salmón como presidente del directorio de PetroPerú hacia 1991 se planteó la entrega de lotes llamados marginales al sector privado en razón de los altos costos de producción. Este proceso de denominó la “modernización de PetroPerú”, un adelgazamiento de la petrolera estatal y por el cual fueron transferidos a las empresas privadas un conjunto de distritos petroleros como San Pedro, Tablazo, Portachuelo, Lobitos, Lomitos, Pariñas, Hualcatal, Los Órganos, Lagunitos, Alvarez, etc.

La lógica de ese proceso de entrega de los llamados campos marginales tenía la intención de favorecer la capitalización del empresariado nacional reproduciendo la experiencia chilena que favoreció a los capitales privados de dicho país. En ese contexto varias empresas nacionales petroleras incursionaron en el negocio petrolero que como diría un funcionario de Graña y Montero “Obtener petróleo en el Zócalo Continental es tan rentable aún si se trasladase el crudo en camiones. No existe negocio lícito más lucrativo ahora que la actividad petrolera” 1992

Esta experiencia de transferencia marcada en el ámbito de la privatización de los campos marginales tuvo además otras características que no se debieran reproducir en el presente. En los inicios de los noventa el problema central en el sector de hidrocarburos estaba relacionado fundamentalmente con la capitalización del sector, en la promoción de la inversión privada, en el reordenamiento económico-financiero de PetroPerú, la superación de las absurdas políticas de subsidios del régimen anterior, en el incremento de la producción y de las reservas de hidrocarburos, en la superación del déficit de la balanza comercial de hidrocarburos, etc.

Por ello, con la excepción del “adelgazado” lote X/XI que fue transferido al sector privado en diciembre de 1996, donde la empresa argentina Pérez Companc pagó US$ 202 millones de dólares por las reservas que a la fecha tenía el lote operado por PetroPerú. Por defecto, todos los demás lotes del noroeste fueron privatizados a favor de empresas que firmaron contratos con PerúPetro pero que no pagaron por las reservas probadas. Esto que era razonablemente justificado a inicios de los años noventa no puede repetirse en el presente.

Las condiciones económicas, políticas y sociales han cambiado. De allí, que para la extensión de los contratos debiera haber un pago al Estado por las reservas probadas, al margen de las regalías abonadas y los compromisos de inversión pactados. Los altos precios internacionales del petróleo y gas exigen que las empresas paguen al fisco por las reservas si es que se pretende la prórroga. Esto debiera ser lo consecuente en la preservación del interés nacional.

Es más, por el mismo interés nacional esos lotes debieran seguir siendo operados por el sector privado por los altos costos y riesgos que entraña su producción. Por ello, si bien resultaría deseable que PetroPerú asuma paulatinamente la gestión y administración de los referidos lotes, ésta no tiene ni los capitales de inversión, ni el capital humano necesario. Es más políticamente la opinión pública está sensibilizada contra la petrolera estatal por el affaire de los petroaudios, la falta de transparencia en la administración actual, y el excesivo peso político en la determinación de los precios de los combustibles.

Por ello, lo razonable sería que PetroPerú concentre sus mejores esfuerzos en la modernización de la Refinería de Talara, en la obtención de los requeridos capitales para su ampliación, tratamiento de crudo pesados y la desulfurización del petróleo diesel. En ese sentido sería la petrolera estatal la más interesada en el incremento de la producción de los llamados campos marginales de Talara y del Zócalo Continental. Cuando su capacidad de refino se amplié a los 90 mil barriles diarios lo lógico sería que el abastecimiento del crudo tenga un origen doméstico, de preferencia del buen petróleo ligero del noroeste.

SOBRE LAS REGALÍAS

En honor a la verdad, se podría afirmar que las empresas privadas no abonaron por las reservas probadas, sin embargo asumieron altas tasas de regalías sea en los contratos de licencia y de regalías equivalentes en los llamados contratos de servicios que involucran solamente a tres empresas Graña y Montero, Petro Tech y Unipetro, empresa de la Universidad Nacional de Ingeniería.

Sirva la comparación entre el lote I de Graña y Montero y el lote IX de Unipetro donde la diferencia en la regalía equivalente, es decir lo que percibe el Estado deducida la retribución al contratista, resulta abismal. Mientras el lote I paga una regalía de 25.56%, y el resto (74.49%) constituye el valor de la producción fiscalizada que determina los importantes ingresos y utilidades de una empresa que no pagó suma alguna por las reservas probadas que recibió de PetroPerú en 1991. Solamente en el año 2008 facturó ingresos por 71 millones de dólares con utilidades netas de 18 millones.

Si bien es verdad, que Graña y Montero petrolera es una empresa que ha gozado y goza de las preferencias al más alto nivel de los poderes de turno, que se caracteriza por el abono de salarios miserables a sus trabajadores y pésimas prácticas empresariales sin responsabilidad social, ha incrementado los volúmenes de reservas probadas, probables y posibles, por ello constituye un imperativo que pague por las reservas probadas antes de cualquier prórroga contractual, al margen de mayores compromisos de inversión.


En tal sentido utilizando la información del Libro Anual de Reservas del 2007 del Ministerio de Energía y Minas y deduciendo la producción fiscalizada de los años 2008 y 2009, podemos estimar los niveles de reservas probadas del lote I de Graña y Montero sobre los 5 millones de barriles de un crudo de alta calidad.

Por el contrario, la petrolera de la Universidad Nacional de Ingeniería Unipetro que opera el lote IX contribuye con el fisco con una regalía equivalente de 63.54%, con lo cual la diferencia de 36.46% constituye el valor de la producción fiscalizada que determina los ingresos y utilidades de la petrolera universitaria, que tampoco pagó suma alguna por las reservas probadas que recibió de PerúPetro en 1993, pero que dicho sea de paso las ha incrementado sobre los 895 mil barriles de reservas probadas al 2010.

Así, mientras Graña y Montero se queda con 74.49% del valor de la producción fiscalizada Unipetro concentra apenas el 36.46% del valor de la producción. De allí la necesidad de renegociar los contratos de hidrocarburos en las mejores condiciones para el país.

Sin embargo, las empresas que operan el lote II, III, IV Petrolera Monterrico de capitales nacionales e Interoil de capitales noruegos no solamente están pagando las más altas regalías en el sector de hidrocarburos con tasas del 51.40%, 47.40% y 47.20% respectivamente, incrementando sus niveles productivos y las reservas probadas, asumiendo riesgos y capitalizando el país gracias a la ley de promoción de la inversión en la explotación de los recursos y reservas marginales Nº 28109 promulgada el 21 de noviembre del 2003.

En estos casos ello significa que de cada 100 barriles, el fisco percibe casi la mitad por concepto de regalías, de allí que el Estado debiera ser el más interesado en el incremento de los compromisos de inversión para aumentar las reservas probadas, posibles y probables en campos marginales de los lotes II, III y IV.

En cambio extraña el favoritismo a la empresa estatal de la China Popular que opera el lote VI/VII con una decreciente producción, y una bajísima tasa de regalía efectiva del 15.80% al igual que Petro Tech (16%) donde tampoco abonaron suma alguna por las reservas probadas que recibieron de PerúPetro.
A ello debiera sumarse la canibalización de los equipos, el maltrato de los trabajadores sindicalizados y no sindicalizados, y la succión de las reservas probadas de crudo.

Estos últimos casos constituyen parte de la “historia negra” de la industria del petróleo en la fase explotación, donde los historiadores del futuro tendrán que explicar a las generaciones de peruanos: ¿De cómo el Estado pudo transferir lotes de hidrocarburos con reservas probadas y tasas de regalías miserables? De allí la necesidad de revisar las regalías equivalentes de Graña y Montero y Petro Tech ahora denominada Savia Perú, más las regalías de Sapet y Olympic, exigiendo mayores compromisos de inversión ¡Los intereses del Perú así lo demandan!

sábado, 6 de marzo de 2010

MÁS UTILIDADES GRACIAS A LA CRISIS

ENAJENACIÓN DEL ORO Y PLATA DEL PERÚ

Es una preocupación legítima de los trabajadores mineros exigir una correcta y justa distribución de las utilidades antes de impuestos. Según la norma que regula la distribución de las utilidades corresponde un 8% de la utilidad antes de impuestos a los trabajadores del sector; sumas que se dividen entre obreros, empleados, funcionarios y gerentes, en función de los días trabajados y los niveles de ingresos. Evidentemente existen crecientes expectativas y suspicacias entre los trabajadores sobre las utilidades por percibir en razón de una contabilidad tributaria sesgada hacia el capital, y poco legible para los trabajadores. Después de todo, está en la lógica empresarial la contratación de los mejores estudios legales para pagar, en lo posible, los menores montos por concepto de impuesto a la renta.

Esta realidad constituye la base para que importantes gremios sindicales como los sindicatos de Buenaventura, Mra. Volcan, Mra. Yanacocha e incluso la unidad de Cobriza de la empresa Doe Run amenacen con sendas paralizaciones pues consideran insatisfactorios los resultados y las exposiciones de los representantes de la empresa privada referidos a la utilidad por distribuir a los trabajadores. Es más, el sentido común dictamina que antes mayores utilidades empresariales, las utilidades de los trabajadores debieran incrementarse. Lamentablemente no ocurre así.

Evidentemente el problema de las utilidades forma parte de lo que podría llamarse parte de la capitalización social, y es una manera de participar en la renta minera generada, a pesar que dispositivos legales posteriormente aprobados deslegitimaron el espíritu de la ley imponiendo límites a la ley de utilidades, en el sentido que un trabajador solamente podría disponer anualmente por este concepto hasta 18 remuneraciones.

Así, por ejemplo si la remuneración de un trabajador de la gran minería en el Perú es de un promedio de 1,500 dólares mensuales, monto que incluye la remuneración básica más los beneficios ordinarios y permanentes que percibe un trabajador, solamente podría disponer hasta un límite de 27 mil dólares por concepto de utilidades. Así, en el llamado “boom minero” del 8% por distribuir entre los trabajadores, existían excedentes importantes que terminaban en los presupuestos regionales para el financiamiento de infraestructura, caminos, electrificación rural etc. Ha sido el caso de los gobiernos regionales de Ancash, Cajamarca, Moquegua, etc.

Por ello, debiera ser una política de Estado aumentar la participación del fisco en la renta minera generada en razón que se trata de recursos naturales no renovables. De allí, que el impuesto a la renta resulte limitado e insuficiente, con una fuerte caída en el 2009. A esto debieran sumarse las regalías mineras que contablemente se deducen o cargan en los costos y gastos de venta y administrativos. También deben considerarse los derechos de vigencia que debieran ser incrementados en todo sentido, pues no resulta razonable que se abone solamente 3 dólares por hectárea en territorios con un gran potencial aurífero o cuprífero. Ello se agrava con la difusión de una írrita pequeña minería y minería artesanal que se beneficia de menores derechos de vigencia.

En el mismo sentido, el Gobierno del Dr. Alan García debiera convertir en ley, es decir con carácter obligatorio, el llamado “Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo. Ello permitiría “ajustar” a las empresas con las empresas a nivel de los ingresos con las regalías, y por los resultados netos con el llamado “aporte voluntario”. Así, en la medida que existen empresas que no abonan regalías mineras con la excusa y escudo de los contratos de estabilidad jurídica, tributaria y administrativa tendrían que abonar el 3.75% de la utilidad neta como “aporte voluntario”. Por defecto a las empresas que sí abonan regalías se les deduciría solamente el 1.75% de la utilidad como aporte voluntario. Esta es la única manera de obligar a las empresas hacia una contribución social.

Incrementar el valor retenido, es decir, capitalizar el país mediante la explotación de recursos naturales, sea con los impuestos y contribuciones realmente abonados, regalías, compras a la industria local, sueldos y salarios pagados a los trabajadores, más las inversiones realizadas en el ámbito de la filosofía responsabilidad social resulta de fundamental importancia, para hacer viable la actividad minera en el tiempo.

BONANZA AURÍFERA

Por razones especulativas producto de la gran desconfianza que tienen los agentes económicos sobre la estabilidad y el valor del dólar como moneda internacional, reserva de valor y medio de pago existe una preferencia subjetiva, algo que el viejo Carlos Marx llamaba el “fetichismo de las mercancías”, hacia la tenencia de mayores cantidades de oro. Pareciera que el oro resuelve todos los problemas terrenales y celestiales, y resultaría una reserva de valor más segura frente a la depreciación del dólar, y euro más la existencia de deuda, valores y acciones tóxicas que el sistema financiero internacional ha producido en los últimos años.

De allí, que empresas auríferas que operan en nuestro país que tienen como accionistas a importantes transnacionales hayan obtenido significativos resultados en cuanto a las utilidades netas. En tal sentido el cuadro resumen del “Ranking de Utilidad Neta de las Principales Empresas Mineras” del 2007, 2008 y del 2009 nos permite obtener algunas conclusiones interesantes. Evidentemente las empresas auríferas principalmente Mra. Yanacocha, Mra. Barrick Misquichilca y Mra. Buenaventura, han obtenido utilidades extraordinarias tanto por los altos precios del oro y la plata como por los bajos costos de producción, raquíticos salarios, y débil propensión tributaria.



En el caso de Mra. Yanacocha las utilidades netas declaradas, es decir libres de “polvo y paja”, sin considerar las deducciones por amortizaciones, depreciaciones que constituyen un recupero del capital, regalías cargadas en el costo que abona Newmont en una relación que supera los US$ 14 dólares por onza producida, se han incrementado en 2009 en relación al 2008 y 2007 respectivamente como se puede observar en el cuadro de referencia. Han pasado de los 244 millones de dólares de utilidad neta en el 2007 a más de 464 millones en el 2008, para alcanzar los 713 millones en el 2009. Es decir, todo un record de las utilidades de esta empresa gracias a los altos precios del oro.

En relación al 2008, las utilidades netas del 2009 se han incrementado en 249 millones de dólares lo que representa un incremento del 54%. Estas mayores utilidades son consistentes con el incremento de los precios del oro y en menor medida de una relativa recuperación de la producción.

En cuanto a los ratios de rentabilidad neta, es decir utilidad neta en relación a los ingresos por ventas ha mejorado sustantivamente el índice de rentabilidad. Así, en el 2007 el ratio de rentabilidad era de 22%, en el 2008 se incrementa al 29% y en el 2009 sube al 34%. Ello significa que de cada 100 dólares de ingresos, 34 dólares terminan como utilidades netas. Evidentemente de considerar las depreciaciones, amortizaciones, costos intangibles y provisiones el excedente sería mayor, para beneficio de sus accionistas.

Un caso especial es de la Mra. Barrick Misquichilca, que a pesar de los rendimientos decrecientes de sus operaciones en la mina de Pierina en Ancash, donde se ha extendido su vida productiva hasta el 2013 y cada vez produce menos a mayores costos, tiene una tasa de rentabilidad mayor.

En lo referente a la rentabilidad aurífera distinta es la realidad de la Mra. Barrick Misquichilca en relación a Mra. Yanacocha. Si bien Barrick opera tanto en Ancash como en La libertad, donde si bien las utilidades netas prácticamente se mantienen en términos absolutos pasando de los 659 millones a 626 millones de dólares entre el 2008 al 2009, la tasa o ratio de rentabilidad es decir la utilidad neta en relación a los ingresos, aumentan un punto pasando del 48% a 49%. Esto significa que la tasa de rentabilidad de Barrick es superior a la obtenida por Mra. Yanacocha. Así, gracias a las operaciones de Laguna Norte y de Pierina, la Barrick Misquichilca de cada 100 dólares de ingresos obtiene 49 dólares como utilidades. Esta rentabilidad es extraordinaria, y no es compartida lamentablemente con el Estado, pues la propensión tributaria es mínima.

Por último, la Cía de Minas Buenaventura que tiene operaciones en Lima, Huancavelica, Arequipa experimenta un importante incremento de la utilidad neta entre el 2007 al 2009. Así, pasa de los 275 millones de dólares en el 2007, llegando a los 153 millones en el 2008 para incrementarse a los 594 millones de dólares en el 2009. Es decir, la utilidad neta entre el 2008 y 2009 se ha incrementado en un 287%, casi se ha triplicado gracias a los altos precios del oro y la plata más la participación que tiene el grupo en Mra. Yanacocha (43%)

EPÍLOGO

Con la información disponible y las elevadas tasas de rentabilidad neta de las empresas cupríferas en el 2009 tales como del 51% en Mra. Antamina, del 40% en la Mra. Cerro Verde, y 32 % en la SPCC superiores a los promedios del 2008, se podría afirmar que se percibe una recuperación de las empresas del sector tanto por los precios altos del cobre que se mantienen por encima de los US$ 3 dólares la libra, una relativa recuperación de la economía mundial, y la tragedia de Chile, principal productor de cobre a nivel mundial, presionará los precios del cobre hacia arriba, agregado a ello la debilidad de las reservas en el mercado internacional, y la dinámica de la economía china.

Por tanto, la rentabilidad futura y los nuevos proyectos de las empresas auríferas y cupríferas en el Perú dependerán de la administración de los conflictos sociales, de la creciente oposición a una actividad que es percibida como depredadora y de “bajos instintos ambientales”. De allí, la necesidad de revisar los criterios de promoción de la inversión minera vigentes desde el siglo pasado, con una débil propensión tributaria, donde las inversiones de responsabilidad social brillan por su ausencia, con altos costos ambientales que deben ser superados y una mínima información que permita la licencia social.

Sirva el caso del proyecto de Tía María de la Southern Perú Copper Corporation (SPCC) donde se está definiendo el futuro de la minería en el Perú, y era previsible una creciente oposición de la población local por una serie de razones. Ante la desconfianza mutua de los actores se suman los pésimos antecedentes ambientales de una transnacional que opera en el país desde los años 50 del siglo pasado. De allí, la necesidad de abrir el diálogo, hacer transparente la información y superar cada una de las observaciones de la población sobre el estudio de impacto ambiental presentado. Un nuevo diálogo minero con ganancias ambientales y sociales resulta un imperativo. De allí que la actividad minera no solamente debe “sembrar agua”, debe también realizar inversiones de responsabilidad social.

lunes, 1 de marzo de 2010

¿QUÉ PASA CON EL CANON MINERO EN EL 2010?


PROPUESTA CIUDADANA EN CUESTIÓN

En verdad, resulta curioso afirmar que el canon minero por distribuir para el período julio 2010-junio 2011, tomando en consideración el ejercicio fiscal del 2009 en cuanto al impuesto a la renta abonado por los titulares mineros se incremente en un 18% respecto al período anterior, cuando el impuesto a la renta recaudado por el fisco al sector minero metálico y no metálico experimenta una espectacular disminución superior al 50% y solamente un incremento milagroso por la regularización del impuesto al mes de marzo 2010 podría a duras penas elevar el canon minero a cifras algo menores a los 3,000 millones de nuevos soles. Por tanto, en el 2009 si cae la presión tributaria del gobierno central, disminuye el impuesto a la renta del sector minero, resulta un contrasentido afirmar que se incrementa el canon minero para las regiones mineras.

Por ello, leo con sorpresa el artículo del señor Gustavo Ávila del Grupo Propuesta Ciudadana titulado “El 2009 no fue mal año para las empresas mineras” donde se afirma que: “…podemos decir que el impuesto a la renta en el 2009 podría ser mayor al del 2008. Es importante mencionar que – como se ve en el cuadro adjunto- en el 2008 el impuesto a la renta se redujo en 23% con respecto al 2007 (lo propio ocurre con el canon minero obtenido a partir de dicho impuesto).

Conforme a ley, el 50% del impuesto a la renta es transferido a los departamentos como canon minero, el cual estimamos que en el 2010 bordearía los S/. 4,000 millones de nuevos soles, es decir, aproximadamente 18% más que lo transferido en el 2008 (que alcanzó los S/. 3,434 millones).

Desde nuestro punto de vista, al margen del impuesto a la renta declarado por las empresas mineras en sus estados financieros ante la CONASEV, lo que debiera realmente interesar es el impuesto a la renta efectivamente pagado, luego de las deducciones de los diversos beneficios tributarios que tiene el sector. En especial, el beneficio del “arrastre de pérdidas” que permite a las empresas recuperar hasta por cuatro años las inversiones realizadas, y las depreciaciones cargarlas al costo de producción, sumado a ello la posibilidad de deducir del impuesto a la renta los gastos de exploración y los costos intangibles.

En tal sentido, se debe tener presente que en la estimación del canon minero existe una correlación positiva entre el impuesto a la renta declarado por la SUNAT mes a mes, durante el 2008 por ejemplo, con el canon minero distribuido entre julio 2009-junio 2010. Así, el impuesto a la renta de las empresas mineras se abona mensualmente durante el 2009, y a más tardar al mes de abril del 2010 se realiza la regularización del pago del impuesto a la renta de tercera categoría, que casi siempre representa un aumento un poco mayor al 10%. Por ello, existe cierta consistencia entre las declaraciones de la SUNAT al mes de diciembre del 2009 y el canon minero por distribuir.

Por tanto, el impuesto a la renta recaudado de la minería metálica y no metálica al cierre del 2009 ha sido de 3,337 millones de nuevos soles, menos de la mitad de lo recaudado en el 2008 que fue de 7,102 millones de nuevos soles y lejos de los 8,968 millones de nuevos soles que se recaudaron en el 2007 gracias al “boom minero”. Ver Cuadro “Impuesto a la Renta y Regularización de Tercera Categoría de la Actividad Minera 2003-2009”



Con la información pública al cierre del mes de diciembre del 2009 y la estimación de la regularización del impuesto a la renta de los titulares mineros como renta de tercera categoría se constata la disminución en un 53% en relación al año anterior y el canon minero para el período julio 2010- junio 2011 por distribuir debiera también disminuir, lo cual afectará fuertemente los ingresos de los gobiernos regionales y locales. De allí la importancia de las reservas del canon minero no ejecutado que podría servir en el 2010 como colchón amortiguador para continuar con las obras e inversión regional.

Evidentemente de mantenerse en el 2010 los precios del cobre por encima de los US$ 3 dólares la libra, el precio de la onza de oro superior a los 1,100 dólares, la onza de plata con precios mayores a los US$ 15 y la libra de zinc por encima de los US$ 0.80 centavos, con tendencias alcistas la situación podrá mejorar para los ingresos y utilidades mas no necesariamente para el impuesto a la renta en razón de los beneficios tributarios del sector minero.

Por tanto, solamente un ingreso extraordinario por regularización podría elevar significativamente el impuesto a la renta del sector minero correspondiente al ejercicio fiscal del 2009, lo cual iría contra la tendencia histórica. A ello, debiera agregarse el síndrome de la empresa Mra. Antamina que abusivamente impone el beneficio de reinversión a cuenta de utilidades no distribuidas, que reduciría el impuesto efectivamente pagado del ejercicio del 2009 para financiar su expansión del 2010-2012.

Por ello, si bien los efectos de la “crisis de precios” declarada en el último tercio del 2008 y parte del 2009 ha tenido efectos diferenciados entre las mineras auríferas, cupríferas y polimetálicas, lo cierto y evidente es una disminución del impuesto a la renta pagado por la actividad minera en un porcentaje del 52%, por tanto el canon minero para el período julio 2010-junio 2011 también disminuiría aunque no necesariamente en un porcentaje similar. Ello, en razón que puede haber un pequeño incremento debido a que hasta abril de este año se van a realizar las regularizaciones por impuesto a la renta. Así, éstas en el país han representado en los últimos años unos S/. 1,900 millones por toda la actividad de 3º categoría, incluida la minería.

¿QUÉ DEBIERA ESTAR EN DEBATE?

En verdad, lo que debiera estar en cuestión es la transparencia de la información sobre el impuesto realmente pagado al fisco y no el declarado por las empresas en sus estados financieros. Debiera ser materia de debate parlamentario la discrecionalidad del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) sobre la llamada reserva tributaria en plena globalización de los mercados financieros. Esto permitiría saber a ciencia cierta la contribución fiscal real, no solamente del sector minero sino de todos los sectores, en especial de las industrias extractivas. ¿Cuánto pagan las cementeras por ejemplo de impuesto a la renta?

En el mismo sentido, debiera interrogarse sobre la conveniencia de los excesivos beneficios tributarios del sector minero, la exoneración en el abono de las regalías mineras de las grandes empresas mineras como Mra. Antamina, Mra. Yanacocha, Xstrata Tintaya y Sociedad Mra. Cerro Verde por los llamados contratos de estabilidad jurídica, tributaria y administrativa que hasta el FMI y Banco Mundial cuestionan. La exoneración del impuesto al selectivo al consumo de combustibles en la generación eléctrica para las mineras, tanto del diesel o de los residuales que consuman.

En síntesis, lo que debiera estar en cuestión es el modelo de desarrollo minero vigente desde los años noventa del siglo pasado que genera mayores conflictos sociales tanto por los pasivos ambientales, las crecientes expectativas insatisfechas en la población ante la ausencia del Estado, la mayor información de las comunidades campesinas en cuanto a sus derechos, el desinterés en la inversión empresarial para el desarrollo de políticas de responsabilidad social, la débil regulación y fiscalización estatal, etc.

¿CUÁL IMPUESTO A LA RENTA?

Con la información proporcionada por Propuesta Ciudadana el impuesto a la renta declarado por las empresas mineras durante el 2009 tomando en consideración los estados financieros presentados ante la CONASEV resulta equivalente a los S/ 8,035 millones de nuevos soles, donde efectivamente si ese valor fuese el impuesto a la renta efectivamente pagado el 50% determinaría un canon minero de más de S/ 4,017 millones de nuevos soles. Ver cuadro “Impuesto a la Renta de las Empresas Mineras 2007 – 2009” (En Millones de nuevos soles). Al margen que puedan ser estados financieros provisionales que deben ser auditados por las empresas de contabilidad el diferencial con la SUNAT es significativo.

Sin embargo, en la Notas Tributarias de la SUNAT a diciembre del 2003- 2009, tenemos para el 2009 un impuesto a la renta de la minería metálica y no metálica de S/ 3,337 millones de nuevos soles. Para el 2008 el impuesto a la renta pagado por el sector minero fue de S/ 7,102 millones y el canon minero distribuido a partir de julio del 2010 fue de S/ 3,471 millones, más o menos existe correlación. Ver Cuadro Impuesto a la renta y Regularización de Tercera Categoría de la Actividad Minera 2003-2009.

Por tanto, para el 2009 existe una abismal diferencia entre el impuesto a la renta declarado por las empresas mineras en sus estados financieros ante la CONASEV y el impuesto pagado a cuenta del 2009 registrado por SUNAT. Estamos ante un diferencial de S/ 8,035 millones menos S/ 3,337 millones, es decir más de S/ 4,698 millones de nuevos soles que en gran parte se deducen sea por el "arrastre de pérdidas”, reinversión, devolución por impuestos pagados por demás en años anteriores, créditos tributarios, deducción de gastos de exploración a cuenta del impuesto a la renta, amortización de intangibles, etc.

Esto es grave, pues a este des balance entre el impuesto a la renta declarado por las empresas mineras y el impuesto a la renta efectivamente pagado a la SUNAT se suman las políticas tributarias en un mundo globalizado, donde el impuesto a la renta dejado de pagar en el Perú por empresas filiales o subsidiarias se abonan en los Estados Unidos de Norteamérica o en el Canadá; por tanto resulta que países pobres como el Perú resultan contribuyendo con el fisco de los países del primer mundo.

Al margen que las empresas de la gran minería no abonan las llamadas regalías mineras por el blindaje de los contratos de estabilidad jurídica, tributaria y administrativa, estamos ante una coyuntura potencialmente explosiva en términos políticos y sociales no solamente por la proximidad de las elecciones regionales y nacionales sino por la extensión de un discurso crítico que cuestiona el modelo primario exportador de materias primas.

Si bien la disminución del impuesto a la renta constituye el efecto fiscal más significativo de la crisis financiera internacional que se suman a los privilegios tributarios que tiene el sector minero. Es también una expresión evidente del fin del ciclo de crecimiento de la economía mundial, en especial la norteamericana que derivó en un aumento de la demanda de materias primas por encima de la capacidad productiva de los principales países. En tal sentido, se impone un nuevo modelo de desarrollo minero, con una mayor contribución fiscal vías regalías e impuesto a la renta sin deducciones, más como afirma el cura Marco Arana “un verdadero canon minero”.

Al mismo tiempo, se debe imponer en los nuevos contratos mineros la necesaria inversión social y ambiental para que la actividad minera sea sostenible en el tiempo. La minería no solamente debe “sembrar agua” sino también constituirse en un agente activo del desarrollo local. Un nuevo gobierno que defienda de verdad los intereses nacionales debiera renegociar en los mejores términos con el sector minero para el desarrollo de las políticas de valor agregado, es decir la industrialización de los productos mineros.

Aunque parezca contradictorio un modelo basado en la explotación de materias primas no solamente empobrece material y espiritualmente al país, concentra la riqueza y el capital, depredando el medio ambiente, es más, sólo es posible con altas dosis de corrupción. Por eso decimos que es un crecimiento empobrecedor.