jueves, 25 de febrero de 2010

El LADO OSCURO DE LA TÍA MARÍA

POR UNA MINERÍA RESPONSABLE

En principio debo agradecer las lecturas y comentarios sobre los dos artículos de mi autoría donde expongo mis ideas acerca de los problemas y posibilidades para el desarrollo de proyectos mineros como el de Tía María, ubicado en el distrito de Cocachacra, provincia de Islay departamento de Arequipa. Al respecto, por la importancia de la información en cuanto a la forma y contenido he considerado pertinente la publicación del comentario de la ciudadana Lucía Bernedo López, quien al margen de sus generosas expresiones, expone una serie de ideas que considero importante compartir con mis lectores, sobre lo que debiera ser una minería responsable.

En verdad, no me extraña la pésima imagen de transnacionales como SPCC que siempre han gozado de un trato preferencial al más alto nivel. Incluso tuvieron un ministro de energía y minas “ad hoc” por menos de ocho meses para solucionar sus problemas ambientales durante la gestión del presidente Alejandro Toledo. Es más, el actual gerente legal Dr. Hans Flury es también Presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, una todopoderosa institución con una gran influencia económica y política en la sociedad peruana, pero que hoy está pasando por una “vía crucis” pues no pueden imponer por la fuerza el proyecto de Tía María, sin la consulta previa con la población.

Al igual que el candidato del nacionalismo Ollanta Humala, se recordará que el actual Presidente de la República Alan García en la campaña electoral del 2006 levantó y sostuvo la tesis del impuesto extraordinario a las ganancias extraordinarias en diversos medios de prensa y mítines. Sin embargo, una vez en el gobierno, el impuesto extraordinario se “maquilló” con el Aporte Voluntario más conocido como Óbolo Minero. Estos cambios fueron posibles gracias al gran entendimiento entre el gobierno de turno y los intereses mineros, de las grandes empresas que no abonan regalías mineras como Mra. Yanacocha, Mra. Antamina, Sociedad Minera Cerro Verde y Mra. Xstrata Tintaya.

A diferencia de estas empresas mineras, SPCC abona regalías mineras que favorecen a los departamentos de Tacna y Moquegua. Es más, el proyecto de Tía María al margen del impuesto a la renta que es la base del canon minero, pagará las regalías mineras. En todo caso en la época del “boom minero” 2004-2008 donde los precios del cobre arañaron los US$ 4 dólares la libra, las ganancias extraordinarias no fueron compartidas con el Fisco. Esta realidad forma parte de la mala imagen de un sector productivo que explota recursos naturales no renovables con altos costos ambientales, y cuyos beneficios no son compartidos lo suficiente con la población del entorno.

INVERSIÓN AMBIENTAL

Sin embargo, hoy existe un marco ambiental con un ministerio de Medio Ambiente que está en proceso de aprendizaje. Si bien es verdad que para muchas empresas las normas ambientales “se acatan pero no se cumplen” al igual que en la Colonia, será un desafío para el Estado peruano insistir en la regulación y fiscalización ambiental minera, un tema que antes de los años noventa no estaba considerado lo suficiente en la legislación.

Esta realidad se agrava con la debilidad del Estado para la fiscalización ambiental, esta realidad es clamorosa, pero superable. Solamente dos datos me permiten entender la gran desconfianza de la población para asumir una minería moderna compatible con la actividad agraria y el turismo, a pesar de lo que puedan sostener instituciones como CONACAMI que tiene intereses políticos para reproducir la experiencia boliviana en el Perú.

Uno es el caso de los humos de la Fundición de Ilo, inversión realizada por el Estado en la época del Gobierno Militar de los setenta. Gracias a la inversión ambiental que tuvo que realizar la SPCC en el los años 2004-2005 en razón de la presión de la población organizada, ONGs ambientalistas y la Iglesia; el Estado forzó a la empresa a la captación del dióxido de azufre (SO2) que es la base para la obtención del ácido sulfúrico (H2SO4). Hoy SPPC produce más de 600 mil toneladas de ácido sulfúrico y buena parte de esta producción se exporta con utilidades hacia Chile donde se utiliza en las plantas de lixiviación de cobre. Es decir, gracias a la tecnología, lo que era una maldición hoy genera utilidades.

Por tanto gracias a una inversión ambiental los humos ya no contaminan con el dióxido de azufre, y por el contrario se ha convertido en un subproducto rentable. Lo mismo debiera pasar con los humos de la Fundición de La Oroya donde los responsables de Doe Run no han realizado la inversión ambiental más importante, la Planta de Ácido sulfúrico del Circuito de Cobre. ¡En todo caso la SPCC no es Doe Run!

El otro ejemplo tiene que ver con el departamento de Madre de Dios donde la producción de oro estimada por el Ministerio de Energía y Minas supera las 500 mil onzas de oro por año. Esto significa ingresos de venta de más o menos 500 millones de dólares, si es que se considera un precio promedio de 1,000 dólares la onza. Sin embargo, con los datos del portal de Transparencia del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) el canon minero que percibe Madre de Dios no supera los 50 mil nuevos soles por año. Es decir, la actividad minera aurífera en la zona no abona el impuesto a la renta.

Es decir, la producción de oro en Madre de Dios genera ingresos por más de 500 millones de dólares anuales, con una intensiva utilización de mercurio que se vierte lamentablemente en los ríos y lagunas de la zona con una crónica contaminación, a ello se debe agregar la deforestación de miles de hectáreas de bosques. Es decir, la actividad minera ilegal e ilícita de Madre de Dios no paga el impuesto a la renta ni mucho menos regalías, lo cual constituye un “robo al país”, un atentado hacia los más pobres.

En tal sentido, el Ministerio de Medio Ambiente con el de Energía y Minas han decidido no otorgar más concesiones mineras en Madre de Dios, exigiendo por el cumplimiento ambiental a las operativas, y apostar por la formalización de la minería aurífera. Ello supone un reordenamiento territorial que puede servir de piloto para otras experiencias donde se han otorgado concesiones mineras de manera indiscriminada.

Por ello, me ratifico en las ideas centrales de los artículos publicados. Uno, que la minería debe resolver el problema del agua, es decir debe “sembrar agua”. Dos, que la minería es una posibilidad de desarrollo, por la generación de ingresos derivados y efecto multiplicador que ello pueda tener. Nunca he sostenido que una mayor abundancia monetaria significa desarrollo. Y en tercer lugar, la minería debe ser socialmente y ambientalmente responsable.

Ello supone que los Estudios de Impacto Ambiental deben ser lo suficientemente solventes y exigentes para responder todas las inquietudes de la población sobre los posibles efectos de la actividad minera en relación a la actividad agraria. Al respecto, sería interesante analizar los efectos de la Barrick Misquichilca con su unidad de Pierina a menos de 45 minutos de la ciudad de Huaraz. Con plantas de lixiviación con mercurio, tecnología limpia, desde el punto de vista ambiental, la experiencia de Pierina puede ser un referente. Así, cabe interrogarse ¿Cuáles han sido los efectos ambientales en el Callejón de Huaylas que sigue siendo un importante productor agrario y un atractivo turístico de primer orden?

Por todo esto, habría que analizar lo más seriamente posible las externalidades negativas y positivas de una actividad minera como la de Tía María en el Valle del Tambo. Para eso sirven los talleres informativos, donde el diálogo debe primar, sin sectarismos, violencia ni ideas preconcebidas.

Desde mi punto de vista insisto que la SPCC no puede alimentarse para sus operaciones de las reservas de la capa freática, en esto hay que ser enfático. Por ello, resulta positivo si construye a su costo una represa sin posibilidad de ser deducida después del impuesto a la renta a futuro, con la restricción que una vez agotada la actividad minera la represa pase a ser un activo regional. La otra posibilidad es abastecer sus operaciones con el agua de mar.

En este sentido, no me queda claro la afirmación de la ciudadana Bernedo López cuando expone que “La gente de Islay no dice: no a la inversión, decimos no a la inversión privada en minería ahora, porque no tenemos una legislación clara que nos proteja, porque la mina está compartiendo espacio urbano, agrícola e incidiendo en el sistema hídrico del Tambo que es nuestro único río”.

En verdad, no entiendo la afirmación “no a la inversión privada en minería ahora”. Si la SPCC se compromete a construir a su costo la represa Paltiture, la cual permitirá regular millones de metros cúbicos de agua que en épocas de avenida se van al mar, no entiendo como ello pueda afectar el sistema hídrico del Tambo. Por el contrario los regantes del valle se verían beneficiados de un activo agrícola que estaría al servicio de los productores.

De otro lado, debe tenerse presente que nuestro país es un receptor más de la inversión privada. Si las empresas no consideran viable la inversión en el Perú se irán a Chile o la Argentina donde encuentran una mayor estabilidad social y política que permite la promoción de la inversión. Por ello mientras los precios del cobre se mantengan altos sería una “oportunidad perdida” retrasar una inversión positiva para la región y el país.

EPÍLOGO

Si la minería es una posibilidad de desarrollo, la discusión debiera ser ¿qué tipo de desarrollo es el más conveniente para la población de Cocachacra, Islay y Arequipa? Elevamos los ingresos monetarios para un mejor y mayor gasto en educación y salud. Utilizamos los ingresos del canon y regalías para construir Coliseos de Gallos y Plaza de Toros, o lo invertimos en infraestructura, en educación de calidad, en afianzamiento hídrico, en mejores canales de irrigación, cultivos de exportación.

La población lo que debiera pensar es ¿qué perfil de desarrollo agrario y urbano sería posible con los recursos del canon y regalías, y con la presencia de SPCC en la zona? ¿Cuál sería el impacto en el empleo? Sería posible negociar a nivel de autoridad provincial o distrital que un porcentaje, digamos el 60% de la población trabajadora sea de Arequipa o de Islay.

Por último, no creo que la aceptación de la minería responsable en Islay pueda afectar la dignidad de las personas. La mejor herencia que puedo dejar a mis hijos o nietos no es una pobreza digna con angustias económicas y un futuro incierto. La mejor herencia sería una educación de calidad para que nuestros hijos se desenvuelvan en un mundo cada vez más competitivo.

Esta es una coyuntura especial para negociar las mejores condiciones para Cocachacra, Islay y Arequipa con la SPCC. Ante el agotamiento y la caída de la ley de las reservas de cobre en Toquepala y Cuajone la expansión para SPCC a través de los proyecto de Tía María y Los Chancas es fundamental. Este es el momento de exigir y negociar una serie de inversiones (represas, pozos, saneamiento, etc ) a la SPCC “Si quiere culantro que le cueste”

La actividad minera solamente posibilita la obtención de los ingresos derivados, empleo, ingresos que debieran permitir elevar la productividad del trabajo y el desarrollo de ventajas competitivas para superar el ingreso promedio que según las encuestas en los distritos de Islay está por los 550 nuevos soles mensuales. La minería puede coadyuvar al incremento de los ingresos familiares de manera directa e indirecta. Por tanto, “no miremos el futuro con los ojos del pasado”.

Estaremos al tanto de lo pueda suceder con Tía María los próximos días.


REPRODUCCIÓN

Islay, 23 de Febrero 2010

Sr. Jorge Manco Zaconetti.

Investigador y Consultor de la UNMSM de Lima Perú.

Lima.

Realmente no sé si este correo llegue a su destino, mucho menos si tendré el privilegio de una respuesta, pero me permite expresar ante una autoridad en la investigación como es el caso, mi deducción de calidad profesional y humana, deducción que se sustenta en la pertenencia a la primera casa de estudios del país y en dos textos: ¿Qué pasa con Tía María I/ II.(13 y 18 -02- 10), escritos por el Sr Jorge Manco.

Nunca hasta hoy leí comentario tan profesional, respetuoso y franco, por lo siguiente:

Asumo que UD. no es de la zona, conoce a través de la información e investigación lo que es Islay y Cocachacra y a pesar del ejercicio profesional no se atribuye la facultad de decidir y señalar, qué le corresponde hacer a la ciudadanía de Islay, zona que sería afectada por la explotación de estos asientos mineros, que no es uno, son 72 denuncios que hay en la provincia, esperando por el agua, cuyo valor y uso y procedencia UD lo señala en la Conclusión (Sí se da para una, se crea jurisprudencia y hay que dar a las que vengan)

Temores hay y muchos, acciones equivocadas también, prepotencia, coimeo, compra de conciencias, plumas y espacios; actuar propio de quien se sabe con poder económico y con prácticas similares en México. No exagero, basta ingresar a través de Google y escribir en el buscador: Grupo México y Southern Perú.

Esta empresa inicia sus actividades comprando autoridades, comprometiendo a los representantes de organizaciones y dirigentes sembrando, NO AGUA, sino desconfianza en la sociedad civil, imponiendo sus ideas, sin llamar al diálogo para que la población se ilustre.

A cada reunión de información traía, en ómnibus (hasta en número de 12), de la empresa Del Carpio gente de otras zonas o a sus propios trabajadores, ese era el público oyente de un monólogo autoritario y nada ilustrativo. Lo único que generaba cada vez era protesta de quienes querían escuchar, pero eran excluidos, para ello contaba con la presencia de la PNP que solícitos daban seguridad al agresor y agredían a quienes por mandato tenían que proteger.

La empresa pensó que contando con la aceptación de la autoridad local provincial, el gobierno central y algunos traficantes de terrenos ya estaba todo resuelto, despreció la inteligencia de los profesionales de Islay, usó la prepotencia de quien se sabe con dinero para comprarlo todo.

Contrató espacios con gente joven con la cabecita llena de ilusiones porque creían y creen que instalada la mina al día siguiente estarán sentados tras un escritorio, los pobrecitos sólo leían lo que les preparaban y mal leído.

Hay espacios televisivos, entrevistas pagadas por la empresa, hay diarios que ganan bien con las informaciones distorsionadas. TODO ESTO enerva a los pobladores, que gracias al esfuerzo de algunos profesionales hemos recibido y buscado información y hoy sabemos cuáles son los beneficios y los perjuicios de estas explotaciones.

Quizá todo lo citado para un profesional como Ud no tengan el valor que tiene para el ciudadano común y corriente que se siente maltratado, abusado, violentado en su derecho, pero eso no es todo, por lo que me permito abusar de su bondad para pedirle lea hasta el final. Y cito:

1º El EIA, mañosamente fue presentado con muy escaso margen de tiempo para su análisis y consta de 1800 páginas.

A pesar de ello, un gran profesional el Ing. Vargas pudo hacer las observaciones en base al Resumen Ejecutivo del EIA (56 págs.),en forma inmediata señala más de 10 observaciones, las mismas que hasta hoy no asume la empresa parar rectificar.

2º Hay observaciones del metalurgista arequipeño Juan Rivera, observaciones que son fácilmente entendibles por la población más sencilla, pero interesada y temerosa por su futuro como Ud mismo señala (con razón)

Ejemplo: No están cuantificados los daños a la agricultura (que se darán), menos prevista su compensación a los afectados.

3º Profesionales de la UNSA, han señalado observaciones en su oportunidad, sin respuesta en una de las primeras reuniones de información el Ing. Mollendino Luís Salazar Cossío las formuló.

4º Otros profesionales, también han alcanzado observaciones.

Todo lo citado en el EIA son generalidades, nada está cuantificado, hay afirmaciones falsas, fácilmente demostrables por el poblador del valle que conoce su habitad.

¿Sabe qué hacen los directivos de Southern?, contratar más espacios radiales y TV locales y en la capital de la región, con ello auspicia el enfrentamiento en la población que está indignada por estas conductas. En lugar de buscar diálogo con quién tienen que dialogar, con quiénes tienen que darle la LICENCIA SOCIAL. Se reúne con las personas que ya están convencidas que los millones les llegará al día siguiente de su instalación y se pondrán a gastarlos porque serán tantos que no sabrán en qué invertir.

Esta intención de invertir se ha convertido en una agresión social. Felizmente hay una gran reserva moral en la población humilde que ama su tierra y se sabe digna aunque para muchos la dignidad no da de comer, pero te permite vivir lo poco que quede de vida con respeto y con aquello que con todo el oro de Southern no podrá comprar DIGNIDAD que heredarás a tus hijos.

La empresa sólo tiene un discurso: citar los millones que dará a la región, a los municipios, al gobierno central, pensó que los pobladores y sigue pensando que somos discapacitados mentales, que no tenemos capacidad de deducción, que no tenemos idea de lo que es desarrollo sustentable y sostenido. No, Señor Manco la idea de que a mayor dinero mayor desarrollo pertenece al siglo pasado. Nuestros economistas también nos informan

La gente de Islay no dice: no a la inversión, decimos no a la inversión privada en minería ahora, porque no tenemos una legislación clara que nos proteja, porque la mina está compartiendo espacio urbano, agrícola e incidiendo en el sistema hídrico del Tambo que es nuestro único río.

No a esta empresa cuyos antecedentes de CANANEA los conocemos. Todo nos genera desconfianza que en vez de superar lo acrecienta más con sus formas de actuar para intentar SOMETER A UNA POBLACIÓN QUE YA ALCANZÓ SU ADULTEZ HACE MUCHO TIEMPO.

Junto con Ud. decimos: Estamos convencidos que una minería desarrollada con responsabilidad social y ambiental representa una oportunidad de desarrollo para las poblaciones locales por los importantes ingresos que se generan, los efectos multiplicadores en el empleo derivado y sobre todo por las transferencias del canon y regalías. La Tía María es una posibilidad de desarrollo si resuelve el problema del agua y los crecientes y cada vez más difícil problema de contaminación.

No sólo es el agua, es el Medio Ambiente; esto sólo será posible cuando el gobierno deje de sacrificar a su pueblo por intereses de partido, particulares, económicos.

Muy respetuosamente y con admiración

Firmado: Lucía Dominga Bernedo López

jueves, 18 de febrero de 2010

¿QUÉ PASA CON LA TÍA MARÍA? PARTE II

MÁS AGUA, CANON Y REGALÍAS PARA AREQUIPA

El llamado proyecto de Tía María de la Southern Perú Copper Corporation (SPCC) y la población del Valle de Tambo reproducen el viejo conflicto entre los intereses agrarios y la actividad minera, del pensamiento moderno y el tradicional, de una oportunidad de desarrollo frente a la pobreza secular. No tengo la más mínima simpatía por SPCC, pues su expansión en Toquepala desde mediados de los años cincuenta y en Cuajone desde los setenta del siglo pasado, más que capitalizar el sur peruano, ha sido una correa de transmisión de riqueza hacia los accionistas de la matriz, hacia el gobierno central, y una serie de empresas de “servicios de terceros” que declaran sus impuestos en Lima. ¡Distorsiones del centralismo que se debe superar!

Parafraseando al viejo Jorge Bravo Bresani que inauguró los estudios sobre el poder económico en el Perú, inspirando a su aprovechado alumno Carlos Malpica para escribir los “Dueños del Perú”, con la SPCC se reproduce la problemática de “la Gran Empresa Pequeña Nación”, donde una empresa gigante que tiene un gran poder económico y político pero que no puede imponer por la fuerza un nuevo proyecto minero, sin convencer previamente al entorno social, ni solucionar el futuro problema hídrico, que podría aparecer frente una actividad que requiere agua para sus operaciones. Éstas deben abastecerse sea con el agua de mar o con la construcción de una represa en las alturas. Por tanto, la SPCC no puede usar ni un metro cúbico de agua de la capa freática del Valle del Tambo, debe “sembrar agua” como se sostenía en el artículo anterior.

¿UNA OPORTUNIDAD DE DESARROLLO?

He tenido oportunidad de leer cierta información sobre la provincia de Islay, del distrito de Cocachacra, de sus autoridades, de la realización de un llamado referéndum contrario a toda actividad minera realizado meses atrás con menos del 45% de la población del distrito. Estas prácticas me hacen recordar años atrás lo sucedido con el llamado proyecto aurífero de Tambogrande en Piura, donde las ONGs ambientalistas, ciertos miembros de la Iglesia, la vieja izquierda tradicional que admira la experiencia de la China Popular, con la dictadura del partido, se opusieron al referido proyecto.

En el caso de Piura, hoy no encuentro a las mismas ONGs que tenían una preocupación ambiental, el mismo dinamismo contrario a la actividad minera, incluso se organizaron marchas en defensa del limón para el cebiche producido en el valle de Tambogrande que supuestamente la minería formal ponía en peligro. Hoy en Piura gracias a los altos precios del oro existen más de 5,000 mineros informales, en una actividad ilícita que no genera ingresos ni regalías para el fisco, contaminando impunemente el medio ambiente con la utilización indiscriminada del mercurio, poniendo en riesgo la salud y las posibilidades agrícolas de Piura, con la exportación de mangos, café y plátano orgánico.

Por ello, comparto la preocupación ambiental y la legitimidad sobre la seguridad del acceso al agua, de allí que insisto sobre la necesidad que la SPCC debe sembrar agua, de lo contrario, por más rentabilidad económica-financiera que pudiera tener el proyecto, socialmente resultaría inviable, sino se convence a la población de la oportunidad de desarrollo que otorga la minería, con los ingresos que se derivan de la actividad vía canon, regalías y derechos de vigencia mineros, con las compras a la industria regional y nacional más los sueldos y salarios pagados a sus trabajadores por las operaciones directas e indirectas que generan capacidad de demanda y poder de compra regional.

Quien mejor resume el debate es un anónimo que en Internet reproduce lo que debiera entenderse como una “opción de desarrollo”. Si bien no comparto la calificación a quienes se oponen a la actividad minera, resulta ilustrativa la información sobre la experiencia de distritos de Torata e Ilabaya en los vecinos departamentos de Moquegua y Tacna respectivamente, que con importantes ingresos por canon y regalías mineras han podido hacer efectivas una serie de inversiones para beneficio de la población. Evidentemente con esta posición se sobrestiman los beneficios mas se minimizan los costos, eso que los economistas denominamos “externalidades negativas”. Así, en el debate con los antimineros sustenta su discurso:

“Orate no seas ignorante y repitas lo que hablan los ignorantes, existen estudios hidrográficos, donde se demuestra que se puede utilizar el agua del subsuelo sin problemas, y yo no trabajo en Southern, trabajo en contratistas para Southern y que empiece Tía María significa 4 mil puestos de trabajo temporales, casi mil permanentes, que Cocachacra tenga el canon como lo tienen Torata en Moquegua e Ilabaya en Tacna, ¿conoces esos sitios? date una vuelta por esos lugares y fíjate como cambiaron gracias al canon, hay canales de concreto por todos lados, canales entubados, clubes de madre, estadios, coliseos, colegios muy bien equipados, ahora hay turismo, etc; se nota el enorme crecimiento de los pueblos, los municipios tienen varias obras en el año lo que significa mejora y miles de puestos de trabajo; la minería de los 70 u 80 ya se acabó, donde se botaba el relave al mar y los humos con ácido invadían la ciudad, siempre la minería va a producir contaminación, pero puede ser controlada y trabajar de la mano con la agricultura y otras actividades. Porque en las empresas mineras existan gente estúpida que porque ganan un poco más de dinero que el común de la gente y se crea y haga los que les dé la gana no significa que hay que estar en contra de la minería, la minería es progreso si se la controla. Y si dejan pasar la oportunidad de la mina Tía María se van a arrepentir toda la vida. Negocien con SPCC, tienen para pedirles colegios, postas, centros de salud, capacitación, que les construya una represa y así asegurar el agua para la zona, etc.” #5 09 febrero 2010

Esta es una afirmación de la sabiduría popular que comparto en gran parte, pero donde respecto a las fuentes de abastecimiento insisto en la necesidad de contar con el agua de mar previa desalinización o en su defecto la construcción de una represa que permita el abastecimiento regulado del recurso hídrico que en las épocas de lluvias por millones de metros cúbicos terminan en el mar. Pero discrepo por el paternalismo hacia la empresa, eso de pedirle a la empresa lo que es responsabilidad del Estado constituye una comprobación acerca de la naturaleza del subdesarrollo como de una minusvalía ideológica indigna del sentir arequipeño.

Por tanto, por el interés local, regional y nacional sería deseable que no se reproduzca con el proyecto de Tía María el fenómeno de Tambogrande en Cocachacra y se capitalice el gran sur del Perú. Su postergación sería una frustración más que confirmaría la afirmación del Perú como “un país de las oportunidades perdidas”. Por ello recuerdo las palabras del ilustre poeta arequipeño Percy Gibson grabadas en el Mirador de Yanahuara cuando afirmaba que “En el Perú hay hombres, en Arequipa hay ciudadanos”. Es decir, peruanos con derechos y deberes, y será responsabilidad de la generación presente explicar a las generaciones futuras las razones que impidieron la capitalización regional.

Esto también supone acceder a la información que debiera otorgar al debate la altura necesaria para analizar los problemas y posibilidades que tiene el proyecto de Tía María. Hacer eso posible supone y exige estimar el “costo/beneficio del proyecto con la debida transparencia de la información, en los estudios de impacto ambiental, en las reservas acuíferas, etc.

MÁS CANON Y REGALÍAS

Es verdad que el desarrollo no es sinónimo de riqueza o abundancia monetaria, pero una condición “sine qua non” para alcanzar el desarrollo es incrementar de forma permanente los ingresos de la población, elevar la calidad de vida mediante una educación de calidad con acceso a servicios de salud decente, elevando la productividad del trabajo en todo sentido. La minería social y ambientalmente responsable genera los ingresos que posibilitan ello. Será responsabilidad de nosotros, de todos los peruanos la fiscalización y regulación del Estado para superar la debilidad fiscalizadora de Osinergmin o del Ministerio del Medio Ambiente frente a la actividad minera.

Por ello, el proyecto Tía María constituye una posibilidad de desarrollo. Así, en una estimación razonable del canon y regalías mineras que se obtendría del proyecto, simulando una posible distribución según la ley vigente del canon minero (ley 28322), por las operaciones del proyecto Tía María de SPCC a partir del año 2013, este sería de un aproximado de US$ 89 millones anuales por concepto de canon minero que convertidos al tipo de cambio promedio bancario del año 2009 (1 US$ = S/.3.012) resultarían S/. 268 millones. Adicionalmente por regalías mineras se transferirían unos US$ 23 millones anuales que serían equivalentes a un poco más de 69 millones de nuevos soles.

Bajo el supuesto de un precio promedio de la libra de cobre de US$ 3, y un período de recuperación de 2 años de la inversión de 1,000 millones de dólares, a partir del 2013 el gobierno regional y gobiernos regionales podrían estar percibiendo unos 337 millones de nuevos soles por año, más o menos ello dependería de los precios internacionales que son externos a la economía peruana.

Así, de este total a distribuir entre el gobierno regional y gobiernos locales de Arequipa, al distrito productor de Cocachacra le correspondería el 10% esto es S/. 26.8 millones, que se sumarán al canon que ya viene percibiendo Cocachacra el cual fue de S/. 3.1 millones el año 2009. Es decir, Cocachacra aumentará en más de 8 veces sus recursos por canon minero, gracias a las operaciones del proyecto Tía María, que sumados a las transferencias de las regalías que se abonarían mes a mes, desde el inicio de las operaciones, este distrito estaría percibiendo S/ 13.8 millones de nuevos soles. Por tanto, para este gobierno local el incremento anual por el proyecto sería de S/ 40.6 millones de nuevos soles.

En la misma lógica, la distribución del canon minero estimado para los distritos de la provincia de Islay-Arequipa, pues estos percibirán el 25% del monto total, sería un equivalente a S/. 67 millones, este dinero se sumará a los S/. 9.4 millones que ya vienen recibiendo los distritos de la provincia de Islay por otras actividades mineras. En tal sentido tenemos que los distritos de Islay aumentarán el canon minero en más de 7 veces. Si a ello se agregan las regalías estas sumarían 13.8 millones de nuevos soles como promedio anual.

Por tanto, la provincia y los distritos de Islay estarían percibiendo un adicional gracias al proyecto de Tía María por canon y regalía de más de S/ 80.8 millones de nuevos soles anuales.

También los gobiernos locales de las otras provincias de Arequipa se beneficiarían por los mayores aportes por el canon minero del proyecto Tía María. Así, los gobiernos locales de todas las provincias del departamento de Arequipa, con el 40% que les corresponde, estas poblaciones tendrán S/. 107 millones al año sólo por el proyecto minero.

Estos recursos se sumarán a los S/. 390 millones que ya reciben las provincias de Arequipa por la actividad minera, que adicionalmente a las regalías mineras que les corresponde a las provincias sería de unos 27.7 millones de nuevos soles. Por tanto, los gobiernos locales de las provincias de Arequipa estarían percibiendo transferencias por canon y regalías de 134 millones de nuevos soles más.

Por último, el gobierno regional de Arequipa, por canon y regalía minera adicional estaría percibiendo S/. 64 millones que se sumarían a los montos que ya recibe el gobierno regional por otras operaciones mineras. Asimismo la respetable Universidad Nacional de San Agustín en su conjunto por ambos conceptos estaría percibiendo más de 16.8 millones de nuevos soles, que podrán invertirse en el financiamiento de equipamiento para laboratorios, bibliotecas y en capital humano.

En resumen, el proyecto de Tía María constituye una posibilidad de desarrollo por los efectos positivos económicos que pudiera tener mas se trata de minimizar los posibles efectos negativos. En ese sentido un principio central de la negociación entre la población local y la transnacional SPCC debiera ser: “Sí al proyecto pero no se puede usar ni un metro cúbico de agua de la capa freática del Valle del Tambo”. La minera con la suya gracias a las elevadas utilidades debe “sembrar agua” para sus operaciones.


sábado, 13 de febrero de 2010

¿QUÉ PASA CON LA TÍA MARÍA? PARTE I

SPCC DEBE SEMBRAR AGUA

La minería debe sembrar agua es una afirmación que le pertenece al patriarca de la minería peruana Alberto Benavides de la Quintana, hacedor del grupo Buenaventura, uno de los pocos conglomerados peruanos transnacionales que cotiza en la Bolsa de New York, considerado entre los veinte productores más importantes en el mundo de oro y plata. Esta sentencia es fundamental para hacer viable los proyectos como el de Tía María, el proyecto más importante que tiene la Southern Perú Copper Corporation (SPCC), donde el Grupo México de la familia Larrea es el principal accionista, que opera en las minas de cobre de Toquepala y Cuajone con costos operativos menores a los 50 centavos la libra de cobre, obteniendo importantes utilidades con precios superiores a los 3 dólares la libra.

Este proyecto de cobre se ubica en la provincia arequipeña de Islay, distrito de Cocachacra, donde se preve la agudización del conflicto entre una transnacional minera sedienta de agua y los pequeños agricultores temerosos sobre la incertidumbre del abastecimiento asegurado y la calidad de agua para sus cultivos. Preocupación legítima que debiera ser resuelta por la SPCC utilizando el agua de mar previa desalinización, como lo ha hecho una minera mediana como Milpo con el proyecto Cerro Lindo en Ica. Las utilidades extraordinarias obtenidas entre el 2004-2008 son más que suficientes para financiar la inversión en la desalinización, e incluso distribuir los excedentes a la población local.

Sólo la soberbia, la codicia capitalista y el fariseísmo empresarial puede ignorar los intereses de los agricultores. En tal sentido, los señores de SPCC deben entender que no es lo mismo desarrollar actividades en medio del desierto como son las operaciones de Toquepala o Cuajone que hacerlas cerca de tierras agrícolas donde el problema hídrico por falta de reservorios, abundancia o escasez de agua resultan sin solución de continuidad.

Soy un crítico del modelo primario exportador que caracteriza a la economía peruana, en especial de la minería controlada por empresas transnacionales con bajos costos de producción, débil propensión a tributar, escasa interdependencia con otros sectores, excesivas ventajas tributarias, pobre valor agregado, pésimas relaciones comunitarias que reproducen las viejas relaciones patronales. Ello reproduce un crecimiento empobrecedor que debiera ser superado en el marco de la filosofía de la llamada responsabilidad social y ambiental. En tal sentido, si SPCC no asegura más agua para sus operaciones, el proyecto resulta inviable socialmente. Ello debe ser claro para la empresa, para el gobierno regional y central.

En verdad, el proyecto Tía María resulta vital para el Grupo México para su expansión ante los rendimientos marginales decrecientes de viejas operaciones como Toquepala. Se podría decir que los proyectos mineros de Tía María en Arequipa y Los Chancas en Apurímac resultan de fundamental importancia para la SPCC, pero también para el país para asegurar el crecimiento económico con una mayor y mejor redistribución de la riqueza. En ese sentido la provincia de Islay y el distrito de Cocachacra multiplicarían los recursos por canon y regalías mineras.

El proyecto de Tía María con una inversión comprometida de US$ 1,000 millones estaría iniciando operaciones a fines del 2011, siempre y cuando resuelva el problema del agua, y se considera que tiene una vida útil de 19 años, durante los cuales la mina produciría anualmente 120,000 toneladas de concentrados de cobre, que con precios de 3 dólares la libra, estaría generando aportes al fisco por concepto de impuesto a la renta por año de US$ 178 millones luego del recupero de la inversión. Por tanto, el canon minero estimado para Arequipa y especialmente para los distritos de la provincia de Islay sería del orden de los US$ 89 millones anuales, que se sumarían a los importantes montos del canon que perciben por el efecto de la ampliación de Cerro Verde.

Es más, el proyecto Tía María por concepto de regalías mineras abonaría un promedio de US$ 23 millones anuales que se estima como el 3% del valor de los concentrados o su equivalente. Es decir, el departamento y los gobiernos locales de Arequipa se beneficiarían anualmente por canon y regalías mineras de más de 112 millones de dólares (S/ 336 millones de nuevos soles) que podrían servir para el desarrollo de las ventajas competitivas, infraestructura, afianzamiento hídrico, salud y educación.

A ello se debería sumar el 8% por el pago por participación de utilidades de los trabajadores que ascendería por lo menos a US$ 44 millones anuales que se distribuiría entre la mano de obra calificada de técnicos e ingenieros de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa (UNSA) que tiene una prestigiosa facultad de geología e ingeniería de minas.


¿DÓNDE ESTÁN LAS UTILIDADES?

Con las importantes utilidades obtenidas y que sigue percibiendo SPCC está en la obligación de asegurar su autoabastecimiento de agua sin afectar la capa freática. Para ello sirva de ejemplo la experiencia de Cerro Lindo, unidad productora de cobre de la Mra. Milpo que tiene como principal accionista al grupo brasileño Votarantim. Así, en estas operaciones se trata el agua del mar, la tratan quitándole la sal y la bombean a 44 kilómetros de distancia para ser utilizada en sus operaciones y el excedente de agua se distribuye entre los pobladores del entorno. Ello gráfica la afirmación del viejo Benavides de la Quintana que “minería debe sembrar agua”

La rentabilidad obtenida por la SPCC son más que suficientes para financiar la desalinización del agua del mar. Así, los ratios de rentabilidad de SPCC destacan nítidamente, prueba de ello es que en los últimos años, esto es desde el año 2004 hasta el 2008 registró una rentabilidad operativa superior al 60%, llegando a obtener el año 2008 la tasa de 59.2%. Esto significa que de cada 100 dólares de ingresos por ventas 60 dólares son utilidades operativas, que sumadas a los cargos por depreciación y amortización incrementa la rentabilidad empresarial.

En tanto su rentabilidad neta alcanzó en promedio en los últimos cinco años el 40%. Esta es una rentabilidad elevada que señala la importancia que tiene SPCC para sus accionistas. Se debe tener presente que SPCC es la más importante empresa minera que tiene Southern Copper Corporation (SCC), y como esta última es la principal división minera de la matriz Grupo México, SPCC se convierte en la fortaleza de la matriz. Tanto es así que SPCC explica más del 60% de la producción de cobre y molibdeno de todo el grupo.

Un análisis de la distribución de utilidades netas que realiza SPCC a su matriz nos demuestra el destino de las mismas. Como se podrá observar en el cuadro respectivo “SPCC: Distribución de Utilidades Netas a la Casa Matriz y Titulares de Acciones”, desde el año 2004 hasta el 2008, las remesas de capital han crecido sustancialmente, así tenemos que en el año 2004 se distribuyó a la Casa Matriz US$ 543 millones, en el 2005 se remesó 755 millones, en el 2006 gracias a los altos precios del cobre se remesó más de 1,053 millones de dólares, para el 2007 la transferencia fue aún mayor alcanzando los US$ 1,170 millones.

Para el año 2008 la transferencia de SPCC a su matriz mexicana disminuyó un poco en relación al 2007 y se transfirió US$ 903 millones. El resto son las utilidades de acciones de inversión constituidos por inversionistas institucionales como los fondos de pensiones, trabajadores que representan un promedio del 17% de la distribución de utilidades.

Estos importantes montos reflejan que SPCC y sus operaciones en el Perú deben ser consideradas como la más importante de toda la Casa Matriz del Grupo México, es por esta razón que se respaldan las modernizaciones y ampliaciones en las unidades de SPCC y el interés por asegurar la puesta en marcha de las operaciones de nuevos proyectos como los cupríferos de Tía María en Arequipa y Los Chancas en Apurímac. Para que ello sea posible se debe asegurar la sostenibilidad de los acuíferos de la Cuenca del Río Tambo.


EPÍLOGO: TODOS DEBEN GANAR

Los mexicanos serían unos “pendejos” sino consideran y respetan la preocupación ambiental de la población del Valle del Tambo, ocasionando la postergación del proyecto. Está demostrado que las utilidades netas remesadas a su matriz sea el 2007 o el 2008, más de 1,170 millones de dólares y 903 millones respectivamente, financian de lejos el proyecto de Tía María. Es decir la utilidad de un año financia el proyecto. Por tanto, la inversión para alcanzar la seguridad ambiental respecto al agua ¿en cuánto encarece los costos operativos? Si sus costos operativos son menores a los 50 centavos la libra de cobre en Cuajone y Toquepala con precios internacionales sobre los US$ 3 dólares la libra tienen recursos más que suficientes para “sembrar agua”

De otro lado, para asegurar la gobernabilidad del país y el crecimiento económico sostenido, es necesaria la redistribución de la riqueza generada a través de políticas de Estado, que por un lado promuevan el desarrollo sostenible de los pueblos y regiones donde se explotan los recursos naturales no renovables, y al mismo tiempo promuevan la inversión privada con responsabilidad social y ambiental. En el Perú, el instrumento de política redistributiva más importante de los últimos años, que ha transformado la vida de las regiones mineras, es el canon minero.

En tal sentido, de ser realidad el proyecto Tía María, el distrito donde se ubica el yacimiento sería Cocachacra al cual le correspondería el 10% del total del canon generado, esto es S/. 26.8 millones como promedio anual, que se sumarían al canon que ya viene percibiendo Cocachacra como distrito de Arequipa de la provincia de Islay, el cual fue de S/. 3.1 millones en el año 2009. Es decir, Cocachacra aumentará en más de 8 veces sus recursos por canon minero, gracias a las operaciones del proyecto Tía María.

En el mismo sentido, la distribución del canon minero estimado para los distritos de la provincia de Islay-Arequipa, pues estos percibirían el 25% del monto total, sería equivalente a S/. 67 millones por año como promedio, este dinero se sumará a los S/. 9.4 millones que ya vienen recibiendo los distritos de la provincia de Islay por otras actividades mineras. En tal sentido tenemos que los distritos de Islay aumentarán el canon minero en más de 7 veces.

Por ello, estamos convencidos que una minería desarrollada con responsabilidad social y ambiental representa una oportunidad de desarrollo para las poblaciones locales por los importantes ingresos que se generan, los efectos multiplicadores en el empleo derivado y sobre todo por las transferencias del canon y regalías. La Tía María es una posibilidad de desarrollo si resuelve el problema del agua.

viernes, 5 de febrero de 2010

EL MITO DE LA EXPORTACIÓN GASÍFERA*

El problema en nuestro país no está en relación a los volúmenes de las reservas de gas natural sino de la débil, por no decir, franciscana actividad exploratoria que asuma riesgos en horizontes no explorados, horizontes profundos o en condiciones aisladas de difícil acceso. Esta inversión de riesgo se estima por el número de pozos exploratorios realizados.

Esto es importante decirlo porque a la luz de lo señalado por Perúpetro, organismo oficial de promover la inversión en el sector de hidrocarburos y de supervisar los contratos firmados, existiría un potencial de más de 37.6 trillones de pies cúbicos de gas natural (TCF en inglés), que esperan ser puestos en valor. En tal sentido, solamente con una agresiva campaña exploratoria se podrá convertir esos 37.6 TCF en reservas probadas.

Esto es importante decirlo porque a la luz de las fuertes críticas respecto a la exportación del gas proveniente de Camisea se firmó un contrato de licencia por el lote 56 con el Consorcio Camisea (que opera el Lote 88). Así, se entregaron más de 2 TCF y 200 millones de barriles de líquidos en negociación directa pactando regalías relativamente menores a las vigentes en el mercado interno. Por tanto, el gas natural convertido a líquido, para hacer posible su exportación en buques metaneros hacia México, es duramente cuestionado por varias razones.

Desde la partida de nacimiento, muchos se han preguntado ¿cómo es posible que se haya otorgado directamente, vía negociación, un lote con reservas probadas de gas natural y líquidos? Es de público conocimiento que el Lote 56 entre 1998 y el 2000 fue explorado por la empresa Shell, y que al tener otros intereses a nivel mundial, y por las limitaciones de acceso al gaseoducto, fue devuelto al Estado peruano y negociado más tarde por Perúpetro en las peores condiciones para el fisco. Si bien el proyecto de Perú LNG involucra importantes inversiones por más de US$3,000 millones tiene un vicio de partida.

En segundo lugar, en una economía capitalista moderna el riesgo es un determinante del beneficio, es decir, quien asume riesgos debe percibir los beneficios correspondientes al margen de la recuperación del capital invertido. No es el caso de los propietarios del Lote 56, porque se trata de reservas probadas, en tal sentido Perúpetro debía hacer respetar la normatividad vigente y asegurar primero el mercado interno por un mínimo definido en el contrato. Se debe tener presente que en el Perú los contratos de gas tienen una duración de 40 años.

En tercer lugar, la crítica al contrato de exportación está en las regalías vigentes en el contrato del Lote 56, cuyas reservas se exportarán. En nuestro país el abono de regalías con la legislación actual constituye el pago en dinero o en especie de una parte de la producción al Estado, por el uso, posesión y usufructo de los hidrocarburos. Es decir, para alcanzar la propiedad plena sobre los hidrocarburos las empresas deben abonar las regalías correspondientes.

Las metodologías son varias para determinar las regalías y van desde el llamado factor “R” hasta los niveles de producción y resultados económicos financieros de la empresa. Sin embargo, ninguna fórmula de las regalías está contemplada en el contrato del Lote 56. En este contrato de exportación las regalías tienen dos variables claves: Por un lado el precio internacional el Henry Hub vigente en los Estados Unidos de Norteamérica. De otro lado, el llamado “Net Back Price” o precio hacia atrás, en el sentido que al precio internacional se le deberá descontar una serie de costos que van desde el transporte en México, el costo de regasificación, el costo del transporte de Pampa Melchorita al puerto de México, el costo de la planta de licuefactación, el transporte del gas desde el lote 56 hacia la planta de licuefactación. Recién allí descontados todos los costos se pagarán las regalías correspondientes que tienen una tasa diferenciada de 30 % al 38 %, según el precio internacional del Henry Hub sea menor o mayor a 4 dólares.

Las regalías obtenidas por la exportación tras estos descuentos sería una fracción a las que se obtienen en el mercado interno, lo cual constituye una cruel paradoja. Esto ha generado una fuerte crítica y ha motivado Informes de Comisiones Investigadoras del Congreso de la República y la Contraloría General del la República.

Por último, el proyecto de exportación de Perú LNG pondría en riesgo la seguridad y autonomía energética del país en la medida que por lo menos 2.2 TCF del Lote 88 (que en un inicio estuvieron orientadas estrictamente al mercado interno) podrían servir de respaldo al proyecto de exportación hacia México que requiere por los menos 4.2 TCF, y el lote 56 solamente asegura 2 TCF, de allí la necesidad de regresar a la posición contractual original, donde las reservas de gas natural del lote 88 estén destinados exclusivamente al mercado interno.

¿QUÉ HACER?

El gobierno de Alan García ha heredado gran parte de los problemas que modificaron las normas que aseguraban la prioridad del abastecimiento del mercado interno de forma permanente. También se encontraron firmados los contratos del Lote 56 en el 2004 con la fijación de regalías inusuales y el Decreto Supremo 050-2005 que autoriza el préstamo de 2 TCF al proyecto de exportación del Lote 56.

En verdad, el presente gobierno se encuentra entre la espada y la pared, pues por un lado debe promover la inversión y el respeto a la estabilidad de los contratos, y de otro lado debe reconocer la necesidad de asegurar el abastecimiento del mercado interno. En ese sentido, ha dispuesto una serie de acciones para que en los próximos cinco años, es decir hasta el 2014, las empresas del Consorcio Camisea se comprometan a no exportar ningún volumen de gas natural proveniente del Lote 88.

A ello se deben agregar los compromisos empresariales por realizar fuertes inversiones exploratorias en los Lotes 56 y 88 para descubrir mayores volúmenes de gas natural, por valores superiores a los US$1,900 millones. Este creemos que es el hilo de la madeja que debió preverse con anticipación: el fomento de la inversión exploratoria de riesgo, que lamentablemente los gobiernos anteriores no han promovido.

Para que exista inversión de riesgo en una economía de mercado deben existir los estímulos propios del capitalismo, y la variable clave son los precios del gas natural y la existencia de mercados insatisfechos que demanden gas. Para ello, en nuestro país debemos sincerar el precio del gas natural del Lote 88 que es excesivamente barato, a tal punto que promueve un consumo irracional. Además debe fomentar la integración gasífera del Perú y promover la inversión de riesgo con agresivas exploraciones.

En tal sentido, las exportaciones de gas natural tienen un rol importante como “carnada” o estímulo de la inversión exploratoria en el país, siempre y cuando el Estado a través de su participación mediante los impuestos y regalías también se beneficie. En esa medida, cabe preguntarse si los ingresos fiscales obtenidos por el consumo interno de gas resultan mayores a los provenientes por la exportación se hace necesario una renegociación contractual por el bien de las partes.


* Publicado en la Revista ENERGIMINAS (Energía y Minería).Año 2. Edición Nº 3, enero-febrero de 2010