lunes, 30 de septiembre de 2013

LOS CONTRATOS PETROLEROS QUE VENCEN*

* Publicado en el Portafolio Económico del diario El Comercio el domingo 29 de setiembre de 2013

Debate entre Carlos Gonzales (Gerente General de Enerconsult) y Aurelio Ochoa (Ex presidente de PeruPetro)


LOS MIRONES SON DE PALO*

* Publicado en el diario La República el lunes 30 de setiembre de 2013

Por Humberto Campodónico

Se ha hablado mucho esta semana acerca de las declaraciones del Presidente Humala de exportar gas a Chile “cuando estén satisfechas las necesidades del mercado interno”. Luego, diversos analistas y expertos opinaron sobre si se debe exportar gas o electricidad, si se paga o no “buen precio”. Y así.

Lo primero, nos guste o no (y no nos gusta) es que la Constitución y la Ley de Hidrocarburos (Ley 26221) del 2003 señalan que las moléculas de los hidrocarburos le pertenecen a la Contratista, que hace con ellas lo que su Directorio decida. Así, en el 2005 decidieron que el Lote 88 –cuyas reservas estaban destinadas exclusivamente para el mercado interno– sirvan de garantía para las exportaciones del Lote 56, política ampliamente cuestionada, pero que se mantiene hasta hoy.

Hay que agregar que los gobiernos peruanos aprobaron leyes y decretos supremos para tales fines. ¿Por qué? Porque no se considera que el Estado debe tener un rol rector en el abastecimiento y la seguridad energética, pues este es “un negocio más” y los privados tomarán las decisiones que más convienen para sus intereses los que, por alguna mano invisible, coincidirán con las del país. ¿Es que se puede ser tan ingenuo?  

El contrato firmado en el 2007 por Repsol con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de México para exportar gas del Lote 56 es la expresión más “pura” de esta “idea”. Repsol venderá 4.2 TCF de Gas Natural Licuado (GNL) por 15 años al 91% del precio del Henry Hub (HH) de EE.UU.

¿Intervino en ese contrato el Estado peruano? No. Y tampoco intervino en el contrato entre Peru-LNG y Repsol, mediante el cual la primera (que licuefacta el gas en Pampa Melchorita) otorgó a la segunda la exclusividad en la comercialización del GNL.

¿Cuál es el problema acá? Que el precio en el HH ha tenido un bajonazo desde el 2009, a tal punto que el precio al cual México compra el gas es inferior al del mercado peruano. Esto porque las innovaciones tecnológicas ahora permiten extraer gas esquisto (“shale gas”, en inglés) en EE.UU. en grandes cantidades: estas ventas ya superan a las del gas natural convencional en ese país.

La pregunta es, entonces, ¿cómo así Repsol no tomó las garantías contractuales correspondientes para protegerse de una baja de precios, algo común en  los hidrocarburos? ¿Cómo así comprometerse a un precio indesligable del HH para los próximos 15 años? ¿Se podía hacer algo distinto?

Sí. En Europa (y España con Argelia), la negociación de GNL tiene larga data. No solo eso. La Agencia Internacional de Energía de la OCDE estableció una regla según la cual el valor del gas entregado al consumidor final debía aproximarse al precio del petróleo en el mercado (1). Esto para garantizar que el importador no pague más que el precio del petróleo (sustituto del gas natural) y que el exportador tampoco se aleje de ese precio (ni hacia arriba ni hacia abajo). Alrededor de ese parámetro, las partes negocian.

Si esto es así –y lo es–, ¿cómo entender que no se tome en cuenta el precio de equilibrio? Solo se entiende si una de las partes quiere cerrar el negocio a cualquier precio y asegurarse un mercado (con un gas que no es suyo). Y quizá por eso también se comenzó a reexportar el gas que iba a Manzanillo redirigiéndolo a Europa y Japón (donde el precio es mayor), lo que fue descubierto por Perupetro el año pasado y está actualmente en litigio en el CIADI del Banco Mundial.

La cuestión es que los precios de exportación a México siguen siendo el 91% del HH, cuya cotización es US$ 3.66/MMBTU. Pero como a México todavía le falta gas, la CFE acaba de firmar un contrato con Trafigura en que “las cotizaciones por los cargamentos adjudicados quedaron por debajo del factor máximo aceptable para CFE, por lo que representan, a precios de hoy, un promedio de US$15.84/MMBTU por cargamento” (Boletín de Prensa 051, Secretaría de Energía de México, 13/05/2013).

Así, México va a pagar dos precios: uno, alto, a Trafigura y otro, bajito, a Repsol por nuestro gas. Agreguemos que la producción del Lote 56 –que se exporta a precios de remate– supera a la del Lote 88, tanto en el 2012 como en el 2013. ¿Lobo qué estás haciendo?
En el Perú, el contratista es el dueño de la molécula. Y los gobiernos son mirones de palo –porque quieren– que nada tienen que hacer en la política energética y/o la exportación. Lo que es inaceptable.  


(1) “Energía: Economía y Políticas,” Jacques Percebois y Jean-Pierre Hansen, De Boeck Editores, 2011 (p. 262).

http://www.larepublica.pe/columnistas/cristal-de-mira/los-mirones-son-de-palo-30-09-2013

viernes, 27 de septiembre de 2013

¿AUTORIDADES DESENFOCADAS?*

* Publicado en el diario La Primera el viernes 27 de setiembre de 2013

Por Germán Alarco Tosoni (Universidad del Pacífico)


Las autoridades políticas nacionales acaban de anunciar que se está realizando un nuevo estudio relativo al Programa de modernización de la Refinería de Talara (PMRT) y PETROPERÚ. Es el quinto, luego del desarrollado por un consorcio internacional supervisor de los trabajos de diseño detallado, dos de la consultora internacional A. D. Little y de Technip contratada en 2013.

A estos hay que sumar los realizados por la empresa, el agente financiero internacional Société Générale y COFIDE. Afortunadamente en todos se concluye técnica y económicamente lo mismo. Por otra parte, se confirma que la discusión del PMRT se llevaría al Congreso como un tema independiente, perdiendo la buena oportunidad que hubiera significado incorporarlo en la discusión del Presupuesto General de la República para 2014. Por lo demás, la empresa prosigue sin recuperar los pendientes de remediación ambiental y tributos que le adeuda el gobierno.

Quizás la poca importancia que el gobierno le otorga a PETROPERÚ puede encontrar su fundamento en el Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) 2012-2016 del Ministerio de Energía y Minas (MEM) aprobado en junio de 2012. En este documento no solo no hay referencia alguna a la empresa petrolera del Estado sino que, cuando se habla de los diferentes roles del sector, en el promotor se señala que corresponde a PROINVERSIÓN la promoción del proceso de privatización de las inversiones y de las empresas públicas del sector energía y minas.

Nuestras autoridades del MEM siguen pensando que da lo mismo que la empresa petrolera del Estado sea privada y de lo que se trataría, con el MEF, es privatizarla. O en las actuales circunstancias regalarla al sector privado. También se olvidan de los planes estratégicos aprobados por sus dos directorios sucesivos. 

En el PESEM hay más sorpresas. En la visión del MEM se señala que se trataría de promover el desarrollo sostenible de las actividades energéticas y mineras, impulsando la inversión privada en un marco global competitivo, preservando el medio ambiente y facilitando las relaciones armoniosas del sector. Obviamente en esta hay algunas frases razonables. Sin embargo, tratan erróneamente a las actividades energéticas como cualquier otra, no atribuyen rol central alguno al Estado, no precisan que el objetivo central del sector sería proporcionar energía continua de alta calidad y a precios competitivos. También falta énfasis en el planeamiento sectorial, en el ahorro y uso eficiente de la energía.

Desafortunadamente, ahora los intereses privados predominan sobre el público. No en vano a través de la exportación del gas natural el MEM y MEF permiten que se pierda anualmente entre 1.2% y 2.3% del PBI. Con la importación plena de todos los combustibles se perdería otro 0.5% del PBI. Ojalá no sea demasiado tarde para el sector y PETROPERÚ.




martes, 24 de septiembre de 2013

DEFICIT EN BALANZA DE HIDROCARBUROS SERÍA DE US$ 3,600 MLLS. EL 2013*

* Publicado en el diario Gestión el martes 24 de setiembre de 2013

Por Elías García





sábado, 21 de septiembre de 2013

RESUCITANDO EL AFFAIRE DE LOS PETROAUDIOS

¿UNA CORTINA DE HUMO MÁS?

ESCRIBE: JORGE MANCO ZACONETTI (Investigador UNMSM)


Las ampliaciones en las investigaciones de la Comisión Tejada serían un distractor de la grave realidad del sector de hidrocarburos que se relaciona con la indebida prórroga contractual por 10 años en los contratos próximos a su vencimiento, la indefinición respecto al futuro de PetroPerú y la modernización de la refinería de Talara, y los retrocesos en el Gaseoducto del Sur petroquímica incluida. En política no existen casualidades.


El acucioso periodista Gustavo Gorriti está en deuda con sus lectores pues luego de la publicación de su libro “PETROAUDIOS; Políticos, espías, y periodistas detrás del escándalo” Ed. Planeta, agosto del 2009 primera parte, no se ha publicado lo que sería la segunda entrega. A pesar de la rica información proveniente de dos sendas comisiones investigadoras conformadas a inicios del 2009 y 2010, (Abugattás y Jhony Peralta), más el expediente policial sobre el espionaje industrial acumulado entre el 2008 y 2013.

Se recordará el escándalo que sacudió al segundo gobierno del Dr. Alan García hecho público en el mes de octubre del 2008 con las intercepciones telefónicas a políticos, empresarios, y que trajo consigo la renuncia de medio gabinete, en especial del presidente del Consejo de ministros y del ministro de energía y minas de ese entonces entre otros altos funcionarios de organismos públicos como PerúPetro y PetroPerú.

He sido testigo de excepción de las varias comisiones de investigación formadas en el Congreso de la República siendo la más relevante para el caso la Comisión presidida por el congresista del partido de gobierno Daniel Abugattás, teniendo como asesor principal al hoy también congresista Manuel Dammert. Los resultados y conclusiones de dichas investigaciones están publicados en los archivos digitales del Congreso de la República y en verdad luego de meses de pesquisas, interrogatorios, confrontaciones, la Comisión encontró indicios razonables de corrupción, de asociación ilícita contra los intereses del Estado, que fueron materia de un juicio político y denunciados ante las diversas instancias del poder judicial.

Coincido con el periodista Gorriti cuando denomina como escándalo las diversas acciones llevadas a cabo por una serie de personajes ligados al entonces partido de gobierno, empresarios y lobistas, si por ello entendemos “dicho o hecho reprensible que es ocasión de daño y ruina espiritual en el prójimo” En todo caso, las conversaciones telefónicas intervenidas ilícitamente  por la empresa de seguridad Business Track demuestran la pobreza moral de nuestra clase política como las filmaciones del asesor Montesinos en el fujimorismo, y  la vigencia del concepto patrimonialista sobre el estado, al cual hay que asaltar utilizando el poder del gobierno de turno.

En verdad, el affaire de los petroaudios mostraron la desvergüenza moral de una serie de personajes pretendiendo hacer negocios especulativos que no comprometían ninguna reserva probada de petróleo ni de gas, pues en el caso específico de la licitación de los lotes del Zócalo Continental se trataba de contratos de exploración/explotación, donde en primer lugar había que invertir cuantiosos montos de capital para realizar estudios de sísmica, perforación exploratoria para descubrir reservas. En el mar las inversiones requeridas se incrementan, así los mayores volúmenes de inversión para la perforación de un pozo de riesgo podría superar los 50 millones de dólares, con resultados inciertos.

Este sería el caso de los lotes petroleros que fueron materia del llamado “faenón petrolero” en la licitación convocada por PerúPetro a mediados del 2008. Éste es el organismo estatal responsable de la promoción de la inversión en el sector y de la supervisión de los contratos y uno de sus directores que fue nombrado directamente por la Presidencia de la República concertaba negocios privados para favorecer a terceros, como parte de un loby que repito no comprometía reservas probadas de hidrocarburos.

Al mismo tiempo se debiera recordar que uno de los actores centrales en este escándalo era el consorcio conformado por la empresa noruega Discover Petroleum en asociación con la petrolera estatal PetroPerú que no tiene presencia en las actividades de exploración/explotación; el referido consorcio había desplazado en algunos lotes licitados a la cuestionada empresa Petro Tech Peruana, que prácticamente tenía la mayor cantidad de lotes licitados en el mar.

Es decir, sin mayores inversiones Petro Tech hubiese resultado en la empresa que hubiese concentrado la mayoría de los lotes marinos de haber ganado la cuestionada licitación, lo cual hubiese otorgado un mayor valor de venta a sus acciones en una futura transferencia.

La empresa de W. Kallop  estaba siendo sujeta a investigación por la Sunat y por PerúPetro en la gestión de D. Saba, al punto que en el primer semestre del 2008 tuvo que abonar perentoriamente más de 35 millones de dólares por regalías dejadas de pagar por la extracción indebida de líquidos de gas natural del lote Z-2B, bajo la amenaza de una rescisión contractual relacionadas con la Planta de Procesadora de Gas Pariñas (PGP), empresa vinculada, por lo que existía una violación contractual.

A ello se sumarían otras acotaciones de impuestos dejados de pagar desde el inicio de sus operaciones en 1994. Por ello reproduzco la entrevista realizada al congresista por Piura, Jhony Peralta, presidente de otra Comisión Investigadora del Congreso de la República que tenía como objetivo central el análisis de la venta de la empresa Petro Tech Peruana S.A. adquirida a inicios del 2009 por el consorcio colombo/coreano Savia Perú; esta transferencia comprometía las reservas probadas y probables de hidrocarburos que por naturaleza del contrato de servicios y por la propia ley de hidrocarburos, las reservas de hidrocarburos “in situ” constituyen propiedad de la Nación.

Es más, el propietario de Petro Tech, W. Kallop también valorizó en la transferencia las plataformas marinas que eran y siguen siendo propiedad de la petrolera estatal PetroPerú. Se trata de un capital físico que debiera renegociarse a más tardar a fines del 2013 en razón que la tarifa pagada por el alquiler de las plataformas sigue siendo la vigente a la firma del contrato, 10 millones de dólares anuales, cuando el precio del crudo costaba menos de 20 dólares el barril y ahora se cotiza por encima de los 100 dólares el barril y se sigue abonando la misma tarifa.

La referida entrevista fue publicada en un medio como Expreso que no puede ser calificado de veleidades izquierdistas, ni remotamente socialista, y allí se resume la posición sobre los diversos adeudos tributarios que tenía Petro Tech con el estado peruano antes de la transferencia y venta de sus acciones de la empresa petrolera con las empresas vinculadas que operaban en el lote Z-2B y que además mantenía la titularidad sobre una serie de lotes ubicados en el Zócalo Continental.

Por tanto existían indicios razonables para suponer que la empresa financista interesada en el espionaje industrial detrás de Business Track fuera Petro Tech, pero las interceptaciones telefónicas captaron una malla de intereses cruzados sobre futuros negocios con los recursos del estado que sobrepasaban las actividades de hidrocarburos, pues abarcaban áreas como la salud, infraestructura, cementos, petroquímica, que operadores ofrecían en venta desde un año atrás al destape de octubre del 2008, y que diario El Comercio se negó a publicar en preservación de la gobernabilidad, según el libro “Petroaudios”.

UNA CORTINA DE HUMO MÁS: LA REAPERTURA DEL CASO BTR

En política no existen coincidencias ni casualidades por ello no debiera extrañar la reapertura de la investigación sobre el espionaje industrial relacionado con la empresa Business Track y los petroaudios después de casi cinco años, y denunciar las supuestas interferencias del ejecutivo sobre el poder judicial, fiscalía y la policía de investigaciones para encubrir, desviar y/o ocultar información en las incautaciones que se hicieron a los responsables del chuponeo telefónico, en una empresa formada por personal retirado de la Marina de Guerra, la misma que prestaba servicios especializados a las empresas mineras, petroleras, bancos y partidos políticos tal como se expone en el libro sobre los “Petroaudios”

En ese contexto existiendo problemas más graves que afectan al sector de hidrocarburos tales como el futuro de los lotes próximos a su vencimiento contractual tanto en las operaciones Talara (II, III, IV, VI/VII) y particularmente el lote 1-AB en la selva con más de 400 millones de reservas probadas y probables de crudo, las mismas que debieran servir como respaldo financiero para la modernización de PetroPerú que actualmente no tiene acceso a la renta petrolera.

Próximamente el pleno del Congreso de la República tendrá que votar sobre la prórroga contractual de los lotes de hidrocarburos por 10 años dejando de lado a la petrolera estatal que ni siquiera estaría considerada como socio minoritario en un conjunto de lotes cuyas reservas “in situ” corresponden a la Nación, y donde el partido de gobierno con el Presidente del Congreso y de la Comisión de Energía y Minas habrían comprometido su voto a favor con el fujimorismo, el aprismo y el resto de los partidos de la derecha económica.

Igualmente la secuela de los “petroaudios” encubre la indefinición sobre el futuro de PetroPerú y la modernización de la refinería de Talara, cuya inversión representa por ahora más de 2,730 millones de dólares bajo responsabilidad de la petrolera estatal y más de 800 millones de dólares a cargo de empresas privadas, valores necesarios para asegurar el crecimiento de la economía.

A pesar del discurso presidencial del 28 de julio pasado los ministros responsables de la Junta de Accionistas, Jorge Merino de Energía y Minas y Luis Castilla de Economía y Finanzas sabotean la decisión presidencial, a pesar del interés de los inversionistas y la necesidad de procesar internamente combustibles limpios a partir del 2016 en especial del diesel 2 con 50 partículas por millón de azufre.

Asimismo, el escándalo de los “petroaudios” distrae a la opinión pública sobre los retrocesos acerca de la viabilidad del Gaseoducto Andino del Sur, propuesta ganadora en la campaña electoral del presidente Ollanta Humala. Sencillamente el anunciado retiro de la petrolera brasileña Petrobras titular del lote 58 y socio minoritario con Repsol en el lote 57, posterga a la “calendas griegas” la realidad del gaseoducto para el macro sur del Perú.

Sin el carácter de reservas probadas los hidrocarburos de los lotes 58 y 57 difícilmente las empresas supuestamente interesadas en la participación del Gaseoducto del Sur podrán levantar financiamiento internacional. Ello se agrava con el desaire empresarial del Consorcio Camisea al Presidente de la República y la supuesta recuperación las reservas probadas del lote 88 comprometidas como respaldo al proyecto de exportación de gas licuefectado del Consorcio Perú LNG, estas reservas del orden de 2.4 trillones de pies cúbicos de gas natural sirven de garantía financiera.

Por ello, las sucesivas ampliaciones en el plazo en la Comisión Parlamentaria presidida por el congresista del oficialismo Sergio Tejada apuntan hacia una acusación constitucional al ex presidente Alan García que lo descalificaría como candidato a la Presidencia de la República en el 2016, encubriendo las promesas incumplidas y los graves problemas del sector de hidrocarburos.


“Petro-Tech reconoció defraudación”

Lo hizo al pagar US$ 11 millones por fallo de Tribunal Fiscal, señala congresista. 

El congresista Jhony Peralta, presidente de la Comisión que investigó la venta de acciones de Petro-Tech, sostuvo que la mencionada empresa petrolera cometió delito de defraudación tributaria al haber obtenido indebidamente un crédito fiscal que asciende a US$ 78 millones. “De ese monto, el Tribunal Fiscal ordenó a la empresa US$ 11 millones y Petro-Tech, al pagar, tácitamente ha reconocido que cometió el delito”, agregó.  

Además señaló que la Ley Penal Tributaria establece que la defraudación tributaria se reprime con una pena privativa de libertad no menor de ocho años ni mayor de 12.

─ Usted sostuvo en el Pleno del Congreso que Petro-Tech incurrió en defraudación tributaria. ¿Cómo se configuró este delito?
La cláusula Nº 10 del contrato firmado entre Petro Perú, Perupetro y Petro-Tech establecía que el IGV a la importación y los aranceles que utilice Petro-Tech para poder comprar o importar equipos desde el exterior para poder incrementar su producción en los pozos, ésos impuestos eran pagados por el Estado, es decir por Perupetro.

─ ¿Cómo operaba esto?
Petro-Tech desde el año 1994 hasta el 2008 ha venido importando equipos, entonces, con la orden de compra de esos equipos iba a Perupetro y les decía ‘señores de Perupetro, de acuerdo a la cláusula 10 quiero que me paguen los impuestos y los aranceles’ y Perupetro procedía a girar un cheque a nombre de Petro-Tech que iba, hacía la compra e importaba los equipos.

Pero, como esa compra venía a nombre de Petro-Tech y no de Perúpetro ellos utilizaban esas facturas como un gasto, lo cual tenía impacto en la utilidad. A mayor gasto, menor utilidad y, por lo tanto, menor pago de Impuesto a la Renta.

Pero también utilizaban este IGV a la importación como crédito fiscal. La Sunat hizo una evaluación tanto a Perupetro como a Petro-Tech y encontró que  Petro-Tech había venido utilizando indebidamente el crédito fiscal por ese IGV, de tal forma que le hizo reparos en varias resoluciones.

Nosotros hemos llegado a calcular, de acuerdo a las cifras que hemos tenido, que el crédito fiscal obtenido indebidamente por Petro-Tech asciende a US$ 78 millones.

─ ¿Y cómo se sanciona a quienes incurren en este delito?
La Ley Penal Tributaria establece que la defraudación tributaria se reprime con una pena privativa de libertad no menor de ocho años ni mayor de 12, es decir carcelería efectiva. Es más, la Constitución y la Ley Penal sostienen que cuando este delito se da en contra del patrimonio del Estado la sanción se duplica. Pero como este ‘modus operandi’ de Petro-Tech se ha dado hasta años recientes, este delito no ha prescrito y está vigente.

Es más, de esos US$ 78 millones que hemos llegado a determinar como crédito fiscal indebidamente obtenido por Petro-Tech –al que tienen que aplicársele los intereses y las multas del caso–, Petro-Tech debe devolverle al Estado US$ 78 millones.

─ ¿Y ante esto qué ha hecho la Sunat?
La Sunat ya se ha pronunciado en varias resoluciones y ha fallado que se ha cometido el delito tributario y, por lo tanto, Petro-Tech debe restituir ese pago al Estado. Petro-Tech apeló esas resoluciones de la Sunat pero a fines del año pasado nos enteramos que ya el Tribunal Fiscal ha resuelto tres de los casos y en los tres falló a favor de la Sunat, por lo que Petro Tech ya ha pagado  US$ 11 millones por ese concepto.

─ El hecho que Petro-Tech haya pagado ¿no implica un tácito reconocimiento de que sí cometió delito de defraudación tributaria?
Por supuesto. Creo que la resolución de la Sunat es evidente y cualquier abogado o tributarista, con sólo ver la atrocidad que han cometido, notará que se trata de un delito tributario. Al pagar, Petro-Tech está reconociendo el delito y por eso en las conclusiones de nuestro informe no sólo la comisión dice que debemos recuperar esos US$ 78 millones sino que también hay que castigar a quienes cometieron delito.

─ ¿Cuántos casos sobre Petro-Tech faltan resolverse en el Tribunal Fiscal?
Falta resolverse tres casos más los que en conjunto suman un total de US$ 67 millones, cuyos fallos saldrían próximamente.

LAS RESPONSABILIDADES

─ ¿Se han individualizado las responsabilidades en este caso específico de defraudación tributaria?
Nosotros hemos hallado como responsables al dueño de la empresa, William Kallop, y a las dos personas que eran los instrumentos legales y operativos de Kallop que son el señor Alberto Varillas Cueto y la señorita Rossy Gadea, que eran prácticamente los apoderados y las personas que sustituían a Kallop y lo representaban ante Perupetro y las demás instituciones del Estado.

Expreso 23 de mayo del 2010

lunes, 16 de septiembre de 2013

MARGEN BRUTO DE MAYORISTAS Y MINORISTAS ES DE US$ 27 POR BARRIL DE 90*

* Publicado en el diario La República el lunes 16 de setiembre de 2013

Por Carlos Bessombes Burgos 

Hoy que el precio del barril de crudo rompió la barrera de los US$ 100 y tiene una cotización internacional (WTI) de US$ 108,21 debido a los últimos  acontecimientos en Egipto y los actuales en Siria, es importante conocer cuánto le termina costando al público.

Según un estudio elaborado para la Coalición Nacional de Sindicatos de Petroperú por el investigador de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), Jorge Manco Zaconetti, se revela que un barril de petróleo que cuesta US$ 103,28 (promedio entre junio y el 13 de setiembre) termina costando al público US$ 214,8 en las estaciones de servicio.

Esto en el caso del gasohol de 90 octanos, que es el combustible más importante en el mercado local pues tiene una demanda 15 mil barriles diarios.

Tal como precisa Manco Zaconetti, estos US$ 27,18 (12,65%) por barril son los márgenes brutos de los mayoristas y minoristas que en algunos casos como Primax y Repsol tienen presencia en ambas partes de la cadena. "A estos ingresos brutos los griferos deben descontar sus costos", apunta.

De los US$ 214 finales en grifo, se debe observar que los ingresos brutos del Estado a través de impuestos (impuesto  al rodaje, impuesto selectivo al consumo e impuesto general a las ventas) son de US$ 59,67 (26,68%).

Este estudio detalla que el costo de producción promedio es de US$ 30 por barril de crudo en el Perú, que incluye costos directos, regalías, depreciación y amortizacíon.

En tanto que el precio neto del gasohol de 90 octanos en refinería (llámese Petroperú o Relapasa) es de US$ 127,73 por barril al cual sumados los impuestos tiene un precio ex planta de US$ 187,62 por barril.

De acuerdo con la información del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) con los más de 600 grifos que existen en la capital, el precio promedio del galón de gasohol de 90 octanos es de S/.14,32 que multiplicado por 42 (la cantidad de galones de un barril) y dividido entre el tipo de cambio promedio (S/.2,80), arroja los US$ 214,8 por barril que es el precio al público en grifos.
Jesús Tamayo, presidente de esta institución, reconoció recientemente a La República que en los combustibles que se comercializan existe un diferencial del orden del 30% entre el precio mayorista y el precio final promedio al público. Sin embargo advirtió que no solo es margen comercial sino el margen de transporte, la distribución, mermas, almacenamiento y finalmente las instalaciones del grifo.

ALTERNATIVAS

Con estas cifras en mano, Manco Zaconetti asegura que la propuesta más oportuna para el país es la integración vertical de Petroperú tanto en la producción y distribución mayorista y minorista, el cual constituye el negocio de una empresa petrolera moderna.

Recordó que la actividad refinera es un negocio de márgenes en donde se gana entre US$ 3 a US$ 5 por barril. Por tal motivo, recomendó que es importante que Petroperú tenga grifos propios para tener precios sincerados. Debe recordarse que esta opción fue planteada en los objetivos anuales y quinquenales (2013-2017) de la petrolera estatal, sin embargo se derogaron tras 48 horas de su publicación.

A la fecha tenemos una producción diaria de 62 mil barriles, situación que nos obliga a importar 135 mil barriles diarios de petróleo y productos para abastecer la demanda interna que está en el orden de los 200 mil barriles por día.❧

TALARA DEMANDA MODERNIZAR LA REFINERÍA

En una carta abierta el pueblo de Talara a través de una mesa de diálogo integrada, entre otros, por la municipalidad provincial, municipalidades distritales, Cámara de Comercio e Industrias de Talara, Colegio de Ingenieros del Perú, Asociación de Abogados, Sutep, sindicatos y gremios de los trabajadores petroleros exigen que se proceda a suscribir la resolución ministerial que autorice el endeudamiento empresarial de Petroperú para la ejecución del Proyecto de Modernización de la Refinería de Talara (PMRT).

Recordaron que de acuerdo a una consultoría extranjera el PMRT justifica su viabilidad técnica económica y social dado que impactará con US$ 2.358 millones en el Producto Bruto Interno (PBI) así como una contribución tributaria de US$ 475 millones, un ahorro al año en salud por US$ 116 millones al tener combustibles más limpios.

Además, las menores importaciones de combustibles para el país permitirán mejorar nuestra balanza comercial de hidrocarburos en US$ 1.450 millones.

EN CIFRAS

62 mil barriles de petróleo al día es la producción nacional actualmente.

S/.14,32 es el precio promedio por galón del gasohol de 90 en las estaciones de la capital.


27% del precio del barril en la estación de servicios es impuestos como el rodaje, ISC e IGV.


sábado, 14 de septiembre de 2013

ACERCA LA MESA DE DIALOGO DE TALARA Y EL PROYECTO: MODERNIZACIÓN REFINERÍA PETROLERA TALARA

Fuente ASPETA (Asociación de Periodistas de la Región Piura – Talara)
13 DE Setiembre del 2013


01.- TALARA, HOY REASUME A FONDO SU LUCHA POR EL PROYECTO MODERNIZACIÓN REFINERÍA TALARA (PMRT).

02.- AL RESPECTO: EL JUEVES 12 DE SET. SE REESTRUCTURA LA MESA DE DIÁLOGO Y SE APRUEBA UN DOCUMENTO -PLAZO-AL GOBIERNO PERUANO SOBRE EL INICIO DEL PMRT.

03.- SOBRE EL PROYECTO MODERNIZACIÓN REFINERÍA TALARA:

a).- Tiene un estudio de factibilidad internacional desde el año 2007.
b).- Su ejecución tiene el aval desde el gobierno del Presidente García, de Petróleos del Perú y estudios concluidos por organismos internacionales.
c) El PMRT, tiene prioridad uno, por su incidencia en la industria petrolera nacional, en Petroperú y en el pueblo de TALARA.
d).- Técnicamente debe Ejecutarse de modo integral, no es por etapas.
e).- Si se piensa ejecutar en una primera etapa la Planta de Desulfurización, no es correcto. En paralelo, se debe aprovechar el azufre que es retirado de los combustibles; para ello, hay construir la Planta de ácido sulfúrico.
f).- El financiamiento del PMRT corre a cargo de recursos propios de Petroperú.
g).- El Estado Peruano sólo operaría un aval para el endeudamiento internacional del PMRT.
h).- Argumento principal para el endeudamiento del PMRT es el recupero de Lotes Petroleros. Que aportaría la RENTA PETROLERA.
I).- Son mentiras tendenciosas y anti-peruanas, las publicaciones en los periódicos que el PMRT no tiene ni siquiera expediente de factibilidad.
j).- Si no se ejecuta el (PMRT) ahora, no se hará nunca y perderemos la licencia de funcionamiento de la Refinería talara.
k).-Con el PMRT se fortalece Petróleos del Perú y el mismo Estado, al robustecerse su capacidad de manejar la Industria de los hidrocarburos.
l).- Es mandato constitucional que el Estado participe con una política de hidrocarburos, a efectos que tenga presencia en ella, no dejando que los privados manejen todo su actividad.
m).-Mas costaría al Perú no ejecutar el PMRT que invertir los 2 mil setecientos millones de dólares, que implica el costo del PROYECTO.
n).- La reestructurada MESA DE DIÁLOGO DE TALARA, NO debe permitir presiones ni injerencias de los Gobiernos: Nacional, Regional; en este último por intermedio de su presidente Javier ATkins, quién opinión a favor de la prórroga de los contratos a favor de las petroleras transnacionales.
o).- Se debe respetar la Ley Orgánica de Petroperú expresada en el DL O43. Talara constitucionalista pide se respete la ley 28840, que autoriza el resarcimiento y la Integración vertical de Petroperú.



NUEVA MESA DE DIÁLOGO EN TALARA.
Fuente: Ricaldi Ramírez Ruiz.-

En nuevo escenario político, con nuevos actores, con renovada actitud y, dispuestos a luchar por una agenda típica de Talara, se reestructuró ayer la Mesa de Diálogo Provincial. Hasta esta fecha, constituida, con marcada influencia de empresas transnacionales petroleras.

Un efecto curioso sucedió al inicio de la presente sesión de la 'Nueva mesa de Diálogo', al dar lectura a un informe que causó conmoción entre los asistentes. Se refirió al detalle dando cuenta que después de 8 años de avatares de dicha institución, ella no tenía inscripción en los Registros Públicos.

Significa lo que todos con mínimo esfuerzo y criterio legal entendemos. Cuando una Institución pública no tiene partida de nacimiento legal, no tiene reconocimiento y por los tantos, todos sus actos y acuerdos son írritos ipso jure. Esta situación confirma que sus organizadores anteriores se mofaron de Talara y, toda su intención no fue más que un entretenimiento, una burla.

Transcurrieron en ese tono, largos 8 años de discusiones vanas, en todo ese lamentable tiempo no acertaron en consagrar un solo objetivo perdurable, que hubiere aliviado la carga social de la Provincia en su conjunto. La mesa fue un invento de Petrobras en circunstancia que sus trabajadores le demandaban mejor trato social y laboral.

Para salir del paso y, prometiendo asumir la responsabilidad frente a la demanda de sus trabajadores, y otras de la población petrolera, optaron por presentar esa pantalla, un parapeto, un amago que nunca dio en el blanco de verdaderos objetivos.

En esta última reunión donde se anunció la reorganización; desaparecieron, se esfumaron todos los representantes de las petroleras, incluyendo al coordinador técnico, cargo que por encargo de Petrobras, recaía en el señor Alejando Narváez Liceras, ex presidente del Directorio de Petroperú.

La nueva mesa con otra mentalidad y presidida por el alcalde de Talara Arquitecto Jacinto Timaná Galecio, en la nueva agenda, sometió a debate el postergado tema del Proyecto Modernización Refinería Talara (PMRT), que luego de ser debatido, fundamentado técnica y políticamente, concluyó en acuerdo de efectuar un pronunciamiento público perentorio, una carta abierta al Gobierno Nacional, fijando como posición, la demanda que Talara se declaraba en estado de emergencia y se esperaba una respuesta única que coincidiera con la ejecución si o si, del referido PMRT.

El documento en referencia, aclara: Que el financiamiento del PMRT, es exclusivo de Petroperú y el Estado no distrae presupuestos de otros sectores. Advierte que debe ejecutarse de modo integral; otra solución, pone en riesgo la licencia empresarial de Petroperú. Rechaza la insinuación del Ministerio de Economía, de trasladar el Proyecto al Congreso para autorizarlo por intermedio de una Ley.

No se necesita una nueva ley, en tanto Petroperú tiene su ley Orgánica 043, que le otorga autonomía, potestad, libertad para ser empresa autogestionaria. Finalmente, con acuerdo unánime de los asistentes, la Mesa de diálogo se declaró en sesión permanente para examinar con detenimiento y responsabilidad las respuestas que vaya facilitando el Ejecutivo.


viernes, 6 de septiembre de 2013

¿PUNTILLAZO FINAL?*

* Publicado en el diario La Primera el viernes 06 de setiembre de 2013

La demora en la ejecución del proyecto de modernización de la Refinería de Talara (PMRT) es inédita. Se han llevado a cabo tres evaluaciones técnicas y de revisión de los montos de inversión por empresas internacionales. Todos estos trabajos fueron supervisados, en este gobierno, por dos administraciones de la empresa y dos directorios sucesivos que están siendo soslayados por los representantes de los accionistas (MEF y MEM). Obviamente estos últimos tienen la obligación de analizar la información a profundidad y proponer mejores opciones de financiamiento. Sin embargo, una demora excesiva en su ejecución o su división en dos partes podría generar tanto sobrecostos entre US$ 200 y 500 millones como la quiebra de PETROPERÚ en pocos años. No se conocen los argumentos contra el PMRT, pero se comenta que en ellos habría mucha ideología, poco análisis financiero y de evaluación económica.

Los críticos al PMRT parten de tres premisas erradas. Creen que el sector energético es como cualquier otro sector productivo, olvidándose que el último ciclo expansivo de la economía mundial del siglo XX se debió al petróleo. La segunda premisa es que piensan que la salida del Estado podría ser cubierta fácilmente por el sector privado. Siguen equivocados. La producción petrolera 20 años después de la privatización está al 35% de 1980 y que REPSOL a cargo de La Pampilla no desea ejecutar el programa de desulfurización de sus combustibles. También suponen equívocamente que alguien pueda ofrecer combustibles en el mercado local por debajo de las actuales referencias internacionales.

El PMRT, en su fase operativa, generaría flujos financieros positivos similares a los estándares internacionales. Se crea valor agregado local y gana dinero. Sin embargo, como cualquier otro proyecto exige un aporte de capital de sus accionistas (entre 20% y 30% de la inversión). En dirección contraria, sus críticos no quieren que el Estado proporcione estos recursos. Estos se olvidan que la empresa existe y que de cancelarse el PMRT no sería capaz de producir combustibles de acuerdo a las normas ambientales. Así, PETROPERÚ se convertiría en importadora de combustibles. El cierre de las refinerías de Talara y La Pampilla generaría –grosso modo- una pérdida anual de valor agregado local equivalente a 0.5% del PBI nacional y 3.5% del PBI del sector manufactura.

La cancelación del PMRT desindustrializa al país. En el gobierno de Fujimori, hace 20 años, se inició el proceso de desaparición de PETROPERÚ al quitarle los activos más rentables en el upstream. Nunca compensaron a la empresa por los bienes enajenados y daños generados. La circunscribieron a la refinación de petróleo que es menos rentable, contra la lógica de la industria petrolera integrada. Ojalá el gobierno actual no culmine su destrucción en contra del futuro de todos los peruanos.

lunes, 2 de septiembre de 2013

INVERSIONISTAS PERPLEJOS*

* Publicado en el diario La República el 01 de setiembre de 2013 por Mirko Lauer

Un grupo de inversionistas interesados en la licitación del Gasoducto Sur Andino, GSA, se entrevistó hace poco con gente del MEM y de ProInversión. Como se sabe, este proyecto de la empresa Kuntur fue desechado por Ollanta Humala el 28 de julio del 2012, y reemplazado por un etanoducto costero propuesto por el MEM.

Luego, en diciembre de ese año, se cambió a Gasoducto Sur Andino y en mayo del 2013 se contrató al banco de inversión Wood Mackenzie para que preparara el papeleo de rigor para los inversionistas. La fecha de presentación de las ofertas era noviembre del 2012, pero ProInversión la acaba de correr (ahorita, en agosto) a febrero del 2014.

La percepción es que no hay nadie en el Estado a la vez empoderado e interesado en el proyecto GSA. Cuando se conversó sobre el proyecto con el jefe de ProInversión, Javier Illescas, este desconocía muchos detalles que los visitantes sí conocían. En cambio, en plena charla se puso a hablar de la II Etapa del Metro de Lima. Proyecto que conocía íntegro.

De otro lado, hay un tema clave. Kuntur tiene un Estudio de Impacto Ambiental, aprobado, por el mismo trazo que se va a licitar. Estudio que tomó dos años en completarse. Además, aquel que gane la licitación tiene que hacer también Consulta Previa, lo cual no es el caso para Kuntur, pues ellos tuvieron todo listo antes de que esa ley fuera expedida.

Por tanto, dicen esos inversionistas, ¿para qué vamos a invertir US$ 3,4 o 5 millones en prepararnos para la licitación si, a fin de cuentas, al final, si es que ganamos, vamos a tener que ir a tocarle la puerta a Kuntur? Eso no tiene sentido y le quita interés a la licitación. ¿Es que los funcionarios no se han dado cuenta?

Parecido caso el de Talara. La impresión de gente muy cercana al tema es que, a pesar del anuncio de Humala este 28 de julio (con cifra y todo, de US$ 2.730 millones), el proyecto está estancado en el MEF, donde se esgrimen razones varias para la demora.

Una es que “no están seguros de que sea necesario modernizar Talara y que quizá sea necesario cerrarla”. Cuando se les dice que este es un proyecto que tiene muchos años, que fue firmado por Alan García en el 2010, que lo conoce Luis Castilla porque él era viceministro en esa época, que incluso el proyecto figura en el Marco Macroeconómico del 2012 y también en el del 2013, que ha tenido dos validaciones técnicas de firmas internacionales, etc, los funcionarios del MEF se encogen de hombros y llegan a decir: Miguel Castilla no va a aprobar Talara porque eso sería una mancha estatista en su hoja de servicios.

En cuanto a la parte financiera, se sabe que los capitales han comenzado a irse de los países en desarrollo en el flight to safety. Con tanta demora y con tanta mecida, los bancos internacionales que apoyan el crédito de US$ 500 millones para comenzar las obras han comenzado a cansarse de tanta demora. Consideran que el gobierno peruano es poco serio con ellos, pues han invertido mucho tiempo en estudiar el proyecto y están dispuestos a financiarlo. Pero todas estas idas y venidas los hacen dudar y los directorios están con ganas de bajarle el dedo al financiamiento que ya han ofrecido.

Los que conocen a Castilla creen que otra vez está aplicando la táctica de prometer, mecer, demorar hasta que el proyecto pierda credibilidad y se caiga solo. O si no, como en el gasoducto, al final él se encarga de darle el empujoncito final.


Así las cosas. Estos dos proyectos emblemáticos y que podrían mover uno o dos puntos del PBI en estas horas de vacas enflaquecientes tampoco van a salir. ¿Qué pasa con el gobierno? ¿Por qué no reacciona?