jueves, 31 de diciembre de 2009

INVERSIÓN ALTOANDINA CON EXONERACIONES

¿SE REQUIERE UN PLAN MARSHALL PARA LOS ANDES?

La promulgación de la ley que promueve el “desarrollo de actividades en zonas alto andinas” publicada en el diario oficial El Peruano el 19 de diciembre ha suscitado los más encendidos debates con opiniones en pro y en contra. Desde los ultramontanos liberales que perciben la norma como un “engaña muchachos, donde se cuelgan cuatro vivazos”, es decir una ley donde se podrían establecer “empresas cascarón” para hacer uso indebido de los beneficios tributarios. Hasta aquellos que aprueban la norma por constituir una oportunidad histórica para cerrar la brecha entra la costa moderna y la sierra postergada.

Así, el presidente regional de Junín, Vladimiro Huaroc afirmaba que “Se recoge el clamor de las zonas altoandinas. Hay una necesidad importante de atraer las inversiones, y con esta ley en pocos años podríamos encaminarlas mejor hacia el desarrollo. Esperamos un buen reglamento que cautele su buen uso” (El Comercio 29/12/09).

Ha sido tal la importancia de la ley que solamente lleva la firma del Presidente de la República y no la del ministro de economía y finanzas. Por ello, se deduce que su promulgación ha saltado por garrocha la presencia del ministro Carranza, y sería la causal de su renuncia y con él de la alta burocracia del MEF que acusan recibo de una futura farra fiscal.

De nuestra parte, consideramos importante analizar las fortalezas y debilidades de la ley promulgada que no deja de tener una gran dosis de oportunismo político, propio de la coyuntura electoral que se avecina, donde se trataría de ganar una mayor presencia frente al candidato crítico del modelo económico vigente desde los años noventa, el Comandante Ollanta Humala, que tiene en la sierra del Perú el mayor porcentaje de simpatizantes.

Frente a la fuerte división política de los representantes de la derecha peruana de cara a las elecciones presidenciales del 2011 (Luis Castañeda, Lourdes Flores, Alejandro Toledo, Keiko Fujimori, hasta el inefable PPK), la imagen del nacionalismo andino, mestizo y antisistema tiene su fortaleza en los andes, principalmente del gran sur. De allí, que la ley pretenda quitarle piso al nacionalismo con un pretendido “maná de inversiones” en los andes.

Por ello, esta ley que “promueve y fomenta el desarrollo de actividades productivas y de servicios, que generan valor agregado y uso de mano de obra en zonas altoandinas, para aliviar la pobreza” ha recibido críticos comentarios de los liberales y ha captado la simpatía de las autoridades regionales y municipales de las provincias andinas. De allí, que el Presidente de la República en un exceso verbal ha denominado “sonsos” a todos aquellos que se oponen a la ley aprobada.

¿DÓNDE ESTÁ LA TRAMPA?

En primer lugar, no se puede estar en desacuerdo con el espíritu de la ley que tiene como objetivo “el desarrollo de actividades productivas y de servicios, que generan valor agregado y uso de mano de obra en zonas altoandinas, para aliviar la pobreza”. En verdad, es tan amplio el objetivo y al mismo tiempo tan loable que uno no se puede oponer en contra. Pero como se dice el “camino al infierno está lleno de buenas intenciones”, por tanto debiera discutirse más a fondo el objetivo central de la ley aprobada.

Cabe analizar el carácter y la concepción del “desarrollo”, por ello es bueno distinguir la perspectiva de la modernización y la modernidad capitalista que requiere el país, en especial la región andina postrada históricamente desde la conquista europea, agudizada por las relaciones capitalistas y de mercado desde mediados del siglo XX. Una expresión sencilla del desarrollo desigual entre la costa moderna y la sierra es el intercambio de precios industriales y agrícolas.

Así, un cigarrillo puede costar 30 céntimos de un nuevo sol que resultan equivalentes a casi tres kilos de papas con precios en chacra. Por ello, mientras los precios relativos de los productos agrarios no estén a favor de los productores agrarios, en especial de los campesinos comuneros andinos, toda acción para superar la pobreza rural no deja de ser un loable deseo. Esto requiere un nuevo patrón de acumulación que privilegie la producción y el mercado interno, con subsidios directos a los productores domésticos, ayuda técnica y un desarrollo de infraestructura que haga rentable la inversión en la sierra andina.

Por tanto, sin una intervención del Estado y un planeamiento estratégico lo que debe pasar es el cumplimiento de la ley económica que dicta el mercado. Es decir, “a más mercado mayor pobreza campesina”, un aumento de la concentración de la propiedad agrícola y por tanto de los ingresos en unos pocos frente a una mayor pobreza campesina, como está sucediendo en la agricultura costeña de exportación.

Evidentemente la norma aprobada resulta un contrasentido con la proliferación de TLCs con países como Estados Unidos de Norteamérica cuyo gobierno subsidia la actividad agrícola de dicho país, y que inundará nuestro mercado en el mediano y largo plazo con leche, trigo, papa, aceites, carnes subsidiadas, etc.

Por ello, se presume que la inversión privada capitalista que tiene como objetivo maximizar utilidades y reducir costos, podría desarrollar actividades productivas y de servicios que generen valor agregado, es decir, de transformación con uso de la mano de obra de las zonas altoandinas, para aliviar la pobreza. Para incentivar esta inversión privada se reconocen una serie de exoneraciones que dicho sea de paso no son equivalentes a subsidios.

Desde nuestra perspectiva la norma otorga una serie de exoneraciones que debieran tener un horizonte mayor a los veinte años (20), es decir, que superen a una generación, y no la vigencia de diez años como se afirma en la disposición transitoria. Me parece positivo que se exonere el impuesto a la renta de tercera categoría, es decir, las utilidades empresariales no pagarían el impuesto a la renta (30%), también se exoneran de las tasas a las importaciones de bienes de capital con fines de uso productivo y del IGV a las importaciones de bienes de capital.

Estas exoneraciones fueron vistas como perforaciones al modelo económico vigente por los ortodoxos liberales que consideran la Biblia al libre mercado, y en diversos proyectos tales como el de la promoción de la inversión petroquímica, de la inversión en las energías renovables no convencionales, y otros muchos que demandaban las mismas exoneraciones invariablemente el MEF opinaba en contra. Evidentemente habrá que esperar el reglamento para que no castre los aspectos promocionales de la ley que resultan insuficientes para de verdad capitalizar los andes.

Justamente para dotar a la norma de la consistencia en el tiempo, reducir el oportunismo político y el evidente lobbismo empresarial habría que elevar a más de 20 años la posibilidad de transferir los bienes de capital que gozan de las referidas exoneraciones. Así, cuando la norma dice en el artículo tres que “Los bienes de capital adquiridos al amparo del presente artículo no pueden ser transferidos bajo ningún título, por el plazo de cinco (05) años.

Se trataría de evitar que “cuatro vivazos” con las maquinarias en el puerto del Callao, exonerados de los impuestos referidos, hagan un uso indebido como ha ocurrido en otras oportunidades en otros gobiernos. Evidentemente ello requiere un trabajo efectivo de fiscalización “in situ” de la SUNAT.

OLVIDO DE LOS PISOS ECOLÓGICOS

En el artículo dos se exponen los alcances de la ley aprobada. Se trata de “las personas naturales, micro y pequeñas empresas, cooperativas, empresas comunales y multicomunales que tengan su domicilio fiscal, centro de operaciones y centro de producción en las zonas geográficas andinas ubicadas a partir de los 2,500 metros sobre el nivel del mar y las empresas en general que, cumpliendo con los requisitos de localización antes señalados, se instalen a partir de los 3,500 metros sobre el nivel del mar y se dediquen a alguna de las siguientes actividades: Piscicultura, acuicultura, procesamiento de carnes en general, plantaciones forestales con fines comerciales o industriales, producción láctea, crianza y explotación de fibra de camélidos sudamericanos y lana de bovinos, agroindustria, artesanía y textiles”.

En verdad, respetando la tesis de los pisos ecológicos y la horizontalidad andina “redescubierta” por el peruanista John Murra no se entiende la diferenciación entre 2,500 para unos y 3,500 metros para otros. Si se asume en principio de la realidad, existe una continuidad geográfica entre los valles andinos, la sierra y la puna, por tanto resulta un contrasentido esta diferenciación, pues una empresa utilizando testaferros podría declarar su domicilio fiscal sobre los 2,500 metros y gozar de los beneficios tributarios que se otorgan.

Con un exceso de reglamentarismo se excluye de las exoneraciones a las capitales del departamento como si la pobreza no azotara también a las poblaciones de las capitales. Si la infraestructura en caminos, energía, abastecimiento de agua, calidad de trabajadores en Ayacucho, Abancay, Puno o Huancavelica ya de por sí es deficitaria no se entiende la exclusión de los alcances de la norma a las capitales departamentales. Este es un factor que juega en contra del espíritu promotor de la ley que pretende el desarrollo del valor agregado, es decir de una transformación industrial, manufacturera o artesanal.

Así, cabe preguntarse por ejemplo si se invierte en la crianza y explotación de fibra de camélidos sudamericanos como la alpaca o vicuña, los centros de conversión de la fibra en tejido ¿dónde se haría? En la puna tal vez, o se debiera aprovechar la mínima infraestructura que ofrecen las capitales departamentales. Se trata de analizar las posibilidades de aglomeración industrial entre los valles andinos, la sierra y la puna en una articulación vertical, respetando el medio ambiente y las costumbres campesinas.

En tal sentido, para entender “cómo se reproducen hoy las familias y comunidades andinas” resulta de fundamental lectura el libro de Alberto Graña, “El Perú Invisible. Tensiones y tendencias en el desarrollo rural andino”, editado por CEDEP en el 2005.

LA POBREZA CAMPESINA

En una proyección de la posible población beneficiada de la ley que “promueve el desarrollo de actividades productivas en zonas altoandinas” Ley No 29482, con exclusión de la población de las capitales departamentales, hemos estimado en un poco más de 8.5 millones de peruanos y peruanas la población que podría beneficiarse de la ley aprobada, considerando solamente los departamentos de Ancash, Cajamarca, Junín, Pasco, Huancavelica, Cusco, Puno, Arequipa, Apurímac y Ayacucho, tal como se expone en el cuadro “Indicadores Sociales y Población en Extrema Pobreza según Regiones”.

Evidentemente la población que se podría beneficiar sería mayor en razón que varias provincias serranas de Lima, como Yauyos, Cajatambo, Canta, o las provincias andinas de Piura, Tacna, Moquegua, Amazonas, Huanuco también podrían acceder y supuestamente beneficiarse de la ley.

Solamente el análisis de un caso, como el de Huancavelica que tiene el triste privilegio de ser por un lado el pulmón energético del país -gracias a la fuerza de las aguas del Mantaro y la presencia de la empresa estatal ElectroPerú generando casi el 28% de la producción eléctrica que se utiliza en el Perú- y de otro lado, con los ríos y lagunas que se forman allí se nutre la actividad agrícola de Ica. Sin embargo, Huancavelica ocupa el último lugar en los departamentos si se tiene en consideración el Índice de Desarrollo Humano (IDH) seguido por Apurímac y Ayacucho.

El caso huancavelicano es ilustrativo de la pobreza con ingreso familiar mensual de 145 nuevos soles donde la extrema pobreza sólo se ha reducido entre el 2005 al 2007 del 76% de la población al 69%, a pesar de los esfuerzos asistencialistas del gobierno actual. Ello representa que de una población mayoritariamente campesina de 417 mil, insisto sin considerar la población de la capital departamental, casi 287 mil pobladores se debaten en la extrema pobreza.

En tal sentido, cabe preguntarse la naturaleza de las empresas que podrían realizar inversiones en las provincias de Huancavelica con los enormes déficits de infraestructura, de energía, carencias educacionales que llegan a más del 50% en analfabetismo femenino, Por ello, se requiere toda una estrategia de desarrollo andino, donde la ley aprobada sería un eslabón más, una ficha necesaria mas insuficiente. Tendría que asumirse una política de subsidios directos a los productores que se dedicarían a las actividades en referencia, estos pueden ser con tasas de interés diferenciadas, de transferencia tecnológica y de un tratamiento privilegiado como lo tiene la actividad minera.

No obstante, resultaría fundamental el reconocimiento del protagonismo central de las comunidades campesinas que a pesar de más 500 años de postergación, despojo de tierras, asimetrías de los precios relativos, desigualdad social y étnica, políticas de embrutecimiento y asistencialismo, exponen un dinamismo y una modernidad que les ha permitido adaptarse a la globalización, a ello se suma el carácter democrático de sus decisiones y la lucha heroica contra el terrorismo armado.

Por ello, más que un pretendido “maná de inversiones de afuera” para el desarrollo de las actividades productivas en zonas altoandinas, se debiera tener un plan masivo de Inversiones para capitalizar las comunidades campesinas, algo así como una Plan Marshall para los Andes, sin embargo, ello cuestiona el rol subsidiario del Estado en la economía y la esencia del modelo vigente desde los años noventa.






lunes, 28 de diciembre de 2009

Sueños petroquímicos: el nuevo potencial de Perú

América Economía, 27 diciembre de 2009

Sueños petroquímicos: el nuevo potencial de Perú
La naciente industria petroquímica peruana tiene una gran ventaja: que no hay ningún otro desarrollo petroquímico significativo en la costa del Pacífico de América del Sur.

Por Alejandro Arce Suárez, Lima.

A lo largo del presente año, hasta hace pocas semanas, antes de la firma del contrato de abastecimiento de gas entre el Consorcio Camisea y la estadounidense CF Industries, cada vez que el presidente Alan García se encontraba en algún evento con su ex ministro de Agricultura, Ismael Benavides Ferreyros, lo abordaba con preguntas que denotaban una combinación de impaciencia y entusiasmo. “¿Ya está? ¿Cuándo comienzan? ¿Qué falta hacer?”. Eran las expresiones del mandatario al ahora asesor principal de CF Industries, la empresa norteamericana que producirá urea a partir de 2013, usando como insumo gas natural de Camisea, dando nacimiento a la industria petroquímica peruana.

“El presidente me ajochaba como si fuera su ministro de petroquímica. Está muy entusiasmado con el tema”, dice Ismael Benavides, quien confía en que el Perú puede convertirse en un hub petroquímico en la región.

“La gran ventaja del Perú, aparte de tener la materia prima que es el gas, es que no hay ningún otro desarrollo petroquímico significativo en la costa del Pacífico de América del Sur”, dice Benavides. “Tenemos una posición inmejorable. En esta zona se importan todos los fertilizantes”.

CF Industries producirá 1,3 millones de toneladas de urea, de las cuales 350.000 servirán para el consumo peruano, incentivado por la pujante agroindustria exportadora y también la agricultura tradicional. La diferencia será exportada principalmente a los mercados de la región, en especial a Chile, Ecuador, Colombia y Centroamérica. Todos ellos grandes consumidores de urea importada desde Ucrania, Rusia y China. “En conjunto, la región consume cuatro millones de toneladas de urea por año. Nosotros pensamos participar con 20% o 25%”, señala Benavides.

Coincidentemente, otro ex ministro peruano está vinculado a otro proyecto petroquímico peruano. Se trata de Jaime Quijandría Salmón, ex titular de Energía y Minas y de Economía y Finanzas, quien asesora al consorcio peruano-chileno Nitratos del Perú, cuya planta de amoníaco comenzaría a operar a inicios de 2012 con una inversión de US$ 650 millones.

Controlado por el grupo peruano Brescia y el chileno Sigdo Koppers, Nitratos del Perú producirá 750.000 toneladas anuales de amoníaco, además de 350.000 toneladas anuales de nitrato de amonio de grado industrial.

Así, siendo Perú un país minero, la producción de Nitratos del Perú será determinante para garantizar el abastecimiento de explosivos para la explotación de minerales. Al igual que el caso de la urea, el Perú podrá reemplazar importaciones de explosivos que actualmente provienen de Francia y Chile. “El país seguirá demandando insumos para la minería y por lo tanto el mercado está asegurado”, dice Quijandría. “El Perú no puede seguir dependiendo de la importación de nitrato de amonio”.

Al cabo de dos años, Nitratos del Perú se propone producir 750.000 toneladas de nitrato de amonio anuales para luego ampliar la capacidad de la planta y eventualmente exportar. Quijandría añade que con las nuevas inversiones mineras, que en conjunto ascienden a US$ 24.693 millones hasta 2016, el mercado crecerá en forma importante, de manera que la compañía tendrá que ampliar su capacidad futura para abastecer tanto el mercado interno como el externo.

"La ventaja del Perú para desarrollar la petroquímica es poseer el gas"

Mirando al futuro. Mientras la industria petroquímica peruana aún no da sus primeros pasos en materia productiva, otros países latinoamericanos ya han tomado la delantera y nos llevan, literalmente, miles de kilómetros de ductos de ventaja. Así, las 14 primeras compañías petroquímicas de la región facturaron en 2008 más de US$ 50.000 millones. Y si bien la mexicana Pémex Gas y Petroquímica Básica y la venezolana Pequiven ocupan el primer y segundo lugar, respectivamente, en cuanto a tamaño en la región; la supremacía es indiscutiblemente brasileña, con nueve empresas participantes en el privilegiado grupo de 14. México contribuye con cuatro y Venezuela con una compañía.

En el caso de los fertilizantes, se debe considerar que otros países productores de este insumo agrícola tienen en cartera proyectos para ampliar su capacidad. Tal es el caso de Venezuela, cuya industria petroquímica recibirá en los próximos tres años una inversión nacional y extranjera de US$ 30.000 millones.

El presidente venezolano, Hugo Chávez Frías, aseguró recientemente que el complejo de Morón, ubicado en Carabobo, que produce urea y amoníaco, es una de las obras que convertirá a su país en una gran potencia petroquímica. Venezuela produce actualmente dos millones de toneladas métricas de urea, y cuando termine el complejo de Carabobo, la producción llegará a 2,7 millones de toneladas, con una inversión de US$ 1.400 millones.

¿Qué lugar puede aspirar a ocupar la industria petroquímica peruana en el contexto latinoamericano? Ismael Benavides señala que en una década podríamos estar “a mitad de tabla”, y en un plazo mayor, si las cosas se hacen bien y se cuenta con gas suficiente para ello, podríamos avanzar algo más, aunque todavía estaremos lejos de los líderes Brasil y México.

Jaime Quijandría sostiene que la constante que se encuentra en todos los polos petroquímicos del mundo es que hay una infraestructura que no ha sido costeada por el inversionista privado, sino el Estado. El representante de Nitratos del Perú añade que no comenzamos bien al establecer varias zonas de desarrollo petroquímico, y que mejor hubiera sido buscar la concentración de los proyectos para reducir los costos de cada uno.

“Ya tenemos tres polos petroquímicos, en Ilo, Marcona y Pisco y se anuncia un cuarto polo en Mollendo. Así, da la impresión que el Estado no está pensando en realizar una inversión muy fuerte en infraestructura”, dice Quijandría. “Si esta inversión se la cargamos al costo de cada proyecto, por muy bueno que este sea, puede darse el caso que no sea competitivo o que el inversionista se desanime al ver que el Estado no está muy comprometido en el tema”.

El ansiado etano. Un tema importante del que se habla poco en el Perú es la ampliación del espectro de la oferta petroquímica. Los proyectos de CF Industries y Nitratos del Perú están vinculados a la producción de urea y explosivos, que son apenas dos de una numerosa lista de productos que se puede desarrollar, como son las fibras sintéticas, solventes, cosméticos, plásticos, neumáticos y nylon; así como resinas, maletas, cintas de audio, adhesivos, iniciadores y catalizadores, aditivos para alimentos, colorantes, refrigerantes, químicos aromáticos, aislamiento para cables, partes de maquinaria, botellas y tapas plásticas, caños, mangueras y tuberías de PVC, cajas de baterías… y un extenso etcétera.

No obstante, a diferencia de los dos proyectos en marcha, esa lista de productos usa como insumo el etano.

Según el Instituto de Estudios Económicos y Sociales (IEES) de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), uno de los problemas que afronta la industria plástica en el Perú es la fuerte dependencia de los insumos del exterior.

Cerca del 99% del total de insumos que utiliza esta industria, como son polietileno, policloruro de vinilo, poliestireno, polipropileno, etc, son importados con precios que muestran una alta dependencia de la cotización internacional del petróleo. Así, el valor de las importaciones de insumos plásticos pasó de US$ 350 millones en 2004 a US$ 964 millones en 2007, como producto del incremento de los precios internacionales.

“Una manera de protegernos de esa dependencia sería contando con una industria petroquímica que use etanol, tanto para el mercado local como para exportar”, dice el ex presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), Eduardo Farah Hayn, quien es también un reconocido empresario del sector plásticos.

“Sería espectacular que en el Perú exista una industria petroquímica que abastezca a las empresas que producen o usan plásticos en sus procesos productivos.

No obstante, por el momento el desarrollo de este tipo de industria petroquímica no sería factible. El investigador de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Jorge Manco-Zaconetti, señala que un factor limitante para la producción de insumos petroquímicos para la industria es que hasta el momento se cuenta con una disponibilidad de etano menor a la necesaria para que comience un proyecto de este tipo.

El especialista en hidrocarburos explica que actualmente, sumando los lotes 56 y 88, se cuenta con 1.400 millones de p3 diarios de gas, siendo el 90% metano (1.260 millones de p3) y 10% etano (140 millones p3). Y para que un proyecto petroquímico pueda orientarse a la producción de insumos industriales, se debe contar con un mínimo de 150 millones de p3 diarios de etano. “Pero lo importante es que nos estamos acercando a esta cifra”, refiere.

La única manera de llegar a la mencionada disponibilidad mínima de etano, sostiene Manco-Zaconetti, es promoviendo más inversiones en exploración de gas. El problema, añade, está en que los bajos precios del gas desaniman a los potenciales inversionistas. “Los precios actuales del gas no son atractivos para atraer inversiones de riesgo para descubrir nuevas reservas de gas”. Añade que desde 2004 hemos usado gas barato hasta llegar al punto que ya en 2008 se ha consumido lo que estaba proyectado al año 2015.

No obstante, la opinión de Manco-Zaconetti no es compartida por el viceministro de Energía, Daniel Cámac, quien sostiene que en 2010, el sector hidrocarburos registrará inversiones del orden de US$ 3.500 millones, de los cuales el 50% es únicamente para actividades de explotación y exploración. Y hacia el 2011 vamos a tener casi US$ 5.500 millones adicionales, refiere el alto funcionario.

"En el Perú existe todavía mucho más gas del que se piensa"

“La creciente demanda del mercado interno y la exportación de gas deben estimular la mayor actividad exploratoria para poner en valor el gran potencial gasífero de los lotes aledaños a Camisea: 88, 56, 57, 58 y 76, que ha sido estimado en 37,6 trillones de p3”, dice Cámac.

Jaime Quijandría es más optimista que Cámac y destaca que hay indicios de que si se sigue explorando en la mencionada zona se encontrará más gas aún. “Y es que la tasa de éxito hasta ahora ha sido muy buena, de casi 75%. Si mantenemos una tasa así en los próximos años, tendremos que de cada 10 pozos exploratorios 7,5 tendrán recursos. Entonces, vamos en buen camino”, dice el ex ministro.

No obstante, Quijandría agrega que el desarrollo de la petroquímica del etano requiere de la construcción de un etanoducto hacia el lugar donde se vaya a producir. “El etano no se puede trasladar por el mismo mecanismo por donde salen los líquidos, por lo tanto hay un ducto que hacer, una inversión adicional y darle localización. Todo esto resulta clave”.

El uso del gas como insumo para elaborar productos de mayor valor agregado vía el desarrollo petroquímico es lo que se denomina Camisea III. Esta etapa constituye desde ya un gran avance, pues implica mayores inversiones, cadenas productivas, reemplazo de importaciones y mejoras en competitividad. “Atrás va quedando la idea de exportar el gas para que otros países lo industrialicen y nos vendan los productos más elaborados”, dice Manco-Zaconetti.

El siguiente paso es tener metas más ambiciosas y apuntar, por qué no, a convertir al Perú en un hub petroquímico en la zona del Pacífico de América del Sur. Por lo pronto ya existen dos proyectos importantes que podrían convertir en un futuro cercano ese anhelo en realidad.

lunes, 21 de diciembre de 2009

¿QUÉ SERÁ DE NUESTRO GAS EN EL 2010?

Se debe renegociar el Contrato de Exportación del Gas de Camisea privilegiando el mercado interno.
Por ello publicamos el presente artículo del diario Expreso, que resumen la problemática del gas.

Diario Expreso, 20 diciembre de 2009

¿Qué será de nuestro gas en el 2010?

De los 8.7 TCF de reservas probadas que tienen los lotes 88 y 56, la mitad está destinada para la exportación a partir de mayo del próximo año.
Sin duda diversas fueron las opiniones e interrogantes que durante el transcurso de este año saltaron a la palestra en torno al preocupante escenario que –desde el primer trimestre– ya se avizoraba: la falta de gas a diversas empresas del país.

Una situación que tuvo como corolario el 24 de junio pasado cuando la empresa argentina Pluspetrol, principal accionista del Consorcio Camisea, no tuvo más remedio que reconocer que ya no podía firmar nuevos contratos de gas natural con las empresas que lo requerían hasta que pueda certificar la existencia de reservas adicionales.

¿Consecuencias?

Pues desde el Ejecutivo, representado por el Ministerio de Energía y Minas (MEM), incluso con la declaración del Consorcio todo estaba –como reza la frase– fríamente calculado ya que, según el titular del sector, Pedro Sánchez, se venía haciendo de manera paralela una renegociación del contrato de Camisea, a fin de asegurar la demanda interna.

Sin embargo, grande fue la sorpresa cuando se anunciaron los principales logros: No se iba a exportar ni una molécula de gas natural del Lote 88 (Camisea) entre el 2010 y 2014 y, en ese período, sólo se exportarán las reservas del Lote 56 (Pagoreni).

Además, que el consorcio Camisea (Pluspetrol, Hunt Oil, SK, Tecpetrol, Sonatrach y Repsol YPF) entregaría como lo viene haciendo, 150 millones de pies cúbicos diarios (MMPCD) para el abastecimiento de varias empresas del sector eléctrico e industrial, que en los últimos seis meses no habían podido asegurar su abastecimiento.

De manera adicional se comprometieron las reservas de gas del Lote 57 de Repsol YPF, que aún falta explotar, para que puedan ser orientadas al mercado local.

Anuncios que para expertos en hidrocarburos como Carlos Herrera Descalzi, Aurelio Ochoa, César Gutiérrez, Rafael Laca y Jorge Manco Zaconetti, sólo vienen atenuando el problema de fondo, y es que, según aseveran, el Perú vive una total incongruencia en cuanto a política energética “ya que prácticamente las generadoras eléctricas y los industriales hacen cola para que les brinden gas y así continuar con sus proyectos, mientras la mitad de las reservas de Camisea han sido más que sacramentadas y por ningún caso tocadas ya que están comprometidas para el proyecto exportador de Perú LNG que ya tiene incluso fecha de inicio: fines del mayo del 2010. ¿Y el mercado local? Bien, gracias.

Fuga de gas

En efecto, el consorcio Camisea tiene un compromiso de abastecer a Perú LNG con 620 MMPCD para su proyecto exportador, de los cuales el 70% irá a México y los excedentes a China, que según César Gutiérrez conllevaría a que el Perú reciba regalías mínimas, pero ese es otro cantar. Lo cierto es que –a pesar de la resistencia de las autoridades– las cifras no mienten ya que según la consultora Gaffney, Cline & Associates, cuyo informe fue difundido por la Dirección General de Hidrocarburos (DGH) del MEM en junio pasado, se afirmó que las reservas probadas certificadas de gas de Camisea del Lote 88 ascienden a 6.851 trillones de pies cúbicos, (TCF) mientras que las del lote 56 son de 1.944 TCF, lo que resulta un total de 8.7 TFC, de los cuales, 4.086 están destinados al proyecto de exportación (2010-2028). No obstante, el entonces director general de Hidrocarburos del MEM Gustavo Navarro señaló que la estimación mínima que hizo la consultora sobre las reservas de Camisea es 13.6 TCF y la máxima llega a 18.5 TCF. A decir de los expertos Carlos Herrera Descalzi y Aurelio Ochoa se pretendió con esa afirmación “inflar las cifras” para así darle pase libre, y sin ningún cuestionamiento, a la exportación del recurso, lo cual se viene verificando cuando las empresas solicitan gas y no les dan porque la mayor parte del compromiso es con México, para el proyecto de Perú LNG. “Las reservas recuperables no deben ser contadas, porque son aleatorias, es decir, existe tanta posibilidad de que sean halladas como de que no”, aseveraron. No cumplen Sin embargo y cuando el MEM pregonaba con bombos y platillos la gran renegociación que había logrado con el Consorcio Camisea, a inicios de septiembre se dio a conocer dos informes técnicos de Perúpetro, fechados el 23 y 31 de julio pasado, que concluyen que dicho consorcio incumplió el contrato de explotación del Lote 88 al haber dispuesto para el mercado interno una cantidad de gas menor a la estipulada en las condiciones contractuales, las cuales se han modificado en contra de los intereses del país.

Se trata del informe GFST-1507 2009 que advierte que Pluspetrol incumple el acápite 5.11 de la cláusula quinta al negarse a otorgar hasta un mínimo de 6.63 TCF y no solamente hasta los 4.517 TCF que es el “límite” que “unilateralmente” se ha impuesto hasta la fecha, ya que se basa en el último informe de la consultora GCA y no en el "Plan Referencial de Hidrocarburos del MEM –PRH 2005-2014– cuando se firmó el contrato de concesión. Como se recuerda, el PRH 2005-2014 registraba que las reservas probadas eran 10.83 TCF y a pesar de ello Pluspetrol sólo tomó en cuenta los 8.717 TCF que le informó GCA.

A decir de los analistas, estos documentos, lejos de ser tomados en cuenta para asegurar más gas a los peruanos, fueron encarpetados por las autoridades, que sólo tomaron en cuenta el “plan agresivo de exploraciones” que se compromete a realizar Pluspetrol. “Si el consorcio insistía en que no atendería la demanda interna, hubiese sido causal de nulidad del contrato”, indicó en ese entonces Daniel Saba, presidente de Perúpetro.

Pero si se pensaba que el problema del gas quedaba allí, pues querido lector, se equivoca. Y es que a inicios de diciembre la confusión en torno al gas retornó porque Perupetro envió a EXPRESO un comunicado en el que se informa que “Pluspetrol como operador del Contrato de Licencia del Lote 88, ha comunicado que tiene previsto destinar al mercado interno 2.66 TCF adicional a la demanda pronosticada de 3.97 TCF en el Plan Referencial de Hidrocarburos 2005-2014”.

Una información que conlleva a la interrogante ¿Qué cifra vale? Ya que en septiembre, Pluspetrol respondía a Perúpetro que sus cifras no eran exactas porque ya había cumplido con firmar acuerdos por 5.86 TCF y que sólo le correspondía entregar 0.62 TCF. ¿En qué quedamos?

La cifra
0.27 TCF
Es el consumo realizado del Lote 88 hasta junio del 2009.

El dato
Ni representantes del Consorcio Camisea ni de Perúpetro accedieron en el transcurso del año a una entrevista con EXPRESO, contribuyendo con ello a no esclarecer los cuestionamientos que los expertos en hidrocarburos realizan.

PAOLA PLÁCIDO SALAS

martes, 15 de diciembre de 2009

HIDROCARBUROS: LA CORRUPCIÓN REPTANTE

COMISIONES INVESTIGADORAS EN SUEÑO


La tragedia de PetroPerú al margen de la calidad y eficiencia de sus trabajadores de planilla, ha sido ser desde sus inicios una fuente posible de corrupción, de negocios ilícitos, de dinero mal habido, de servir de “caja chica” de los diferentes gobiernos de turno, de reclutamiento laboral por medio de servicios de honorarios, y negocios poco transparentes en los llamados servicios de terceros. Si a ello se agrega la poca o nula voluntad de los últimos gobiernos para su fortalecimiento y modernización como empresa integrada, con solvencia y transparencia en aquellos que toman decisiones otra sería la historia. Sirva de ejemplo la administración de Alejandro Narváez Liceras que en el 2004 llevó adelante a PetroPerú con honestidad y eficiencia a la principal empresa del país.

PetroPerú siempre estará en la mira no solamente por su liderazgo en la producción de combustibles, sino por los volúmenes de compras principalmente de petróleo crudo producido localmente así como de las importaciones. Sin embargo, a pesar de las “partidas inusuales” que se le cargan, de los subsidios indebidos sobre todo en el precio del diesel 2 (que en el 2008 le significaron una pérdida de más 90 millones de dólares), de las demoras en la devolución del fondo de estabilización de combustibles, de los contratos de servicios de terceros, de la obligación que tiene en el abono de las pensiones de la ley 20530, de las onerosas tasas de interés con la banca comercial pactadas para financiar las importaciones de crudo, y de distintos mecanismos de descapitalización de la empresa, PetroPerú sigue generando después de todo utilidades.

Tanto es así, que al tercer trimestre del 2009 ha generado un poco más de 238 millones de nuevos soles, un promedio de 80 millones de dólares, que desde todo punto de vista resultan insuficientes para financiar la modernización de la Refinería de Talara que según su presidente del directorio, Luis Rebolledo estima en más de 1,200 millones de dólares. Evidentemente dicha inversión deberá ejecutarse con la mayor transparencia, pues la necesidad y urgencia de contar con combustibles limpios, procesar crudos pesados y ampliar la capacidad de producción es un imperativo.

Sin embargo, debiera preocupar la débil comunicación y escasa transparencia de los nuevos responsables de PetroPerú para explicar al país las razones por las cuales en el financiamiento de la refinería de Talara ya no se tendría el aval de la Corporación Andina de Fomento (CAF), que ha sido reemplazada por COFIDE entidad financiera de segundo piso para que concerte y obtenga el financiamiento. Ello resulta extraño en razón de la magnitud de los actores, pues se está dejando de lado a una entidad de mayor envergadura que tiene experiencia en créditos al sector energético, frente a COFIDE entidad financiera de donde procede el actual presidente del directorio.

PRÁCTICAS CORRUPTAS

Constituye un decir común afirmar que los negocios de armas y de petróleo se encuentran entre los más corruptos en el mundo. De allí la susceptibilidad en la opinión pública sobre el anuncio de las compras de tanques chinos, que recuerda las malas compras de municiones chinas, tractores y medicinas de origen chino en la década pasada, sumándose los cleptómanos antecedentes de nuestras más altas autoridades. Por ello, el maestro e historiador Jorge Basadre afirmaba que en el Perú, “la corrupción es un axioma” que no necesitaría demostración. En tal sentido, se tienen que innovar los mecanismos de control y fiscalización para minimizar la fuerza de la corrupción en las relaciones entre el sector público y privado, en especial en el sector de hidrocarburos.

Por ello, ante las denuncias periodísticas sobre supuestos malos manejos en el transporte y cabotaje de petróleo desde Talara a Conchán y al resto del país para asegurar el abastecimiento de crudo y derivados, que debiera ser investigado a profundidad, (denuncia en el diario La Primera artículo R.Wiener del 15/12/09). Recuerdo que fui uno de los que denunció en la década pasada la irracionalidad de la privatización de la naviera Transoceánica filial de PetroPerú que prestaba servicios de transporte marítimo a la principal, y generaba utilidades. Hoy la empresa privatizada haría pingües negociados con PetroPerú como se señala en el artículo que transcribimos en nuestro blog.

Sin embargo, los supuestos malos manejos en la petrolera estatal no debieran hacernos perder de vista el asunto Camisea y la exportación del gas natural. Es decir, en el Congreso de la República las sendas investigaciones realizadas por miembros de las diversas bancadas y presididas por conspicuos representantes del partido de gobierno, tales como el grupo de investigación de los contratos de hidrocarburos y mineros presidida por el congresista Guevara Trelles, la comisión Jhonny Peralta responsable de investigar la venta de las acciones de Petro Tech Peruana, y la comisión Carrasco Távara con el encargo de revisar los contratos de exportación del gas de Camisea, no han podido sustentar, ni siquiera discutir en la Comisión de Energía y Minas y menos en el Pleno. ¿Por qué será?

Los evidentes actos de corrupción en los contratos firmados en el lote 56, los cambios contractuales en el lote 88 para hacer posible la exportación del gas natural, el proceso de investigación de Petro Tech que representa millonarias pérdidas al país por el abono ridículo de regalías equivalentes menores a una tasa del 16%, el contrato del Z-1 donde una empresa sin referentes en el sector asume un lote con reservas de gas conocidas desde los años setenta, y que abona regalías del 5%, constituyen algunas perlas.

El sentido común debiera preguntarse ¿cómo fue posible comprometer las reservas de gas natural del lote 56 para la exportación si estas como lo sostienen voceros de PerúPetro no tenían el carácter de reservas probadas en el 2004? En el mismo sentido, ¿cómo se pudieron pactar regalías por la exportación de gas cuyas tasas y determinación no tenían respaldo legal en la ley de hidrocarburos y su reglamento?

Seguramente en la historia de la corrupción, el “escándalo de los petroaudios” ocupe las primeras planas por la posición comprometida del ex Presidente del
Consejo de Ministros, Jorge del Castillo, la actuación del ex presidente del directorio de PetroPerú, César Gutiérrez Peña, de las faltas del abogado Alberto Químper miembro del directorio de PerúPetro, y de otros funcionarios públicos de PetroPerú y PerúPetro que están pasando piola.

En verdad, en el asunto Discover Petroleum y su participación con PetroPerú todo lo avanzado está en el poder judicial que viene trabajando a paso de tortuga. Después del show parlamentario en la Comisión Abugattás y su informe de minoría, todo parece indicar la existencia de una santa alianza al más alto nivel político para no afectar la estabilidad política y económica de un gobierno que tiene en la corrupción su peor pasivo.

Sin embargo, la Comisión Investigadora del asunto Petro Tech a diferencia de las comisiones de Guevara Trelles y de la Carrasco Távara, tiene el acuerdo del Pleno del Congreso de la República y un Informe terminado que debiera discutirse en el Pleno del Congreso de la República, donde entre sus conclusiones señala el adeudo al fisco por parte de Petro Tech por más de 410 millones de dólares.

En tal sentido, el asunto de Discover Petroleum y su asociación con PetroPerú constituía un negocio de altos funcionarios del gobierno ligados al APRA y por más turbias que hayan sido sus acciones no han representado pérdida alguna para el fisco, pues se trataban de contratos de licencia de lotes exploratorios donde no había ningún barril de reserva probada de hidrocarburos, y donde había que realizar fuertes inversiones. En mi opinión querían hacer lo que es el comportamiento de muchas empresas junior, hacerse de lotes para luego buscar accionistas o transferirlos con beneficios especulativos, como ha sido el caso de Petro Tech y los lotes del Zócalo Continental.

Es muy distinto el caso referente a la entrega del lote 56 en negociación directa en el 2004 al mismo Consorcio Camisea que opera el lote 88. Se negociaron reservas probadas que ya estaban comprometidas para la exportación hacia México.

En ese sentido, si la Dirección General de Hidrocarburos (DGH) del Ministerio de Energía y Minas hubiese reconocido el carácter de reservas probadas al gas natural descubierto por la empresa transnacional Shell antes del 2001, el gas del lote 56 tendría la limitación de abastecer prioritariamente el mercado interno del país, en volúmenes suficientes para las empresas industriales y eléctricas.

Por ello, las prácticas corruptas deben ser investigadas a profundidad y sancionadas pues debilitan y desacreditan la democracia. En el caso del sector de hidrocarburos y las sendas comisiones investigadoras del Congreso de la República se debiera asumir una actitud fiscalizadora para levantar la imagen del llamado primer poder del Estado. Si se es tan permisivo con la corrupción se está afectando de muerte la democracia que tanto significó a los millones de peruanos.

PETROPERÚ. TRANSPORTE MARÍTIMO CON SOBREPRECIO

Diario La Primera, martes 15 de diciembre de 2009

PetroPerú. Transporte marítimo con sobreprecio*

Razón llevan los que dicen que los peores enemigos de la empresa pública, están adentro de ellas. Es el caso de Petroperú, según lo evidencia este informe sobre el transporte marítimo de petróleo.

La privatización parcial de la empresa petrolera del Estado fue uno de los procesos más discutidos y discutibles del período fujimorista. Y uno de los primeros pasos en esa dirección fue la venta de los llamados servicios complementarios con los que contaba la empresa para la integración de sus operaciones. Es lo que pasó con los barcos de transporte, que debían mover las distintas variedades de hidrocarburos procesados por sus refinerías a lo largo del litoral. Así la subsidiaria de Petroperú, Petrolera Transoceánica, con un lote de barcos cotizados en más de 50 millones en el mercado internacional, fue vendida por 25 millones de dólares a un consorcio privado que de inmediato se orientó a servir de transporte a la Refinería de Talara, de ka petrolera estatal que había vendido la flota, y a Repsol, nueva propietaria de la Refinería La Pampilla.

Los nuevos dueños de Petrolera Transoceánica la inscribieron con bandera panameña, probablemente por cuestión de impuestos, pero en realidad la empresa había pasado a ser propiedad de un consorcio chileno-peruano, integrado por el grupo Ultragas (chileno) con 50% de las acciones y el grupo Wiese (peruano), aunque la conducción del negocio ha estado permanentemente en manos chilenas, con lo que se confirmó otra vez el aserto de que no basta tener abundantes reservas naturales para ser un país próspero, ya que, sin tener una gota de hidrocarburos, nuestro vecino del sur pudo controlar el movimiento naviero de nuestro petróleo y últimamente también tiene una importante participación en la distribución al menudeo de combustibles en nuestras principales ciudades. En fin, un negocio rentable y con mercado seguro, como es el movimiento de carga de los combustibles, fue entregado a un consorcio en el que predominan intereses extranjeros. Pero lo que ahora queda por dilucidar es si en el nuevo esquema funcionó la libre competencia y el Perú se benefició en alguna forma con la venta de esos activos.

Transporte petrolero actual

En el año 2009, después de 13 años de la privatización parcial de Petroperú, el Estado todavía es dueño de una de las dos grandes refinerías, y mantiene una producción diaria de 65 mil barriles, mientras Repsol logra 105 mil barriles cada día. Para mover este petróleo por el mar, las dos empresas contratan barcos. Petroperú trabaja actualmente con cinco barcos, tres de Transoceánica y dos de la Marina de Guerra, que en conjunto podrían desplazar 148 mil 145 toneladas cada día. A su vez Repsol, tiene un barco propio y contrata otro a Transoceánica, lo que representa disponer de un tonelaje de 78 mil 900.

Un primer detalle a tomar en cuenta es que con una producción menor que la de Repsol en La Pampilla (alrededor del 61%), los directivos de Petroperú que dirigen la Refinería de Talara, contratan un tonelaje mucho mayor (casi el doble), lo que indica un sobre dimensionamiento en este servicio. Algo más, mientras Petroperú vendió sus barcos, Repsol más bien ha empezado a formar una flota propia. El cuadro adjunto permite ver más claramente como es esta situación:



Algunas conclusiones saltan a la vista:

Repsol tiene una clara preferencia por los buques con poca antigüedad (3 y 5 años), mientras que Petroperú elige barcos viejos (uno de ellos de 24 años y todos de más de 20). Curiosamente Transoceánica trabaja con barcos antiguos con Petroperú y uno nuevo con Repsol, que así lo exigió.

Los dos barcos contratados por Repsol son de doble casco, es decir la versión más moderna y segura de transporte. En el caso de Petroperú se contrata doble casco con la Marina de Guerra, y Casco Simple (opción ya obsoleta, de baja seguridad) y doble fondo (versión intermedia, ya superada) con barcos de Transoceánica, que por lo visto ha evitado en lo posible renovar su flota, que era la de Petroperú.

El flete pagado por el transporte de 25 mil 243 toneladas diarias, con un barco de 24 años de antigüedad (Pavayacu) y casco simple, es superior al que Repsol paga por 40 mil o 38 mil toneladas diarias, con barcos mucho más nuevos y de doble casco.

El flete mensual que paga Petroperú con buques fuera de época, llega a 2 millones 73 mil dólares, de los cuales más de un millón van a Transoceánica. Por su lado, Repsol gasta 720 mil dólares en flete, con una refinería más grande y contratos con mejores barcos. Pero, además es inminente el vencimiento de los contratos de Petroperú con Transoceánica.

Negociaciones sospechosas

En julio del 2009, había expirado originalmente el contrato con Transoceánica para el uso de los barcos Pavayacu e Isabel Barreto. Pero Petroperú no realizó el concurso respectivo, sino que alargó sus servicios por 180 días adicionales, mediante un contrato complementario por negociación directa, con un costo de 12 mil 200 dólares diarios por cada barco. Revisando publicaciones especializadas se puede ver que el alquiler de naves del tipo de las mencionadas no puede ser mayor a 6 mil dólares diarios. Pero los directivos de Petroperú duplicaron el precio a su libre albedrío y le causaron pérdidas a la empresa y al país por cientos de miles de dólares.

Pero si en julio pasó esto, lo que más sorprende es que en agosto hubo un Consurso de Menor Cuantía de Petroperú en el que se contrató el buque Samiria, también de Transoceánica, del tipo doble fondo y con 40 mil toneladas de capacidad, por un valor de 11 mil 700 dólares diarios. ¿Dónde está la lógica de todo esto? ¿Como un barco mejor y de más capacidad de carga, cuesta menos que otros viejos y pequeños?

El punto es que se viene un nuevo concurso para los contratos que se vencen y en las bases publicadas con el código CMA-0021-2009-OFP/PETROPERU, del 3 de diciembre del 2009, uno puede observar que lo que se está buscando es recontratar al barco Samiria de Transoceánica. Veamos porqué:

1. El Concurso especifica que se propone contratar el servicio “mediante un buque de 30 mil a 42 mil DWT…” El Samiria tiene una carga de 40 mil 439 toneladas y el Andoas (también de Transoceánica) de 32,500, encajando dentro de los límites;

2. En sus requerimientos técnicos el Concurso pide barcos de tipo doble fondo o doble lado. Casualidad: Samiria es doble fondo y Andoas doble lado (protección en los costados), y la convocatoria no exige la versión moderna de doble casco.

3. Otro numeral indica que “el año de construcción de la nave propuesta no será anterior a enero de 1987”. Ambos barcos son de marzo de 1987.

¿Serán posibles tantas coincidencias, o más bien podría ser verdad lo que dicen funcionarios de la empresa estatal, que es en las oficinas de Transoceánica donde son redactadas las bases de los Concursos de Transporte y donde se hacen las correcciones para adaptarlas a los barcos de esa empresa? Lindo país.


Preguntas a las autoridades y el país

a. ¿Por qué siguen siendo convocados concursos que colocan como posibles postores a buques de tecnología obsoleta, que según las normas de navegación deberán dejar de dar servicios, muy pronto?

b. ¿Qué otra empresa, aparte de Petrolera Transoceánica, usa barcos de casco simple, doble lado y doble fondo, considerados de tecnología atrasada? Y si no la hay ¿no se trata de un concurso con bases armadas para favorecer a un grupo determinado?

c. ¿Qué misteriosa cábala es esa que indica que un barco se hace concursable si es fabricado después de enero de 1987 y no antes? ¿No será porque se haba de barcos hechos en marzo de ese año?

d. ¿Por qué, a pesar de haber sobredimensionado la contratación del servicio de transporte naviero, Petroperú insiste en incorporar un “quinto buque” a su flota?

e. ¿Será cierto que pretende renovar el contrato por negociación directa con Transoceánica para los casos de los barcos Pavayacu e Isabel Barreto y por eso hasta ahora no convoca a concurso?

f. ¿Las gerencias de Petroperú no comparan precios de su competidora en el alquiler de buques de transporte?

g. ¿Qué o quién impide a Petroperú hacer una convocatoria sobre estándares internacionales y precios de mercado (referencia Repsol), exigiendo barcos de doble casco, de menos de quince años de antigüedad y con capacidades sobre las 38 mil toneladas?

* Raúl Wiener
Unidad de Investigación

miércoles, 9 de diciembre de 2009

GLOBALIZACIÓN Y SALARIOS EN LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA

La Importancia del Dictamen Económico Laboral*

El 1 y 2 de diciembre el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo organizó el Seminario “Parámetros para una adecuada contratación laboral, la libertad de sindicación y las vías de solución en la negociación colectiva”, donde tuve la oportunidad de participar como expositor con una ponencia sobre la “Naturaleza del Dictamen Económico Laboral” como un instrumento fundamental para enfrentar y resolver positivamente los conflictos laborales, que en esencia se explican por mayores incrementos remunerativos y mejores condiciones de trabajo ante la empresa. Esto significa una redistribución del excedente neto generado entre utilidades y salarios.

En verdad, luego de las palabras de la Dra. Manuela García Cochagne ministra del sector y profesional de carrera con una gran experiencia en la solución de conflictos laborales, se dio inicio a una serie de exposiciones a cargo de destacados profesionales laboralistas que incidieron en la necesidad de enfrentar, administrar y resolver positivamente los conflictos entre la empresa y trabajadores organizados, preferentemente en la etapa del trato directo de la mejor forma posible.

La exposición a mi cargo en power point se puede ver completa en mi página web
www.mancozaconetti.com, en la sección Descargas- Laboral, esta presentación estuvo centrada en la importancia que tiene para los sindicatos el Dictamen Económico Laboral (DEL) como instrumento de primer orden que permite reconocer la realidad económica financiera de la empresa y una estimación preliminar de la demanda de incremento salarial sobre el costo de la mano de obra.

Al hacer transparente la información básica de la empresa sobre sus estados financieros y principales cuentas como el balance general, el estado de ganancias y pérdidas, cambios en el patrimonio neto, el flujo de efectivo y sobre todo la estructura vigente de las remuneraciones y sus colaterales. A partir de ello, es que se puede estimar el costo salarial como participación frente a los ingresos y frente al costo de ventas (egresos). En tal sentido, el Dictamen al exponer la rentabilidad bruta, operativa y neta de la empresa fija las posibilidades de los incrementos salariales, pues resultaría obvio si una empresa tiene pérdidas netas no se podría justificar un incremento remunerativo.

Por ello, el Dictamen resulta un instrumento propicio para un análisis de corto plazo, estático como una radiografía en un momento determinado sobre los niveles de ingreso y rentabilidad empresarial que con sus características resulta un instrumento indispensable para sincerar las relaciones entre el capital y el trabajo.

En el siglo XXI con la globalización de los capitales y mercados más las limitaciones para la libre movilidad de la fuerza de trabajo resulta necesario fortalecer la capacidad negociadora de los trabajadores organizados en sindicatos pues ello impone una mejor y mayor racionalidad económica en las negociaciones colectivas determinando que los incrementos salariales se ajusten no solamente a la rentabilidad empresarial sino también a la posición de mercado de la empresa a nivel interno y externo, y sobre toda a la productividad del trabajo.

SALARIOS INDETERMINADOS

Sobre el problema de los salarios siempre existe controversia en razón que el pensamiento tradicional que casi siempre coincide con la propuesta empresarial identifica el incremento salarial con el índice de precios al consumidor (IPC) que estima la inflación en un momento determinado con todas las limitaciones que ello pueda significar. Así, resulta usual expresar que si el IPC, es decir si la variación de los precios al consumidor en el año fue del 4% el incremento salarial debiera tener ese nivel. Con esta forma de pensar lo único que se esta proponiendo es la recuperación tardía de los niveles salariales.

Esta forma de pensar, al margen de los intereses ideológicos que pueda tener, constituye una limitación para una mayor participación de los trabajadores en el excedente neto generado. Por ello, resulta positivo para los trabajadores recuperar los principios básicos de la Economía Política expuestos en su origen por Adam Smith en su obra fundamental la Riqueza de las Naciones (1776) cuando señalaba: “Los salarios del trabajo dependen generalmente por doquier, del contrato concertado por lo común entre estas dos partes, y cuyos intereses difícilmente coinciden. El operario desea sacar lo más posible, y los patrones dar lo menos que puedan…”

A pesar del tiempo transcurrido esta afirmación sigue plenamente vigente, ahora más que nunca que la globalización de las relaciones sociales de producción y distribución, impone nuevos retos y desafíos a los trabajadores en las negociaciones colectivas. Esta es una realidad objetiva no solamente para los trabajadores ligados al sector exportador (minería y petróleo) sino también para el sector ligado al mercado interno en razón de las políticas que apuestan por las firmas de Tratados de libre Comercio” (Estados Unidos, México, Chile etc.)

Cuando Adam Smith afirmaba que las relaciones entre la empresa y el trabajo “cuyos intereses difícilmente coinciden”, hace hincapié en la naturaleza del salario cuyo nivel hasta cierto punto resulta indeterminado. Esto significa que el nivel del salario está por definir, en razón que dependería de la fuerza y capacidad negociadora de las partes.

En tal sentido, sindicatos organizados con dirigentes legitimados en la práctica sindical, con una asesoría solvente y una estrategia positiva pueden alcanzar incrementos salariales por encima al obtenido entre otras empresas del sector. Por ello, en una interpretación entre un mínimo salarial, que no es exactamente el mínimo fisiológico por el contenido moral e histórico que tienen los salarios en cada país y en cada región. Se podría definir este mínimo salarial como aquel salario que permite la reproducción del trabajador y su familia en el mercado.

Como una digresión sobre este mínimo fisiológico está la experiencia de los trabajadores forzados en las fábricas de la Alemania Nazi durante la segunda guerra mundial. Los millones de trabajadores rusos, polacos, franceses, y judíos etc que perecieron con una alimentación que no superaba las 800 calorías diarias, expone los límites de sobrevivencia humana. Este problema de reproducción de la fuerza de trabajo limitó seriamente la capacidad bélica de la Alemania de Hitler.

En el otro extremo, está la experiencia de los Estados Unidos de Norteamérica que movilizó a millones de trabajadores, incorporando masivamente a las mujeres por primera vez en la historia en las industrias de armas, lo cual permitió a largo plazo la victoria de los ejércitos aliados. Fue gracias al esfuerzo de los trabajadores norteamericanos y su alta productividad que se pudo dotar de armamento a los ejércitos ingleses y soviéticos, asegurando la victoria.

Frente a este salario mínimo, el límite superior sería aquella tasa de rentabilidad mínima aceptable para el capital para ser remunerado. En razón que una tasa inferior de rentabilidad obligaría al traslado de los capitales a otros sectores u actividades como la compra de acciones, la bolsa de valores, por último depósitos en los bancos. Esta tasa de rentabilidad mínima se podría definir como aquella que no pone en riesgo la continuidad de la actividad empresarial.

Por tanto, tomando como límite inferior el salario mínimo y la tasa de rentabilidad mínima del capital como límite superior, en ese espacio determinado que se podría suponer como una línea de continuidad, los salarios y por tanto el incremento remunerativo estimado como tasa se podría fijar en cualquier punto del espacio, ello dependerá en última instancia de la fuerza y capacidad negociadora de las partes.

En este contexto el Dictamen Económico Laboral elaborado por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo tiene una importancia de primer orden pues bien aprovechado por los sindicatos potencia la capacidad negociadora de los trabajadores y obligaría a la empresa a mejorar las contrapuestas de incremento salarial.

Así en este juego negociador, los trabajadores organizados están en la obligación de sustentar las demandas de incrementos salariales y de mejora de las condiciones de trabajo, en una investigación económica de la realidad económica empresarial que permita la mayor racionalidad en las negociaciones con los representantes de la empresa. Por ello, al margen de las negociaciones en trato directo, ante las limitaciones económicas que muchas veces tienen los sindicatos de contratar los servicios de asesoría, sería importante que desde el inicio de las negociaciones se demande ante el Ministerio de Trabajo la necesidad de contar con el Dictamen Económico Laboral.

De otro lado, desde el punto de vista de la empresa resulta un imperativo la necesidad de modernizar las relaciones entre el capital y el trabajo, para superar las visiones de “cholo barato” y de reducción de costos a costa de la participación laboral. Se trata de asumir a los trabajadores como el principal activo de la empresa. Por ello, el éxito empresarial debe ser también compartido con los trabajadores. Esta visión moderna ayudaría para atenuar la naturaleza de los conflictos laborales en las negociaciones colectivas.

En resumen una mayor racionalidad económica en las negociaciones colectivas se impone como una necesidad para superar positivamente la naturaleza conflictiva de la relación entre el capital y el trabajo. En tal contexto el Dictamen Económico Laboral con todas sus limitaciones permite una mayor transparencia de la información y potencia sobre todo el juego negociador.

Sin embargo, ante la fuerza de la globalización resulta imprescindible la actualización de los parámetros del Dictamen. Es decir, frente a una economía como la peruana fuertemente concentrada a nivel de la producción, niveles de venta y de capitales, no es posible asumir en el Dictamen la misma estructura para todas las empresas, que no solamente cuentan con diferencias en el marco tributario; caso minero, petrolero o eléctrico, sino también por las políticas de grupo empresarial. Es decir, por el predominio que pueda existir entre las relaciones de empresa filiales con la empresa matriz o entre empresas vinculadas, y los llamados precios de transferencia.

ALGUNAS LIMITACIONES

Lamentablemente el Dictamen Económico Laboral no hace referencia a los siguientes aspectos necesarios para evaluar la situación económica, financiera y laboral de toda empresa:

1.- Posición de mercado en el sector o industria donde se desarrolla la empresa, a nivel interno y externo.
2.- Posición de la empresa en la economía interna del país y a nivel internacional, según ingresos, activos, ganancias y rentabilidad.
3.- Respaldo financiero, de la empresa matriz o accionistas principales de envergadura mundial.
4.- Transacciones entre Matriz, Filiales y Vinculadas. Los precios de transferencia.
5.- Marco Tributario y Exoneraciones del Impuesto a la Renta.

Al margen de estas limitaciones que podría ser subsanables mediante un estudio y con normas laborales para legislar de la mejor forma posible tratando de poner al día la ley de acuerdo a la realidad en el sentido del gran jurista Kelsen. Sin menoscabo de algunas limitaciones el Dictamen Económico Laboral (DEL) resulta un instrumento necesario y fundamental para hacer más transparente las relaciones entre los trabajadores y la empresa.


*La exposición sobre el Dictamen Económico Laboral, la encuentran en mi web:
www.mancozaconetti.com , sección Descargas, carpeta Laboral.

O sino en el enlace:
http://www.mancozaconetti.com/index.php?option=com_remository&Itemid=6&func=select&id=4