ASEGURAR LA INVERSIÓN AMBIENTAL
En la sesión del 31 de marzo pasado de la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República existía una gran expectativa de los congresistas por escuchar a las más altas autoridades del sector de Energía y Minas, como el viceministro de minería, al presidente de Cofide y al presidente del Directorio de Doe Run, sobre lo que está pasando en el principal complejo minero metalúrgico del país, La Oroya, ubicado en el departamento de Junín, en la región central. Lamentablemente los invitados por diversas razones se excusaron, desairando al Congreso con argumentos cuestionables; desde mi punto de vista, esta ha sido una oportunidad perdida para tratar problemas de fondo, como el de recabar una mayor información para debatir con altura sobre un viejo problema ambiental heredado tanto por las prácticas de la Cerro de Pasco Corporation como por la estatal Centromín.
Los parlamentarios de diversas bancadas expresaron su malestar ante la ausencia de los invitados, que debieron exponer con transparencia lo avanzado hasta entonces. Hubiese sido importante escuchar al ing. Huyhua Presidente del Directorio de Doe Run, sobre la difícil situación económica financiera de la empresa que hasta octubre del 2008 estaba generando más de 88 millones de dólares por concepto de utilidades operativas, y que al cierre de año se han convertido en pérdidas netas.
Hubiese sido interesante saber el nivel de deudas de la empresa con sus abastecedores de concentrados como Glencore, que acaba de cerrar las operaciones de su unidad Iscaycruz, de Volcan, Milpo, Atacocha, es decir de todas aquellas empresas que le venden concentrados de zinc, plomo, y cobre. Es más, extraoficialmente se señala que el principal acreedor sería la propia matriz Renco Group de Estados Unidos de Norteamérica, a través de Doe Run Resource Corporation Sec. No debemos olvidar que estamos ante una empresa de “malas prácticas empresariales”.
En el debate, el grupo fujimorista fue el más agresivo. Ante la posibilidad de un rescate financiero, se argumentó que no se debiera arriesgar dineros públicos, destacando que frente a las altas utilidades obtenidas en los años del boom minero, debieron reinvertir, cumplir con las obligaciones ambientales, y que no existiría justificación alguna para comprometer dineros públicos en asuntos de orden privado. Si la empresa no ha sabido administrar sus recursos debiera asumir las consecuencias.
De otro lado, el grupo de UPP con la intervención del PNP, demandaban una solución más drástica, en el sentido que los acreedores debieran presentar ante el Indecopi la declaración de insolvencia de Doe Run por los adeudos e incluso la capitalización de las deudas, lo que daría lugar a un cambio del accionariado y asiento en el directorio. Es más, la congresista del Partido Nacionalista exigió la nacionalización de la empresa por sus reiterados incumplimientos en las inversiones ambientales, volviéndose a la administración estatista de los años setenta.
No deja de ser curioso el comportamiento del grupo fujimorista que en la década pasada avaló por razones de Estado el “rescate financiero” por más de 1,200 millones de dólares de la cartera “superpesada” de los bancos Wiese y Latino, que ante la debilidad del organismo regulador, la Superintendencia de Banca y Seguros, resultaban “imposibles” de cobrar, a pesar que gran parte de los préstamos se habían realizado ante empresas satélites, empresas vinculadas a los principales accionistas. Al margen que fue durante el gobierno del presidente Fujimori donde se privatizó por partes, las distintas unidades mineras que formaban una unidad técnico material con el complejo minero-metalúrgico, es decir, con la fundición y refino. Ello significa que desde 1998 el complejo de La Oroya tiene que comprar a precios de mercados los concentrados producidos por terceros.
En el presente, la realidad impone una inteligente y creativa intervención del Estado ante la importancia del principal minero complejo minero metalúrgico del Perú. En principio, debemos aclarar a muchos analistas y parlamentarios que Doe Run Perú SRL no es propiamente una empresa minera. La única unidad minera de explotación que tiene es Cobriza (Huancavelica), que abastece el 25% de los requerimientos de concentrados de cobre y que representa menos del 5% de los ingresos totales de Doe Run, ingresos que en el 2008 sumaron los 1,384 millones de dólares, un 6% menores a los alcanzados en el 2007, y superiores a los 1,181 millones de dólares alcanzados en el 2006.
No debiera existir duda alguna sobre el interés nacional, regional y local para resolver de una vez la contaminación histórica de La Oroya, calificada entre las diez ciudades más contaminadas del mundo. Así, por una re negociación de las obligaciones ambientales de Doe Run con el Estado, entre mayo y junio del 2006 que extendió el plazo para el cumplimiento de las obligaciones del PAMA, Programa de Adecuación y Manejo Ambiental, hasta octubre del 2009, que principalmente estaban centradas en la captación del dióxido de azufre que constituye el insumo principal para la obtención del ácido sulfúrico, en la reducción de las emanaciones de plomo, arsénico etc.
En tal sentido, sea cual fuere la alternativa de solución frente a los problemas de Doe Run- La Oroya, rescate financiero, respaldo como garante frente a los bancos consorciados, capitalización de la deuda de parte de los acreedores, el gobierno actual en representación del Estado, tiene la obligación de asegurar el más estricto cumplimiento de la inversión ambiental, donde Doe Run según Osinergmin habría invertido más de 219 millones al cierre del 2008, y estarían restando menos de 75 millones de dólares para terminar con la construcción de la planta de ácido sulfúrico de la unidad de cobre.
Osinergmin, organismo regulador responsable desde el 2007 de la fiscalización minera, ha señalado en un documento oficial “PAMA DEL COMPLEJO METALURGICO LA OROYA-DOE RUN PERÚ” avances a 2 de marzo del 2009 donde se expone que “A diciembre 2008 las inversiones realizadas fueron de US $ 219.5 millones. Mientras que la inversión del período enero-diciembre 2008 fue de US$ 143.2 millones. Estos valores están siendo ajustados, debido a que incluyen rubros que no están directamente relacionados con el PAMA prorrogado, de acuerdo a información de DRP y al presupuesto de inversiones 2009 aprobado por el Ministerio de Energía y Minas”
Esta declaración del organismo regulador es importante pues está reconociendo que en el período enero/diciembre del 2008 la empresa habría invertido 143.5 millones de dólares y los restantes 76.3 millones entre el 2006 y 2007. En tal sentido, la empresa habría cumplido con sus compromisos ambientales, entre otras razones gracias al fideicomiso firmado con el Estado, con el ministerio de Energía y Minas, a la mayor fiscalización de Osinergmin, y que serían los problemas derivados de la crisis mundial los que estarían afectando los niveles de inversión para dar cumplimiento de las inversiones ambientales, y para reconstruir el capital de trabajo.
DOE RUN: UNA MAYOR TRANSPARENCIA
Uno de los problemas centrales de DOE RUN PERÚ SRL es la pobre información sobre sus estados financieros y la memoria empresarial. Es una empresa que no cotiza ni en la Bolsa de Valores de Lima, ni de New York. En tal sentido, es una empresa cerrada, de allí la fuerte duda que generan las declaraciones de sus directivos, a ello se agrega los pésimos antecedentes empresariales del único accionista, ciudadano norteamericano de origen judío Ira Rennert, experto en la quiebra de empresas, cuestionado por problemas ambientales en los Estados Unidos.
Lo cierto y evidente es que con la información disponible, reconstruida utilizando varias fuentes, estamos ante una empresa que ha tenido una débil propensión a la inversión. Así, en el período 1997 al 2008 habría invertido 587.8 millones de dólares, de los cuales si se deducen los 123.1 millones de dólares que formaron parte del contrato de transferencia por privatización, aporte dinerario que permitía aumentar el capital social de empresa, es decir, el nuevo propietario capitalizaba la nueva empresa con 126.4 millones de dólares y se comprometía a la inversión de 120 millones de dólares en cinco años contabilizados a la firma del contrato de transferencia.
Sobre la inversión de 120 millones de dólares en cinco años (1998-2002) con la información oficial disponible se ha cumplido con los compromisos de inversión en relación al contrato firmado con la CEPRI de Centromín, Es decir, el cumplimiento de la inversión ha sido posible a pesar que la empresa declaraba pérdidas netas entre los años 1999 al 2002 como se puede observar en el cuadro respectivo. Solamente declaró utilidades netas en el 1998 llegando a los 32 millones de dólares.
Por tanto, dejando de lado la inversión de capitalización de 1997 por un valor de 120 millones, restaría como inversión total 464.7 millones de dólares (587.8 menos 464.7 millones), de los cuales entre once años, estarían haciendo un promedio de 47 millones de dólares por año, valores que no resultan significativos para un complejo minero metalúrgico como el de La Oroya, que requería de compromisos mayores de inversiones.
Frente al total de inversiones recalculadas 464.7 millones de dólares en once años, Doe Run habría realizado inversiones ambientales para cumplir con el PAMA, Programa de Adecuación y Manejo Ambiental, por un valor de 296.7 millones de dólares, montos que están por encima de los compromisos iniciales propios del proceso de privatización que fueron menores a los 187 millones de dólares.
Los parlamentarios de diversas bancadas expresaron su malestar ante la ausencia de los invitados, que debieron exponer con transparencia lo avanzado hasta entonces. Hubiese sido importante escuchar al ing. Huyhua Presidente del Directorio de Doe Run, sobre la difícil situación económica financiera de la empresa que hasta octubre del 2008 estaba generando más de 88 millones de dólares por concepto de utilidades operativas, y que al cierre de año se han convertido en pérdidas netas.
Hubiese sido interesante saber el nivel de deudas de la empresa con sus abastecedores de concentrados como Glencore, que acaba de cerrar las operaciones de su unidad Iscaycruz, de Volcan, Milpo, Atacocha, es decir de todas aquellas empresas que le venden concentrados de zinc, plomo, y cobre. Es más, extraoficialmente se señala que el principal acreedor sería la propia matriz Renco Group de Estados Unidos de Norteamérica, a través de Doe Run Resource Corporation Sec. No debemos olvidar que estamos ante una empresa de “malas prácticas empresariales”.
En el debate, el grupo fujimorista fue el más agresivo. Ante la posibilidad de un rescate financiero, se argumentó que no se debiera arriesgar dineros públicos, destacando que frente a las altas utilidades obtenidas en los años del boom minero, debieron reinvertir, cumplir con las obligaciones ambientales, y que no existiría justificación alguna para comprometer dineros públicos en asuntos de orden privado. Si la empresa no ha sabido administrar sus recursos debiera asumir las consecuencias.
De otro lado, el grupo de UPP con la intervención del PNP, demandaban una solución más drástica, en el sentido que los acreedores debieran presentar ante el Indecopi la declaración de insolvencia de Doe Run por los adeudos e incluso la capitalización de las deudas, lo que daría lugar a un cambio del accionariado y asiento en el directorio. Es más, la congresista del Partido Nacionalista exigió la nacionalización de la empresa por sus reiterados incumplimientos en las inversiones ambientales, volviéndose a la administración estatista de los años setenta.
No deja de ser curioso el comportamiento del grupo fujimorista que en la década pasada avaló por razones de Estado el “rescate financiero” por más de 1,200 millones de dólares de la cartera “superpesada” de los bancos Wiese y Latino, que ante la debilidad del organismo regulador, la Superintendencia de Banca y Seguros, resultaban “imposibles” de cobrar, a pesar que gran parte de los préstamos se habían realizado ante empresas satélites, empresas vinculadas a los principales accionistas. Al margen que fue durante el gobierno del presidente Fujimori donde se privatizó por partes, las distintas unidades mineras que formaban una unidad técnico material con el complejo minero-metalúrgico, es decir, con la fundición y refino. Ello significa que desde 1998 el complejo de La Oroya tiene que comprar a precios de mercados los concentrados producidos por terceros.
En el presente, la realidad impone una inteligente y creativa intervención del Estado ante la importancia del principal minero complejo minero metalúrgico del Perú. En principio, debemos aclarar a muchos analistas y parlamentarios que Doe Run Perú SRL no es propiamente una empresa minera. La única unidad minera de explotación que tiene es Cobriza (Huancavelica), que abastece el 25% de los requerimientos de concentrados de cobre y que representa menos del 5% de los ingresos totales de Doe Run, ingresos que en el 2008 sumaron los 1,384 millones de dólares, un 6% menores a los alcanzados en el 2007, y superiores a los 1,181 millones de dólares alcanzados en el 2006.
No debiera existir duda alguna sobre el interés nacional, regional y local para resolver de una vez la contaminación histórica de La Oroya, calificada entre las diez ciudades más contaminadas del mundo. Así, por una re negociación de las obligaciones ambientales de Doe Run con el Estado, entre mayo y junio del 2006 que extendió el plazo para el cumplimiento de las obligaciones del PAMA, Programa de Adecuación y Manejo Ambiental, hasta octubre del 2009, que principalmente estaban centradas en la captación del dióxido de azufre que constituye el insumo principal para la obtención del ácido sulfúrico, en la reducción de las emanaciones de plomo, arsénico etc.
En tal sentido, sea cual fuere la alternativa de solución frente a los problemas de Doe Run- La Oroya, rescate financiero, respaldo como garante frente a los bancos consorciados, capitalización de la deuda de parte de los acreedores, el gobierno actual en representación del Estado, tiene la obligación de asegurar el más estricto cumplimiento de la inversión ambiental, donde Doe Run según Osinergmin habría invertido más de 219 millones al cierre del 2008, y estarían restando menos de 75 millones de dólares para terminar con la construcción de la planta de ácido sulfúrico de la unidad de cobre.
Osinergmin, organismo regulador responsable desde el 2007 de la fiscalización minera, ha señalado en un documento oficial “PAMA DEL COMPLEJO METALURGICO LA OROYA-DOE RUN PERÚ” avances a 2 de marzo del 2009 donde se expone que “A diciembre 2008 las inversiones realizadas fueron de US $ 219.5 millones. Mientras que la inversión del período enero-diciembre 2008 fue de US$ 143.2 millones. Estos valores están siendo ajustados, debido a que incluyen rubros que no están directamente relacionados con el PAMA prorrogado, de acuerdo a información de DRP y al presupuesto de inversiones 2009 aprobado por el Ministerio de Energía y Minas”
Esta declaración del organismo regulador es importante pues está reconociendo que en el período enero/diciembre del 2008 la empresa habría invertido 143.5 millones de dólares y los restantes 76.3 millones entre el 2006 y 2007. En tal sentido, la empresa habría cumplido con sus compromisos ambientales, entre otras razones gracias al fideicomiso firmado con el Estado, con el ministerio de Energía y Minas, a la mayor fiscalización de Osinergmin, y que serían los problemas derivados de la crisis mundial los que estarían afectando los niveles de inversión para dar cumplimiento de las inversiones ambientales, y para reconstruir el capital de trabajo.
DOE RUN: UNA MAYOR TRANSPARENCIA
Uno de los problemas centrales de DOE RUN PERÚ SRL es la pobre información sobre sus estados financieros y la memoria empresarial. Es una empresa que no cotiza ni en la Bolsa de Valores de Lima, ni de New York. En tal sentido, es una empresa cerrada, de allí la fuerte duda que generan las declaraciones de sus directivos, a ello se agrega los pésimos antecedentes empresariales del único accionista, ciudadano norteamericano de origen judío Ira Rennert, experto en la quiebra de empresas, cuestionado por problemas ambientales en los Estados Unidos.
Lo cierto y evidente es que con la información disponible, reconstruida utilizando varias fuentes, estamos ante una empresa que ha tenido una débil propensión a la inversión. Así, en el período 1997 al 2008 habría invertido 587.8 millones de dólares, de los cuales si se deducen los 123.1 millones de dólares que formaron parte del contrato de transferencia por privatización, aporte dinerario que permitía aumentar el capital social de empresa, es decir, el nuevo propietario capitalizaba la nueva empresa con 126.4 millones de dólares y se comprometía a la inversión de 120 millones de dólares en cinco años contabilizados a la firma del contrato de transferencia.
Sobre la inversión de 120 millones de dólares en cinco años (1998-2002) con la información oficial disponible se ha cumplido con los compromisos de inversión en relación al contrato firmado con la CEPRI de Centromín, Es decir, el cumplimiento de la inversión ha sido posible a pesar que la empresa declaraba pérdidas netas entre los años 1999 al 2002 como se puede observar en el cuadro respectivo. Solamente declaró utilidades netas en el 1998 llegando a los 32 millones de dólares.
Por tanto, dejando de lado la inversión de capitalización de 1997 por un valor de 120 millones, restaría como inversión total 464.7 millones de dólares (587.8 menos 464.7 millones), de los cuales entre once años, estarían haciendo un promedio de 47 millones de dólares por año, valores que no resultan significativos para un complejo minero metalúrgico como el de La Oroya, que requería de compromisos mayores de inversiones.
Frente al total de inversiones recalculadas 464.7 millones de dólares en once años, Doe Run habría realizado inversiones ambientales para cumplir con el PAMA, Programa de Adecuación y Manejo Ambiental, por un valor de 296.7 millones de dólares, montos que están por encima de los compromisos iniciales propios del proceso de privatización que fueron menores a los 187 millones de dólares.
Se debe destacar que gracias a las mayores exigencias del Estado entre el 2006 al 2008 en razón del fideicomiso firmado el 29 de mayo del 2006, se aseguraron las mayores inversiones ambientales en relación al PAMA. Así, entre el 2006 y el 2008 las inversiones fueron del orden de los 225.4 millones de dólares, que representan el 76 % del total de las inversiones ambientales ejecutadas entre 1997 al 2008. Por tanto, se puede afirmar que el grueso de las inversiones ambientales han sido ejecutadas gracias a la mayor fiscalización minera, tanto de parte del Ministerio de Energía y Minas como del Osinergmin, a partir del 2007 por las transferencias de las atribuciones de fiscalización minera de la Dirección General de Minería (DGM) hacia el Osinergmin.
En tal sentido, la Resolución Ministerial Nº 257-2006-MEM/DM que impone la figura del fideicomiso, expresamente impone una serie de limitaciones, candados para asegurar la inversión ambiental, así el artículo 2 de la referida resolución señala que se debe:
Artículo 2º.- Requerir a la empresa Doe Run Perú S.R.L para que en un plazo máximo de treinta (30) días calendario contados desde la notificación de la presente Resolución Ministerial, suscriba por escritura pública con el Banco Wiese Sudameris, un contrato de fideicomiso que cubra el 100% de todas las obligaciones dispuestas en el Informe Nº 118-2006-MEM-AAM/AA/RC/FV/AL/HS/PR/AV/FQ/CC, con intervención de la Dirección General de Minería, en señal de aprobación de los términos y condiciones pactados, bajo apercibimiento de dejar sin efecto la prórroga otorgada.
El contrato de fideicomiso deberá incluir cláusulas relativas a un monto mínimo que deberá mantenerse en el fideicomiso; el abono de excedentes de caja a dicho fideicomiso considerando para este efecto, criterios para el cómputo de los “Gastos generales y Administrativos” de la empresa Doe Run Perú S.R.L, en base a sus promedios históricos; y en general, mecanismos que aseguren el flujo oportuno de dinero y que faciliten su manejo transparente y supervisión”
En tal sentido, el estricto cumplimiento de lo pactado en el fideicomiso debiera ser una política de Estado para resolver los pasivos ambientales históricos frente a una empresa que tiene una pobre transparencia en sus obligaciones contractuales. De allí, que resulte necesario interrogarse, antes de cualquier intervención del gobierno como garante ante terceros, sobre la real situación económico financiera de la empresa. Es decir, antes de garantizar préstamos de bancos a Doe Run, exigir las garantías que debieran ser otorgadas con el respaldo suficiente, sea con acciones, se debería aclarar el destino de las utilidades netas.
UTILIDADES NETAS: A DÓNDE ESTÁN??
Asumiendo que las inversiones se financian con las utilidades netas no distribuidas, con la información disponible entre el 2005 y el 2007 Doe Run Perú SRL habría obtenido 352 millones de dólares por concepto de utilidades netas, 47.9 millones en el 2005 que habrían financiado las inversiones del 2006 que sumaron los 44.8 millones. En el mismo sentido, la empresa obtuvo en el 2006 una utilidad neta de 120 millones de dólares que financiaron las inversiones del 2007 que arribaron a los 56.6 millones. Es decir, las utilidades netas del año financian las inversiones del año siguiente.
En tal sentido, las utilidades netas del 2007 fueron del orden de los 183.5 millones con la propia información de la empresa, debemos asumir que estas utilidades netas han financiado las inversiones del 2008 que fueron equivalente a los 143.2 millones de dólares.
En resumen la empresa obtuvo utilidades netas entre el 2005 y el 2007 más de 352 millones de dólares, al margen de las depreciaciones y amortizaciones que constituyen recuperos de capital. De otro lado, las inversiones entre el 2006 y 2008 sumaron los 244.6 millones de dólares. Por tanto, debiera interesar el destino del excedente, es decir la diferencia de más de 107 millones de dólares debiera interesar. ¿Cuál es el destino de dichos valores? No podría ser capital de trabajo, pues como toda empresa de mercado con espíritu especulativo trabaja con capitales de préstamos, asume el costo del dinero y con ello financia sus operaciones. Tampoco se trataría de un fortalecimiento patrimonial en razón que el capital social tiende a disminuir.
En el siglo XXI con el proceso de globalización mundial no resulta aceptable que una empresa moderna no publique sus estados financieros, y sus principales cuentas como el balance general, estados de ganancias y pérdidas, estado de flujo en efectivo, estado de cambios en el patrimonio neto, y sus respectivas notas a los estados financieros, etc. Antes de cualquier solución temporal debiera exigirse la mayor transparencia, pues sería lamentable que nuevamente una empresa como Doe Run Perú SRL con el gran respaldo financiero de su matriz, sorprenda nuevamente a los peruanos y nos “agarre de cholitos”.
EPILOGO
Ante los problemas económicos de Doe Run, serían los propios acreedores y un grupo de productores mineros con los cuales trabaja la empresa quienes financiarán hasta por 175 millones de dólares, con los cuales se espera superar los problemas de falta de capital de trabajo (100 millones) y el cumplimiento del PAMA (75 millones). Este sería un acuerdo entre privados, según informó el ministro de economía y finanzas Dr. Luis Carranza, en la conferencia de prensa llevada a cabo en la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía.
En la misma conferencia de prensa el ministro señaló que será la casa matriz Doe Run Resources de los Estados Unidos, la que se comprometió a capitalizar el total de sus acreencias las mismas que ascenderían a156 millones de dólares. Es decir, la principal deuda que tenía Doe Run La Oroya era con su matriz, lo cual haría inviable cualquier rescate financiero del Estado.
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