Por Humberto Campodónico (UNMSM)
En la interpelación del ministro Eleodoro Mayorga se nota –en algunos casos, no en todos– una confusión con respecto a la forma y el fondo. Tomemos el caso de Interoil, donde se le acusa de lobbista por haber firmado la prórroga de un año con la misma empresa que acababa de perder el laudo arbitral.
¿Significa eso que si era otro el ministro de Energía, ¿entonces no pasaba nada y todo estaba ok? No, pues. El fondo es la política del actual gobierno. ¿Cuál es? La del directorio actual de Perupetro del Ing. Luis Ortigas, que en setiembre del 2013 cambió el Acuerdo del Directorio de Daniel Saba (bajo el anterior gobierno) y ratificada por Aurelio Ochoa (este gobierno).
¿Qué decían? Que todos los lotes cuyos contratos expiraban debían ser licitados y no prorrogados al mismo dueño. El actual directorio revocó esos acuerdos y decidió prorrogarlos, a dedo. A los mismos. ¿Qué cosa? Tanto Saba como Ochoa se manifestaron en contra. Sería bueno que ahora vuelvan a ratificar sus razones.
A lo cual se suma la ley 30130 de diciembre del 2013 sobre Petroperú, impulsada por el ministro Castilla, que establece que el 20% de acciones a ser listada en Bolsa (acordado por la ley 29817 del 2011) fuera elevada al 49% es decir, la privatización encubierta. Y, también, prohíbe a Petroperú participar en cualquier otro proyecto (Art. 6) hasta que se pague el préstamo de Talara.
El ministro Mayorga afirma que Petroperú no tiene la capacidad de administrar los lotes cuyos contratos expiran (entre ellos Interoil). Discrepamos. Esos campos fueron de Petroperú por años. Y cuando fueron privatizados en 1992 entraron empresas como Graña y Montero y Vera Gutiérrez (Petrolera Monterrico) que no tenían conocimiento de la industria. Petroperú podía –y puede– administrar esos lotes, contratando al personal técnico actual y reforzando su Gerencia de Producción.
El fondo es que este gobierno –a diferencia de lo que sucede en Chile y Colombia, por ejemplo– no potencia a su empresa propiciando su integración vertical. Por eso es que Perupetro sí conversó con GyM y con SAPET (de China) para ver si tomaban los lotes de Interoil (no llegaron a acuerdo alguno) pero nada con Petroperú.
Otro tema es si la australiana Karoon participó en el Reglamento de Medio Ambiente del sector. Aparte que hubo la reunión de Karoon con funcionarios de Energía y Minas y de Medio Ambiente, no hay nada que pruebe que “redactaron” el reglamento. Si eso se prueba, entonces hay falta grave. Pero no hay más que “sueltos” periodísticos.
El fondo es que el fortalecimiento de la institucionalidad medioambiental da un gran salto en el 2008 con la creación del Ministerio (venida de Angela Merkel incluida). Lo que se refuerza con la legislación del TLC Perú-EEUU. Esto convierte al MINAM en uno de las pocas instituciones aún no “tomadas desde adentro” por los intereses privados. Lo cual nos parece muy, pero muy bien.
Pero eso no quiere decir que, en algunos casos, no exista una sobre-reglamentación que perjudica las inversiones. Eso se ve claramente al compararnos con Colombia –cuya institucionalidad es más fuerte que la nuestra– donde la legislación medio ambiental cumple sus funciones en plazos adecuados.
Esa comparación se debe hacer y no este ataque público de Mayorga a Pulgar Vidal: “la creación del MINAM, la consulta previa y la desagregación de responsabilidades de manera descoordinada ha significado un bache para las inversiones, que no tiene vuelta atrás” (utero.pe, 14/05/2014). Muy mal. En todo caso, recordemos que el gran empujón contra el medio ambiente vino con el paquetazo de Castilla de junio pasado.
El tema de fondo es la política energética integral del actual gobierno. Nos parece bien, muy bien, que haya comenzado la Refinería de Talara y también se haya licitado el gasoducto andino (con opción al ducto de líquidos incluido), que son producto de variados impulsos (sobre todo sociales) y donde ha participado activamente el ministro Mayorga.
Pero más allá de estos importantes logros (que pueden cambiar el destino del país) existen dos problemas claves. Uno, que no se promulga hasta ahora el Plan Energético de Mediano y Largo Plazo para que nuestra matriz energética responda a nuestras necesidades y no a la rentabilidad de empresas privadas que no tiene por qué coincidir con lo primero (como, por ejemplo, la exportación del gas del Lote 56).
El MEF ya ha recibido US$ 230 millones (sí, 230) del BID desde el 2009 y se ha elaborado la Nueva Matriz Energética para el Desarrollo Sostenible. Pero nada. El año pasado, para hacerla larga, el MEF mediante el Convenio Prosemerha contratado a un consultor para que haga “una propuesta de planificación del sistema energético” (sic). Basta ya.
El otro es que Perú no puede decidir el destino de sus combustibles, de acuerdo a lo que indique su Plan Energético (cuando se promulgue, que es lo que no se hace). ¿Por qué? Porque la Ley 26221 de 1993 otorga a los contratistas la propiedad de los hidrocarburos. Por eso se exporta gas a precio vil a México y no se sabe si CNPC de China querrá o no destinar el gas del Lote 58 al Gasoducto Sur Peruano y a la petroquímica (ambos están amenazados por la propuesta de Castilla de “auditoría internacional” a esa licitación).
¿No estaría bueno que el Congreso discuta estos temas? Juzguen los lectores.
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