Escrito por: Humberto Campodónico
Publicado en el diario La República*
 Lunes 15 de Junio del 2015

  LECCIONES DEL TRIUNFO DE PERUPETRO EN EL CIADI

Ha pasado casi desapercibido un hecho fundamental, acaecido la primera semana de mayo. Se trata del triunfo de Perupetro contra el Consorcio Camisea (CC) en el Tribunal del Banco Mundial por la reexportación de Gas Natural Licuado en el 2010. Por ello el Perú va a recibir US$ 62 millones no pagados por el CC. La cosa es así. Repsol era la empresa encargada de vender el Gas Natural Licuado (GNL) que se produce en Pampa Melchorita, Cañete, de propiedad de Peru LNG. La cuestión es que el destino final de 10 embarques del GNL en el 2010 no fue el puerto mexicano de Manzanillo –donde el gas se paga a un precio superbarato– sino que fue re-exportado a otros destinos donde el precio del GNL es entre 4 y 5 veces superior al Henry Hub (HH, precio de EEUU y también de México). 

 Eso se mantenía oculto, pues en el Perú el CC daba como destino el puerto donde se pagaba HH. Como consecuencia, la regalía de 37% que el CC le pagaba a la Sunat no consignaba el precio verdadero sino el ficticio (HH). Pero funcionarios de Perupetro comenzaron a sospechar. Y se contrató a la empresa Galway para que investigue. A fines del 2011 Galway presentó un lapidario informe: el destino final del gas no fueron los puertos Freeport, Sabine Pass y Cameron de EEUU. No. El gas peruano se había reexportado a otros países. Perupetro, entonces, notificó al CC esta irregularidad, la misma que podía calificar como “incumplimiento de contrato”.

 Finalmente, Perupetro le planteó al CC que debía devolver al Perú los montos de la regalía no pagada. El CC decidió acudir al CIADI (Tribunal de Arbitraje del Banco Mundial) en Washington. Después de 3 años de análisis, esto dijeron los 3 árbitros del CIADI (1): “El Tribunal Arbitral decide por unanimidad que existe una obligación del Contratista de entregar la información a Perupetro respecto del terminal de última descarga, es decir, aquella donde se llevará a cabo el consumo final del gas del Lote 56 y pagar la regalía pactada, basada en el mercado de consumo final” (Art. 216). Añade: “El TA decide por unanimidad que el Consorcio incumplió con las obligaciones de calcular correctamente la regalía pactada para los 10 cargamentos objeto de la disputa, ya que aplicó el marcador correspondiente al terminal de descarga que no fue aquel en donde se realizaría el consumo final real del gas natural” (Art. 217). 

 Más claro ni el agua. Perupetro ganó un partido clave en las “grandes ligas”. Felicitaciones a sus funcionarios, en todos los niveles. Y, también, a los estudios de abogados, aquí y en el extranjero, que defendieron los argumentos peruanos. Por el contrario, nuestras críticas van centradas, sobre todo al CC que, como dice el Tribunal, “sabía o debería saber” que el destino final eran mercados con marcadores de mayor valor, como el Reino Unido, India, Japón, España y Brasil. Dicho de otro modo, nos estaban “haciendo cholitos”. ¿Y la prensa “concentrada” ha sacado algún editorial sobre este tema? Sabemos la respuesta. Este fallo tiene muchas más vueltas de tuerca. Por ejemplo: si en Perupetro no se hubieran “puesto las pilas”, las pérdidas serían mayores.

 Desde el 2011 hasta acá han habido 99 embarques más a México y suponemos que se ha pagado el precio barato del HH. Si la mitad de estos embarques se hubiera reexportado, eso habría significado pérdidas cercanas a los US$ 300 millones. Hay más. Se acaba de saber, a principios de junio, que Shell (que compró a Repsol sus derechos para exportar el gas en el 2013) ha estado haciendo lo mismo que Repsol en el 2011 (2), según un funcionario de Perupetro. Sin embargo, poco después, el presidente de Perupetro, Luis Ortigas, dijo que lo que había sucedido era que Shell había vendido el gas en México, pero no al precio bajo del Henry Hub, sino a un precio bastante mayor. Agregó Ortigas que eso no significa incumplimiento del contrato y que se está en conversaciones con Shell para que pague la diferencia (ídem).

  ¿Eso nomás?

El fondo de la cuestión aquí no es solo que Shell no le dijo a Perupetro que vendía en México a mayor precio, sino que el Estado peruano no tiene injerencia en los contratos de exportación del gas, debido a que no es el dueño de la molécula. Esto porque el Art. 10 de la Ley 26221 de 1993 establece que el dueño es el licenciatario, previo pago de la regalía. Allí está la madre del cordero: no tenemos la propiedad de los recursos naturales. Pero todavía hay más: la Comisión Federal de Electricidad de México tiene el contrato con Shell para comprar el gas al precio HH, como sabemos. Pero también la CFE firmó contratos en el 2013 y el 2015 para comprar gas a precio “spot” a Trafigura y British Gas, pagando US$ 15 a 16 por millón de BTU, mientras que el HH está en US$ 3 por millón de BTU. O sea, la CFE compra a precio “de regalo” al Perú y caro a otros “traders”. Aunque usted no lo crea (3). Es hora de que esto termine. El triunfo de Perupetro en el CIADI debe significar el primer paso para que Perú recupere la propiedad de la molécula, lo que pasa por la derogatoria del Art. 10 de la Ley 26221. ¿No es cierto? 

 (1) Ver el fallo completo, en español, en:

http://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/italaw4284_0.pdf (2) http://www.reuters.com/article/2015/06/03/peru-shell-lng-idUSL1N0YP02J20150603 (3) Ver www.cristaldemira.com, 30/09/2013.


 (*)Ver publicación en:

http://larepublica.pe/impresa/opinion/7844-lecciones-del-triunfo-de-perupetro-en-el-ciadi

LA CRUZADA NACIONAL POR LA PAMPILLA*

* Publicado por Alberto Ríos Villacorta el 09 de noviembre de 2012

En el Perú, se discute la posibilidad de venta de la refinería de La Pampilla, propiedad de la transnacional española Repsol. En 1996 fue privatizada y este año se ha convertido en un asunto de seguridad estratégica y soberanía energética.

La Pampilla funciona casi exclusivamente con petróleo importado, es decir, es un negocio de refinar crudo extranjero y de obtener un reducido margen de ganancia por la venta de derivados. Soberanía energética no es importar petróleo y refinarlo, ni tampoco depender del petróleo, sino más bien, elaborar un plan de despetrolización de la economía.

Un poco de historia

En junio de 1996, se privatizó el 60% de las acciones de la refinería de La Pampilla por un valor de 180 millones de dólares, incluyendo en la transacción 38 millones en valores de deuda externa. El contrato de privatización incluía además un compromiso de inversión de 50 millones en 5 años por parte del consorcio Relapasa, la agraciada de la compra de la refinería más importante del Perú. En el momento de la privatización, Repsol poseía el 55% del consorcio Relapasa, que además tenía como socios a YPF, Mobil y tres compañías peruanas.

En 1999, el actual Presidente del Directorio de Petroperú, Humberto Campodónico, elaboró un excelente informe sobre la privatización de Petroperú: "La Inversión en el Sector Petrolero Peruano en el Periodo 1993-2000". En ese documento se presenta una excelente información sobre el proceso de privatización de La Pampilla.

Según el anteriormente mencionado informe del actual Presidente de Petroperú, ya en 1997, un año después de la venta, el "holding" de Repsol facturó alrededor de US$ 851 millones en sus negocios de la refinería La Pampilla, en la empresa comercializadora de combustibles Corpetrol (90% de las acciones en manos de Repsol) y en Solgas, la Compañía Peruana de Gas (60% de las acciones en manos de Repsol).

En relación al nivel de ingresos, Repsol se encontraba entre las cinco primeras empresas del Perú. Un excelente negocio para la transnacional española, que además, con la entrega de un cheque se hacía con el control del mercado peruano de refino y distribución de combustible. En una sociedad adicta al petróleo es un simple cambio de distribuidor de la droga; el adicto y su adicción siguen siendo los mismos.

Jorge Manco Zaconetti, en su libro "Privatización e Hidrocarburos: Mito y Realidad. Perú 1991-2002", indica que la valorización real de la refinería de la Pampilla era de 460 millones de dólares, incluyendo el precio del terreno valorado en 104 millones de dólares. La privatización de la refinería de La Pampilla fue el resultado de la pésima gestión gerencial de un Estado corrupto y cortoplacista, que empleaba a la empresa petrolera estatal para satisfacer la fidelidad y clientelismo electoral de sus partidarios y como herramienta política para subvencionar el precio de los combustibles.

16 años después de la privatización, el Estado tiene la oportunidad de retomar el control de La Pampilla y posicionarse como actor monopólico en el mercado nacional de combustibles y así garantizar un controvertido concepto de seguridad energética.

El controvertido concepto de seguridad energética

Algunas puntualizaciones al controvertido concepto de soberanía nacional y seguridad energética.

• La venta de derivados del petróleo en el Perú, efectivamente, está en manos de Repsol y de Petroperú, no hay duda, pero la seguridad energética del Perú está asociada a la dependencia del petróleo, un bien escaso y caro, que el Perú no dispone y que genera inseguridad y vulnerabilidad energética.
• Es realmente indiferente quien controle el mercado de derivados del petróleo, chilenos, españoles o peruanos. El precio del petróleo ha entrado en una fase de encarecimiento irreversible debido a múltiples factores: agotamiento del crudo ligero, especulación de los mercados de futuro, encarecimiento del petróleo no convencional, tensiones geopolíticas en las zonas de producción y la dificultad de los productores en seguir la demanda.
• Pretender que el Estado controle las refinerías de Talara y La Pampilla para regular el mercado y establecer precios ficticios al crudo ligero es incrementar la dependencia de la economía peruana al petróleo en un periodo de la humanidad, caracterizado por altos precios de ese recurso fósil, además de distorsionar los precios de bienes y servicios e incitar el derroche de un recurso escaso y caro.
• El Perú es actualmente un importador neto de petróleo y de derivados del petróleo. La producción nacional no cubre ni la tercera parte de la demanda interna y, por tanto, es necesario importar petróleo crudo y derivados de petróleo para cubrir las necesidades del mercado nacional. Por tanto, regular el mercado interno implicaría imponer precios internos reducidos a un producto de importación caro, es decir, una vez más se plantea utilizar a Petroperú como herramienta política y sistema de control de precios.
• La historia reciente del Perú ya demostró lo inadecuado de esas medidas y las graves consecuencias económicas de subvencionar los derivados del petróleo en una economía altamente dependiente del petróleo como lo es la economía peruana. Una política de precios bajos del petróleo en el mercado interno implica la utilización de dinero público para compensar el desfase de precios.
• La dependencia del petróleo es la causa de la inseguridad energética y la culpa de la dependencia del petróleo recae en quien fomenta el consumo irracional del mismo con políticas incorrectas a largo plazo y con una visión desinformada de la realidad energética.

La estrategia a largo plazo de seguridad energética no es, por tanto, incrementar la dependencia del petróleo. La estrategia para garantizar la invulnerabilidad energética del Perú es desacoplar la economía del petróleo. El principal problema del Perú es elaborar una estrategia para despetrolizar el Perú y no incitar el consumo de derivados de petróleo a precios subvencionados.

La Pampilla y la estrategia de despetrolización 

Algunos especialistas indican la necesidad de recuperar la refinería de La Pampilla por razones de soberanía estratégica y seguridad energética. Se plantean una serie de reflexiones sobre la necesidad de la intervención estatal en la recompra de La Pampilla.

• La re-nacionalización de la refinería de La Pampilla no se sustenta con un discurso de seguridad energética ante inversores extranjeros. La dependencia del Perú es del petróleo y la estrategia correcta es despetrolizar la economía del país.
• Una estrategia de invulnerabilidad energética consiste, por tanto, en reducir el consumo de derivados de petróleo en el transporte de mercancías y en el transporte de personas así como en promover una agricultura menos dependiente de insecticidas, pesticidas y fertilizantes obtenidos a partir de recursos fósiles como el petróleo y el gas natural.
• El pilar del proceso de despetrolización es invertir en infraestructuras ferroviarias para el transporte de mercancías y reducir la dependencia de los precios de los principales productos de la canasta familiar de los precios internacionales del petróleo.
• Elaborar un plan de movilidad y transporte urbano sostenible basado en trenes y tranvías que permita electrificar el transporte en las grandes ciudades en paralelo a la construcción de instalaciones renovables de generación eléctrica.

Una importante reducción del consumo de derivados de petróleo derivará en un exceso de capacidad de producción instalada, y por tanto, incentivará la competitividad de un mercado de combustibles exclusivamente dirigido al transporte privado. Los ciudadanos que deseen disfrutar de amplios y modernos coches para su transporte y ocio deberán pagar los altos precios internacionales del petróleo y los elevados impuestos por la ocupación de espacio urbano, por la contaminación del aire y por el impacto visual generado.

Petroperú podrá exportar sus excedentes en un mercado internacional marcado por los elevados precios de los derivados de petróleo y las ganancias de la renta petrolera deberán emplearse en financiar el proceso de despetrolización del Perú y en la implementación de un sistema de movilidad y transporte sostenible.

Mientras, se deberá obligar a Repsol o a los nuevos dueños de La Pampilla a cumplir con la obligatoriedad de obtener derivados del petróleo con un valor inferior a 50 ppm de azufre. En caso de incumplimiento, se deberá proceder a la licitación internacional de la refinería de La Pampilla y en las bases exigir y supervisar la inversión necesaria para el cumplimiento de las exigencias medioambientales adaptadas al mercado internacional.

La modernización de la refinería de La Pampilla implicaría una inversión de 800 millones de dólares, por tanto, es un problema económico exclusivo de la transnacional española y que el Estado no debería permitir que se lo endosen. De lo contrario, la renacionalización de La Pampilla pasará a la historia nacional como la crónica de un rescate anunciado de una empresa privada por el Estado con dinero de los contribuyentes.

Si la venta de La Pampilla se realiza, la transnacional petrolera Repsol habrá hecho el mejor negocio de su corta historia. Comprar una refinería estatal a precio de saldo, 180 millones de dólares, y venderla a precio de oro, - según Morgan Stanley y el Banco ITAU BBA el valor de la venta oscilaría entre 280 y 400 millones de dólares -. Asimismo, Repsol con la venta de La Pampilla trasladará al Estado una deuda a largo plazo de 515 millones de dólares y se permitiría ahorrar 800 millones de dólares en un proceso obligatorio de modernización de la refinería.

Será complicado para el actual gobierno explicar a los electores nacionalistas la compra de una refinería, que se vendió a precio de coste y que se recompra para, bajo pretexto de un mal entendido concepto de seguridad energética, ahorrar a la transnacional española la inversión obligatoria en una planta de desulfurización.

¿Usted está de acuerdo con que el Estado retome el control de la refinería La Pampilla como medida de regular el mercado?