lunes, 5 de septiembre de 2016

UNA CAMPAÑA SUCIA CONTRA PETROPERÚ

S/ 451 millones de Utilidades Netas al I semestre 2016

ESCRIBE: JORGE MANCO ZACONETTI

Si existiera una clase dirigente en el Perú con una visión nacional de desarrollo, ésta sería la mayor interesada en tener una empresa petrolera estatal moderna, eficiente, rentable, que asegure el abastecimiento energético, por medio de los combustibles que se extraen de los hidrocarburos, como el petróleo, líquidos y gas natural.

En el mismo sentido esa clase dirigente no permitiría que la petrolera estatal fuese un botín de los gobiernos de turno, fuente de corruptelas y negocios privados, agencia de empleo con cada gobierno, con directorios inexpertos e ignorantes de la dinámica del sector de hidrocarburos. Igualmente no permitiría la administración e intromisión política en el manejo empresarial, con ministros de Estado al servicio del interés privado.

Una petrolera estatal moderna al margen o por encima de los grupos económicos e intereses privados aseguraría la reproducción del capital global en una sociedad y economía tan fracturada como la peruana. Prueba de ello ha sido el abastecimiento de combustibles en la Amazonía sin recuperar el impuesto general a las ventas (IGV) hasta el 2015. Ello ha significado por ejemplo que PetroPerú desde el 2001 hasta el 2015 ha subsidiado a las familias y empresas de la selva con cientos de millones de soles (más de S/ 1,800 millones), pues el Ministerio de Economía y Finanzas no reconoce aún su devolución.

Por medio de una empresa estatal como PetroPerú privatizada a medias desde los años noventa del siglo pasado, sin lotes petroleros que fueron transferidos al sector privado para su explotación pues supuestamente las empresas privadas deben asumir riesgos e invertir cuestión que no se verifica en la realidad si contamos el número de pozos exploratorios desde 1998 a la fecha. Un promedio de cinco pozos como promedio en las dos primeras décadas de este siglo. Es más, si no invirtieron cuando el precio del crudo estaba a 100 dólares el barril ¿Por qué habrían de hacerlo con precios menores a los 50 dólares?

Lamentablemente poco de ello se ha cumplido. Se debe recordar que se privatizaron lotes con el objeto de levantar la producción de crudo especialmente en las operaciones noroeste, Piura y selva norte (Loreto y Ucayali). Si en el año 1995 la producción de petróleo crudo era de 125 mil barriles diarios, hoy a inicios de setiembre del 2016 la producción interna no llega a los 50 mil barriles diarios.

Debiera ser evidente que esta realidad no sería responsabilidad de PetroPerú que abona precios internacionales por el petróleo producido internamente como el importado.

PETROPERÚ: FUENTE DE NEGOCIOS PRIVADOS

Se trasfirieron lotes petroleros que han permitido la valorización y capitalización de empresas privadas que se han internacionalizado con los recursos energéticos de nuestro país.

Así, por ejemplo la empresa Pluspetrol con la privatización del lote 8/8X a fines del 1995, y posteriormente con el lote 1-AB (2001) generó los excedentes para financiar su participación del 27.2 por ciento en el Consorcio de Camisea, en el  lote 88  (2004) y lote 56 (2008), sin mayor riesgo, pues las reservas de gas natural y condensados habían sido descubiertas en 1984 por la angloholandesa Shell.

Las operaciones de Pluspetrol en el lote1-AB ahora conformante del lote 192 ha dejado grandes pasivos ambientales que afectan la fauna y flora en la Amazonía, como también en el lote 8 (Trompeteros) y el estado no ha tenido la voluntad política de exigir la remediación ambiental de dichos pasivos, que son más graves a los derrames producidos por el Oleoducto Norperuano.

En el mismo sentido, los hidrocarburos que alguna vez fueron de PetroPerú han permitido la valorización y crecimiento económico como grupo empresarial a Graña y Montero Petrolera. Esta sin mayor experiencia en el sector a inicios de los noventa explotaba el lote I en Piura con menos de 200 barriles diarios luego pasó a  ser responsable del lote V, para más tarde sustituir a la noruega  de Interoil en los lotes III y IV. Hoy produce más de 6 mil barriles diarios y los excedentes obtenidos financian sus otras operaciones en el sector.

Es decir, gracias a los excedentes, es decir utilidades obtenidas por la explotación de petróleo, gas y líquidos pues también produce GLP (gas licuado de petróleo) financia su participación en el Gasoducto del Sur, y sus diversas actividades asociadas con la masificación del gas en la sierra.

Gracias a la privatización de los terminales de PetroPerú, en especialmente del Callao mediante la modalidad de alquiler, el grupo Graña y Montero realiza un gran negocio a expensa de la petrolera estatal, pues abona un promedio de 25 millones de dólares anualmente por la concesión desde 1999 y le cobra es decir le factura a PetroPerú por el uso de los mismos terminales un valor superior a los 65 millones de dólares por año, para que la petrolera estatal pueda abastecer el mercado nacional de combustibles (47 por ciento)

Por tanto, los titulares de diarios emblemáticos como El Comercio en especial el editorial del 4 de setiembre  del 2016, denominado “Petreoperú” debieran ser matizados, si se tiene presente que José Alejandro Graña Miró Quesada, principal accionista de la petrolera Graña y Montero y como tal usufructuario de negocios con PetroPerú, y de otro lado, sería unos de los accionistas mayoritarios del decano de la prensa nacional, que tiene evidentemente un interés de parte en retomar la privatización de la petrolera estatal.

RENTABILIDAD A PESAR DE TODO

En el cuadro “PetroPerú: Resumen de los Estados Financieros” al primer semestre del 2013 al 2016, se exponen los ingresos, utilidades brutas, operativas y netas de la petrolera estatal, destacando la mejora de sus resultados económicos, en especial durante el primer semestre del 2015 y 2016, obteniendo utilidades netas de 343 y 451  millones de soles respectivamente.

Esperemos que tales indicadores aumenten al final del año, pues es urgente y necesario que tales recursos se destinen al financiamiento de la modernización de la refinería de Talara cuyo avance al 40 por ciento está retrasado, si se tiene presente que la competencia Repsol/La Pampilla a partir del presente mes de setiembre procesará combustibles limpios con el diesel con 50 partes por millón de azufre, abasteciendo el principal mercado de Lima y Arequipa.

El presente gobierno a través de sus más altos funcionarios como el Presidente del Consejo de Ministros, y en especial, con los ministros de Economía y Finanzas más el de Energía y Minas que conforman la Junta de Accionistas de PetroPerú, que dicho sea de paso en el gobierno pasado a lo sumo se reunían una vez al año, han expresado el interés sobre un pedido de facultades al Congreso de la República para “reorganizar una vez más” a la petrolera estatal, arguyendo los reiterados derrames en el Oleoducto Norperuano, y el necesario sinceramiento sobre el costo real del financiamiento de la modernización de la Refinería de Talara.

En verdad, cualquier reorganización de PetroPerú que no asuma las recomendaciones de la consultora Wood Mackenzie contratada en el gobierno anterior, donde técnicamente recomendaba  la integración vertical, es decir la producción propia de petróleo y gas bajo responsabilidad de PetroPerú está condenada al fracaso, más aún si se tiene un directorio y gerencia general sin experiencia en materia de hidrocarburos, sin conocimiento del mercado de combustibles ni las particularidades de la petrolera estatal.

En conclusión, el problema central de PetroPerú no es técnico ni económico que tienen su explicación e importancia. Es sobre todo político e ideológico, pues el modelo recomienda su privatización a pesar de su rentabilidad, de los pésimos negocios que tiene que suscribir con privados la petrolera estatal entre otras perlas.

Lo grave es la falta de visión de estado, de largo plazo, de la ausencia de objetivos estratégicos como país donde los recursos energéticos estén al servicio de las grandes mayorías y permitan un abastecimiento seguro, oportuno, a precios razonables con respeto de las normas ambientales en todas las fases de las operaciones, producción, refinación, transporte y distribución.





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