NUEVA LEY DE HIDROCARBUROS EN DEBATE

LA TRAFA DE LAS RESERVAS PROBADAS

ESCRIBE: JORGE MANCO ZACONETTI

El proyecto aprobado en la Comisión de Energía y Minas en junio pasado con su dictamen respectivo, tiene como objetivo formal la promoción de las inversiones en el sector de hidrocarburos y como objetivo esencial consagrar la prórroga por veinte años adicionales a los contratos próximos a su vencimiento. Los mismos que sumados a los diez años permitidos por retención de lotes haría un total de treinta años. Todo ello se haría sin subasta, ni licitaciones por el valor de las reservas probadas y probables que son patrimonio de la Nación.

Es decir, las empresas responsables de estos lotes retendrían los mismos por un total de 60 años, más de dos generaciones de peruanos, si se consideran las fechas de inicio que se relacionan con la privatización fragmentada de PetroPerú, que data de los primeros años de la década de los noventa del siglo pasado, cuando se transfirireron pequeños lotes a costa del gran lote X de PetroPerú en la Cuenca de Talara, también se privatizaron las reservas e instalaciones de los lotes Z-2 B en el Zócalo Continental (1993) y el lote 8/8X en la selva nororiental en Trompeteros (1996).

Lamentablemente la mayoría parlamentaria del fujimorismo con el mandato de la señora “K”, con el aprismo, sus colegas de Alianza para el Progreso más Acción Popular que carga el pasivo histórico de la Página Once, votarán a favor de un proyecto que hemos calificado de ser un proyecto lobista, pues es un proyecto al servicio de las empresas petroleras que no asumieron riesgos, y ha sido estructurado con consultores, asesores ligados a la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo, y la Sociedad de Hidrocarburos. ¿El gato en la despensa?

También hemos afirmado que dicho proyecto es entregista pues  fomenta el mercantilismo, “la prórroga a dedo” en lugar de fomentar una sana competencia por el acceso más valioso que tienen dichos contratos expresados en el valor de sus reservas probadas, probables y posibles  que tienen los lotes en cuestión. ¡En un capitalismo moderno ello debía ser posible por medio de licitaciones públicas y transparentes!

Como es de conocimiento publico se trata de los contratos de servicios Z-2B bajo responsabilidad de Savia Perú en el Zócalo Continental, más los lotes I y V en Piura operados por Graña y Montero Petrolera que son contratos que tienen fecha de vencimiento antes del 2023.

En la misma condición se encuentran los contratos de licencia por los lotes II, VI/VII, X en Piura, correspondientes a Petrolera Monterrico, Sapet y CNPC de la China Popular respectivamente; se suman a los contratos próximos a su vencimiento antes de 2026, los lotes 8 operado por Pluspetrol Norte en la selva nororiental, como la Maple (31 B/D) y Aguaytía Energy (31C) en Ucayali.

POR UN MAYOR DEBATE

En razón de la coyuntura política  que vive el país marcado por la corrupción endémica, más la cercanía a un proceso electoral, el debate y la controversia entre el ejecutivo y las reformas constitucionales, ha captado el interés de la opinión pública, por tanto la atención sobre la Nueva Ley de Hidrocarburos (NLH) ha pasado a un segundo plano, cuando debiera convocar el interés público.

Si no fuera por los eventos políticos y académicos, sea en el Foro de Soberanía Energética que preside el congresista Dammert, en la Coalición de Sindicatos de PetroPerú, en los Organismos No Gubernamentales ambientalistas (ONGs), Frentes de Defensa en el norte y sur del país, con la participación de alcaldes, diversos medios de comunicación como Diario Uno, Radio Cutivalú de Piura, Universidades, el tema no tendría mayor difusión.

Es más, voceros e instituciones del estado tales como el Ministerio de Ambiente, la Defensoría del Pueblo en materia ambiental, han advertido en sendos informes que el referido proyecto de Ley de Hidrocarburos constituye un atentado contra el interés público en materia fiscal, y ambiental, pues colisiona con el ordenamiento sobre las facultades del ministerio del sector y será un fuente renovada de conflictos sociales con las comunidades nativas.

Al margen del evidente rentismo que constituye renovar los contratos por los lotes de hidrocarburos próximos a su fecha de vencimiento por 30 años más, el referido proyecto debe ser sometido a una revisión legislativa con expertos y consultores internacionales ajenos a los grupos de interés.

En verdad, una nueva ley de hidrocarburos debiera tener como punto de partida un análisis económico, productivo y financiero ponderado, lo más objetivo posible lejos del interés de parte de los “espadachines a  sueldo de las empresas”

Importa interrogarse sobre ¿Qué ha sucedido en el sector entre 1993 a la fecha? La evidencia nos demostraría la cruda realidad: el fracaso de los objetivos que justificaron la privatización de PetroPerú. También demostraría como mediante la privatización de la petrolera estatal se subvaluaron las reservas probadas en este cuestionado proceso, que ha significado una transferencia de riqueza desde el estado hacia el capital privado y los grupos de interés.

En tal sentido, una caso clamoroso de la subvaluación de las reservas probadas desde 1994 cuando se decide privatizar los activos, instalaciones y lotes de PetroPerú, lo constituye la experiencia del lote X que previamente fue “adelgazado” mediante la escisión y formación de varios lotecitos como los lotes I, II, III, IV, VI/VII, IX, que hoy detentan las empresas como Graña y Montero, Petrolera Monterrico, Sapet, CNPC y Unipetro.

LA TRAFA DE LAS RESERVAS

En diciembre de 1996 la petrolera argentina Pérez Companc pagó US $ 202 millones de dólares por los campos maduros del lote X que detentaba menos de 40 millones de barriles de reservas probadas. Se firmó un contrato de explotación donde supuestamente no estaba obligada a realizar inversiones de riesgo mediante pozos exploratorios, pues se trataba de un contrato de explotación.

Todo ello fue posible en el marco del proceso de privatización (COPRI), cuando el precio del barril no superaba los US $ 20 dólares, al margen de los compromisos de inversión, por un contrato que tenía 30 años de vigencia, y cuya fecha de vencimiento se cumpliría en diciembre del 2026.

Entre 1996 a la fecha (setiembre 2018) los campos, instalaciones y reservas del lote X ubicados en Talara, distrito del Alto han pasado por las manos de la petrolera Pérez Companc, la petrolera estatal Petrobras del Brasil y la petrolera china, CNPC.

En todos los casos de transferencia contractual el comprador pagó por las reservas probadas, probables, y posibles como parte de sus expectativas empresariales. Todo ello al margen de las inversiones necesarias para mantener y/o levantar la producción.

Como resulta evidente en el cuadro “Comparación del Número de Pozos Exploratorios Perforados y El Número de Pozos Desarrollados Perforados en el Lote X”, desde 1997 al 2017 no se ha perforado ningún pozo exploratorio, actividad de riesgo, y fundamentalmente las empresas responsables tales como Pérez Companc, Petrobras Energía y CNPC se han dedicado a drenar, aprovechar mediante 1,058 pozos de desarrollo, las reservas que dejó PetroPerú, que fueron estimadas de manera perversa en 37 millones de barriles, según los documentos oficiales de la privatización (COPRI).

Sin embargo, si las reservas probadas del lote X fueron estimadas en 37 millones de barriles en 1994, y si no se han perforado pozos exploratorios para descubrir más reservas probadas, pues supuestamente se trataría de un contrato de explotación, como resulta explicable que el petróleo extraído desde 1995 al 2017, sume los 105 millones de barriles de un crudo de alta calidad.

Es decir, para malbaratear los activos de PetroPerú y privatizar a cómo dé lugar, los responsables del proceso privatizador subvaluaron las reservas del lote X, que fueron estimadas en 37 millones de barriles de reservas probadas, cuando en verdad, en el subsuelo existían más reservas.

Con la propia estadística oficial desde 1995 al 2017 el petróleo extraído del lote X ha totalizado un volumen de 105 millones de barriles que se vende a precio internacional a la Refinería de Talara de PetroPerú. Esto significa que la petrolera estatal paga precios de mercado por el petróleo que le fue enajenado y sustraído. Ver gráfica “Lote X: Un Contrato de Explotación “

Actualmente el lote X es operado por la petrolera estatal china CNPC y tiene 75 millones de barriles en crudo como reservas probadas, entre probadas desarrolladas y no desarrolladas, y la lógica y sentido común nos hace pensar que existen más reservas en el peculiar subsuelo de la Cuenca Talara.

EPÍLOGO 

Por tanto, si en 1994 el lote X detentaba 37 millones de barriles como reservas probadas y se decía que era un lote maduro, de la época de la IPC. Y, no habiéndose realizado ni perforado pozos exploratorios entre 1995 al 2017, pero sí se han realizado pozos de desarrollo que han permitido explotar 105 millones de barriles, y las reservas probadas se han incrementado a los 75 millones de barriles en el 2017 según el Libro de Reservas del Ministerio de Energía y Minas, todo nos indica que existen más recursos.

Es decir, entre 1995 al 2017 las reservas probadas explotadas y por explotar suman los 217 millones de barriles, pero la empresa que se adjudicó el contrato pagó solamente US $ 202 millones por 37 millones de barriles en 1996. Por tanto, sea Pérez Companc, Petrobras Energía y la estatal china CNPC, se han beneficiado de manera extraordinaria por las reservas de un campo maduro que todavía guarda ingentes recursos que deben ser licitados al mejor postor.

Esta realidad, se reproduce en los demás lotes de la Cuenca Talara y Zócalo Continental, de allí el interés de las empresas petroleras por la indebida prórroga contractual. Por ello, en salvaguarda del interés nacional, la libre competencia, y transparencia los contratos próximos a su vencimiento con las reservas probadas deben ser licitados públicamente.