lunes, 16 de febrero de 2009

RENEGOCIACIÓN DEL Z-2B: IMPERATIVO NACIONAL ANTE UNA VENTA ESPURIA

Expreso, 11 de febrero de 2009

EDITORIAL

Sistema a prueba

Un gobierno como el actual, que convoca persistentemente al capital extranjero y alienta las inversiones, no necesariamente tiene que convertirse en autoridad débil o temerosa a la hora de hacer respetar la Constitución y la ley.

Pensamos que en el tema energético a Palacio le falta más firmeza y coherencia, específicamente en casos como el de la nulidad de la venta de Petro-Tech y el engaño del que son víctimas las industrias conexas. Incluso aquellas empresas que buscan generar electricidad usando como insumo el gas natural, pues éstas son desalentadas de hacerlo cuando se les dice que ya no hay gas.

Entonces existen dos temas en los cuales el presidente Alan García necesita hacer serios esfuerzos de esclarecimiento. En primer lugar, cuando un respetable parlamentario como Miguel Guevara Trelles, a la vez compañero de partido del jefe de Estado, señala que la venta de Petro-Terch a colombianos y coreanos es ficticia, ya que la referida petrolera sólo tiene un contrato de servicio con el Estado peruano y, por ende, no es dueña de las plataformas petroleras. Ello se suma a antiguos desaguisados protagonizados entre el Estado y Petro-Tech, es decir situaciones irregulares que vienen desde noviembre de 1993, cuando ésta fue “autorizada” a operar en nuestro país. Al respecto, un informe del Congreso de la República halló delitos en el contrato de concesión con Petro-Tech. Sin embargo hasta ahora la Comisión de Energía y Minas del Parlamento lo tiene encarpetado. Recordemos también que en junio del año pasado una subcomisión del Legislativo investigó la concesión de lotes petroleros durante la década del noventa y encontró indicios de ilícitos penales que comprometían a funcionarios de Petroperú y de Petro-Tech, en especial sobre el lote Z-2B. El informe está a la espera de ser debatido. ¿Hasta cuándo habrá que esperar?

En segundo lugar, hay otro caso que afecta los intereses nacionales y es el de la inoperancia del Ministerio de Energía y Minas para poner las cosas claras en cuanto a la expansión del gas natural. Es inminente la falta de este hidrocarburo para abastecer a la industria, e inclusive a la actividad petroquímica. Si no hay la distribución adecuada, ¿qué va a ser de megaproyectos como el del consorcio Petroperú-Petrobras? ¿Quedarán solo en el papel? Por eso le toca al gobierno cruzar el Rubicón para corregir lo mal que procedió en el tema del gas el régimen toledista y renegociar el contrato con el Consorcio Camisea a fin de priorizar la venta de gas al mercado interno y reducir la cuota de exportación (a México, EE UU y, por supuesto en medio de maniobras, a Chile).

No poner firmeza en el asunto de la venta nula de Petro-Tech, por cierto, encima sospechosa del financiamiento del “chuponeo”, nos haría pensar que probablemente el gobierno estaría extorsionado por algún “audio” o video aún no difundido. Asimismo, no poner coherencia en el tema del gas para destinarlo el mercado interno, haría creer que hay hipocresía en Palacio pues por un lado desde allí se dice promover el uso masivo del gas; sin embargo por el otro se deja que el Consorcio Camisea haga lo que quiera, inclusive contra el beneficio de miles de industriales y millones de peruanos que sí verían afectados sus costos en la medida en que no dispongan de mayor cantidad de gas natural para su consumo diario. ¿Acabará esta riqueza nacional como otras (salitre, guano o caucho), malbaratada y sin traernos desarrollo ni prosperidad.
Renegociación del Z-2B: Imperativo Nacional ante venta espuria
La novelista belga Margarita Yourcenar escribía en su obra “Las Memorias de Adriano” un texto que reflexiona sobre la soledad del poder donde sostenía que “tener razón antes de tiempo es otra manera de equivocarse”. Así, lo que está pasando con el caso Petro Tech Peruana S.A. era previsible desde su bastarda partida de nacimiento en 1993 hasta ahora, incluido los informes de Contraloría del 2007 y 2008, el Informe de la Comisión Guevara Trelles, el affaire de los petroaudios y la venta de las acciones a su matriz Offshore Internacional Group en los Estados Unidos de Norteamérica, más la reciente formación de una comisión investigadora del Congreso de la República, donde las fuerzas políticas de oposición increíblemente se negaron a participar.

Siempre he sostenido que el Contrato de Servicios Petroleros del lote Z-2B firmado en 1993 era y es un contrato lesivo para el Perú, que nació mal y que debía terminar peor desgraciadamente para el país, y que no debiera comprometer a otras empresas del sector que asumen sus compromisos con responsabilidad. En tal sentido, no se trata ahora de cuestionar a las empresas estatales de Corea del Sur y ECOPETROL de Colombia, que supuestamente han encontrado una gran oportunidad de negocios, con importantes compromisos de inversión para más que duplicar la producción de crudo en la zona ante el gran potencial inexplorado que tiene el Zócalo Continental y el mar adentro.

Tengo la impresión que los nuevos acontecimientos cuestionarán profundamente el sector de hidrocarburos afectando en particular la necesaria promoción de las inversiones y la estabilidad, gracias a las “malas prácticas” de una empresa y a un Estado complaciente en todos sus niveles, débil en la regulación y fiscalización que ha permitido una serie de anomalías, perversiones contractuales, pagos indebidos, laudos favorables, mínimas regalías, falta de mantenimiento de equipo y plataformas, venteo de gas, contaminación ambiental, abusos laborales, espionaje industrial, concentración indebida de lotes de exploración sin compromisos de inversión en firme, en fin una depredación de nuestros recursos naturales, morales y del stock de capital físico que sería impensable en el país del Tío Sam.

Comparto el punto de vista que la gran tolerancia y permisividad del Estado hacia los inversionistas privados no es un problema exclusivo de Petro Tech, en menor o mayor medida se repiten con los casos de Barrick Pierina, Hunt, Pluspetrol, Repsol, Shougang Hierro Perú, Southern, Mra. Yanacocha, Edegel, Edelnor etc. Resulta razonable que frente a un Estado laxo en la regulación y fiscalización medio ambiental, débil en el fiel cumplimiento de las inversiones y de los compromisos contractuales asumidos, en el abono real de impuestos, ausente frente a la sobreexplotación laboral, las empresas lo subsuman, lo capturen a su medida e interés usando a los grandes estudios de abogados como intermediarios jurídicos. Por tanto, el problema no es de las empresas, es del propio Estado. Así, se cumple el dicho popular que tiene una gran validez: ¡Si les das la mano a las empresas se van hasta el codo!

Esta es la triste historia de nuestro país republicano, desde el boom del guano hasta ahora, la tragedia de un pueblo y un país que no tiene una clase dirigente y un proyecto nacional de desarrollo con una visión de largo plazo para capitalizar el país y elevar el bienestar de nuestro pueblo, haciendo que la explotación de los recursos naturales se convierta en una palanca de desarrollo. El entreguismo y malbarateo de nuestros recursos naturales es de vieja data. El caso Petro Tech resume y supera todos los mecanismos de la acumulación del capital al viejo estilo, propio de piratas y filibusteros del siglo XVII, de allí la necesidad de renegociar este contrato lesivo para el Perú para afirmar la democracia y la legitimidad de las leyes del país, después de todo los contratos se firman para ser respetados.

UN POCO DE HISTORIA

Hemos sido testigos de excepción desde 1991, cuando el gobierno de ese entonces asume la decisión política de privatizar la actividad económica del Estado, en especial de PetroPerú y filiales como Petromar que operaba el lote Z-2B desde 1986 sustituyendo a la compañía norteamericana Belco Petroleum. Así, un resumen se puede obtener del capítulo VII del libro de mi autoría, “Privatización e Hidrocarburos. Mito y realidad Perú 1991-2002” ver
http://sisbib.unmsm.edu.pe/Bibvirtual/Libros/csociales/Privatizacion/cap_7.htm
donde en el capítulo en referencia “Privatización cuestionada y los costos de la reinserción. Una historia negra: Belco, Petromar, Petrotech”, analizo los antecedentes del contrato cuyo resumen expongo a continuación.

El Contrato del Lote Z-2B en el Zócalo Continental fue firmado con Petro Tech Peruana S.A. y el Estado peruano representado por PetroPerú. Se debe recordar que dicho contrato se firmó en 1993 cuando el gobierno de ese entonces tomó la decisión de privatizar el íntegro de la actividad petrolera en manos de PetroPerú. Era la época donde los responsables del gobierno afirmaban que se debía privatizar una empresa pública por semana (Jaime Yoshiyama y Carlos Boloña - dixit)

A diferencia de otras transferencias al capital privado, esta privatización tenía como antecedente el asunto de la estatización de la Belco, empresa petrolera americana ligada al clan de los Bush, y que al ser estatizada en el primer gobierno del presidente A. García, y al no llegarse a un acuerdo de valorización de sus activos, que no valían más de 90 millones de dólares según nuestras estimaciones, el Estado peruano durante el gobierno del presidente Alberto Fujimori tuvo que abonar más de 236 millones de dólares a la aseguradora de la Belco, la famosa AIG (American Internacional Group), por los llamados costos de reinserción internacional, ante la debacle y crisis económica de los años ochenta.

Se debe tener presente que la mayor parte de la deuda la pagó PetroPerú y estos recursos han sido tardíamente reconocidos por el Estado peruano a favor de la petrolera estatal, con el alquiler de las plataformas marinas por un valor de 10 millones de dólares anuales que hasta antes del 2006 los captaba el Ministerio de Economía y Finanzas, descapitalizando a la empresa estatal. Así, en el libro “Privatización e Hidrocarburos: Mito y Realidad Perú 1991-2002, editado por el Fondo Editorial UNMSM, escribía que durante: “el segundo semestre de 1999, el gobierno canceló el íntegro de los adeudos a la aseguradora. Mas cabe tener presente que de los mismos PetroPerú ha tenido que pagar por concepto del Decreto de Urgencia Nº 124-94, es decir expresamente los reconocimientos de deuda externa con la AIG, sumas en 1995 de US$ 125 millones, de US$ 30 millones (01/07/96) que representaba la porción correspondiente a 1996 y ha pagado también la cuota correspondiente a 1997 que sumaba los US$ 28.4 millones en julio de dicho año. Es decir la empresa, de sus recursos hacia agosto de 1997, había ya desembolsado alrededor de US$ 183.4 millones de los US$ 236 millones comprometidos a pagar a la American Internacional Group (AIG), por el asunto de la Belco. (página 238)”

Esto significa que la petrolera estatal y en última instancia todos los peruanos hemos pagado por las instalaciones y plataformas más los hidrocarburos existentes en el lote Z-2B, gracias al cargo del 7.5% de las ventas de combustibles en el mercado interno realizadas por PetroPerú. Es decir, a diferencia de otras privatizaciones la empresa estatal de sus ventas deducía el 7.5% para el abono de la deuda con la AIG, de allí que el Estado sea el titular de los yacimientos, reservas, equipos y plataformas. Esta es la base fundamental para renegociar este contrato de servicios, específicamente del Z-2B, los otros nueve lotes transferidos por Petro Tech a los nuevos accionistas están firmados como Contratos de Licencia, que están en la fase de exploración donde no se produce un barril de crudo, y se requieren fuertes inversiones de riesgo.

Se debe tener presente que en el Acuerdo de Bases firmado entre el gobierno y los representantes de la AIG llevaron su tiempo para encontrar una valorización aceptable para las partes, negociando desde 1988. Así, “En resumen, el valor de los activos fijos de la Belco al 31 de agosto de 1988, era equivalente a US$ 147.4 millones, que a su vez fueron actualizados al 31 de diciembre de 1991, para determinar un capital de US$ 184,768 millones, que resultan ser los montos por pagar acordados entre el gobierno del presidente Fujimori y la AIG en la reunión del 17/12/91, a través de los altos funcionarios de su gobierno y la aseguradora”. (página 228)

El cuadro que se presenta expone las diferencias existentes entre la valorización que realizó la Belco en su momento y la valorización realizada por PetroPerú hacia 1985. Ver cuadro “Diferencia en la Valorización de Belco Petroleum”, donde las mayores divergencias estaban en relación a los pozos productivos, inyectores, pozos inactivos, en proceso de perforación, con un diferencial de 164 millones de dólares. El segundo punto controversial en importancia está en relación a las plataformas marinas que la Belco estimó en 100 millones de dólares y PetroPerú en 39 millones. En su conjunto, la Belco estimó sus activos en más de 491 millones y PetroPerú en 175 millones de dólares, de allí que la solución de este diferendo le otorga características especiales a este Contrato de Servicios.

A la valorización efectuada en 1988 por PetroPerú de 175 millones de dólares había que sumarles los intereses y restarle una serie de acotaciones de impuestos, que en resumen determinaban un monto por pagar de 147 millones de dólares la que a su vez había que actualizar con tasas de interés simple para llegar a los 184 millones de dólares en diciembre de 1991.

Es a partir de esta realidad contractual que se puede entender la especificidad, es decir, las particularidades del Contrato de Servicios Petroleros firmado en noviembre del 1993 entre PetroPerú S.A. y Petro Tech Peruana S.A. con intervención del Banco Central del Perú y el Ministerio de Economía y Finanzas y Petro-Tech Internacional Inc.



ESTADO PROPIETARIO

Gracias a la solución del diferendo con la AIG, al haber resuelto el problema de la estatización de la Belco Petroleum, el Estado a través de PetroPerú, luego sustituido por PerúPetro, resulta siendo el titular de los hidrocarburos y de las instalaciones existentes en el lote Z-2B. Así, el contrato es claramente explícito que se trata de un Contrato de Servicios donde el titular, el propietario del crudo “in situ” y extraído es el Estado, es decir, de todos los peruanos. Por ello, se expone que “PetroPerú es titular del Área de Contrato, siendo los Hidrocarburos “in situ” de propiedad del Estado y los extraídos de propiedad de PETROPERÚ”. Cláusula Preliminar”

Más adelante en la cláusula 2.4 se señala que: “Todos los Hidrocarburos producidos en el Área de Contrato son de propiedad de PETROPERÚ S.A. desde el momento de su extracción. El Contratista producirá dichos Hidrocarburos y tendrá el derecho de recibir una retribución en especie, la que será pagada en Hidrocarburos de la misma clase y calidad de los Hidrocarburos entregados en un Punto de Fiscalización de la Producción….”

También en la cláusula 8.1 se suscribe “PETROPERÚ, en su condición de propietario de todos los Hidrocarburos que se extraen, acuerda que retribuirá al Contratista, en un Punto de Fiscalización de la Producción, con un volumen de Hidrocarburos provenientes del Área de Contrato, como pago en especie por la ejecución de las operaciones”

Si bien, son múltiples las irregularidades propias de una empresa poco transparente, en este contrato lesivo a los intereses del país, el Estado peruano, representado primero por PetroPerú y luego con PerúPetro tiene que pagar una retribución en especie promedio de 84 %, por un petróleo que antes era de su propiedad a través de Petromar filial de PetroPerú. Esto significa que por cada 100 barriles producidos se le retribuye 84 barriles que luego la contratista revende a Petroperú para la refinería Talara, a precios internacionales.

Esto significa que la regalía equivalente, es decir lo que resta para el Estado, en el Lote Z-2B sea del 16 % y se mantenga en el mismo rango del factor “R” menor al 1.5%. Se debe tener presente que este factor estima la relación entre ingresos acumulados y los egresos por inversiones más gastos y costos operativos acumulados, realmente realizados por el Contratista (Cláusula 8.3)

Al margen, que no están consideradas como egresos los montos por depreciaciones o amortizaciones, sí se deducen los 10 millones de dólares por el alquiler de las plataformas, y mientras mayores sean los costos, precios de transferencia, las relaciones contables con afiliadas y empresas vinculadas, los costos serán mayores, por tanto el llamado factor “R” se conserve por debajo del 1.5% en los quince años de contrato, gracias a la benevolencia del organismo regulador PerúPetro, que con excepción de la gestión del Ing. Daniel Saba de Andrea (2006-¿?) y su equipo gerencial ha cobrado impuestos dejados de pagar, enfrentado con coraje el problema de la Planta Procesadora de Gas Pariñas, lo que hasta el momento ha representado ingresos para el fisco por más de 38 millones de dólares.

En verdad, por las “malas prácticas” empresariales de Petro Tech Peruana el factor “R” fundamental para fijar la participación del Estado siempre se ha mantenido por debajo del 1.5%. Ello determina, que la regalía equivalente sea menor al 16%, pues la retribución al contratista es del 84%, e incluso hasta más pues PerúPetro tiene que asumir algunos impuestos ligados a la importación de equipos y otros.

Este punto referido a la retribución fijada por el factor “R” también debe ser renegociado para el lote Z-2B, y sometida a una exhaustiva investigación incluso por una consultoría externa sobre los egresos, valores de inversiones, gastos y costos operativos acumulados que han sido sobredimensionados, esta sería una “Caja de Pandora.



¿QUÉ SE DEBE RENEGOCIAR?

Por ello, al margen de las leguleyadas de los más conspicuos estudios jurídicos que han asesorado directamente o indirectamente a Petro Tech Peruana, el Estado debe renegociar aspectos sustantivos del Contrato de Servicios Petroleros del Z-2B, todo ello al margen de las investigaciones de la Contraloría General de la República y de los indicios razonables de ilícitos penales y administrativos, que deberán ser asumidos por los nuevos accionistas.

En tal sentido, el gobierno actual debiera renegociar el alquiler de las plataformas bajo el principio del “costo de oportunidad”. Por tanto, el alquiler de las plataformas y equipos debieran estar indexados al precio internacional del petróleo. Así, si el precio de los hidrocarburos se eleva por encima de los 100 dólares el barril o el gas natural alcanza un mayor precio, mayores debieran ser los ingresos para PetroPerú por el alquiler de los equipos y plataformas. Justificación para ello es la negociación que se efectuó con las tarifas del Oleoducto Norperuano con la empresa argentina Pluspetrol.

El argumento tiene su base no solamente en el derecho contractual y en el principio de la realidad. Ha sido la propia debilidad del Estado sea la Dirección General de Hidrocarburos (DGH), el organismo regulador Osinergmin, PerúPetro, Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República, Contraloría que no se ha fiscalizado a conciencia la conservación de las plataformas y equipo que el Estado tuvo que pagar gracias al Acuerdo de Bases de 1991. Así, la cláusula 20.14 señala que “El Contratista tiene la obligación durante la Vigencia del Contrato y es de su absoluta responsabilidad, el mantenimiento normal, efectivo, continuo y total de los bienes, materiales, y equipo destinado a las operaciones”

Solamente el incumplimiento de este artículo debió ser causal de fuerza mayor para resolver este contrato lesivo al interés nacional. Por ello, debe renegociarse el valor del alquiler respecto a las plataformas y sobre todo incrementar la regalía equivalente para satisfacer el interés público y del Estado o en su defecto apostar por la intervención como accionista de PetroPerú en el lote Z-2B conjuntamente con ECOPETROL de Colombia y Korea Nacional Oil Corporation (KNOC), empresas estatales de reconocida solvencia económica y prestigio a nivel mundial. Con ello se asegura la integración vertical de PetroPerú y se fortalece su modernización.










SE DEBE RENEGOCIAR EL CONTRATO EN EL LOTE Z-2B





Nuevos Dueños de Petrotech deben pagar más regalías equivalentes


En entrevista radial del día domingo 15 de febrero, se expone la necesidad de que el Estado peruano se siente a renegociar el contrato del lote Z-2B, con los nuevos dueños que compraran Petrotech Peruana SA. Debiera negarse el pago del alquilar de la plataforma del lote, así como debiera negociarse un mayor pago de regalías equivalentes, con lo cual la región piura y el país, percibiría mayores ingresos de la explotación de hidrocarburos de una empresa que ha sido y es rentable pero que no ha contribuido con el país.





Así mismo debiera ponerse como prioridad la participación de Petro Perú en la etapa de explotación, es decir que vuelva a tener sus lotes petroleros, para encontrar la integración vertical y aprovechar la llamada renta petrolera.






RADIO CUTIVALÚ DE PIURA

Programa Radial "Punto de Encuentro"

LA COLUMNA DE JORGE MANCO, 22 de febrero de 2009

Escuchar entrevista:.....

1 comentario:

Luis Siabala Valer dijo...

Este es un artículo revelador, corolario de los pronósticos maduros del autor, dicho sea de paso un navegante solitario que no ceja de aplicar su espíritu nacional sin chovinismo, pero que los responsables no permiten atracar en puerto peruano alguno. Una suerte de Solón nacional redivivo, que no se desea escuchar. Conviene sin embargo que aquellos atiendan, recapaciten y obren en función al interés nacional, siempre están a tiempo.

A don Jorge Manco se suma ahora su colega de la Universidad de Zürich, Peter Köenig, ex funcionario del Banco Mundial por muchos años. Es decir, los contratos lesivos al Perú son un secreto a voces. Nuestras autoridades, responsables de la administración, atadas a la ignorancia o a otra inconfesable perversa razón, igualmente lo serán con la historia o cuando tengan que dar cuenta de sus actos ante la justicia: en una entrevista de 13 de febrero de 2009 que la titulan los medios como Crisis: ahora viene lo peor:

http://lacocalocacompany.blogcindario.com/2009/02/03367-crisis-ahora-viene-lo-peor.html

Aquí, glosas en lo tocante al Perú:

-¿Desde el momento en que se publica su libro Implosión en 2007 ha ocurrido algún gran cambio en la economía mundial?

-Los cambios son prácticamente la concreción de lo que predije en el libro. El colapso de la economía capitalista lo preví, quizás de una manera un poco diferente; pero por las mismas razones: el endeudamiento extremo, sin límites, sin regulaciones. En ese endeudamiento contribuyen mucho el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.

Ellos influyen mucho en que se endeuden países en vías de desarrollo, como el Perú, países que en principio no necesitarían deuda externa, si supieran manejar bien sus recursos internos, sus recursos naturales. Hoy, algunos están cambiando, como Bolivia, Ecuador., otros no. Mientras que están con la deuda externa hasta el cuello, llegan corporaciones internacionales para decirles: ustedes tienen muchos recursos, nosotros podemos explotarlos, y así ustedes pueden pagar la deuda. En el caso del Perú ha habido una diferencia, porque generó bastantes ingresos. Pero eso va a terminar, porque el país va a ser afectado como todos los demás. Lo que está pasando en Camisea (gran proyecto de explotación de hidrocarburos), por ejemplo, es desastroso, sobre todo para la población nativa: la destrucción del medio ambiente, la contaminación de los ríos, la eliminación de plantas nutricionales y medicinales. El río Urubamba y los tributarios de ese río, en la zona donde viven los Machiguengas, están siendo destrozados por Camisea. Sin em-bargo, el proyecto Camisea prácticamente deja muy poco, menos del ocho por ciento como regalía. Igual ocurre con muchas empresas de la gran minería. Yanacocha no paga ningún impuesto, gracias a arreglos de la época de Fujimori y Montesinos. Pero se hubieran podido introducir cambios con el gobierno actual, como lo han hecho otros países. En Bolivia, las empresas de hidrocarburos pagaban muy poco. Con Evo Morales se alzó la cortina, y ahora, en lugar de obtener 18 por ciento de regalías, obtiene 82 por ciento. Las corporaciones han protestado; pero ninguna se ha ido, porque todavía siguen ganando lo suficiente. A mi juicio, esa puerta está abierta para cualquier nuevo gobierno, que encuentre que ese tipo de contratos se ha impuesto de forma ilegal. Ecuador ha hecho una auditoría para determinar qué parte de su deuda externa es fraudulenta y cuál es legal. Parece que el 40 por ciento de la deuda externa de diez mil millones de dólares es fraudulenta. Parece que esa parte no la van a pagar, ni el servicio de la deuda.

TLC: un desastre para el Perú

-¿Cómo está el Perú frente al Fondo Monetario y el Banco Mundial?

-El Perú es uno de los pocos países de América Latina que todavía trabajan mucho con el Banco Mundial. Los demás se liberaron del FMI y tienen pocas operaciones con el BM. En Argentina y Brasil, por ejemplo, antes el BM decía: "ustedes necesitan un proyecto acá, doscientos millones de dólares para esto, etcétera". Ahora Argentina como gobierno soberano decide lo que requiere como préstamo eventual. Igual pasa con Bolivia, Ecuador, Brasil y Venezuela.

-¿Cómo se ubica Chile? Está en dificultades.

-Está en dificultades. Chile es un caso un poco especial, pero también trata de liberarse de las condiciones sociales duras del FMI. Chile es, junto con el Perú, el único país de América del Sur que tiene TLC. Pero ellos lo tienen desde los años 90. Todos los demás han rechazado un TLC con Estados Unidos. En cambio, el Perú fue varias veces a rogar al Congreso norteamericano para que ratifiquen el TLC. Y, creo que lo dije ya la vez pasada, el TLC con EE.UU. va a ser para el Perú un desastre. Sobre todo el campesino pobre, el agricultor, va a sufrir enormemente.

-El argumento es una mentira total. Lo que va a pasar es que van a llegar una docena de productos agrarios de los Estados Unidos, que allá son altamente subvencionados: ese país subvenciona su producción agraria con 300 mil millones de dólares anuales. No tengo en la memoria todos esos productos; pero puedo mencionar los tres más importantes para el Perú: arroz, maíz y algodón. Son productos de larga, larga tradición del Perú, que se cultivan en la costa. Los cultivos estadounidenses subvencionados van a invadir el mercado. Como parte del tratado, el gobierno peruano va a tener que eliminar los aranceles para esa importación. Los productos van a ser más baratos que los peruanos. Pero va a haber intermediarios, probablemente peruanos con intereses extranjeros, que van a beneficiarse de esa diferencia de precio. Pero esa diferencia, por pequeña que sea, hará que el pequeño agricultor peruano ya no pueda competir y por consecuencia producir. Resultados similares se ve desde ya tiempo en México con NAFTA y está ocurriendo ya con el proyecto Chavimochic en la región de Trujillo, donde el gobierno está privatizando la tierra, un proceso que empezó desde 1995. Ahora quiere privatizar el agua. ¿Qué significa eso? Significa que van a llegar grandes corporaciones, quizás peruanas con capital extranjero, que se van a implantar en las casi 150,000 hectáreas del proyecto. Van a captar el agua del río Santa, que es el más caudaloso de toda la costa. Se trata de un proyecto principalmente agroindustrial multipropósito que incluye un proyecto hidroeléctrico, creo que para 68 megavatios, mucha infraestructura de riego, sin duda con técnica moderna. El costo estimado del proyecto es de 1,600 millones de dólares, en gran parte financiado con préstamos. El pequeño agricultor no va a poder competir con eso. He hablado con agricultores de la zona, y dicen: "mejor vendemos, mientras podamos". Van a vender por una miseria. ¿A quién? A las grandes agrocorporaciones. Allí se va a producir espárrago, paltas, ají, pimiento, todo lo que se puede exportar en el marco del TLC. Los campesinos pobres van a abandonar sus chacras y van a migrar y poblar los pueblos jóvenes.

-En el complejo de agua amazónico, ¿qué papel, que dimensión tiene el Perú?

-La dimensión del Perú es muy interesante. En total, si se mide el agua renovable por persona y por año, el Perú tiene uno de los niveles más altos del mundo: 25 mil metros cúbicos por persona. Sin embargo, el agua está muy mal distribuida. La vasta mayoría está en la Amazonía. En la costa, donde está el 70 por ciento de la agricultura, los 2,500 kilómetros son prácticamente desérticos. Pero el suelo es muy fértil cuando se riega. En la costa sólo hay unos mil metros cúbicos renovables por persona y por año. Hay un fuerte déficit. Lo que se está haciendo es utilizar el agua de los más de 50 ríos que bajan de los Andes hacia el Pacífico. Treinta por ciento de esa agua se capta para consumo doméstico e industrial, riego e hidroeléctricas. Setenta por ciento se va, sin utilizar, al Pacífico […].

[…]Otro gran proyecto de transferencia de agua es la CORINA, que actualmente se viene coordinando con el gobierno coreano. Es un fantasma, que tiene casi la envergadura del proyecto de los tres valles en China. Consistiría en retener agua del río Marañón en la altura de Huánuco. Tendría un costo de unos 15,000 millones de dólares, requiriendo masivas infraestructuras de cientos de kilómetros de canales y túneles para generar hidroelectroenergía, riego, abastecimiento de agua para Piura, Lambayeque, La Libertad, Áncash, Lima, Ica. Sería otra catástrofe socio-ambiental, sobre todo cuando hay otras soluciones mil veces menos dañosas y menos costosas.[…]

Me aúno al grupo de peruanos que aman al Perú y felicitan a don Jorge Manco Zaconetti que no pierde de vista aquello de "El Perú es un pobre sentado en un banco de oro", del célebre Raymondi.