PERÚ: SI QUIERES PAZ PREPÁRATE PARA LA GUERRA

¿A Futuro: 5% del Canon Minero y Regalías para las FFAA?

Seguramente con la mejor intención se ha aprobado en la Comisión de Defensa del Congreso de la República, un proyecto de la Célula Parlamentaria Aprista cuya autoría corresponde al primer Vicepresidente de la República Vicealmirante en retiro y congresista Giampietri Rojas, por medio del cual se modifica la ley general del canon minero, y cuya esencia consiste en “destinar a las FF.AA, el 5% del total de los fondos recaudados por el concepto de Canon y Regalías que se otorguen a futuro por la explotación y comercia-lización de nuevos recursos. Es decir la distribución y las prestaciones económicas que vienen pagando los inversionistas a favor de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, no serán modificadas ni afectadas.”

En verdad, con el articulado y por más buenas intenciones, el referido proyecto no deja de ser un valiente saludo a la bandera, pues no afecta las fuentes originales de riqueza, siendo el Estado peruano a nombre de la Nación, el titular de los recursos naturales renovables y no renovables, que no está percibiendo el íntegro de las regalías. En el caso de la actividad minera ante la grave omisión de las grandes empresas mineras como Mra. Yanacocha, Mra. Antamina, Mra. Cerro Verde, Mra. Tintaya que no abonan regalías al igual que la minería informal que produce más de 20 toneladas de oro por año, el Fisco no está captando importantes recursos que podrían aportar sustantivamente al Fondo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional.

El aporte de mayores regalías mineras y una efectiva fiscalización de la minería informal que no abona regalías ni el impuesto a la renta sería una alternativa realista antes que afectar los intereses de los gobiernos locales y universidades estatales de las regiones mineras. Como diría el viejo Pierre Proudhon, el no pago de regalías al Fisco por parte de la gran minería y la minería informal “constituye un robo” al país, al margen de la cuestionada vigencia de los contratos de estabilidad jurídica, tributaria y administrativa.

El proyecto de ley Nº 3058/2008-CR trata de incrementar el Fondo para las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, que hasta ahora solamente tiene una participación (40%) sobre las regalías gasíferas pagadas al Fisco, en razón de la explotación del lote 88 de Camisea. Estos menguados recursos resultan luego de deducir el canon gasífero al Cusco (50%), y descontados los recursos del FOCAM (25%), Fondo de Desarrollo Socio Económico de Camisea para Ayacucho, Huancavelica, Ica y Región Lima, más la participación de Aguaytía.

GASTOS EN DEFENSA EN LA COLA

A diferencia de nuestros vecinos del sur que tienen a la empresa estatal Corporación del Cobre (Codelco) que destina el 10% de los ingresos de exportación para financiar la modernización de las fuerzas armadas de Chile con ingresos anuales que promedian los 1,500 millones de dólares, al margen del impuesto a la renta, regalías mineras, utilidades y otras contribuciones que realiza la empresa estatal al erario chileno.

Evidentemente los acuerdos entre Codelco con la República Popular China permitirá incrementar en más del 50% la producción cuprífera y por tanto mantener los ingresos fiscales a pesar de la disminución de los precios internacionales del cobre que superan los dos dólares la libra. Debe ser evidente que gracias a la ley Reservada del Cobre, Chile nos aventaja abismalmente en poder defensivo y ofensivo, y en algún momento de la historia pasarán la factura por sus crecientes e indiscriminadas inversiones en nuestro país, al margen de los resultados del diferendo marítimo en la Corte Internacional de la Haya.

En el mismo sentido, nuestros vecinos del norte tienen a la empresa estatal petrolera PetroEcuador y a una serie de empresas donde los miembros de las fuerzas armadas tienen directa participación. Gracias a los ingresos petroleros que gozaron de un boom de precios hasta el tercer trimestre del 2008, pero que se mantienen sobre los 50 dólares el barril, las fuerzas armadas del Ecuador tienen directa participación, ello deriva en un mayor gasto per cápita en defensa en relación a nuestro país.

Podemos coincidir con la fundamentación del proyecto en referencia, sobre la necesidad de potenciar y dotar de recursos a nuestras fuerzas armadas para el mantenimiento y operatividad del material y equipo, pues los recursos del Fondo para las FF.AA no se gastarían en remuneraciones. Asumimos que el crecimiento y desarrollo económico supone y exige la seguridad y un nivel operativo de las fuerzas armadas para que tengan un carácter disuasivo, al margen del liberalismo suicida que se impuso en los últimos años, determinando que nuestro país tenga el menor coeficiente de los gastos en defensa después de la Argentina.

Así, en la sustentación del proyecto de ley Nº 3058/2008-CR, se expone que hasta el 2006, la participación de los Gastos en Defensa como porcentaje del PBI, fue así: Colombia encabezaba la lista con una participación del 4%, seguida de Chile con un 3.6%, Ecuador con un 2.3%, Brasil con 1.5%, Bolivia con un 1.4% y en la cola el Perú con 1.3%.

Sin embargo, un indicador más ajustado de los grandes desequilibrios está en relación al gasto de defensa por persona de los países vecinos al Perú. Así, será evidente que en Chile para el 2007, el gasto per cápita era de 290 dólares, el más alto de la región, seguido por Colombia 112 dólares por habitante, Ecuador con 89 dólares y a la cola el Perú con 39 dólares. En este contexto el gasto en defensa per cápita de Chile frente al Perú es de 7:1, esta sería una razón suficiente para financiar en el menor tiempo posible el Fondo para las Fuerzas Armadas.

Evidentemente gran responsabilidad en este desbalance está en relación con las políticas de ajuste estructural, privatización y des regulación que han minimizado el rol del Estado en el mercado y en la acumulación estatal. Se debe recordar las condicionalidades impuestas a nuestro país por el Banco Mundial y el FMI, y la privatización de rentables empresas públicas sobre todo del sector de energía y minas, que hoy estarían aportando al Fondo importantes recursos.

Al margen de ello un Estado que no tiene recursos ni para financiar la seguridad interna y externa contra flagelos como el narcotráfico, el terrorismo, la violencia urbana, el creciente contrabando por tierra, aire y mar; asegurar la preservación de los recursos naturales, hacer frente a los desastres naturales, etc; está condenado a la inviabilidad en el largo plazo. De allí, la necesidad de replantear la relación entre el Estado y el mercado, con una renegociación con las grandes empresas mineras, por una mayor fiscalización a la minería informal, un elevación de los derechos de vigencia e incremento de regalías mineras exclusivamente para el financiamiento del Fondo para las Fuerzas Armadas.

CONTRIBUCIÓN MINERA AL FISCO

En el siguiente cuadro podemos estimar la contribución de la actividad minera formal en el período 2004-2008, asumiendo el 100% del impuesto a la renta abonado por los titulares mineros, donde en el uso del “jus imperium”, el Estado transforma el 50% del impuesto como canon minero. No consideramos el IGV en la medida que parte de este es trasladado al consumidor final cuando se trata de ventas internas (5%) y en el grueso de las exportaciones mineras, las empresas perciben el beneficio de la devolución de impuestos (Draw Back), bajo el principio que no se exportan impuestos.

Se consideran los derechos de vigencia mineros pagados por los titulares mineros que están en la fase de exploración y explotación y que constituyen un ingreso al Estado de 3 dólares por hectárea, las regalías mineras que se hacen efectivas desde mediados del 2004 pero que se desembolsan recién en el 2005, y el famoso Aporte Voluntario de las empresas que si bien no constituye un recurso fiscal, es una contribución real ante las utilidades extraordinarias obtenidas durante el boom minero 2004/2008.

Para hacerlo más simple el lector podrá obtener sus conclusiones. En el año 2004 el impuesto a la renta pagado por las empresas mineras por el ejercicio 2003 sería de 267 millones de dólares que sumados a los derechos de vigencia de dicho año totalizan los 274 millones, que relacionados a los ingresos de exportación del 2004 representan el 3.9% de los ingresos por concepto de venta exterior.

Ello equivale a decir que por cada 100 dólares que se obtienen por la exportación el Estado capturaba solamente 4 dólares. Resulta evidente que con los altos precios de los minerales y un relativo incremento de la producción, los ingresos fiscales se incrementaron para constituir el 21.2 % de los ingresos de exportación en el 2007.

En el 2007 el impuesto a la renta captado por el Estado producto del ejercicio del año anterior fue equivalente a 3,296 millones de dólares, que sumados a los 160 millones de dólares de regalías, más el Aporte Voluntario de 166 millones y derechos de vigencia 31 millones de dólares, totalizaron los 3,652 millones de dólares.

Esto significa que en el mejor año del boom minero, de cada 100 dólares de exportación el Fisco captaba 21 dólares, valores insuficientes en relación a la riqueza obtenida y al carácter de recursos naturales no renovables, al margen de los efectos depredatorios y de contaminación ambiental, externalidades negativas y “malas prácticas” empresariales.

EPÍLOGO

Si de verdad se aspira a fortalecer el Fondo para las Fuerzas Armadas y Policía Nacional para recuperar el carácter disuasivo del material de guerra y operatividad del equipo militar, no se puede esperar a la maduración de los nuevos proyectos mineros ni afectar a futuro a los gobiernos locales especialmente al distrito productor ni a las universidades públicas de las regiones mineras.

Todo ello al margen de los beneficios tributarios como el “arrastre de pérdidas”, que permite el recupero de la inversión hasta 4 años a los proyectos mineros y 8 años a los megaproyectos que demorarían las transferencias al Fondo como sería el caso de Toromocho, La Granja, Majaz, Las Bambas que tendrán un lento período de maduración en razón de la crisis internacional.

Es decir, el Estado estaría percibiendo menores recursos por concepto de impuesto a la renta a futuro y con tardanza. Evidentemente esto afecta el fortalecimiento del Fondo.

Desde el punto de vista del interés nacional, el Fondo debe potenciarse a partir del cobro coactivo de las regalías no pagadas por las grandes empresas mineras del 2004 a la fecha, como Mra. Yanacocha, Mra. Antamina, Mra. Tintaya. Mra Cerro Verde, y con los recursos que se obtengan de una efectiva fiscalización minera frente a la llamada “minería informal”. Y en relación al 5% del canon minero que se percibiría a futuro para financiar el Fondo, sería mejor que esta partida tenga su fuente del 50% restante que el Tesoro Público retiene.

En resumen, se trata de adoptar medidas de interés y de emergencia nacional:

1.- Renegociar el abono de regalías con las grandes empresas mineras que no pagan regalías.
2.- Incrementar la tasa de regalías de 3% a 5 % para las empresas que exporten valores superiores a los 120 millones anuales.
3.- Elevar los derechos de vigencia de 3 dólares por hectárea a la minería metálica y no metálica a 4 dólares.
4.- Formalización rigurosa de la minería informal del oro.