EL NUEVO CREDO MINERO
No debiera estar es discusión la legitimidad política del padre Marco Arana en liderar un movimiento político denominado “Tierra y Libertad” con la pretensión de alcanzar la Presidencia de la República; gracias al liderazgo alcanzado en defensa del medio ambiente, se ha constituido en una figura emblemática de la lucha de las comunidades campesinas contra la presencia abusiva de la Mra. Yanacocha en el departamento de Cajamarca. Se deduce que su enfrentamiento con las jerarquías ortodoxas de la Iglesia Católica, en especial con el Cardenal del Opus Dei será muy duro, pues al margen de la participación política del cura Salomón Bolo Hidalgo en los años sesenta del siglo pasado, en la lucha por la soberanía y el petróleo en las filas del Socialprogresismo, no se tiene conocimiento en nuestro país de la presencia de miembros de la clerecía en la contienda política directa.
El cura Arana con el comandante Ollanta Humala, caudillo del llamado Partido Nacionalista, representan o encarnan el pensamiento crítico frente al modelo económico imperante desde la década de los noventa. Pareciera que la “hoz y el martillo” de la izquierda tradicional, ha dado lugar a la “sotana y el sable” como símbolos del malestar popular ante un modelo excluyente, concentrador de ingresos, y que tiene como eje central su carácter primario exportador, principalmente de productos mineros.
El sector minero al margen de lo que pueda pensar el padre Arana, es el más importante de la economía peruana, por su gran capacidad de generar excedentes económicos, ingresos de exportación (divisas), utilidades, e impuesto a la renta, con los efectos multiplicadores que esto puede tener en la economía regional. En tal sentido, el lugar que ocupa la producción minera que se desenvuelve en el Perú a nivel mundial, sea el primer lugar en plata, el tercero en cobre, el quinto en oro, el tercero en zinc y plomo etc, constituyen indicadores aparentes, pues esa importancia productiva y económica de la minería no expresa ni se sustenta en el desarrollo local, regional ni nacional.
En otras palabras, los excedentes generados por la minería, utilidades y renta minera no están equitativamente compartidos con el Estado, en cierta medida son enajenados a la Nación, en razón que los beneficios son concentrados en “pocas manos”. Esta realidad se explica en gran parte por la vigencia de privilegiados contratos de estabilidad jurídica, tributaria y administrativa que afectan la recaudación fiscal, con serios pasivos ambientales, pobre valor de retorno y débil eslabonamiento industrial.
UNA POSIBILIDAD DE DESARROLLO
En verdad, la posición del cura Arana queda resumida en estas afirmaciones, que comparto en cierta medida, en el sentido que la actividad minera constituye una posibilidad de desarrollo para el país. Así, se afirma que: “La minería es una actividad económica no sostenible, de alto impacto ambiental, de escasa posibilidad de generación de empleo por los altos niveles de tecnificación que tiene, sin embargo por los volúmenes de inversión, por los impuestos a la renta y regalías que pueden pagar, efectivamente podrían hacer que la minería sea una posibilidad de desarrollo para el país, pero hoy esas condiciones no se cumplen y son reclamadas por la población, por eso que no es casual que en los lugares donde hay más minería hay mayor conflictividad social”.
Sin embargo, cuando expresa que la minería es una “actividad no sostenible de alto impacto ambiental...”, se expone un pensamiento crítico fundamentalista contrario a toda extracción minera. En tal sentido, habría que hacer la distinción entre la minería formal, en especial de la gran minería transnacional, aquí pienso en Mra. Antamina, Cerro Verde o Mra. Tintaya que tienen en la seguridad ambiental y social una exigencia de sus propios accionistas, en códigos de conducta empresarial. Evidentemente otro sería el caso de la minería mal llamada informal, que contamina impunemente con mercurio, los ríos, lagos y lagunas.
La sostenibilidad de la actividad minera dependerá de la regulación de parte de los organismos del Estado, en ese sentido, la debilidad estatal en la fiscalización minera constituye el caldo de cultivo para el desenvolvimiento de una actividad minera depredadora del medio ambiente, con condiciones mínimas de respeto ambiental y con fuertes pasivos ambientales.
Por ello, la sostenibilidad de la actividad minera en nuestro país resulta lamentable, esto provocada por la inopia y debilidad ambiental en los organismos reguladores, cuando por ejemplo se le restan responsabilidades al Osinergmin en sus capacidades fiscalizadoras, como ha sucedido con el DS-001-2010, donde se transfiere la supervisión minera al Organismo de Fiscalización y Evaluación del Ambiente (OEFA) del recién creado Ministerio de Medio Ambiente.
En los países donde la minería es una “palanca del desarrollo” se tiene una regulación fuerte, con autonomía administrativa, política y económica para supervisar y fiscalizar a las empresas. En cambio en nuestro país la debilidad provocada en la regulación ambiental es de tal naturaleza que constituye una fuente permanente de los llamados conflictos sociales.
¿QUÉ CONDICIONES DEBE TENER?
Resulta positivo que se debatan las condiciones que debiera tener la actividad minera para convertirse en una palanca del desarrollo. Si bien las comparto todas, señalaría la necesidad de un Proyecto Nacional de Desarrollo y un mínimo consenso social-político que haga posible el cumplimiento de las condiciones que se han experimentado con éxito en otros países. En última instancia, importa la capacidad endógena de desarrollo y la vocación nacional para superar el subdesarrollo por parte de nuestras clases dirigentes, este a mi parecer constituye un problema por su ausencia.
Debe tenerse presente la experiencia estatal minera de los años 70 y 80 del siglo pasado sobre todo durante el Gobierno de las Fuerzas Armadas, donde con todos sus defectos y debilidades se avanzó en políticas de valor agregado con la construcción de las refinerías de cobre en Ilo y la refinería de zinc de Cajamarquilla, financiadas con un fuerte endeudamiento externo. Se tenía el monopolio del comercio exterior a través de Minpeco, y el Estado tenía una presencia agresiva en la actividad minera con Centromín, Hierro Perú, Minero Perú, etc.
En tal sentido, cabe preguntarse sobre las razones que llevaron al fracaso del modelo de acumulación estatal, para no reproducir los mismos errores, pues la gestión ambiental de las empresas del Estado no se diferenciaba en sustancia de la actividad privada, al margen de la gran dosis de corrupción y politización de la administración.
En tal sentido, el líder del movimiento Tierra y Libertad afirma que:
“Debemos aprender de aquellos países desarrollados que han tenido en la minería un importante reglón de su desarrollo económico, por ejemplo en Canadá, Sudáfrica, EEUU o Alemania, en dichas experiencias hubo tres condiciones importantes para que la minería contribuya al desarrollo.
Una primera es la inversión tecnológica. El dinero proveniente de la minería se utilizó para desarrollar ciencia y tecnología no sólo para el sector minero, pero eso no ocurre en el Perú, porque buena parte de lo que se obtiene de la minería se remesa al exterior a las casas matrices de las empresas. Además, la inversión en ciencia y tecnología en el país es una de las más bajas en América Latina.
La segunda condición: el valor agregado, aspecto que no se tiene en el país; seguimos exportando principalmente concentrados, y en el caso del oro se vende como doré, mientras que la mayor refinación ocurre en Inglaterra, Suiza o EEUU, así gran parte de la cadena de valor está fuera del país, aún cuando tenemos un enorme potencial en orfebrería.
La tercera condición: diversificación de la economía; con la renta proveniente de la actividad minera se apoyó al desarrollo de otros sectores como la industria automotriz en EEUU, o se aplicó fondos de inversión para el desarrollo forestal en Canadá, o para el desarrollo de un conjunto de industrias que se han convertido en industrias de punta y competitivas en el mercado mundial”.
POR UNA MAYOR CAPITALIZACIÓN SOCIAL
Se trata de un tema central. Para que la minería se convierta en una palanca de desarrollo económico y social a nivel local, regional y nacional, debiera haber una mayor capitalización que se estima por la más alta participación del “valor de retorno”, que significa una mayor tributación real de las empresas por medio de impuestos y rentas, regalías, derecho de vigencia. Una integración de mercado con la industria, con eslabonamientos hacia atrás (a quién le compra la minería) y eslabonamiento hacia adelante (a quién le vende la minería), superando los enclaves económicos existentes. Un indicador real del pobrísimo eslabonamiento industrial es el bajo consumo interno de los minerales extraídos en el Perú. Ni el 5% del oro o cobre producido en el país se transforma por la industria local, exportando mayormente concentrado como en los años veinte del siglo pasado. ¿Cuánto cobre, zinc, plata o acero se consume por persona?
Por último, un mayor valor retorno, implica sueldos y salarios acorde con la productividad, la rentabilidad y la globalización de las relaciones sociales de producción y distribución, superando las remuneraciones mineras que constituyen una fracción a las vigentes a otros países. Peor aún, los regímenes de contrata con la explotación de la fuerza de trabajo constituyen una práctica común, en la mediana y pequeña minería en especial, que abarata los salarios a límites infrahumanos.
Una mayor capitalización social de la minería no implica la participación del Estado con empresas públicas. Esta experiencia la pueden reproducir otros países como la Venezuela de Hugo Chávez o la Bolivia de Evo Morales con modelos económicos que no resultan sostenibles en el tiempo. Es más, esas experiencias se han aplicado en nuestro país y han significado mayor corrupción y pobreza.
Por ello, una regulación moderna con un Estado y un gobierno democrático de prácticas transparentes, puede negociar con las empresas mineras, transnacionales y de la mediana minería, para exigir una mayor contribución por medio del abono de las regalías mineras sin excepción, por el cumplimiento de un real canon minero como participación sobre el valor del producto minero. Una negociación estratégica que regule las especulaciones de las empresas junior en los mercados internacionales. En tal sentido, cabría preguntarse ¿Cuánto ha percibido el Estado por la venta de las acciones sobre el Proyecto Toromocho al pasar de manos de Minera Perú Copper a la empresa Chinalco, por valor superior a los 700 millones de dólares? Nada.
Por tanto se requiere de un Estado que defienda el valor de los recursos naturales no renovables como los productos mineros que no tienen sustituto ni sucedáneos. Exigir una mayor contribución social supera los límites del abono del impuesto a la renta, pues no se está pagando por el agotamiento ni por la explotación de un recurso no renovable.
En tal sentido, el cura Marco Arana tiene razón cuando exige el cumplimiento del pago sin excepciones de las regalías mineras, por parte sobre todo de la gran minería que opera en el país como Mra. Antamina, Mra. Yanacocha, Mra. Cerro Verde o Mra. Tintaya, que se escudan en los contratos de estabilidad jurídica y administrativa, afectando los ingresos fiscales y regionales. En tal sentido, afirma que:
“Se debe ampliar la base tributaria; debe haber un estándar para que todas las empresas mineras paguen regalías, y no como ahora que sólo unos cuantos pagan porque tienen un acercamiento mayor al Estado; las empresas deben salir a explicar a la población porque algunas pagan y porque otras no.
Otra medida sería la restitución del canon minero, recordemos que el canon es el pago por la extracción del mineral. Las empresas mineras no están pagando canon minero porque sólo pagan impuesto a la renta y de ese pago el 50% va para las regiones, pero como actividad económica no pagan por la extracción del mineral.
Seremos respetuosos de los contratos de estabilidad jurídica y tributaria, pero revisaremos cada uno para ver cuáles pueden haber sido dolosos y lesivos para el Estado, en renegociaciones a favor de las empresas, ampliando sus plazos o introduciendo otras normas que les son más benéficas. También desde el Estado podemos revisar los contratos y llegar a un nuevo acuerdo según niveles de precios para que aporten más las empresas cuando los precios les son favorables”
En verdad, este nuevo credo minero representa el pensamiento crítico que supone una nueva política económica, un patrón de acumulación alternativo a las políticas de libre mercado que son las grandes responsables de la crisis financiera mundial y de la pobreza en nuestro país. Hoy más que nunca debiera recordarse la frase de José Carlos Mariátegui, sobre la necesidad de “Peruanicemos el Perú”, con una mayor capitalización social de la minería con canon y regalías.
Nota: Los extractos citados corresponden a una entrevista efectuada por la Revista de Minería, Energía e Hidrocarburos AllpathayaPerú, publicada en la edición nº 5 de enero 2010.
El cura Arana con el comandante Ollanta Humala, caudillo del llamado Partido Nacionalista, representan o encarnan el pensamiento crítico frente al modelo económico imperante desde la década de los noventa. Pareciera que la “hoz y el martillo” de la izquierda tradicional, ha dado lugar a la “sotana y el sable” como símbolos del malestar popular ante un modelo excluyente, concentrador de ingresos, y que tiene como eje central su carácter primario exportador, principalmente de productos mineros.
El sector minero al margen de lo que pueda pensar el padre Arana, es el más importante de la economía peruana, por su gran capacidad de generar excedentes económicos, ingresos de exportación (divisas), utilidades, e impuesto a la renta, con los efectos multiplicadores que esto puede tener en la economía regional. En tal sentido, el lugar que ocupa la producción minera que se desenvuelve en el Perú a nivel mundial, sea el primer lugar en plata, el tercero en cobre, el quinto en oro, el tercero en zinc y plomo etc, constituyen indicadores aparentes, pues esa importancia productiva y económica de la minería no expresa ni se sustenta en el desarrollo local, regional ni nacional.
En otras palabras, los excedentes generados por la minería, utilidades y renta minera no están equitativamente compartidos con el Estado, en cierta medida son enajenados a la Nación, en razón que los beneficios son concentrados en “pocas manos”. Esta realidad se explica en gran parte por la vigencia de privilegiados contratos de estabilidad jurídica, tributaria y administrativa que afectan la recaudación fiscal, con serios pasivos ambientales, pobre valor de retorno y débil eslabonamiento industrial.
UNA POSIBILIDAD DE DESARROLLO
En verdad, la posición del cura Arana queda resumida en estas afirmaciones, que comparto en cierta medida, en el sentido que la actividad minera constituye una posibilidad de desarrollo para el país. Así, se afirma que: “La minería es una actividad económica no sostenible, de alto impacto ambiental, de escasa posibilidad de generación de empleo por los altos niveles de tecnificación que tiene, sin embargo por los volúmenes de inversión, por los impuestos a la renta y regalías que pueden pagar, efectivamente podrían hacer que la minería sea una posibilidad de desarrollo para el país, pero hoy esas condiciones no se cumplen y son reclamadas por la población, por eso que no es casual que en los lugares donde hay más minería hay mayor conflictividad social”.
Sin embargo, cuando expresa que la minería es una “actividad no sostenible de alto impacto ambiental...”, se expone un pensamiento crítico fundamentalista contrario a toda extracción minera. En tal sentido, habría que hacer la distinción entre la minería formal, en especial de la gran minería transnacional, aquí pienso en Mra. Antamina, Cerro Verde o Mra. Tintaya que tienen en la seguridad ambiental y social una exigencia de sus propios accionistas, en códigos de conducta empresarial. Evidentemente otro sería el caso de la minería mal llamada informal, que contamina impunemente con mercurio, los ríos, lagos y lagunas.
La sostenibilidad de la actividad minera dependerá de la regulación de parte de los organismos del Estado, en ese sentido, la debilidad estatal en la fiscalización minera constituye el caldo de cultivo para el desenvolvimiento de una actividad minera depredadora del medio ambiente, con condiciones mínimas de respeto ambiental y con fuertes pasivos ambientales.
Por ello, la sostenibilidad de la actividad minera en nuestro país resulta lamentable, esto provocada por la inopia y debilidad ambiental en los organismos reguladores, cuando por ejemplo se le restan responsabilidades al Osinergmin en sus capacidades fiscalizadoras, como ha sucedido con el DS-001-2010, donde se transfiere la supervisión minera al Organismo de Fiscalización y Evaluación del Ambiente (OEFA) del recién creado Ministerio de Medio Ambiente.
En los países donde la minería es una “palanca del desarrollo” se tiene una regulación fuerte, con autonomía administrativa, política y económica para supervisar y fiscalizar a las empresas. En cambio en nuestro país la debilidad provocada en la regulación ambiental es de tal naturaleza que constituye una fuente permanente de los llamados conflictos sociales.
¿QUÉ CONDICIONES DEBE TENER?
Resulta positivo que se debatan las condiciones que debiera tener la actividad minera para convertirse en una palanca del desarrollo. Si bien las comparto todas, señalaría la necesidad de un Proyecto Nacional de Desarrollo y un mínimo consenso social-político que haga posible el cumplimiento de las condiciones que se han experimentado con éxito en otros países. En última instancia, importa la capacidad endógena de desarrollo y la vocación nacional para superar el subdesarrollo por parte de nuestras clases dirigentes, este a mi parecer constituye un problema por su ausencia.
Debe tenerse presente la experiencia estatal minera de los años 70 y 80 del siglo pasado sobre todo durante el Gobierno de las Fuerzas Armadas, donde con todos sus defectos y debilidades se avanzó en políticas de valor agregado con la construcción de las refinerías de cobre en Ilo y la refinería de zinc de Cajamarquilla, financiadas con un fuerte endeudamiento externo. Se tenía el monopolio del comercio exterior a través de Minpeco, y el Estado tenía una presencia agresiva en la actividad minera con Centromín, Hierro Perú, Minero Perú, etc.
En tal sentido, cabe preguntarse sobre las razones que llevaron al fracaso del modelo de acumulación estatal, para no reproducir los mismos errores, pues la gestión ambiental de las empresas del Estado no se diferenciaba en sustancia de la actividad privada, al margen de la gran dosis de corrupción y politización de la administración.
En tal sentido, el líder del movimiento Tierra y Libertad afirma que:
“Debemos aprender de aquellos países desarrollados que han tenido en la minería un importante reglón de su desarrollo económico, por ejemplo en Canadá, Sudáfrica, EEUU o Alemania, en dichas experiencias hubo tres condiciones importantes para que la minería contribuya al desarrollo.
Una primera es la inversión tecnológica. El dinero proveniente de la minería se utilizó para desarrollar ciencia y tecnología no sólo para el sector minero, pero eso no ocurre en el Perú, porque buena parte de lo que se obtiene de la minería se remesa al exterior a las casas matrices de las empresas. Además, la inversión en ciencia y tecnología en el país es una de las más bajas en América Latina.
La segunda condición: el valor agregado, aspecto que no se tiene en el país; seguimos exportando principalmente concentrados, y en el caso del oro se vende como doré, mientras que la mayor refinación ocurre en Inglaterra, Suiza o EEUU, así gran parte de la cadena de valor está fuera del país, aún cuando tenemos un enorme potencial en orfebrería.
La tercera condición: diversificación de la economía; con la renta proveniente de la actividad minera se apoyó al desarrollo de otros sectores como la industria automotriz en EEUU, o se aplicó fondos de inversión para el desarrollo forestal en Canadá, o para el desarrollo de un conjunto de industrias que se han convertido en industrias de punta y competitivas en el mercado mundial”.
POR UNA MAYOR CAPITALIZACIÓN SOCIAL
Se trata de un tema central. Para que la minería se convierta en una palanca de desarrollo económico y social a nivel local, regional y nacional, debiera haber una mayor capitalización que se estima por la más alta participación del “valor de retorno”, que significa una mayor tributación real de las empresas por medio de impuestos y rentas, regalías, derecho de vigencia. Una integración de mercado con la industria, con eslabonamientos hacia atrás (a quién le compra la minería) y eslabonamiento hacia adelante (a quién le vende la minería), superando los enclaves económicos existentes. Un indicador real del pobrísimo eslabonamiento industrial es el bajo consumo interno de los minerales extraídos en el Perú. Ni el 5% del oro o cobre producido en el país se transforma por la industria local, exportando mayormente concentrado como en los años veinte del siglo pasado. ¿Cuánto cobre, zinc, plata o acero se consume por persona?
Por último, un mayor valor retorno, implica sueldos y salarios acorde con la productividad, la rentabilidad y la globalización de las relaciones sociales de producción y distribución, superando las remuneraciones mineras que constituyen una fracción a las vigentes a otros países. Peor aún, los regímenes de contrata con la explotación de la fuerza de trabajo constituyen una práctica común, en la mediana y pequeña minería en especial, que abarata los salarios a límites infrahumanos.
Una mayor capitalización social de la minería no implica la participación del Estado con empresas públicas. Esta experiencia la pueden reproducir otros países como la Venezuela de Hugo Chávez o la Bolivia de Evo Morales con modelos económicos que no resultan sostenibles en el tiempo. Es más, esas experiencias se han aplicado en nuestro país y han significado mayor corrupción y pobreza.
Por ello, una regulación moderna con un Estado y un gobierno democrático de prácticas transparentes, puede negociar con las empresas mineras, transnacionales y de la mediana minería, para exigir una mayor contribución por medio del abono de las regalías mineras sin excepción, por el cumplimiento de un real canon minero como participación sobre el valor del producto minero. Una negociación estratégica que regule las especulaciones de las empresas junior en los mercados internacionales. En tal sentido, cabría preguntarse ¿Cuánto ha percibido el Estado por la venta de las acciones sobre el Proyecto Toromocho al pasar de manos de Minera Perú Copper a la empresa Chinalco, por valor superior a los 700 millones de dólares? Nada.
Por tanto se requiere de un Estado que defienda el valor de los recursos naturales no renovables como los productos mineros que no tienen sustituto ni sucedáneos. Exigir una mayor contribución social supera los límites del abono del impuesto a la renta, pues no se está pagando por el agotamiento ni por la explotación de un recurso no renovable.
En tal sentido, el cura Marco Arana tiene razón cuando exige el cumplimiento del pago sin excepciones de las regalías mineras, por parte sobre todo de la gran minería que opera en el país como Mra. Antamina, Mra. Yanacocha, Mra. Cerro Verde o Mra. Tintaya, que se escudan en los contratos de estabilidad jurídica y administrativa, afectando los ingresos fiscales y regionales. En tal sentido, afirma que:
“Se debe ampliar la base tributaria; debe haber un estándar para que todas las empresas mineras paguen regalías, y no como ahora que sólo unos cuantos pagan porque tienen un acercamiento mayor al Estado; las empresas deben salir a explicar a la población porque algunas pagan y porque otras no.
Otra medida sería la restitución del canon minero, recordemos que el canon es el pago por la extracción del mineral. Las empresas mineras no están pagando canon minero porque sólo pagan impuesto a la renta y de ese pago el 50% va para las regiones, pero como actividad económica no pagan por la extracción del mineral.
Seremos respetuosos de los contratos de estabilidad jurídica y tributaria, pero revisaremos cada uno para ver cuáles pueden haber sido dolosos y lesivos para el Estado, en renegociaciones a favor de las empresas, ampliando sus plazos o introduciendo otras normas que les son más benéficas. También desde el Estado podemos revisar los contratos y llegar a un nuevo acuerdo según niveles de precios para que aporten más las empresas cuando los precios les son favorables”
En verdad, este nuevo credo minero representa el pensamiento crítico que supone una nueva política económica, un patrón de acumulación alternativo a las políticas de libre mercado que son las grandes responsables de la crisis financiera mundial y de la pobreza en nuestro país. Hoy más que nunca debiera recordarse la frase de José Carlos Mariátegui, sobre la necesidad de “Peruanicemos el Perú”, con una mayor capitalización social de la minería con canon y regalías.
Nota: Los extractos citados corresponden a una entrevista efectuada por la Revista de Minería, Energía e Hidrocarburos AllpathayaPerú, publicada en la edición nº 5 de enero 2010.
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