¿NACIONALIZACIÓN DE LOS HIDROCARBUROS COMO EN BOLIVIA?

Lecciones de un modelo fallido

A pedido de muchos lectores el http://kuraka.blogspot.com será destinado a la publicación de artículos referidos al subsector de los hidrocarburos y electricidad difundiendo artículos propios o de otros autores que puedan ser considerados de interés público. De allí, la importancia en esta ocasión de presentar dos artículos del señor Andrés Soliz Rada, ex ministro de hidrocarburos de Bolivia publicados en la revista electrónica “Rebanadas de Realidad”.

Éste de manera crítica expone la realidad de los hidrocarburos en dicho país, en especial a partir de la política económica adoptada por el presidente Evo Morales a través del llamado Decreto 28701 del 1/05/2006 más conocido como la ley de la nacionalización de los hidrocarburos en el país altiplánico, que si bien incrementaba la participación del Estado en la renta de hidrocarburos, en la realidad ha desestimulado la inversión, con menores volúmenes producidos en gas y petróleo, incrementando de manera insostenible los subsidios para mantener “congelados” los precios internos de los combustibles.

Analizar la problemática boliviana en materia de hidrocarburos en especial en el período mayo 2006 a la fecha resulta indispensable para evaluar los resultados de las políticas populistas, que alguna vez el Perú también asumió. Esto resulta necesario en nuestro país en la medida que en el debate programático de cara a las próximas elecciones de abril del 2011, un tema central será la pretendida nacionalización o estatización de los recursos en el sector de hidrocarburos en especial en el programa del comandante Ollanta Humala, en razón de los cuestionamientos a la exportación del gas natural licuefactado de Camisea, y al supuesto desabastecimiento en la dotación del gas para el mercado interno. En otras palabras ¿Qué hacer en el sector de hidrocarburos?

No compartiendo en lo fundamental las tesis planteadas del autor boliviano como receta para el Perú, es importante destacar los resultados alcanzados producto de la pretendida nacionalización de los hidrocarburos en nuestro vecino. Por razones históricas el modelo boliviano se ha experimentado hace más de cuatro décadas cuando el Gobierno Militar de 1968 nacionalizó la industria del petróleo.

EL SINDROME EVONIANO

Si se trata de evaluar los resultados, que debiera ser el criterio de verdad, en Bolivia, no solamente no se han incrementado, según Andrés Soliz, las reservas de gas natural de los yacimientos de Tarija y Santa Cruz, sino que con conocimiento de causa del autor estas fueron sobrestimadas por encima de los 45 trillones de pies cúbicos (TCF en nomenclatura anglosajona) para justificar la exportación del gas boliviano hacia la Argentina y el Brasil. Y en la realidad no serían mayores a los 9 TCF lo cual resultaría complicado para la viabilidad de proyectos a largo plazo, si es que no se confirman mayores reservas.

Con la información disponible el ministerio de hidrocarburos de Bolivia presentaba las reservas de gas natural sumando las reservas probadas y probables que teóricamente superaban los 45 trillones de pies cúbicos, cuando en verdad las reservas probadas eran mucho menores.

Como el “camino al infierno está sembrado de buenas intenciones”, en materia petrolera, Bolivia produce cada vez menos crudo, así se verifica una caída de la producción de 10,200 barriles diarios de hidrocarburos que se extraían hace dos años para alcanzar en el 2010 una producción de 4,900 barriles por día, con tendencia a la baja.

Así, frente a una demanda diaria de 60 mil barriles la diferencia se tiene que saldar con importaciones. Así, la economía boliviana no solamente compra en el exterior petróleo crudo en volúmenes crecientes y a precios alzados sino también diesel 2 y gasolinas, que se tiene que vender a un precio regulado en el mercado interno.

Así, por la propia legislación vigente en dicho país que establece el congelamiento de los precios de los combustibles para el mercado interno con un precio del crudo puesto en refinería de US$ 27 por barril. Así, los diferenciales de precios del crudo y derivados importados los tiene que asumir el Estado boliviano, con crecientes subsidios que limitan la caja fiscal, que para diciembre del 2010 fueron técnicamente insostenibles, lo cual explica el “gasolinazo” de más de 82% incrementando el llamado “impuesto especial a los hidrocarburos y derivados”, que fue rechazado por el pueblo .

En 2010, Bolivia debió comprar petróleo y gasolinas, principalmente a Venezuela, gas licuado de petróleo de Argentina y Perú- por US$ 666 millones de dólares, y el subsidio al combustible significó para el fisco más de US$ 380 millones de dólares. Para el año 2011, el Vicepresidente Álvaro García Linera proyecta las importaciones de crudo y derivados en cerca a US$ 1,000 millones de dólares lo cual hace cada vez más insostenible el mantenimiento de un oneroso subsidio.

Esto significaría que si el precio del barril de petróleo está sobre los US$ 90 dólares en el mercado internacional, el Estado boliviano tiene que transarlo internamente a US$ 27 dólares, y con respecto a la producción interna el precio congelado no constituye un estímulo para las empresas, pues en verdad solamente perciben US$ 10 dólares y el resto está constituido por impuestos.

Las consecuencias de ello saltan a la vista. No solamente se produce cada vez menos, con la falta de inversión en la exploración de riesgo así se perforan apenas dos o un pozo exploratorio por año, no se reponen las reservas de gas ni de crudo, la capacidad del ducto del gas no se incrementa, y lo más grave el subsidio resulta insostenible para la caja fiscal, a pesar de la creciente participación del Estado en las regalías de hidrocarburos de hasta el 82% del valor de la producción. En otras palabras, con las mayores regalías se financian las importaciones.

LAS ABERRACIONES

En el debate pasado entre los “sectores nacionalistas” que se oponían al proyecto de exportación del gas de Camisea, más por una cuestión de principios e ideología, se exponía como un modelo de exportación de gas natural la experiencia boliviana, que con precios renegociados de US$ 5 dólares el millón de BTU (unidad de calor) en promedio para el Brasil y Argentina, resultaban superiores a los precios regulados del gas natural proveniente del lote 88 de Camisea, alrededor de US$ 1.70 por millón de BTU para la generación eléctrica y por más de US$ 2.80 para el consumo industrial, evidentemente estos precios en boca de pozo resultaban inferiores a los precios de exportación del gobierno de Evo Morales.

Sin embargo, los admiradores del modelo boliviano se guardaban de señalar que las exportaciones de gas natural hacia el Brasil y Argentina están constituidas por un gas húmedo, donde en el Brasil se separan los líquidos que tienen un valor tan alto como el petróleo. Por ello, el autor con justeza señala: “Fue imperdonable suscribir el contrato de venta de gas al Brasil, en 1997, sin instalar una planta separadora de líquidos, con lo que se repitió el error de la venta de gas a la Argentina, iniciada en 1972”.

Esta constituye una diferencia fundamental con la experiencia de Camisea donde la separación entre el gas y los líquidos en la Planta de Malvinas permite valorizar en mejores términos los hidrocarburos producidos en el país. De allí, que el grueso de los ingresos del Consorcio Camisea en más del 85% del valor, y también de los ingresos fiscales provienen de la extracción y comercialización de los líquidos que tienen una cotización internacional.

EPÍLOGO

En verdad, son tantas las aberraciones de la experiencia boliviana propias de una película ya vista en el Perú, un “deja vu” donde los subsidios eran de tales dimensiones que un litro de gaseosa costaba más que un litro de gasolina, o cuando el Estado tenía que asumir las inversiones de riesgo.

De allí, la necesidad de preservar el equilibrio sin abusos de posiciones dominantes, fomentando la inversión de riesgo con precios atractivos a la inversión que repongan las reservas de gas y crudo consumidas. En una economía moderna la regulación resulta fundamental de allí la necesidad de incrementar la participación del Estado donde sea de necesidad, fomentando la inversión privada de riesgo.

Teniendo en consideración que el promedio de la tasa de regalías que abonan las empresas en el sector de hidrocarburos en nuestro país bordea el 32% del valor de la producción que sumada a la participación efectiva del impuesto a la renta, incrementa la participación fiscal a casi el 40% del valor. Con la salvedad, que algunas empresas del sector abonan regalías del 50% sobre el valor de la producción, se podría afirmar que dicha participación resulta razonable.

Lamentablemente nuestro país no tiene la filiación de hidrocarburos como Venezuela o México, y la industria del gas se está construyendo, por ello el efecto Camisea, con todos sus beneficios y defectos debe ser reconocido como fundamental para el Perú. De allí, la necesidad de priorizar el mercado interno con precios del petróleo y gas que estimulen la inversión. ¡De lo contrario el síndrome boliviano está a la vuelta de la esquina!.

Sin embargo, en materia de petróleo crudo seguimos dependiendo del petróleo importado, como se puede observar en el cuadro “Perú: Saldo de la Balanza Comercial de Hidrocarburos”, donde a pesar del efectos Camisea, los resultados en la balanza comercial son negativos, de allí la necesidad para el próximo gobierno de alcanzar la autonomía energética con políticas sensatas, ajenas al populismo en los precios y regulando los abusos de mercado.