Por Humberto Campodónico Sánchez.
Publicado en La República: Lunes, 23 de marzo de 2015*
No cabe ninguna duda
de que la modernización de la Refinería de Talara es el principal proyecto de
Petroperú. Se trata de una inversión de US $ 2,730 millones que ampliará su
capacidad de refinación de 65 a 95,000 barriles diarios, e incorporará nueva tecnología
para refinar petróleo pesado (que es más barato) y obtener derivados ligeros.
Igualmente importante es que se le quitará azufre a los combustibles para que
ya no contaminen el aire y no provoquen serias enfermedades respiratorias, cuyo
tratamiento cuesta más de US$ 100 millones anuales.
El tema que se discute ahora es: ¿es que si
Petroperú realiza inversiones para entrar a la producción de petróleo eso
significa, sí o sí, que va a descuidar el monitoreo y, sobre todo, el pago de
la deuda en que se va a incurrir para financiar la refinería? ¿No fue para eso
que se dio el Art. 6 de la Ley 30130 que le prohíbe a Petroperú incurrir en
nuevas deudas? (1).
Pues no. Eso es
confundir papas con camotes porque ambos proyectos no son excluyentes. Al
revés: se generan sinergias positivas.
En cristiano, se ayudan el uno al otro.
Al producir
petróleo, la empresa va a tener más ingresos, lo que le va a permitir un mayor
flujo de caja para pagar las deudas para financiar Talara. Además, el
precontrato firmado con Graña y Montero (empresa que ganó la licitación de los
lotes III y IV para que Petroperú sea accionista minoritario con el 25%
establece claramente que Petroperú pagará las inversiones que tengan que
realizarse con la producción de petróleo que actualmente ya se realiza en esos
lotes.
Agrega el
precontrato que durante el primer año (cuando recién comienzan las inversiones)
habrá un fondo con los ingresos que genera el 25% de Petroperú, el mismo que se
va acumulando para pagar las inversiones cuando haya que hacerlo. No solo eso:
el operador del contrato es GyM (o sea, el que lo administra y maneja), lo que
significa que el personal de Petroperú no se va a dedicar a esas labores.
Hay más: los lotes
III y IV –que explotaba Interoil hasta que se licitaron a GyM– tienen tuberías
que llevan el petróleo hasta la Refinería de Talara para que allí puedan ser
procesados. Dicho de otra manera, Petroperú compra el petróleo de todos los
lotes de Talara, sí o sí, porque los necesita. Lo que quiere decir que si no
entra como socio a los lotes III y IV va a tener que comprar de todas maneras
el 100% de la producción a precios internacionales.
Esto tiene
incidencia directa sobre el pago de los préstamos en que se incurra para
financiar la modernización de la Refinería –que es lo que hoy, afirma el
gobierno, se pretende defender–. Lógico: el flujo de caja sería mayor porque se
le estaría pagando el 75 % a GyM y el otro 25 % Petroperú se lo compraría a sí
mismo. Ya no se le compraría el 100 % a un tercero, que en este caso es GyM.
Otro sí: como las
bases de la licitación establecían claramente que el ganador incorporaría a
Petroperú con el 25 %, lo que va a suceder ahora es que el ganador va a
beneficiarse de ese 25 %. Le cae como maná del cielo, sin mover un dedo. Pero
lo pierde Petroperú, con lo que su capacidad de pagar los préstamos disminuye.
La cuestión es que
estamos hablando aquí de 24 millones de barriles de reservas probadas de
petróleo, según el Libro de Reservas 2013 del MEM. Al multiplicar 24 MMB por US
$ 50/barril tenemos ingresos brutos de US $ 1,200 millones, a medida que la
producción vaya saliendo. Ojo, si el petróleo vuelve a subir, los ingresos
también.
Dicho todo esto: ¿le
van a quitar a Petroperú esos US $ 300 millones de ingresos brutos (que pueden
ser más si el precio sube y/o si se
encuentran más reservas)? Ojo,
oportunidades como esta no se van a volver a presentar porque se trata de lotes
que revierten al Estado después de 20 años porque expiraron los contratos. Y
ahora los contratos son de 30 años. Entonces, ¿hasta el 2045?
Agréguese que las
bases de la licitación (las hace Perupetro) han salido después de la Ley 30130
y no fueron objetadas por nadie. Hasta hace 2 semanas. Nótese que hay un
acuerdo firmado entre Petroperú y GyM hace meses para los lotes III y IV. Y
tampoco fue objetado por nadie.
No solo eso.
Petroperú tiene un Lote 64, en la Selva Norte, que tiene 55 MMB de reservas
probadas (más del doble que los lotes III y IV). Si a Petroperú no lo dejan
entrar a III y IV, lo que viene después es quitarle el Lote 64 (que fue cedido gratis
por Talisman y Hess a Petroperú en diciembre del 2012) que aún no ha comenzado
a producir. Se trata de US $ 2,750 millones de ingresos brutos, en parte para
Petroperú y en parte para su socio. Son palabras mayores. ¿A eso vamos?
Se afirma que hoy el
nuevo Directorio de Petroperú revocaría su acuerdo anterior con GyM. Esperemos
que eso no suceda: que las consignas del MEF y de El Comercio (no son solo
ideológicas, tienen intereses económicos detrás) no prosperen y que el
presidente Humala cumpla con su promesa de fortalecer a Petroperú, produciendo
petróleo.
La propia refinería
de Talara puede estar en riesgo. Y más allá, puede venir una verdadera tormenta
política porque cosas como esta no suceden a menudo. Y no se pueden ni se deben
permitir. Sabemos que en el Perú no hay consenso sobre la empresa pública por
la oposición de la derecha económica. Pero por lo menos había una tregua. Eso
es lo que se está rompiendo ahora. Estamos todos avisados.
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