PERUPETRO: EL VIEJO LOTE 1-AB AHORA LOTE 192

EL ESTADO AUSENTE FRENTE A LAS COMUNIDADES NATIVAS

ESCRIBE: JORGE MANCO ZACONETTI (Investigador UNMSM)

Durante el gobierno de transición democrática 2000/2001 se llevó cabo una extensión contractual hasta agosto del 2015 por el lote 1-AB, a favor del nuevo operador Pluspetrol que negoció con la OXY la transferencia de dicho contrato. Éste debía caducar en agosto del 2007 en razón de la renegociación alcanzada durante el primer gobierno del presidente Alan García (22 de marzo de 1986)

Si se hubiese respetado el término del contrato pactado con la OXY sujeto a las normas del Decreto Ley Nº 22774, Bases para los contratos petroleros, según lo estipulado en el numeral 6.9 “Al término del Contrato o a su rescisión, las instalaciones fijas, campamentos, instalaciones de energía y comunicaciones, pasarán a título gratuito a ser propiedad de PETROPERÚ en condiciones operativas”.

Es más, el artículo 6.10 normaba que: “... En todos los casos, al término del plazo que se pacte en el Contrato si fuera antes, PETROPERÜ adquirirá la propiedad de todas las instalaciones de oleoductos, gasoductos y facilidades conexas, libre de todo pago”.

Es importante recordar los alcances y naturaleza de la antigua ley de hidrocarburos que regía la renegociación que se hizó en 1986, pues cuando en el 2001 se extendió la vigencia del contrato con un nuevo operador Pluspetrol por quince años, el organismo promotor y supervisor de los contratos, debió valorizar debidamente los activos que en agosto del 2007 debían ser transferidos al Estado, es decir a PetroPerú a título gratuito. ¿Qué se hizo al respecto?

Sería interesante que algún congresista de la República interrogue a los actuales directivos de PerúPetro si existe algún estudio sobre el valor de los activos que el Estado dejaba de percibir con la nueva extensión contractual por quince años, y si Pluspetrol pagó alguna suma por dichos activos en la renegociación con el agravante que se cambió la naturaleza del contrato de servicios donde los hidrocarburos eran propiedad del Estado, a una de licencia según la nueva ley de hidrocraburos Nº 26221 vigente a partir de agosto de 1993.

El tema es relevante ahora que Pluspetrol, una empresa seriamente cuestionada por la opinión pública, las ONGs ambientalistas, las comunidades nativas del Datem del Marañón y del distrito de Andoas que han experimentado la contaminación de los ríos, lagos y lagunas, con una depredación del medio ambiente donde el principal responsable es la inopia, complacencia e incapacidad del Estado representado por PerúPetro, a pesar de los importantes recursos transferidos por Pluspetrol Norte S.A por medio de las regalías y el impuesto a la renta abonados al fisco.

Se debe tener presente que dicho lote está ubicado en la selva nororiental (Andoas, provincia Datem del Marañón) colindante con el Ecuador y que se encuentra en producción desde los años 70 del siglo pasado primero bajo responsabilidad de la Occidental Petroleum Company (OXY), y a partir del 2001 por la petrolera argentina Pluspetrol que se convertiría después en Pluspetrol Norte S.A. incorporando socios chinos y coreanos con la venta de participaciones en el capital social.

Es más, con la producción conjunta del lote 8 (Trompeteros) y 1-AB Pluspetrol Norte S.A. se constituye en el principal productor de crudo básicamente pesado que se tiene que exportar por la inviabilidad técnica de nuestras refinerías para procesar dicho hidrocarburo.

El lote 1-AB ahora lote 192 tiene importantes reservas probadas, probables y posibles que lo hacen atractivo para sus actuales operadores y otras empresas interesadas, más su ubicación estratégica cercana a los lotes 64, 67, 39 y otros lo convierten en un centro gracias a la infraestructura que en algún momento debió pertenecer al Estado es decir a PetroPerú.

LOS HISTÓRICOS PASIVOS AMBIENTALES

Si bien Perúpetro es el organismo estatal responsable de la promoción de la inversión en el sector y de supervisar los contratos de hidrocarburos, y espera realizar una licitación internacional donde supuestamente habrían varios interesados, entre ellos los actuales contratistas de Pluspetrol Norte. Sin embargo, la pregunta central en esta coyuntura crítica es la solución a los pasivos ambientales heredados de las operaciones de la OXY desde 1973 hasta el 2000 y a partir del 2001 bajo responsabilidad de Pluspetrol Norte S.A.

Según el mismo Presidente de PerúPetro, Ing. Luis Ortigas reconoce en declaraciones periodísticas la inopia e incompetencia de organismo público en la regulación ambiental pues él mismo señala: “En los contratos vamos a poner algo que hasta ahora no se estipulaba, que es que en la garantía corporativa se debe garantizar también la ejecución del saneamiento de impactos ambientales". Esto es importante, por que eso antes no estaba garantizado.

Ello se va a introducir en los nuevos contratos que se firmen a futuro, y en el contrato que se firme con el próximo concesionario del lote 192 ( Diario Gestión 4/3/15)

En verdad extraña la tardanza por algo que se debió hacer tiempo atrás. Al respecto se debe recordar las protestas sociales y las tomas de los pozos de Andoas por los nativos en el 2009 por la grave contaminación por las operaciones del lote 1-AB.

Según declaraciones de la empresa para poder extraer 3 barriles, dada la naturaleza del crudo pesado, se hacía necesaria la inyección de 97 barriles de aguas tóxicas con químicos que una vez obtenido el crudo eran vertidas al medio ambiente contaminando ríos, lagos y lagunas emprobreciendo a la madre naturaleza. Por ello, el gobierno de ese entonces por la presión de las comunidades nativas se comprometió a la Pluspetrol a la reinyección de las aguas tóxicas cuestión que se práctica desde el 2010.

Si de verdad se pretende fortalecer a la petrolera estatal PetroPerú S.A. esta debiera tener participación en las operaciones del lote 1-AB ahora denominado lote 192, para alcanzar la integración vertical, que se constituye en la forma técnica y eficiente de operar en el sector de hidrocarburos, lo que permite captar la renta petrolera, así los precios estén sobre los US $ 50 dólares al barril.

Siempre hemos abogado por la transferencia del 100 por ciento de los derechos y obligaciones del lote 1-AB hacia PetroPerú en razón de la rentabilidad del negocio, las reservas y el potencial de hidrocarburos que encierra y la importancia geoestratégica del lote. En todo caso una participación minoritaria del 49 por ciento en la producción de dicho lote sería importante en función del proyecto de modernización de la refinería de Talara que podría procesar crudo pesados, lo cual agrega más valor a las operaciones productivas del lote 192.

El cuadro “Pluspetrol Norte S.A.: Ingresos Totales de la Empresa y Pagos de Regalías” expone los ingresos obtenidos desde el 2001 al 2014 que tienen una tendencia creciente desde el 2002 gracias al aumento de los precios internacionales del crudo y a pesar a la disminución de la produccíón que se inició bordeando los 40 mil barriles en el 2001 para reducirse a menos de 15 mil barriles a la fecha.

Con el cambio en la naturaleza del contrato Pluspetrol abona una tasa de regalías del 30 por ciento y ello ha permitido que desde el 2001 al 2014 por las operaciones del lote 1-AB se pague por concepto de regalías más de US$ 1,933 millones de dólares y en el lote 8 un promedio de US$ 1,055 millones.

Es decir, entre el 2001 al 2014 el Estado a través de PerúPetro ha captado un valor equivalente por regalías de US$ 2,989 millones de dólares según se puede observar en el cuadro respectivo. Con esos montos hubiese sido posible financiar un fondo contingente para la remediación ambiental conjuntamente con la garantía corportiva que hoy tardíamente se piensa imponer en los nuevos contratos, cuando los pasivos ambientales son una descarnada realidad.

En verdad, si reconocemos que el objetivo empresarial es la maximización de beneficios es rol del Estado regular con eficiencia, transparencia y justicia las operaciones en salvaguarda del medio ambiente y del futuro de generaciones de peruanos de la Amazonía.