Participando en la audiencia Pública organizada por el organismo regulador Osinergmin en la ciudad de Piura el 27 de enero sobre la “Evaluación Tarifaria de la Concesión de Distribución de Gas Natural” he comprobado una vez más la vocación suicida de los peruanos para negarnos un mejor futuro, en especial afectando a los más pobres de la región que abonan actualmente más de 37 soles por un balón de gas licuado de petróleo (GLP), cuando podrían pagar no más de 17 soles mensuales en su equivalente de gas natural.
En esta vocación suicida que satisface intereses privados en especial de empresas transnacionales que analizaremos con detenimiento (Ver Telarañas de los Grupos) participaron políticos como la congresista piurana Marisol Espinoza, vicepresidenta del Estado peruano, ejerciendo en esos momentos la representatividad del ejecutivo ante el viaje del Presidente Humala a la IV Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).
Estando presente en la audiencia pública hizo despliegue de un discurso propio de una campaña proselitista y populista, demandando un nuevo proceso de licitación con más postores en la distribución de gas natural, lo cual constituye una intromisión y presión política inaceptable en razón de su alta investidura. Con dicho comportamiento no solamente estaba afectando la credibilidad y racionalidad del organismo regulador, sino la estabilidad política que demanda el país de sus gobernantes.
No hace mucho la misma congresista piurana cuestionaba la tarifa residencial presentada por la empresa solicitante para la distribución de gas natural en Piura, la colombiana Gasnorp, pues la empresa competidora filial de la petrolera Olympic había sido descalificada por el propio Ministerio de Energía y Minas, por presentar documentación que no se ajustaba a la verdad, por decir lo menos.
Así, ante una tarifa reajustada sensiblemente rebajada por efecto de la regulación, Gasnorp tuvo que presentar una nueva tarifa para el consumo doméstico llegando a los 16 soles mensuales en su equivalente de gas natural que resultaban menores a los 37 soles o más que se tienen que abonar por un balón de GLP. Frente a este tarifaria la vicepresidenta solicitaba un precio de 10 soles para el gas natural sin ningún sustento técnico, para satisfacer las ambiciones propias de la reelección. Esto mismo sucedió cuando en la campaña del 2011, el partido nacionalista, luego “Gana Perú” ofrecía como compromiso electoral el balón de GLP a 12 soles, siendo uno de sus líderes la misma congresista.
En la presente coyuntura curiosamente el precio del barril del petróleo a nivel mundial se ha derrumbado a menos de 35 dólares y la tarifa del GLP en nuestro país se mantiene por encima de los 37 soles el balón, y en los distritos piuranos abonan más de 40 soles por un balón de 10 kilos, a pesar que somos autosuficientes en la producción de líquidos de gas natural (LGN) que constituyen el insumo fundamental para la elaboración del GLP.
El problema es que ahora estamos nuevamente en campaña y la misma congresista está participando como candidata al congreso por el departamento piurano, ahora en las filas del agrupamiento del candidato Acuña, “Alianza para el Progreso” identificado con la célebre frase de “plata como cancha” para sus afiliados de llegar a ser ungido como Presidente de la República.
Lamentablemente la propuesta de los falsos nacionalistas ya no es el balón de GLP a 12 soles sino que exista en Piura un nuevo proceso concursal para asegurar menores tarifas en el precio del gas natural, en razón de una supuesta festinación de trámites en el propio ministerio de Energía y Minas.
Que estas afirmaciones sean propias de un político de oposición resultan entendibles en democracia, pero que la propia vicepresidenta del Perú en ejercicio, en una audiencia pública oficial adopte claramente una posición de parte para favorecer a empresas transnacionales italianas, chilenas y norteamericanas interesadas resulta no solamente sospechoso, sino que atenta contra la promoción de las inversiones, y lo más importante contra los propios intereses de los sectores populares, que verían postergadas nuevamente la masificación del gas natural por lo menos durante los próximos cinco años.
En verdad a nuestra clase política nacional y regional le falta la madurez necesaria para la forja de instituciones sólidas, la debilidad política que se hace evidente en la demagogia de las propuestas sin sustento ni sentido, y los más pobres resultan siendo los más afectados por propuestas irresponsables como el balón de GLP a 12 soles.
Hoy Piura tiene la posibilidad de contar con un energético como el gas natural a precios razonables, que en una primera etapa de ocho años cubriría a 64 mil familias para luego ir aumentando en la medida que se construye el mercado regional del gas, y en este proceso el organismo regulador debe cumplir su rol.
EL EQUILIBRISMO DEL REGULADOR
Osinergmin en la audiencia pública mencionada estuvo representada por sus más altos funcionarios desde el gerente general hasta los responsables de analizar y confrontar la propuesta tarifaria presentada por la empresa solicitante (Gasnorp), para ajustar niveles de precios identificando una propuesta satisfactoria al interés público. Asumiendo el carácter de un organismo estrictamente técnico en los asuntos tarifarios debió presentar una sola propuesta tarifaria, pues un problema técnico no puede tener dos soluciones satisfactorias.
En tal sentido, las críticas generalizadas hacia el Osinergmin apuntaban a la dualidad de las propuestas tarifarias. Una básica y una propuesta alternativa. En la primera, señalaba que todos, es decir, las familias, los comercios, la industria, la Refinería de Talara y la Central Térmica de Malacas asuman en conjunto los costos de la distribución de gas natural.
Asumiendo que la demanda de gas natural de los consumidores domésticos y del pequeño comercio e industria apenas representa el 1.7 por ciento de la demanda total resulta obvio que la penetración hacia esos segmentos no constituye un atractivo rentable. Frente a un universo de 64 mil familias con tarifas reguladas, resulta previsible y justificable que los mayores consumidores financien en última instancia parte de la conexión, y acometida domiciliaria del gas natural.
Que los más importantes consumidores financien en parte la distribución domiciliaria es una práctica común en otras experiencias internacionales, e incluso con Camisea. Solamente así resultaba viable que las familias que representan el 1.7 por ciento de la demanda paguen una tarifa de 17 soles mensuales por el gas natural a domicilio.
Sin embargo, el mismo organismo regulador hace una segunda propuesta, llamada alternativa en la que dice que paguen todos la distribución de gas natural menos la Central Térmica de Malacas, lo cual excluiría el 45 por ciento de la demanda y significaría que el gas natural pase a costar de 17 soles a 22.4 soles para el consumidor residencial.
Es decir, el propio organismo estatal asume un precio mayor y pone en riesgo la posibilidad de que la Región Piura goce de los beneficios del gas natural. De aceptarse dicha propuesta tarifaria alternativa se caería la masificación de gas, pues no habría como sustituir la demanda del 45 por ciento. Al ser menor el mercado, los mayores costos tendrían que ser distribuidos entre los consumidores. En su lenguaje “el costo medio se elevaría”. Es más, el Osinergmin consciente de la gravedad del problema en sus conclusiones en el informe del 15 de enero del 2016 Nº 0035-2016-GART señalaba que: “.. de no existir la demanda de la C.T. Malacas se reduce considerablemente el ahorro para el usuario final de la concesión.”
Cuando tuve conocimiento de tal dualidad de propuestas me hice esta pregunta: ¿Quién es el dueño de la Central Térmica de Malacas? ¿Qué empresa tiene tal poder para movilizar como voceros a la vicepresidenta de la República, Congresistas, alcaldes, ex ministros de energía y minas etc.? Se trata de la Empresa Eléctrica de Piura (EEPSA) del grupo italiano Enel y Enersis de Chile. Una empresa que ha tenido millonarias ganancias comprando gas barato y vendiendo energía eléctrica cara, gracias a una posición dominante en el mercado eléctrico.
En tal sentido, resultaría extraño que un organismo estatal como Osinergmin pretenda favorecer los intereses de EEPSA al punto de decir que la C.T. Malacas no pague nada por la distribución del gas y mantenga privilegios especiales en razón de una privatización indiscriminada de los activos eléctricos de PetroPerú en 1996. Con el agravante que los valores no abonados por la generadora eléctrica por la distribución de gas natural serían asumidos por los usuarios residenciales, ello explicaría el plus de 17 soles a 22.4 soles, es decir 5.4 soles de sobreprecio multiplicado por los 64 mil usuarios al mes cuestión que haría inviable la masificación del gas natural en Piura.
He leído algunas opiniones que dicen que la Central Térmica de Malacas no está obligada a transferir sus ductos y que sería perjudicada económicamente si se integra a la red de la distribución del gas natural. Esto no sería cierto, pues ya se han dado otras experiencias como el de las empresas generadoras de electricidad Kallpa y Enersur en Lima que, habiendo construido sus ductos privadamente, tuvieron que transferirlos y venderlos a la concesionaria que en Lima es Cálidda S.A. Dicho sea de paso entre el 2009 al 2014 dichas empresas han ganado como nunca gracias a las tarifas eléctricas abusivas y discriminatorias (Ver Artículo: “Perversiones Eléctricas – Tarifas Abusivas y Discriminatorias”, de fecha 12 de enero del 2016)
Por tanto, la CT. de Malacas del grupo EEPSA no puede tener privilegios absolutos basados en cuestionables contratos de estabilidad jurídica y administrativa que atentan contra el interés público hoy representados por la masificación del gas natural en Piura. Así, los ductos que adquirió en la privatización de PetroPerú tendrán que ser vendidos y comprados por el concesionario de la distribución, de lo contrario la distribución de gas natural resultaría inviable.
Estamos pues ante un típico problema propio de la economía política donde los intereses cruzados de grandes empresas como el Grupo Endesa de capitales italianos y chilenos pretende mantener sus privilegios, posición dominante y utilidades extraordinarias. De otra parte el grupo Rassmuss Echecopar que tiene como empresa de bandera a la petrolera Olimpyc, grupo que tiene importantes inversiones en Chile, Argentina, USA y en el Perú además de explotar el lote XIII A y XIII B, despide a sus trabajadores con el argumento de los bajos precios del crudo. De otro lado, la colombiana Gasnorp del grupo Promigas que en el país cafetalero es responsable de la distribución para más de 3.5 millones de usuarios de gas natural.
En esta encrucijada de intereses cruzados una cuestión debe ser clara y contundente como responsabilidad del estado: la urgencia de la masificación del gas natural en Piura para favorecer a los sectores populares y enfrentar los abusos y distorsiones en el mercado del gas licuado de petróleo (GLP)
No hay comentarios:
Publicar un comentario