POR LA SOBERANÍA ENERGÉTICA

MASIFICACIÓN GASÍFERA UN IMPERATIVO NACIONAL

ESCRIBE : JORGE MANCO ZACONETTI

En principio, la economía energética nos recomienda que cada país debe utilizar intensivamente los recursos naturales que la madre naturaleza ha dotado. Si tiene mayores reservas de crudo, dependerá del petróleo en su matriz energética. Si por el contrario está dotado de mayores reservas de gas natural, una matriz energética eficiente deberá expresar está realidad en la relación producción/consumo.

Tanto Perú como Bolivia son deficitarios del petróleo crudo y derivados como el diésel 2 limpio. Sin embargo, mientras el país altiplánico tiene como eje central la masificación del gas natural para integrar las diversas regiones del país, exportando al Brasil y Argentina en las mejores condiciones de precio, industrializando este hidrocarburo como una política de estado, hasta tiene la pretensión de abastecer el sur peruano de gas natural (GN) y gas licuado de petróleo (GLP)

Es más, nuestro vecino pretende realizar una serie de inversiones en el sector de hidrocarburos que van desde la construcción de un ducto que transporte diésel y gasolinas hacia su mercado, lo cual supone tanques de almacenamiento en Ilo (Moquegua), y hasta se especula una inversión en una planta de licuefectación que convierta el gas a un estado líquido para que pueda ser exportado al Asia y otros mercados.

PERVERSO CONSUMO

Por el contrario, nuestro país se caracteriza por un perverso patrón de consumo energético pues dependemos relativamente más del petróleo y derivados (diésel 2 limpio) que no tenemos ni producimos en cantidades suficientes, a pesar de las importantes reservas de gas natural que yacen en el subsuelo, por lo menos tenemos más reservas probadas que Bolivia y Colombia que nos superan largamente en el proceso de masificación.

Por día debemos estar importando, es decir comprando en el exterior, volúmenes cercanos a los 200 mil barriles entre crudo y derivados como el diésel limpio, GLP, algo de gasolinas, lo cual constituye un drenaje de recursos, de capital dinero que sale para afuera, que en última instancia lo financian los consumidores.

Me explico, ello sucede cuando los taxistas cuando tienen que abonar precios de los combustibles como las gasolinas que duplican los precios de derivados similares en los Estados Unidos de Norteamérica, el país más rico del mundo; o las amas de casa cuando compran un balón de GLP pagando más de US $ 10 dólares por un balón de 10 kilos, precios abusivos, a pesar que el insumo principal son los líquidos de gas natural (LGN) de Camisea, cuyos precios son menores al petróleo crudo.

LESIVO CONTRATO DE EXPORTACIÓN

En cambio, desde nuestro país las empresas exportan crudo pesado, residuales más conocidos como petróleos industriales y sobre todo, gas natural proveniente del lote 56, cuyo origen contractual en la campaña electoral del 2016 fue una promesa electoral de los diversos candidatos para su investigación y revisión dando prioridad al mercado interno.

Desde PPK, pasando por la Sra. K hasta el propio Alfredo Barnechea de Acción Popular ofrecieron revisar un lesivo contrato que significa la exportación de un promedio de 450 millones de pies cúbicos al día hacia México, con regalías de oprobio para el fisco   peruano.

En tal sentido, resultan incoherentes las declaraciones del señor viceministro de hidrocarburos del MINEM, Dr. Guevara Dodds, que por un lado presenta como objetivo de este gobierno apostar por la masificación de la “cultura del gas natural” en nuestro país y de otro lado, no se asume como gobierno ningún compromiso para revisar el lesivo contrato de exportación de gas natural del lote 56.

Como buen torero evita en sus declaraciones en un diario local el problema central. Al respecto dice “Acá, la preocupación principal es analizar qué es lo que ha pasado con las concesiones que tenemos hoy, cómo han venido funcionando y qué cosas debemos corregir o qué otras acciones deberíamos tomar. Nuestro objetivo es tratar de llegar  a más peruanos (………) la prioridad es desarrollar la masificación del gas natural con gas peruano. Al 2021 calculamos estar por encima del millón de conexiones” La República 20/1/19

En verdad el problema de la masificación en nuestro país, sus problemas y posibilidades se han puesto a la orden del día en razón del interés del gobierno boliviano de abastecer el sur peruano de gas licuado de petróleo (GLP), gas natural (GN) y realizar otras inversiones que permitan la salida del gas boliviano por el puerto de Ilo (Moquegua), como se señaló en el artículo anterior.

MODELO BOLIVIANO

Como resulta evidente sería un contrasentido que teniendo más reservas probadas de gas natural en relación a nuestro vecino boliviano, prácticamente un 55 % más,  si el país altiplánico declara en el 2017 reservas probadas del orden de 10.70 trillones de pies cúbicos, en nuestro país se suscriben 16.63 trillones con lo cual estaríamos asegurando de lejos la demanda para los próximos veinte años de lejos.

Asumiendo que por definición las reservas probadas deben considerarse como un  concepto dinámico, pues según la terminología técnica las reservas probadas son aquellas que pueden ser explotadas comercialmente con un 90 % de probabilidad de éxito, de acuerdo a los precios y tecnología vigente, en la medida que se vayan consumiendo, hay la necesidad de reponerlas en el tiempo.

Por tanto, considerando las reservas probadas, probables, y posibles prácticamente el futuro de los próximos cuarenta años está asegurado respecto al gas natural, solamente si sumamos el potencial del Gran Camisea lotes 88, 56, 57 y a futuro el lote 58.

Si a ello se agrega el potencial gasífero del norte del país en Piura y Tumbes, en los lotes petroleros con gas asociado y no asociado, y en el Zócalo Continental, se puede decir que nuestro país tiene gas natural en abundancia, sin embargo el gobierno actual no podría oponerse a la presencia del gas boliviano en el marco de las políticas del libre mercado.

De otro lado, los voceros empresariales y sobre todo la cruda realidad desde 2004 a la fecha nos indican que la masificación de la “cultura del gas natural” no constituye un negocio rentable en las provincias andinas; también se argumenta  que nuestro mercado interno es pequeño de allí el poco interés de las empresas responsables del transporte de llevar el gas natural a la sierra del país.

EL SUR SIN GASODUCTO

El otro argumento descalificador se relaciona con la supuesta insuficiencia de reservas probadas para alimentar el llamado gasoducto del sur, ahora denominado Sistema Integrado de Transporte de Gas, para diferenciarse del gasoducto del sur bajo responsabilidad de Odebrecht, Graña y Montero y Enagás que quedó paralizado al 35% de avance en su construcción por problemas estrictamente financieros del consorcio comprometido por la corrupción.

En verdad, el problema de fondo respecto a la masificación de la cultura del gas natural en el Perú a diferencia de Bolivia y Colombia, es político, la falta de interés por el desarrollo nacional, pues la política energética depende de las decisiones de las empresas transnacionales que son los titulares de la propiedad sobre los hidrocarburos.

Por ello, desde el punto de vista de una relación de gobierno a gobierno, mientras los representantes bolivianos tienen capacidad de decisión pues la empresa petrolera YPFB es la responsable del 100% de la comercialización de los hidrocarburos tanto a nivel interno y externo, donde la producción está bajo responsabilidad de empresas privadas, en cambio en nuestro país el propietario de las moléculas sobre los hidrocarburos son las empresas transnacionales.

De allí, que a lo sumo como indica el viceministro de hidrocarburos se trataría de hacer con los representantes bolivianos “sinergias para intercambiar información y experiencias”, pues aquí quién decide el destino de los hidrocarburos son las empresas transnacionales, destacando Repsol de España, Hunt Oil de USA, SK de Corea del Sur, Sonatrach de Argelia, Pluspetrol de Argentina, CNPC de China Popular, Shell entre otras.

¡En verdad las autoridades bolivianas debieran negociar con los líderes empresariales de estas transnacionales!

NACIONALIZACIÓN A LA BOLIVIANA

El fundamento de la capacidad de decisión a la boliviana tiene su origen en el Decreto Supremo 28701 de mayo del 2006 expresión de la nacionalización de los hidrocarburos realizado por el presidente Evo Morales.

Así en el artículo 1º se señala que “En ejercicio de la soberanía nacional, obedeciendo el mandato del pueblo boliviano expresado en el Referéndum vinculante del 18 de julio del 2004 y en aplicación estricta de los preceptos constitucionales, se nacionalizan los recursos naturales hidrocarburíferos del país.

El Estado recupera la propiedad, la posesión y el control total y absoluto de estos recursos.

Artículo 2º A partir del 1 de mayo del 2006, las empresas petroleras que actualmente realizan actividades de producción de gas y petróleo en el territorio nacional, están obligadas a entregar en propiedad a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos YPFB, toda la producción de hidrocarburos. YPFB, a nombre y en representación del Estado, en ejercicio pleno de la propiedad de todos los hidrocarburos producidos en el país, asume su comercialización, definiendo las condiciones, volúmenes y precios tanto para el mercado interno, como para la exportación y la industrialización”

Por tanto, desde el  2006 a la fecha, gracias a la nacionalización sobre los hidrocarburos, el país altiplánico ha tenido en la explotación del gas natural una palanca para su desarrollo, con mayores ingresos fiscales en relación a la renta petrolera que captura el estado peruano, con una creciente masificación interna que integra a las principales ciudades, y una industrialización con mayor valor agregado, teniendo como protagonista central a la petrolera estatal YPFB

UNA ALTERNATIVA POSIBLE

En nuestro país, si todos los contratos de explotación y exploración de hidrocarburos firmados en el pasado bajo la modalidad de licencia, donde el Estado transfiere a cambio de una regalía, la propiedad plena sobre los recursos naturales, se modifican a contratos de servicios, una cuestión contemplada en la legislación vigente, tendríamos una política energética al servicio nacional, sin afectar la gestión ni la rentabilidad que seguiría siendo privada.

Con esta modalidad de “contratos de servicios” que tiene vigencia en la realidad, a través de algunos contratos donde opera por ejemplo la empresa Savia en el lote Z-2B en el Zócalo Continental, en los contratos por los lotes I y V bajo responsabilidad de Graña y Montero contratos próximos a su vencimiento y el lote IX bajo gestión de la empresa petrolera de Universidad de Ingeniería.

En todos éstos “contratos de servicios” el Estado pagaría una retribución a las empresas operadoras, las cuales se convertirían en contratistas del Estado, bajo esta condición la Nación representada por el Estado recuperaría la propiedad, la soberanía, la disponibilidad sobre los recursos naturales.

De esta forma, la explotación de los recursos naturales como el petróleo, el gas y los líquidos de gas natural estarán al servicio del desarrollo económico del país, promoviendo las inversiones de riesgo, con una integración energética al servicio de los sectores sociales menos favorecidos.

URGENTE MASIFICACIÓN

Se debe recordar que las reservas de gas y condensados en el  Gran Camisea, fueron descubiertas por la Shell hacia 1984 por tanto el factor riesgo determinante del precio no fue asumido por las empresas conformantes del Consorcio Camisea, que en el fondo obstaculizan la masificación de la cultura del gas, con un comportamento rentista ajeno al interés público.

Con la alternativa señalada habría una masificación del gas natural a lo largo y ancho del país por medio de ductos, pues los gasoductos virtuales por medio de camiones cisternas hacia el norte y sur del país resultan paliativos pues tienen límites en cuanto a los volúmenes transportados, sobre todo en las regiones andinas que no constituyen mercados atractivos para la rentabilidad privada.

Por ello, por ejemplo resulta inaceptable que el gasoducto que transporta el gas natural que viene del campo Malvinas en La Convención hacia Lima y que pasa a menos de 15 kilómetros en la localidad de La Quinua cerca a la ciudad de Huamanga capital de Ayacucho,  un centro urbano con más de 250 mil habitantes no acceda a la cultura del gas, pues es una región reconocida como pobre por tanto no constituye un mercado atractivo para las empresas privadas.

En resumen, la Nación peruana debe recuperar la titularidad, la propiedad sobre los hidrocarburos como el gas natural reproduciendo lo mejor del modelo boliviano. Ello supone decisión política para recuperar la soberanía plena sobre nuestros recursos naturales, y un importante cambio constitucional sobre la responsabilidad  del estado en sectores considerados estratégicos, apostando por el rol fortalecido de PetroPerú en el sector como lo tiene YPFB en Bolivia.