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jueves, 7 de agosto de 2014

DIARIO UNO: EL NOMBRE ES LO DE MENOS

EL DIARIO DEL PUEBLO

ESCRIBE: Jorge Manco Zaconetti (Investigador UNMSM)

Sea denominada La Primera o Diario UNO lo que importa es la sustancia, lo fundamental, y ello está identificado con la defensa del interés público, de la soberanía en los recursos naturales, contra un modelo económico que hace más ricos a los ricos profundizando la dependencia de nuestra economía a los vaivenes de la economía mundial, con la enajenación de la riqueza producida internamente por los trabajadores. Por ello, y por muchas cosas más colaboro y leo todos los días desde su nacimiento La Primera ahora Diario UNO.

Una visión diferente, alternativa es lo que ofrece el diario, frente a la monotonía editorial de la prensa inspirada en los valores de mercado, del egoísmo, el rentismo, identificada con los intereses de las grandes empresas y grupos de poder económico, con sus secuaces y sicarios en el periodismo que sirven al mejor postor y al gobierno de turno. 

Colaboro con este diario pues nos identifica desde años atrás la defensa del interés nacional por encima de los mezquinos pero entendibles intereses privados. Por ello, bajo la batuta del amauta del periodismo como es César Lévano hijo ilustre de la clase trabajadora, y una planta de reconocidos periodistas como Cruces, Moreno, Wiener, Arteaga, Vásquez, Mayo, Fernández, Rúa, Moscoso y muchos otros más se han ganado un espacio en la historia del periodismo peruano.

Al margen de las diferencias que se puedan tener se debe reconocer la coherencia y consecuencia periodística del diario en grandes jornadas de lucha que son hoy una realidad. Así, nadie puede dejar de reconocer la defensa de la soberanía energética para que los hidrocarburos que subyacen en el subsuelo de Camisea, lotes 88, 56, 57 y 58 sirvan prioritariamente al mercado interno, a las regiones, a nuestras empresas y familias para tener ventajas competitivas en la economía mundial.

Así, desde esta tribuna periodística se denunció las irregularidades contractuales cometidas desde su nacimiento del proyecto Camisea, en especial del proyecto de exportación natural del gas proveniente del lote 56, donde graciosamente se entregaron a dedo más de 2 trillones de pies cúbicos de gas natural de reservas probadas y más de 200 millones de barriles de condensados al Consorcio Camisea.

Como no mencionar la pertinaz lucha del Diario UNO, ex La Primera, en la recuperación de los 2.5 trillones de gas natural del lote 88 otorgados graciosamente y gratuitamente en el 2005 como garantía al proyecto de exportación efectuado por el Consorcio Perú LNG, que recientemente el presidente Humala declara que han sido recuperados para la economía nacional.

En el mismo sentido se debe reconocer que fue este diario donde desde su inicios se apostó por la defensa del fortalecimiento y modernización de la petrolera estatal PetroPerú, con la necesaria integración vertical, con lotes de explotación propios que le permitan la obtención de mayores excedentes que puedan potencial el ahorro interno, y el estado tenga un regulador eficiente en el mercado de combustibles.

Como parte de dicho proceso ha sido mérito de Diario UNO, ex La Primera, y La República, haber influenciado en hacer realidad el proyecto de la modernización de la refinería de Talara, la unidad más importante de PetroPerú, que significará para el país inversiones superiores a los 3,500 millones de dólares en los próximos cinco años.

A partir del 2018 el país contará con la primera refinería capaz de procesar combustibles limpios de azufre, con estándares internacionales de 50 partes por millón de azufre y no los 2,500 que se procesan actualmente. Es más, la modernización permitirá no solamente la ampliación de su capacidad de refinación sino también la posibilidad de procesar los petróleos pesados extraídos de la selva nororiental que hoy se tienen que exportar a precios  castigados.

Ello no hubiese sido posible sin la recurrente campaña nacional de Diario UNO, ex La Primera. Esta es la importancia de tener un periódico al servicio del interés público y la salud de millones de peruanos, mientras otros medios de comunicación  apostaban por la promoción eterna de las importaciones de combustibles limpios para abastecer el mercado interno, con la justificación del libre mercado, soslayando el carácter estratégico de los hidrocarburos.

Tampoco se puede dejar de reconocer la férrea defensa del diario en la forja del gasoducto del sur que desde el Campo de Malvinas alimentará el gas natural del gran Camisea para los departamentos de Cuzco, Arequipa, Puno, Tacna, Moquegua con las posibilidades del desarrollo de la petroquímica a futuro, que será otra lucha por forjar que este medio difundirá.

El cambio de la matriz energética para depender lo menos posible de las importaciones del crudo, la promoción de la autonomía y soberanía energética como requisito para alcanzar el desarrollo ha sido y es, una característica del diario en su corta pero fructífera existencia.

Por último, no puedo dejar de mencionar la necesidad de pugnar por un nuevo patrón de acumulación que haga posible la industrialización de las materias primas, en especial de los productos mineros para superar el extractivismo que ha significado históricos pasivos ambientales y un pobre valor de retorno, es decir, míseros salarios pagados a los trabajadores y un bajo nivel de tributación.

Se denuncia en sus páginas un patrón de acumulación minero donde el estado solamente capta de manera directa sea por concepto de renta minera, es decir, impuesto a la renta, regalías, derechos de vigencia, óbolo, gravamen, e impuesto extraordinario solamente doce dólares por cada cien dólares de ingresos de exportación; ello explica la debilidad institucional del estado para cumplir con sus tareas esenciales en el ámbito de la educación, salud, y seguridad.

Desde una posición objetiva, plural, democrática, popular, inspirada en una izquierda moderna, Diario UNO ahora antes La Primera, se ha ganado un espacio en la prensa independiente del poder de turno desde su fundación. Por ello y otras cosas más, escribimos y somos acogidos generosamente en sus páginas.

jueves, 22 de noviembre de 2012

LA CRUZADA NACIONAL POR LA PAMPILLA*

* Publicado por Alberto Ríos Villacorta el 09 de noviembre de 2012

En el Perú, se discute la posibilidad de venta de la refinería de La Pampilla, propiedad de la transnacional española Repsol. En 1996 fue privatizada y este año se ha convertido en un asunto de seguridad estratégica y soberanía energética.

La Pampilla funciona casi exclusivamente con petróleo importado, es decir, es un negocio de refinar crudo extranjero y de obtener un reducido margen de ganancia por la venta de derivados. Soberanía energética no es importar petróleo y refinarlo, ni tampoco depender del petróleo, sino más bien, elaborar un plan de despetrolización de la economía.

Un poco de historia

En junio de 1996, se privatizó el 60% de las acciones de la refinería de La Pampilla por un valor de 180 millones de dólares, incluyendo en la transacción 38 millones en valores de deuda externa. El contrato de privatización incluía además un compromiso de inversión de 50 millones en 5 años por parte del consorcio Relapasa, la agraciada de la compra de la refinería más importante del Perú. En el momento de la privatización, Repsol poseía el 55% del consorcio Relapasa, que además tenía como socios a YPF, Mobil y tres compañías peruanas.

En 1999, el actual Presidente del Directorio de Petroperú, Humberto Campodónico, elaboró un excelente informe sobre la privatización de Petroperú: "La Inversión en el Sector Petrolero Peruano en el Periodo 1993-2000". En ese documento se presenta una excelente información sobre el proceso de privatización de La Pampilla.

Según el anteriormente mencionado informe del actual Presidente de Petroperú, ya en 1997, un año después de la venta, el "holding" de Repsol facturó alrededor de US$ 851 millones en sus negocios de la refinería La Pampilla, en la empresa comercializadora de combustibles Corpetrol (90% de las acciones en manos de Repsol) y en Solgas, la Compañía Peruana de Gas (60% de las acciones en manos de Repsol).

En relación al nivel de ingresos, Repsol se encontraba entre las cinco primeras empresas del Perú. Un excelente negocio para la transnacional española, que además, con la entrega de un cheque se hacía con el control del mercado peruano de refino y distribución de combustible. En una sociedad adicta al petróleo es un simple cambio de distribuidor de la droga; el adicto y su adicción siguen siendo los mismos.

Jorge Manco Zaconetti, en su libro "Privatización e Hidrocarburos: Mito y Realidad. Perú 1991-2002", indica que la valorización real de la refinería de la Pampilla era de 460 millones de dólares, incluyendo el precio del terreno valorado en 104 millones de dólares. La privatización de la refinería de La Pampilla fue el resultado de la pésima gestión gerencial de un Estado corrupto y cortoplacista, que empleaba a la empresa petrolera estatal para satisfacer la fidelidad y clientelismo electoral de sus partidarios y como herramienta política para subvencionar el precio de los combustibles.

16 años después de la privatización, el Estado tiene la oportunidad de retomar el control de La Pampilla y posicionarse como actor monopólico en el mercado nacional de combustibles y así garantizar un controvertido concepto de seguridad energética.

El controvertido concepto de seguridad energética

Algunas puntualizaciones al controvertido concepto de soberanía nacional y seguridad energética.
  • La venta de derivados del petróleo en el Perú, efectivamente, está en manos de Repsol y de Petroperú, no hay duda, pero la seguridad energética del Perú está asociada a la dependencia del petróleo, un bien escaso y caro, que el Perú no dispone y que genera inseguridad y vulnerabilidad energética.
  • Es realmente indiferente quien controle el mercado de derivados del petróleo, chilenos, españoles o peruanos. El precio del petróleo ha entrado en una fase de encarecimiento irreversible debido a múltiples factores: agotamiento del crudo ligero, especulación de los mercados de futuro, encarecimiento del petróleo no convencional, tensiones geopolíticas en las zonas de producción y la dificultad de los productores en seguir la demanda.
  • Pretender que el Estado controle las refinerías de Talara y La Pampilla para regular el mercado y establecer precios ficticios al crudo ligero es incrementar la dependencia de la economía peruana al petróleo en un periodo de la humanidad, caracterizado por altos precios de ese recurso fósil, además de distorsionar los precios de bienes y servicios e incitar el derroche de un recurso escaso y caro.
  • El Perú es actualmente un importador neto de petróleo y de derivados del petróleo. La producción nacional no cubre ni la tercera parte de la demanda interna y, por tanto, es necesario importar petróleo crudo y derivados de petróleo para cubrir las necesidades del mercado nacional. Por tanto, regular el mercado interno implicaría imponer precios internos reducidos a un producto de importación caro, es decir, una vez más se plantea utilizar a Petroperú como herramienta política y sistema de control de precios.
  • La historia reciente del Perú ya demostró lo inadecuado de esas medidas y las graves consecuencias económicas de subvencionar los derivados del petróleo en una economía altamente dependiente del petróleo como lo es la economía peruana. Una política de precios bajos del petróleo en el mercado interno implica la utilización de dinero público para compensar el desfase de precios.
  • La dependencia del petróleo es la causa de la inseguridad energética y la culpa de la dependencia del petróleo recae en quien fomenta el consumo irracional del mismo con políticas incorrectas a largo plazo y con una visión desinformada de la realidad energética.
La estrategia a largo plazo de seguridad energética no es, por tanto, incrementar la dependencia del petróleo. La estrategia para garantizar la invulnerabilidad energética del Perú es desacoplar la economía del petróleo. El principal problema del Perú es elaborar una estrategia para despetrolizar el Perú y no incitar el consumo de derivados de petróleo a precios subvencionados.

La Pampilla y la estrategia de despetrolización 

Algunos especialistas indican la necesidad de recuperar la refinería de La Pampilla por razones de soberanía estratégica y seguridad energética. Se plantean una serie de reflexiones sobre la necesidad de la intervención estatal en la recompra de La Pampilla.
  • La re-nacionalización de la refinería de La Pampilla no se sustenta con un discurso de seguridad energética ante inversores extranjeros. La dependencia del Perú es del petróleo y la estrategia correcta es despetrolizar la economía del país.
  • Una estrategia de invulnerabilidad energética consiste, por tanto, en reducir el consumo de derivados de petróleo en el transporte de mercancías y en el transporte de personas así como en promover una agricultura menos dependiente de insecticidas, pesticidas y fertilizantes obtenidos a partir de recursos fósiles como el petróleo y el gas natural.
  • El pilar del proceso de despetrolización es invertir en infraestructuras ferroviarias para el transporte de mercancías y reducir la dependencia de los precios de los principales productos de la canasta familiar de los precios internacionales del petróleo.
  • Elaborar un plan de movilidad y transporte urbano sostenible basado en trenes y tranvías que permita electrificar el transporte en las grandes ciudades en paralelo a la construcción de instalaciones renovables de generación eléctrica.
Una importante reducción del consumo de derivados de petróleo derivará en un exceso de capacidad de producción instalada, y por tanto, incentivará la competitividad de un mercado de combustibles exclusivamente dirigido al transporte privado. Los ciudadanos que deseen disfrutar de amplios y modernos coches para su transporte y ocio deberán pagar los altos precios internacionales del petróleo y los elevados impuestos por la ocupación de espacio urbano, por la contaminación del aire y por el impacto visual generado.

Petroperú podrá exportar sus excedentes en un mercado internacional marcado por los elevados precios de los derivados de petróleo y las ganancias de la renta petrolera deberán emplearse en financiar el proceso de despetrolización del Perú y en la implementación de un sistema de movilidad y transporte sostenible.

Mientras, se deberá obligar a Repsol o a los nuevos dueños de La Pampilla a cumplir con la obligatoriedad de obtener derivados del petróleo con un valor inferior a 50 ppm de azufre. En caso de incumplimiento, se deberá proceder a la licitación internacional de la refinería de La Pampilla y en las bases exigir y supervisar la inversión necesaria para el cumplimiento de las exigencias medioambientales adaptadas al mercado internacional.

La modernización de la refinería de La Pampilla implicaría una inversión de 800 millones de dólares, por tanto, es un problema económico exclusivo de la transnacional española y que el Estado no debería permitir que se lo endosen. De lo contrario, la renacionalización de La Pampilla pasará a la historia nacional como la crónica de un rescate anunciado de una empresa privada por el Estado con dinero de los contribuyentes.

Si la venta de La Pampilla se realiza, la transnacional petrolera Repsol habrá hecho el mejor negocio de su corta historia. Comprar una refinería estatal a precio de saldo, 180 millones de dólares, y venderla a precio de oro, - según Morgan Stanley y el Banco ITAU BBA el valor de la venta oscilaría entre 280 y 400 millones de dólares -. Asimismo, Repsol con la venta de La Pampilla trasladará al Estado una deuda a largo plazo de 515 millones de dólares y se permitiría ahorrar 800 millones de dólares en un proceso obligatorio de modernización de la refinería.

Será complicado para el actual gobierno explicar a los electores nacionalistas la compra de una refinería, que se vendió a precio de coste y que se recompra para, bajo pretexto de un mal entendido concepto de seguridad energética, ahorrar a la transnacional española la inversión obligatoria en una planta de desulfurización.

¿Usted está de acuerdo con que el Estado retome el control de la refinería La Pampilla como medida de regular el mercado?


miércoles, 30 de mayo de 2012

PETROPERÚ Y LA MASIFICACIÓN DEL GAS*

ESCRIBE: JORGE MANCO ZACONETTI (Investigador UNMSM)

La experiencia para hacer realidad el proyecto Camisea, después del fracaso del primer gobierno de Alan García, nos demuestra la intervención del Estado como promotor de la inversión, generando un marco legal que permita la existencia y viabilidad del mercado para el gas natural.

Al respecto se debería recordar y analizar la serie de normas que se promulgaron.

Así, se limitó por decreto la construcción de centrales hidroeléctricas para priorizar el mercado en la generación eléctrica a base del gas de Camisea. Es más, se dispuso que la empresa estatal de generación hidráulica Electroperú compre obligatoriamente al Consorcio Camisea 70 millones de pies cúbicos diarios de gas natural, en un contrato take or pay, para que estos volúmenes sirvan a la transnacional Endesa y los consuma en su unidad térmica de Ventanilla ubicada al norte de Lima. Con ello se aseguraba una demanda mínima que rentabilice el gasoducto de Camisea (Malvinas) a Lima.

También se debe recordar que todos los usuarios eléctricos del país financiamos de manera adelantada con un plus en nuestros recibos de energía desde agosto del 2002 hasta el 2009, la Garantía de Red Principal (GRP) por más de 470 millones de dólares que permitió hacer posible y rentable el gasoducto bajo responsabilidad de Transportadora de Gas del Perú (TGP).

Allí estaban, dicho sea de paso, los mismos accionistas que conforman el Consorcio Camisea.

Igualmente, se estableció una serie de beneficios tributarios que permitieron a los accionistas del llamado Consorcio hacer posible la realidad de los importantes montos de inversión, a pesar que no asumieron los riesgos en el descubrimiento de las reservas del gas y líquidos de gas natural de los lotes 88 y 56.

Estos beneficios que van desde el fraccionamiento en el pago de los aranceles de importación, la exoneración del pago de IGV en las actividades de exploración/explotación cuando las actividades de inversión de riesgo eran mínimas.

También se aprobó una ley que permitía la posibilidad de recuperación de la inversión, mediante los cargos de depreciación con el efecto "arrastre de pérdidas" hasta ocho años, lo cual significaba un escudo tributario por concepto de impuesto a la renta.

Es más, las reservas de gas natural y condensados del lote 56 con "reservas probadas" de 2 trillones de pies cúbicos (TCF) y más de 200 millones de barriles de condensados fueron asignadas directamente por Perúpetro al Consorcio Camisea.

No hubo licitación ni concurso alguno. Ahora, este organismo público, responsable de promover la inversión y supervisar los contratos de hidrocarburos, se rehúsa a la transferencia directa de los lotes cuyos contratos están por vencer a Petroperú, que es la única empresa petrolera en el mundo que no produce un barril de crudo.

Es decir, fue una política deliberada de Estado que involucró a cuatro gobiernos (Fujimori, Paniagua, Toledo y García) lo que hizo posible la realidad y los beneficios socioeconómicos de la cultura del gas con la explotación de las reservas de los lotes 88 y 56 que ahora deben ser extendidos a nuestros compatriotas del sur.

Por ello, cuando los críticos a la participación del Estado y la intervención de Petroperú por mandato del gobierno, señalan que el Estado "no debe invertir ni un dólar" en el gasoducto del sur soslayan la necesidad de construir un mercado, negando la posibilidad de una nueva industria, donde debiera apostarse por una alianza pública/privada entre el Estado y el Consorcio Kuntur, o cualquier otra empresa que tenga la decisión con el financiamiento requerido por los altos niveles de inversión que pueden superar los 5,000 millones de dólares, en razón de la longitud de los gasoductos para el gas natural y otro de líquidos.

Un potencial mercado para la masificación del gas en el sur está identificado con el sector minero que demanda energía con parámetros de responsabilidad ambiental y social. Solamente en proyectos mineros en el sur del Perú existe una inversión estimada por encima de los 30,000 millones de dólares, sea en Apurímac (Las Bambas, Los Chancas, Hierro Apurímac), en Cusco (Constancia, Antapaccay, Quechua, etcétera), en Arequipa ( Ampliación de Cerro Verde, Tía María, Pampa de Pongo entre otras), Moquegua (Ampliación de Cuajone, Ampliación de la Fundición y Refinería más Quellaveco, Los Calatos etc.), en Puno (Corani, Ollachea, Bear Creck) y Tacna (Ampliación de Toquepala y Pucamarca).

Si a ello se agregan las inversiones en plantas petroquímicas para aprovechar los hidrocarburos de metano y etano contenidos en el gas natural de los lotes 88, 57 y 58 que serían transformados en Ilo/ Moquegua, donde se levantaría un polo petroquímico con inversiones superiores a los 10 mil millones de dólares.
Así se podrá producir no solamente fertilizantes sino, sobre todo, polietilenos a partir de la transformación del etano en etileno que permitan obtener una serie de subproductos desde plásticos hasta productos sintéticos, fibras, envases, etc.

En esta propuesta el Estado tiene que intervenir como promotor y protagonista, si es que de verdad se quiere masificar la cultura del gas en los departamentos del sur, región donde se concentran a la mayor cantidad de peruanos que se reproducen en condiciones de pobreza y extrema pobreza.

* Publicado en el Diario El Peruano