¿OTRA OPORTUNIDAD PERDIDA?
Si se trata de hacer un balance de la gestión del gobierno del Presidente Alan García en los dos primeros años de su mandato, en el subsector minero es notoria la continuidad de la política de promover los mayores volúmenes de inversión privada, aproximadamente de casi 18 mil millones de dólares al 2015, sin compromisos adicionales a los vigentes en los contratos de estabilidad jurídica de inicios de los años noventa. No es lo mismo promover la inversión privada cuando el Perú era un país inelegible, que ahora cuando es centro de atracción de la inversión minera mundial, gracias a sus bajos costos de producción y débil propensión tributaria.
Por ejemplo, no hay voluntad política para negociar el cumplimiento del abono de regalías para todas las empresas mineras sin excepción, no hay intención de exigir mayores montos de regalías ni de incrementar el valor de los derechos de vigencia como una forma de aumentar la participación del Estado en la renta minera. En el mismo sentido, no existen compromisos de transformación industrial con valor agregado para exportar toneladas métricas de fino y no como ahora concentrados que se castigan en el mercado mundial. Ejemplo el proyecto de Toromocho exportará cobre, zinc y plomo en concentrado y está a menos de 30 kilómetros del complejo minero metalúrgico de La Oroya que opera Doe Run Perú.
Una ausencia notable es la falta de una estrategia nacional para un mayor valor agregado en los minerales que se extraen del subsuelo. Más que exportar concentrados, y finos, el Perú debiera exportar manufacturas de joyería, artesanías de oro, plata, cobre, y productos industriales, esto genera más empleo y tiene un efecto multiplicador. La industrialización de los minerales ferrosos y no ferrosos es el camino a seguir según la experiencia de los países que ayer fueron pobres y hoy son prósperos.
Después de todo el Estado no está aprovechando lo suficiente el llamado “boom de la minería” y los altos precios de los minerales que debieran colocar al Perú en una inmejorable posición internacional superando a Chile. En tal sentido, no es lo mismo promover la inversión con proyectos de oro a precio de 300 dólares la onza troy como en el pasado, y ahora que bordean los 1,000 dólares la onza, ni promover proyectos de cobre a casi US$ 4 dólares la libra cuando estaban a menos de un dólar en 1996.
Esta actividad minera a la cual se le siguen otorgando mayores facilidades tendrá un horizonte social cada vez más conflictivo con las organizaciones sociales, comunidades, frentes de defensa, y gobiernos locales. Por ello, es previsible mayores conflictos sociales que harán inviables las inversiones a menos que la inversión minera desde la etapa de exploración asegure a la población la dotación de agua, e involucre a la población en el marco de un desarrollo sostenible, con responsabilidad social y ambiental. Esto requiere un Estado pro activo, promotor y previsor para administrar los conflictos sociales.
Al respecto el discurso presidencial del 28 de julio poco o nada de esto hizo referencia, sobre el crecimiento empobrecedor de exportación de materias primas sin valor agregado, que caracteriza el modelo de explotación minero vigente. A ello, se debiera sumar la grave informalidad minera con los efectos contaminantes y sociales, que se generaliza en regiones mineras.
En el caso del subsector de la energía, es evidente el uso y abuso del gas de Camisea en la generación eléctrica, que ha colmado el ducto que viene de Ica (Pisco) a Lima que no supera los 314 millones de pies cúbicos. Utilizar el gas barato de Camisea, lote 88, rico en etano 10% y metano 90% para la generación eléctrica es “como hacer taxi con un Mercedes Benz”, es decir un lujo y un despilfarro pues estamos postergando las posibilidades de un desarrollo petroquímico a partir de la industrialización del gas.
No se está promoviendo la inversión en plantas de generación hidroeléctrica en especial de la vertiente oriental de la Amazonía, por la falta de incentivos ante una distorsión de los precios relativos de las fuentes energéticas. Ante un precio del gas natural excesivamente barato para la generación eléctrica pocas empresas en firme invertirán en la generación eléctrica hídrica y eólica. El beneficio de la depreciación acelerada no es ningún beneficio adicional, y resultaría insuficiente.
El Perú necesita asegurar más de 500 megavatios de capacidad de potencia instalada por año, por lo menos para garantizar el crecimiento económico de los próximos años, los proyectos mineros y la firma de los tratados de libre comercio que demandarán más energía. Solamente el proyecto de Toromocho demandará 200 megavatios (MW) y los nuevos proyectos hídricos toman su tiempo.
Si no fuera por los hidrocarburos de Camisea la situación sería extremadamente crítica. La producción de petróleo crudo sigue cayendo, pues no se tiene una política realmente promotora de la “inversión de riesgo”, como por ejemplo la inversión en los llamados horizontes profundos en el mar, con empresas serias que aporten capital y tecnología, y en tierra que vayan a mayores profundidades de la estructura Mogollón, al paleozoico, donde pocas veces se ha perforado, y que podrían esconder importantes volúmenes de petróleo.
Por último, el Fondo de Estabilización a los Combustibles que según el mensaje presidencial ha comprometido más de 3 mil millones de nuevos soles, pero que en realidad adeudan a las refinerías más de 1,300 millones; éste debe ser corregido para no asfixiar a las refinerías que operan en el país. en especial la de PetroPerú, a la cual el Estado le debe más de 800 millones de nuevos soles. Lo que no pudo hacer PPK con las refinerías de PetroPerú, es decir, quebrarlas para luego justificar su privatización, lo ha hecho el ex ministro del MEF Carranza con la solidaria participación del Presidente de PetroPerú Ing. César Gutiérrez un viejo zorro privatizador.
El subsidio del Fondo de Estabilización de Combustibles fue una propuesta sensata en el pasado reciente, cuando el precio internacional del crudo estaba por 40 dólares el barril, y ahora con precios internacionales superiores de 120 dólares el Fondo de Estabilización se ha convertido en un subsidio indiscriminado que el Estado no podrá recuperar. Lo razonable sería dirigir los montos que financian el Fondo, más de 100 millones de nuevos soles por semana, hacia el financiamiento del “bono chatarrero”, esto sería lo inteligente. Así, al 2011 se tendrían más 300 mil unidades convertidas al gas natural vehicular (GNV) y gas licuado de petróleo (GLP), de un parque automotor de un millón y medio de unidades.
Se debe corregir la naturaleza del Fondo haciendo que las refinerías a más tardar a los tres meses puedan recuperar los adeudos del Ministerio de Economía y Finanzas. De lo contrario PetroPerú no podrá cumplir con sus proveedores y bancos. Es más, la naturaleza del Fondo debe restringirse al diesel 2 y gasolina 84, de uso masivo y popular.
Lamentablemente en el discurso presidencial no hubo referencia al “bono chatarrero” como un mecanismo de mercado para la masificación del gas vehicular y la sustitución del diesel contaminante. ¡El precio internacional del petróleo seguirá subiendo y la popularidad del Presidente de la República bajando!
De allí, la necesidad de masificar la cultura del gas natural no solamente del lote 88, sino también del 56, 57, 58 para asegurar el consumo para las próximas generaciones en un horizonte renovado. En el mismo sentido, resulta contradictorio que en las operaciones de Talara se siga venteando el gas natural en volúmenes importantes. Se debe prohibir taxativamente el “venteo del gas”, ¡Así de simple!
Ello exige y supone una mayor fiscalización de parte del Estado y sus organismos reguladores. Ejemplo Osinergmin está captando importantes recursos del subsector eléctrico y de hidrocarburos que no están siendo razonablemente utilizados; y en tal sentido la regulación ambiental de la actividad minera sigue siendo deficitaria gracias a los vaivenes del gobierno acerca del Ministerio de Medio Ambiente y el ámbito de su fiscalización, sin presupuesto ni personal.
En resumen, el discurso presidencial respecto al sector de energía y minas no captó los problemas estructurales, de fondo, que se están incubando a pesar de los notorios índices de crecimiento. Habría que recordarle al Presidente de la República las lecciones de su viejo maestro de la Universidad de París, Francois Bourricaud, que desarrollo económico no es igual al crecimiento. Se podrán tener mayores inversiones, reservas, exportaciones, pero si una importante proporción de la población se siente pobre y miserable, el modelo está fallando.
Por ejemplo, no hay voluntad política para negociar el cumplimiento del abono de regalías para todas las empresas mineras sin excepción, no hay intención de exigir mayores montos de regalías ni de incrementar el valor de los derechos de vigencia como una forma de aumentar la participación del Estado en la renta minera. En el mismo sentido, no existen compromisos de transformación industrial con valor agregado para exportar toneladas métricas de fino y no como ahora concentrados que se castigan en el mercado mundial. Ejemplo el proyecto de Toromocho exportará cobre, zinc y plomo en concentrado y está a menos de 30 kilómetros del complejo minero metalúrgico de La Oroya que opera Doe Run Perú.
Una ausencia notable es la falta de una estrategia nacional para un mayor valor agregado en los minerales que se extraen del subsuelo. Más que exportar concentrados, y finos, el Perú debiera exportar manufacturas de joyería, artesanías de oro, plata, cobre, y productos industriales, esto genera más empleo y tiene un efecto multiplicador. La industrialización de los minerales ferrosos y no ferrosos es el camino a seguir según la experiencia de los países que ayer fueron pobres y hoy son prósperos.
Después de todo el Estado no está aprovechando lo suficiente el llamado “boom de la minería” y los altos precios de los minerales que debieran colocar al Perú en una inmejorable posición internacional superando a Chile. En tal sentido, no es lo mismo promover la inversión con proyectos de oro a precio de 300 dólares la onza troy como en el pasado, y ahora que bordean los 1,000 dólares la onza, ni promover proyectos de cobre a casi US$ 4 dólares la libra cuando estaban a menos de un dólar en 1996.
Esta actividad minera a la cual se le siguen otorgando mayores facilidades tendrá un horizonte social cada vez más conflictivo con las organizaciones sociales, comunidades, frentes de defensa, y gobiernos locales. Por ello, es previsible mayores conflictos sociales que harán inviables las inversiones a menos que la inversión minera desde la etapa de exploración asegure a la población la dotación de agua, e involucre a la población en el marco de un desarrollo sostenible, con responsabilidad social y ambiental. Esto requiere un Estado pro activo, promotor y previsor para administrar los conflictos sociales.
Al respecto el discurso presidencial del 28 de julio poco o nada de esto hizo referencia, sobre el crecimiento empobrecedor de exportación de materias primas sin valor agregado, que caracteriza el modelo de explotación minero vigente. A ello, se debiera sumar la grave informalidad minera con los efectos contaminantes y sociales, que se generaliza en regiones mineras.
En el caso del subsector de la energía, es evidente el uso y abuso del gas de Camisea en la generación eléctrica, que ha colmado el ducto que viene de Ica (Pisco) a Lima que no supera los 314 millones de pies cúbicos. Utilizar el gas barato de Camisea, lote 88, rico en etano 10% y metano 90% para la generación eléctrica es “como hacer taxi con un Mercedes Benz”, es decir un lujo y un despilfarro pues estamos postergando las posibilidades de un desarrollo petroquímico a partir de la industrialización del gas.
No se está promoviendo la inversión en plantas de generación hidroeléctrica en especial de la vertiente oriental de la Amazonía, por la falta de incentivos ante una distorsión de los precios relativos de las fuentes energéticas. Ante un precio del gas natural excesivamente barato para la generación eléctrica pocas empresas en firme invertirán en la generación eléctrica hídrica y eólica. El beneficio de la depreciación acelerada no es ningún beneficio adicional, y resultaría insuficiente.
El Perú necesita asegurar más de 500 megavatios de capacidad de potencia instalada por año, por lo menos para garantizar el crecimiento económico de los próximos años, los proyectos mineros y la firma de los tratados de libre comercio que demandarán más energía. Solamente el proyecto de Toromocho demandará 200 megavatios (MW) y los nuevos proyectos hídricos toman su tiempo.
Si no fuera por los hidrocarburos de Camisea la situación sería extremadamente crítica. La producción de petróleo crudo sigue cayendo, pues no se tiene una política realmente promotora de la “inversión de riesgo”, como por ejemplo la inversión en los llamados horizontes profundos en el mar, con empresas serias que aporten capital y tecnología, y en tierra que vayan a mayores profundidades de la estructura Mogollón, al paleozoico, donde pocas veces se ha perforado, y que podrían esconder importantes volúmenes de petróleo.
Por último, el Fondo de Estabilización a los Combustibles que según el mensaje presidencial ha comprometido más de 3 mil millones de nuevos soles, pero que en realidad adeudan a las refinerías más de 1,300 millones; éste debe ser corregido para no asfixiar a las refinerías que operan en el país. en especial la de PetroPerú, a la cual el Estado le debe más de 800 millones de nuevos soles. Lo que no pudo hacer PPK con las refinerías de PetroPerú, es decir, quebrarlas para luego justificar su privatización, lo ha hecho el ex ministro del MEF Carranza con la solidaria participación del Presidente de PetroPerú Ing. César Gutiérrez un viejo zorro privatizador.
El subsidio del Fondo de Estabilización de Combustibles fue una propuesta sensata en el pasado reciente, cuando el precio internacional del crudo estaba por 40 dólares el barril, y ahora con precios internacionales superiores de 120 dólares el Fondo de Estabilización se ha convertido en un subsidio indiscriminado que el Estado no podrá recuperar. Lo razonable sería dirigir los montos que financian el Fondo, más de 100 millones de nuevos soles por semana, hacia el financiamiento del “bono chatarrero”, esto sería lo inteligente. Así, al 2011 se tendrían más 300 mil unidades convertidas al gas natural vehicular (GNV) y gas licuado de petróleo (GLP), de un parque automotor de un millón y medio de unidades.
Se debe corregir la naturaleza del Fondo haciendo que las refinerías a más tardar a los tres meses puedan recuperar los adeudos del Ministerio de Economía y Finanzas. De lo contrario PetroPerú no podrá cumplir con sus proveedores y bancos. Es más, la naturaleza del Fondo debe restringirse al diesel 2 y gasolina 84, de uso masivo y popular.
Lamentablemente en el discurso presidencial no hubo referencia al “bono chatarrero” como un mecanismo de mercado para la masificación del gas vehicular y la sustitución del diesel contaminante. ¡El precio internacional del petróleo seguirá subiendo y la popularidad del Presidente de la República bajando!
De allí, la necesidad de masificar la cultura del gas natural no solamente del lote 88, sino también del 56, 57, 58 para asegurar el consumo para las próximas generaciones en un horizonte renovado. En el mismo sentido, resulta contradictorio que en las operaciones de Talara se siga venteando el gas natural en volúmenes importantes. Se debe prohibir taxativamente el “venteo del gas”, ¡Así de simple!
Ello exige y supone una mayor fiscalización de parte del Estado y sus organismos reguladores. Ejemplo Osinergmin está captando importantes recursos del subsector eléctrico y de hidrocarburos que no están siendo razonablemente utilizados; y en tal sentido la regulación ambiental de la actividad minera sigue siendo deficitaria gracias a los vaivenes del gobierno acerca del Ministerio de Medio Ambiente y el ámbito de su fiscalización, sin presupuesto ni personal.
En resumen, el discurso presidencial respecto al sector de energía y minas no captó los problemas estructurales, de fondo, que se están incubando a pesar de los notorios índices de crecimiento. Habría que recordarle al Presidente de la República las lecciones de su viejo maestro de la Universidad de París, Francois Bourricaud, que desarrollo económico no es igual al crecimiento. Se podrán tener mayores inversiones, reservas, exportaciones, pero si una importante proporción de la población se siente pobre y miserable, el modelo está fallando.
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