Se debe agregar que la pérdida de la reserva eléctrica durante el mismo período de 50 % a 30%, llega a menos de 10 % en las horas punta, que se suman a las restricciones en el suministro de gas natural a las centrales térmicas en horas punta (18 a 23 horas) por la congestión en el gaseoducto de Humay (Ica) a Lima, que tiene una capacidad máxima de transporte de 290 millones de pies cúbicos. Esto representa un equivalente de 200 MW de menor generación a gas natural que se sustituye con los altos precios del diesel 2 que cuesta entre 20 % a 25 % más caro que el precio internacional del petróleo.
Creemos que este es el punto de partida para reconocer el problema esencial que resulta en la ausencia de una planificación energética como política de Estado, que desde los inicios de la década de los noventa impuso el sentido común del “libre mercado”, desregulando el mercado eléctrico, debilitando el rol del Estado y privatizando empresas públicas rentables al mejor postor, con mínimos compromisos de inversión.
Desde la privatización fragmentada de ElectroLima, pasando por el debilitamiento de ElectroPerú a la cual se le cargó los pasivos del endeudamiento externo que significó la construcción de las centrales hídricas de Carhuaquero, y Charcani previa a una privatización que felizmente no se produjo gracias a la participación de usuarios, regiones, sindicatos, Frente de Defensa de las Empresas Públicas que presidía el siempre digno y recordado Gustavo Mohme LLona. Incluso en el gobierno de la transición (2001) se impuso la irracional privatización eléctrica de Electroandes, que era la parte eléctrica del complejo metalúrgico La Oroya- Centromín, donde se transfirió también la unidad de Yuncán a medio construir, y que representa onerosos gastos financieros al Estado.
Esta ausencia de la planificación energética encuentra su expresión en la desaparición del Instituto Nacional de Planificación (INP) que era el organismo responsable de la elaboración de proyectos, estudios de la realidad nacional, proyectando los requerimientos del país a futuro, para resolver entre otras interrogantes ¿cuál será la evolución de la demanda de energía, si el PBI crece a 6%, 7% o 9% por año? En tal sentido no resulta convincente desde el punto de vista oficial aducir que los desequilibrios energéticos actuales se explican por “El fuerte crecimiento de la demanda eléctrica, en el 2006 8.6%; en el 2007 10.8%; y, primer semestre de 2008 10.2% Más de 1000 MW en tres años”. ¿Dónde está y qué hace el Estado? La dotación de energía en volúmenes que aseguren la autonomía, la oportunidad, calidad del servicio y precio son problemas muy importantes desde el punto de vista nacional para dejarlos bajo responsabilidad privada. ¿Qué hace Osinergmin?
En verdad, estos problemas exigen un análisis de largo plazo para entender la estructura y dinámica del sector eléctrico. Estamos pagando la factura de las decisiones que se tomaron en la década de los noventa. En tal sentido, es bueno recordar que en el segundo gobierno del Presidente Alberto Fujimori se promulgaron dos normas que prohibían la construcción de centrales hídricas, tales como la ley Nº 26980 de setiembre de 1998 que suspendía las Concesiones Temporales y Definitivas de Generación HidroEléctrica por un plazo de nueve meses que se extendió con el DS Nº 040-99-EM de septiembre con la aprobación del reglamento de la ley de promoción del Desarrollo de la industria del Gas Natural.
Esta prohibición desalentó las inversiones en nuevas centrales hídricas que hasta 1992 era realizada exitosamente con todos sus problemas por el Estado con crédito externo, hasta que se impuso la política de indiscriminados subsidios que descapitalizaron a las empresas estatales, especialmente a ElectroPerú (1986- 1990). Las limitaciones para la construcción en nuevas centrales hidráulicas si bien fue superada en julio del 2001, sus efectos los estamos asumiendo en el presente por la ausencia de nuevos proyectos que por su complejidad toman su tiempo.
Prueba de ello es el número de “Proyectos Hidroeléctricos con Concesión Definitiva “según la información oficial del Ministerio de Energía y Minas, con excepción de la central hídrica del Platanal en construcción con una potencia de 220 MW y que entrará en operaciones en el 2009, los demás proyectos están en etapa de estudios, son pequeños, o serán realidad en el 2014. Por lo tanto, el camino expeditivo, de corto plazo, por la ausencia de una planificación energética será recurrir a la generación termoeléctrica utilizando el gas natural barato, especialmente del lote 88 de Camisea.
Asumiendo con entusiasmo las cifras oficiales para el 2014, el incremento de la potencia instalada será de 1,655 estimada en MW (megavatios), desde todo punto de vista resultan insuficientes para enfrentar racionalmente la futura demanda energética, el crecimiento económico, la ampliación minera, solamente el proyecto minero de Toromocho en la región central demandará más de 200 MW.
En verdad, con excepción de la central hidráulica del Platanal ubicada en la provincia de Cañete al sur de Lima que tiene como principal accionista al grupo de Cementos Lima, se podría decir que el grupo cementero tiene su propia central que deberá satisfacer los requerimientos de la industria. En realidad, el problema de los precios relativos en la generación termoeléctrica distorsiona la oferta. En nuestro país, el gas natural proveniente de Camisea lote 88 es tan barato que desestimula la inversión en plantas de generación hídrica y eólica.
Se necesita un “New Deal” energético en serio, un nuevo trato que supere los problemas y limitaciones para la inversión hídrica y de las energías no convencionales como la eólica, un nuevo marco tributario, arancelario, tarifario que compense los bajos precios de la generación termoeléctrica en base al gas natural.
En realidad, con precios del gas natural para la generación eléctrica de US$ 2.50 por millón de BTU (unidad térmica), precio que incluye la explotación, transporte y distribución, ningún proyecto hidroeléctrico bajo responsabilidad privada resulta atractivo. Evidentemente lo expeditivo y razonable desde el punto de vista del capital privado es “colgarse” al gas barato de Camisea en la costa con una central térmica.
Esto demuestra una vez más que la “racionalidad y eficiencia privada” resulta diferente y alguna veces contraria al interés público.
De otro lado, ello exige y supone un rol más pro activo del Estado en la inversión eléctrica, que debieran ir más allá del Decreto de Urgencia Nº 037-2008 que por su propia naturaleza aspira a “dictar disposiciones necesarias para asegurar, en el corto plazo, el abastecimiento oportuno de energía eléctrica en el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN)”, autorizando a las empresas estatales de generación la contratación de bienes y equipo para enfrentar una futura emergencia, superando las limitaciones del SNIP (Sistema de Inversión Pública) y Consucode.
Al margen de las medidas de corto plazo, cabe interrogarse ¿Cuántas centrales hídricas se levantarán realmente en los próximos años? ¿Qué pasará con las próximas generaciones cuando se hayan agotado las reservas del gas barato del lote 88? ¿Por qué el Estado a través de ElectroPerú no participa en la generación hídrica? ¿Qué hacer para liberar a ElectroPerú del Fondo Nacional de Ahorro Público que financia las pensiones de la ley 19990 y 20530? ¿Es función de una empresa eléctrica pagar un complemento de las pensiones?
Esta realidad en el fondo plantea la necesidad de interrogarse sobre el rol del Estado en la dotación de energía en un país con profundos desequilibrios y desencuentros históricos y sociales, donde más del 20 % de la población no tiene acceso a la electrificación. En todo caso la realidad demuestra una vez más, la ausencia de la planificación energética que tiene como consecuencia el cumplimiento del axioma “la energía más cara es la que no se tiene”.
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