El 8 de septiembre en la vieja Casona de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en el histórico Salón Capitular tuve la oportunidad de participar en el Foro Ciudadano organizado por la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) denominado “Soberanía Energética, Gas Para Los Peruanos”; compartiendo la mesa con destacados intelectuales, políticos y dirigentes sindicales como el ex congresista y profesor de la facultad de ciencias sociales Manuel Dammert, el maestro del periodismo y profesor de la facultad de letras César Lévano, el vicepresidente de la CGTP Olmedo Auris, el dirigente de la federación de trabajadores de la energía Luz y Fuerza, Nazario Arellano, se expuso la realidad y los últimos acontecimientos sobre el gas de Camisea.
Ante un auditorio pleno de trabajadores y estudiantes que reproducía las jornadas históricas de los años 30, 50, y 60 en la defensa del petróleo cuando la juventud universitaria, los trabajadores e intelectuales auspiciaron y lucharon por la soberanía energética contra la ominosa presencia de la Internacional Petroleum Company (IPC) filial de la Standard Oil una de las 7 Hermanas del Petróleo, que usufructuaba indebidamente las reservas de petróleo y gas de Talara sin el pago de impuestos en un viejo litigio con el Estado peruano que se remontaba a 1915, cuestión que se resolvió con la expropiación y nacionalización en la llamada Revolución de la Fuerza Armada en octubre de 1968 .
De esta manera el organizador y responsable del evento, el Secretario General de la CGTP, Mario Huamán Rivera declaraba en la inauguración la decisión de los trabajadores organizados de defender los recursos energéticos para el servicio y desarrollo del país, de allí que anunciaba foros similares en Arequipa, Piura, Cusco. La tesis central de consenso de los diversos expositores apuntaba a la necesidad de asegurar la autonomía energética del Perú, destinando las reservas probadas provenientes del lote 88 exclusivamente para el mercado interno, al margen de cualquier acuerdo que el gobierno haya tenido con las empresas accionistas representadas en el Consorcio Camisea.
La exposición a mi cargo estuvo centrada en algunas ideas fuerza que resumen nuestra posición sostenida en diversos artículos, ensayos, libros, conferencias desarrolladas en los últimos 20 veinte años. De allí que debo reconocer la gran deuda intelectual asumida en los años setenta con mis viejos maestros sanmarquinos de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y Ciencias Económicas. En especial debo reconocer la fuerza e influencia de Luciano Castillo Colonna, y María Cabredo de Castillo que asumieron la representación del Partido Socialista en el Perú, una escisión del partido fundado por José Carlos Mariátegui, del político e investigador boliviano Ñuflo Chávez Ortiz, líder del Movimiento Nacional Revolucionario (MNR) y del doctor en sociología Alvaro Mendoza Diez.
La primera cuestión estuvo centrada en la relación existente de la propiedad sobre los recursos naturales renovables y no renovables, el concepto de patrimonio sobre los mismos, y la soberanía que tiene el Estado sobre los mismos. Soberanía, patrimonio, propiedad resultan categorías reconocidas en la Constitución de la República vigente desde 1993. En tal sentido, expuse que no era necesaria la nacionalización sobre los hidrocarburos en razón que el Estado en representación de la Nación “es soberano en su aprovechamiento”. Por tanto, el ejercicio de la soberanía exige y supone el reconocimiento de la prioridad del abastecimiento del mercado interno.
Al margen de los aspectos propiamente jurídicos debemos reconocer que no somos un país petrolero como Venezuela ni como Colombia y Ecuador que son autosuficientes con grandes reservas de crudo y gas. El Perú en cambio es deficitario en materia de hidrocarburos, y ello queda demostrado en el déficit de la balanza comercial de hidrocarburos, es decir el saldo neto de las exportaciones menos las importaciones es negativo, pues mayores son las importaciones que las exportaciones.
Por decirlo pedagógicamente de cada tres barriles que se refinan en el país dos son importados. En tal sentido, el efecto Camisea ha significado la atenuación del déficit comercial que en el 2008 superó los 2,400 millones de dólares, sustituyendo parcialmente la importación del diesel, el consumo de los residuales y promoviendo la autosuficiencia en la producción del gas licuado de petróleo (GLP). Por tanto, siempre dependeremos del petróleo crudo que se produce internamente y en mayor medida del importado, a menos que fomentemos la producción doméstica.
Por ello, más que nacionalizar la actividad de hidrocarburos que engloba el petróleo, el gas natural y los líquidos de gas natural lo que debiera hacerse es fomentar la promoción de la inversión de riesgo que tiene como indicador la cantidad de pozos exploratorios realizados. Esta inversión permite descubrir nuevas reservas probadas de hidrocarburos. Y en relación a los contratos firmados y por firmar se debiera ser extremadamente exigente en el cumplimiento de los compromisos de inversión en la actividad exploratoria.
En tal sentido, las más altas autoridades del sector como de PerúPetro señalan en diversas oportunidades que el Perú tiene tanto gas natural como Bolivia, mas lo cierto y evidente es que la reservas probadas de gas natural apenas llegan a los 8.8 trillones de pies cúbicos gas natural, sumando los 6.7 trillones del lote 88 y casi 2 trillones del lote 56 (Pagoreni), volúmenes que no garantizan simultáneamente la satisfacción del mercado interno en los próximos veinte años más el proyecto de exportación asumido por el Consorcio Perú LNG.
Se debe reconocer que el país altiplánico gracias a sus grandes reservas de Tarija, y Santa Cruz descubiertas por la petrolera estatal YPFB antes de la llamada “capitalización del sector”, anuncia como reservas de gas aproximadamente 49 trillones de pies cúbicos en el 2007, mas las reservas realmente probadas no superan los 24 trillones de pies cúbicos y como reservas probables 25 trillones de pies cúbicos, con una decreciente actividad exploratoria de las empresas privadas como se expone en el cuadro respectivo.
En el Perú, en un escenario conservador el mercado interno demandaría un poco más de 6 trillones de pies cúbicos de gas natural en los próximos veinte años, y el proyecto de exportación compromete 4.2 trillones de pies cúbicos. De allí que resulte laudable la decisión de las empresas de realizar una mayor actividad exploratoria, cuestión que se debió hacer con anterioridad, para no llegar a este “embrollo social y político” del gas.
Por tanto, el acuerdo de las empresas accionistas del Consorcio Camisea trasmitido al Gobierno constituye una demostración inusual donde ante una situación límite en razón de la presión social y política se obliga a las empresas a realizar las inversiones de riesgo en las actividades de exploración, inversiones que éstas debieron asumir con anterioridad.
Se debe recordar que la Shell en los años 1999-2000 en el lote 56 (Pagoreni) con la perforación de un solo pozo exploratorio descubrió más de 2 trillones de pies cúbicos de gas natural y 200 millones de barriles de condensados que fueron transferidos “graciosamente” al Consorcio Camisea durante el gobierno del ex presidente Alejandro Toledo agosto del 2004 mediante DS 033-2004-EM. Esta transferencia ha sido investigada tardíamente por la Contraloría General de la República y actualmente es materia de investigación por el Grupo de Trabajo presidido por el congresista del APRA José Carrasco Távara.
Al margen de tecnicismos y “entreguismos legales” efectuados en la gestión anterior sobre un lote con reservas descubiertas de hidrocarburos que según PerúPetro de ese entonces, no tenían el carácter de reservas probadas por que no se había realizado la certificación debida, lo cierto es que ahora ante la presión política y el amplio consenso nacional para destinar exclusivamente la totalidad de las reservas probadas del lote 88 para el mercado interno, es que el Consorcio Camisea mediante oficio PPC-CO-09-0334-GOB con fecha 25 de agosto del 2009 en carta dirigida al Ministerio de Energía y Minas, ha sido forzado al compromiso de:
1- “Estimamos que durante los primeros 5 (cinco) años de acuerdo a nuestros estudios de yacimientos del campo Pagoreni, anticipamos que a la puesta en marcha del proyecto de exportación de PLNG, los volúmenes de gas suministrados a dicho proyecto provendrán sólo del Lote 56, mientras se materializan los resultados del programa exploratorio (sísmica más la perforación de 6 pozos) en este último Lote (y más arriba enunciado). Es decir que desde el 2010 (fecha estimada de inicio de operación de la planta de PLGN) y durante 5 años, no se exportará gas del lote 88.”
Dejando de lado lo criticable e indebido que resulta aceptar estas condicionalidades de las empresas transnacionales hacia el Estado, en el sentido que se asumiría el compromiso temporal de respetar las reservas del lote 88 para el mercado interno solamente por cinco años, mientras se realicen las exploraciones para descubrir nuevas reservas que permitan la exportación. Este acuerdo lesiona el poder del Estado y la soberanía que éste tiene sobre los recursos naturales, de allí la necesidad de corregir este acuerdo provisional que no garantiza la autonomía energética del Perú.
Por consiguiente, nuestra posición insiste en la necesidad de destinar la totalidad de las reservas probadas de gas natural proveniente del lote 88 exclusivamente para el mercado interno a precios razonables y eficientes hasta el agotamiento de sus reservas, lejos de un indiscriminado subsidio que favorecería a determinadas empresas eléctricas e industriales que demandan gas barato, pero apostando por la integración gasífera regional, promoviendo el gaseoducto para la región del Macro Sur (Cusco, Arequipa, Puno, Moquegua y Tacna)
Sin embargo, esta situación no debe soslayar lo que a mi criterio constituye el problema de fondo, que consiste en ¿cómo promover, inducir, y obligar a las empresas a realizar las inversiones de riesgo que se plasman en el número de pozos exploratorios? Este es el quid de la cuestión.
ACTIVIDAD EXPLORATORIA
En tal sentido una visión comparativa de algunos países de la región nos permite analizar sobre los pozos de exploración realizados entre los años 2001 y el 2008 en Ecuador, Colombia, Perú, Bolivia, y Argentina usando la información oficial de cada país. Evidentemente los resultados no son nada favorables para aquellos países como Bolivia que desde el 2005 han apostado por una mayor presencia del Estado en el sector de hidrocarburos, con una nacionalización de los hidrocarburos que podrá significar temporalmente mayores recursos fiscales a partir de una mayor participación en las regalías pero que ha afectado los niveles de exploración. Así, en el país del altiplano en el 2001 se perforaban veinte pozos exploratorios y en el 2007 con la información disponible se ha llegado a los dos pozos de exploración.
Por el contrario, Colombia es el país que tiene una mejor performance en la actividad exploratoria de riesgo. Ello no solamente se debe a la presencia de su empresa estatal Ecopetrol que por ley desarrolla contratos de riesgo compartido “joint venture” con las empresas privadas. Así, el riesgo es asumido por las empresas privadas, de resultar positivos los descubrimientos en los lotes o bloques petroleros donde el Estado participa con el 50% de las acciones, de los hidrocarburos y utilidades.
Gracias a la dinámica petrolera los pozos perforados en Colombia en el 2008 sumaron los 96 pozos exploratorios, de lejos los más elevados de los países usados en la muestra. El segundo país es Argentina con 65 pozos y lejanamente sigue el Perú con 7 pozos exploratorios y en la cola Ecuador con 3 y Bolivia.
En verdad, si queremos superar este “embrollo político y social” sobre las reservas del gas natural que resultan insuficientes para abastecer el mercado interno y simultáneamente promover la exportación, se debe promover con carácter de urgencia la inversión de riesgo no solamente en los lotes adyacentes al Gran Camisea lote 88 y lote 56 sino también en los colindantes 57, 58 y 76 que tienen la misma estructura geológica donde se presume la existencia de importantes volúmenes de gas natural.
Además, el debate sobre el gas natural de Camisea no debiera hacernos perder de vista el gran potencial que existe en los llamados horizontes profundos y no explorados de Talara, en las grandes profundidades marinas. Ello exige y supone la inversión de riesgo que lamentablemente es todavía débil.
Mas lo importante es que el Estado no puede renunciar a la soberanía sobre los recursos gasíferos, de lo contrario sería recomendable por el interés nacional que todos los contratos de hidrocarburos se conviertan a contratos de servicios, donde el Estado asume una retribución como pago a las empresas petroleras contratistas, y retoma la propiedad, uso y usufructo sobre los hidrocarburos, y de pasada asegura la autonomía energética del Perú.
No hay comentarios:
Publicar un comentario