El riesgo es un factor fundamental que justifica los beneficios en el capitalismo. El gran economista J.A. Schumpeter justificaba el carácter revolucionario del capitalismo gracias a las innovaciones, a la producción y competencia para ganar mercados externos, a las nuevas tecnologías y procesos, nuevos productos etc. En tal sentido, la asunción de riesgos de inversión resultaba fundamental para explicar el comportamiento del empresario-capitalista ajeno al mercantilismo rentista.
En términos absolutos no es el caso en el proyecto de exportación de gas natural licuefactado hacia México, por más importantes que sean los montos de inversión. Las reservas de gas natural de los lotes 88 y 56 que representaron fuertes inversiones de riesgo en las inversiones de exploración fueron asumidas por la Shell, que al retirarse del país transfirió las reservas, instalaciones y equipo al Perú.
Por ello, en 1998 el ex presidente Alberto Fujimori decía ante el retiro de la Shell-Mobil que “el Perú era 500 millones de dólares más rico”. En tal sentido, las modificaciones legales y el propio contrato del lote 56 firmado en el 2004 para justificar la exportación, es propio del comportamiento rentista identificado con el mercantilismo. ¡Se esperan grandes utilidades sin asumir riesgos, gracias a la cercanía del poder del Estado!
Siempre hemos sostenido que debiera ser política de Estado en materia de energía propender a la autonomía energética, fomentar la eficiencia con precios relativos racionales que fomenten la inversión privada, con la mayor responsabilidad ambiental y social. A este respecto también sostenemos que el explosivo crecimiento de la demanda interna de gas natural tiene su explicación en la baratura de su precio, que no debiera ser justificación para un uso irracional y el despilfarro en la generación de electricidad en plantas de generación de ciclo simple.
Por ello, esta debiera ser una oportunidad para sincerar los precios extremadamente bajos del gas natural proveniente del lote 88, por un mecanismo más eficiente que permita su preservación, uso racional, mayores regalías para el fisco y por tanto más canon gasífero para el Cusco y FOCAM para los departamentos de Ayacucho, Huancavelica, Ica, Región Lima, y Ucayali.
En tal sentido, la subasta en la compra/ venta del gas natural proveniente del lote 88 y otros podría ser un mecanismo válido pero insuficiente sino se aseguran las reservas del referido lote para el mercado interno hasta el agotamiento comercial de las mismas. Por ello, un límite de cinco años para no utilizar las reservas del lote 88 en la exportación demostraría una “tibia negociación” del gobierno ante el gran poder de las transnacionales.
Hemos afirmado también que constituye un generoso subsidio para las empresas eléctricas que utilizan el gas barato de Camisea como también las industrias que queman el gas en sus hornos y calderos. De allí la necesidad de sincerar los precios del gas natural, para superar las distorsiones en los precios relativos que encarecen proyectos alternativos como la generación hídrica y eólica. Al margen que el gas del lote 88 en algún momento se agotará, de allí la necesidad de fomentar la actividad exploratoria para incrementar las reservas probadas.
Siempre hemos sostenido que las reservas del lote 88 debieran estar destinadas al mercado interno pues constituye nuestra garantía de autosuficiencia energética, pero no para que sea malbarateada a precios bajos. Si bien en la presente coyuntura el referente del precio internacional, el Henry Hub, está deprimido por debajo de los 3 dólares el millón de BTU en razón de la recesión norteamericana, el promedio en el 2008 estuvo por los 9 dólares el millón de BTU. Mas incluso a ese precio no resultaría conveniente para el país en razón que los costos (Net Back) son absolutamente manejados por las empresas interesadas.
En tal sentido, somos críticos de la exportación de gas natural hacia México como somos críticos de la exportación de materias primas como la minería con un mínimo grado de elaboración, con poco o nada de valor agregado. Sin embargo, no se puede desconocer que el proyecto de exportación de Perú LNG es un proyecto importante desde el punto de vista de la inversión, más de 3,700 millones de dólares que en principio debiera “caminar” con sus reservas propias provenientes del lote 56.
El “gran embrollo político y social” del gobierno está en la debilidad en la negociación con las empresas transnacionales, algo que reproduce en el pasado Jorge Bravo Bresani en su ensayo “Gran Empresa Pequeña Nación”. Donde lamentablemente la política energética en el Perú en última instancia está bajo responsabilidad de las empresas transnacionales, y el Estado está a merced de una serie de lobbys que han hecho uso y abuso de la normativa para favorecer un proyecto de exportación que debió asumir sus compromisos de inversión con las reservas de gas descubiertas por las propias empresas interesadas: Repsol/YPF, Hunt Oil, SK de Corea y Marubeni.
Lo razonable es que las exportaciones de gas natural licuefactado se lleven a cabo con las reservas del lote 56 casi 2 trillones de pies cúbicos de gas natural, más las reservas del lote 57 operado directamente Repsol/YPF, donde en enero del 2010 se debieran confirmar más de 2 trillones de pies cúbicos como reserva. Esta sería la lógica capitalista, lo otro es puro mercantilismo, pillaje y rentismo que el partido de Víctor Raúl Haya de la Torre (APRA) debe corregir.
Si se tiene presente que las empresas que resultan accionistas en el lote 88 y 56 son mayoritariamente las mismas que están en el Consorcio Perú LNG y también en el gaseoducto algo parecido a la tríada cristiana del “padre, hijo e espíritu santo” lo que debiera interesar es el principio de la realidad. De allí que desde el punto de vista jurídico sólo sea una formalidad afirmar que el Consorcio Perú LNG no tiene ninguna relación contractual con el Estado peruano.
La seguridad y autonomía energética del Perú no pueden depender de las decisiones de empresas transnacionales que seguramente tienen un mayor poder económico que el propio Estado pero que alimentan el radicalismo político a la boliviana, de allí la necesidad de superar una “tibia negociación” para garantizar la gobernabilidad y democracia.
PRÓLOGO
Por la importancia del tema se reproduce la entrevista realizada por el diario Expreso al ministro de energía y minas Ing. Pedro Sánchez Gamarra el 2 de setiembre del presente. El tema es la problemática del gas, el proyecto de exportación y la necesidad de satisfacer el mercado interno en el largo plazo.
ENTREVISTA AL MINISTRO DE ENERGÍA Y MINAS PEDRO SÁNCHEZ
Gobierno anterior no respetó la Ley de promoción del gas natural.
La denuncia de las irregularidades sobre las modificaciones del contrato del Lote 88 la tiene la procuraduría del Estado, que está haciendo mayores investigaciones para hacer la acusación respectiva.
¿A quiénes se atenderá con los 150 millones de pies cúbicos de gas del Lote 88?
Bien, 125 MMPCPD se van a adjudicar en una licitación subasta público-privada bajo un criterio de eficiencia.
Ese sería el mecanismo, ¿y los 25 MMPCPD restantes?
Y los otros 25 sería para la renovación de los contratos de industriales.
Ahora, en el caso del Lote 57 hay 155 millones de pies cúbicos, ¿se va a dejar al libre mercado?
También se va a adjudicar en un mecanismo similar.
¿Se descarta negociar un precio determinado con algún reajuste adicional para el consumidor?
No, aquí el tema, tal como está en la Ley de Hidrocarburos, plantea que el único contrato que tiene un régimen de precios establecido es el contrato del Lote 88. Para los demás casos el contratista tiene libre disponibilidad de los hidrocarburos y del precio a exportar.
Eso me lleva a la siguiente pregunta, ¿por qué se trabajó sobre “reservas certificadas probadas”, que está en alrededor 8 TCF, y no con las “reservas probadas”, que está en 10 TCF? ¿Se debió a que así está contemplado en el contrato de licencia del Lote 88?
Usted debe haber revisado el informe de Gaffny. Al leer el documento completo, en hidrocarburos hay tres datos: las P1, que son las probadas; las P2, que son las probables; y las P3, que son las posibles. Normalmente en el mercado se utilizan las P1 más las P2. En conjunto son 11 TCF y algo más. Es decir, la P1 son 8.8 TCF y las P2 son 2.2 TCF. En una reunión que se sostuvo con los colaboradores del Consorcio, se presentaron las actividades que tenían que hacer para pasar de las 8.8 a las 14 que son las recuperables, era una serie de actividades pagadas por volúmenes para cada uno de esos elementos.
¿Cuándo se publicarán oficialmente los acuerdos a los que su portafolio ha llegado con los operadores de los Lotes 88, 56 y 57?
Estamos en una fase en la que hemos recibido la propuesta, la que tiene que pasar a un proceso de formalización.
¿Proceso que durará cuánto tiempo?
En los próximos días daremos más luces al respecto.
Insisto en esos acuerdos, ¿ya tienen acuerdo de Perupetro?
Bien, efectivamente, los acuerdos también tienen que formalizarse en Perupetro.
¿Ello se espera también para los próximos días?
Correcto.
Los gobiernos que han tenido en sus manos este tema, ¿olvidaron el espíritu de la ley de hidrocarburos que prioriza el consumo interno?
El contrato original del Lote 88 establece la posibilidad de exportar. Es más, hay dos cláusulas. Una que permite la exportación y otra que habla de plantas de gas natural licuefactado. Incluso se habla de que las regalías para ese contrato se renegociarían. O sea, el contrato original sí establecía esa posibilidad.
¿El contrato?
Sí.
Pero estoy hablando de la ley.
La ley establece también la prioridad del mercado interno. Pero el reglamento original hablaba de esos 20 años permanentes.
Luego viene una modificación.
Hay una que primero le quita la parte que dice que solo se queda lo que queda en el contrato, lo que se fija en el contrato. Y lo que queda en el contrato es algo más o menos razonable, en el original. En lo que dice: se abastece el mercado interno tomando en cuenta primero ese mercado interno y se calcula cada año en función a la demanda prevista, y si hay excedentes se exportan. Entonces esa es la lógica.
¿Se ha respetado esa lógica?
En un momento se revisa y se congela el mercado interno a fin de darle el espacio para la exportación.
Entonces no se respeta el espíritu principal de la norma legal, ¿o considera que sí?
Esa decisión es del año 2005. Lo que sucede es que ahora se habla mucho del tema como si recién empezara, cuando el tema desde entonces ya estaba formalizado o cambiado. Ese último cambio que permite congelar la demanda del mercado interno.
¿Ese cambio a su juicio es contraproducente a los intereses nacionales?
Yo creo que fue un cambio apresurado, quizá porque todavía el mercado era muy incipiente en cuanto a la demanda del gas. No sabíamos qué iba a pasar, no teníamos experiencia pasada. En consecuencia era muy difícil saber qué iba a ocurrir con la demanda. Sin embargo se optó por ese cambio.
¿Pero respetaba o no lo que señalaba la ley? Según usted, ¿lo respetaba?
No.
Frente a ese escenario del no respeto, el MEM ha anunciado que va a presentar el caso al Ministerio Público.
Lo tiene la procuraduría.
¿Usted ve asidero legal para establecer algún tipo de sanción para los responsables del cambio que se introdujo en los contratos?
Este es un tema de competencias. La procuraduría del Estado, que por la ley de defensa de los intereses del Estado tiene la responsabilidad de recibir nuestro informe y luego ellos lo tienen que revisar, tienen que hacer mayor investigación para contrastar las cosas y ver si finalmente proceden con la denuncia.
Es un tema serio donde la percepción que podríamos tener como ministerio podría ser insuficiente para cumplir con los requerimientos de estos casos. Esto está en manos de la procuraduría del Ministerio de Justicia y está en esta etapa.
¿Qué capacidad tiene Camisea como para abastecer al mercado interno considerando lo que necesitan los industriales, las termoeléctricas, petroquímicas, etc.?
El último plan referencial de hidrocarburos establece que para los últimos veinte años la demanda es de 6 TCF. Ahora, si a los 6 TCF le añade los 4.2 TCF de la exportación, serían 10.2 TCF. En este momento tenemos 8.8 TCF del Lote 88 y 2 TCF que le estamos añadiendo del Lote 57. Entonces estamos en 11 TCF, más las P2 que van a pasar muy pronto estamos prácticamente en 13 TCF. Entonces el tema no es un tema de reservas. En esto, con la adición del Lote 57, el tema está más que cubierto.
Pero si hablamos estrictamente de consumo interno, en el tiempo, ¿cuál es la proyección que tiene el MEM sobre el crecimiento del mercado interno?
El volumen de 6 TCF es el que se ha calculado. Pero esa es información dinámica que se tiene que ir evaluando anualmente. Imagínese que mañana o en el futuro se incorporan las centrales hidroeléctricas a las petroquímicas, entonces el escenario se tiene que ir ajustando.
Entonces, ¿cuál ha sido la justificación para dar un lapso de cinco años para la nueva propuesta, fijada para el 2015?
Pero eso no tiene nada que ver con lo otro. El tema es que con el contrato como está al día de hoy, el primer día que se inicia la exportación, podrían exportarse reservas del Lote 88, es decir como está el contrato actualmente. Lo que estamos haciendo es que esa exportación del Lote 88 no ocurra en los primeros cinco años. Estamos volviendo al criterio original: el 88 sólo para el mercado interno.
¿Por qué cinco años, por qué no 10 o 15?
El contrato en total: 18 años. El contrato les permite hacer la exportación del Lote 88 desde el primer día. Entonces no es cuestión del Estado definir cuándo lo hace, porque es una cuestión contractual. Precisamente uno de los resultados de lo negociado es que se está posponiendo eso. ¿Por qué? No es simplemente en forma arbitraria, sino que en paralelo hay un compromiso de invertir US$ 175 millones para ampliar las reservas del Lote 56 y que al final se exporte únicamente el 56.
Pero, ¿cuál es la justificación técnica para que sólo tomemos cinco años? ¿Por qué no 10 años?
Yo quisiera que nunca.
¿La propuesta es del consorcio o del MEM?
Si yo tengo derecho a exportar mañana, pero lo postergo cinco años, ¿qué estoy haciendo? Cediendo, eso es.
¿Pero cuál fue la propuesta del MEM en esa negociación?
Nuestra propuesta era que no se exportara el Lote 88.
¿Y en qué se basó el Consorcio para plantearles sólo cinco años?
Son temas que tienen que ver con los contratos de financiamiento que tienen firmados.
¿Son prorrogables esos cinco años? ¿Qué pasa si hay una explosión del consumo de gas? ¿Se volvería a exponer nuevamente esta necesidad al Consorcio?
Es por ahí por donde va la cosa. La idea es que el Consorcio desarrolle el 56 y tenga todas las reservas para exportar y el 88 quede para el mercado nacional. Ese es el objetivo y es muy razonable.
¿Cuáles son las condiciones de la inversión del Consorcio y qué plazos de ejecución tiene?
Una de las cosas que se debe rescatar en esto es si dijéramos simplemente que el 88 o las reservas quedan para el mercado nacional, y no se hacen otras actividades, son ideas influyentes porque para que las reservas se conviertan en suministro hay que ampliar la capacidad de procesamiento en el campo, ampliar el transporte. Esas dos actividades, las vamos a pasar alrededor de 1500 MMPCPD; al próximo año, con la entrada del gasoducto de Perú LNG, la capacidad de Lima es de de 1100 MMPCPD. Esa va a llegar a 1500 MMPCPD para el año 2012. Ese creo que es el tema más importante de todo esto, ampliar la cadena a 1500.
Fuente: Expreso
Entrevista: Rafael Romero / José Patiño
Fecha: Miércoles 02 de septiembre de 2009.
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