El problema en nuestro país no está en relación a los volúmenes de las reservas de gas natural sino de la débil, por no decir, franciscana actividad exploratoria que asuma riesgos en horizontes no explorados, horizontes profundos o en condiciones aisladas de difícil acceso. Esta inversión de riesgo se estima por el número de pozos exploratorios realizados.
Esto es importante decirlo porque a la luz de lo señalado por Perúpetro, organismo oficial de promover la inversión en el sector de hidrocarburos y de supervisar los contratos firmados, existiría un potencial de más de 37.6 trillones de pies cúbicos de gas natural (TCF en inglés), que esperan ser puestos en valor. En tal sentido, solamente con una agresiva campaña exploratoria se podrá convertir esos 37.6 TCF en reservas probadas.
Esto es importante decirlo porque a la luz de las fuertes críticas respecto a la exportación del gas proveniente de Camisea se firmó un contrato de licencia por el lote 56 con el Consorcio Camisea (que opera el Lote 88). Así, se entregaron más de 2 TCF y 200 millones de barriles de líquidos en negociación directa pactando regalías relativamente menores a las vigentes en el mercado interno. Por tanto, el gas natural convertido a líquido, para hacer posible su exportación en buques metaneros hacia México, es duramente cuestionado por varias razones.
Desde la partida de nacimiento, muchos se han preguntado ¿cómo es posible que se haya otorgado directamente, vía negociación, un lote con reservas probadas de gas natural y líquidos? Es de público conocimiento que el Lote 56 entre 1998 y el 2000 fue explorado por la empresa Shell, y que al tener otros intereses a nivel mundial, y por las limitaciones de acceso al gaseoducto, fue devuelto al Estado peruano y negociado más tarde por Perúpetro en las peores condiciones para el fisco. Si bien el proyecto de Perú LNG involucra importantes inversiones por más de US$3,000 millones tiene un vicio de partida.
En segundo lugar, en una economía capitalista moderna el riesgo es un determinante del beneficio, es decir, quien asume riesgos debe percibir los beneficios correspondientes al margen de la recuperación del capital invertido. No es el caso de los propietarios del Lote 56, porque se trata de reservas probadas, en tal sentido Perúpetro debía hacer respetar la normatividad vigente y asegurar primero el mercado interno por un mínimo definido en el contrato. Se debe tener presente que en el Perú los contratos de gas tienen una duración de 40 años.
En tercer lugar, la crítica al contrato de exportación está en las regalías vigentes en el contrato del Lote 56, cuyas reservas se exportarán. En nuestro país el abono de regalías con la legislación actual constituye el pago en dinero o en especie de una parte de la producción al Estado, por el uso, posesión y usufructo de los hidrocarburos. Es decir, para alcanzar la propiedad plena sobre los hidrocarburos las empresas deben abonar las regalías correspondientes.
Las metodologías son varias para determinar las regalías y van desde el llamado factor “R” hasta los niveles de producción y resultados económicos financieros de la empresa. Sin embargo, ninguna fórmula de las regalías está contemplada en el contrato del Lote 56. En este contrato de exportación las regalías tienen dos variables claves: Por un lado el precio internacional el Henry Hub vigente en los Estados Unidos de Norteamérica. De otro lado, el llamado “Net Back Price” o precio hacia atrás, en el sentido que al precio internacional se le deberá descontar una serie de costos que van desde el transporte en México, el costo de regasificación, el costo del transporte de Pampa Melchorita al puerto de México, el costo de la planta de licuefactación, el transporte del gas desde el lote 56 hacia la planta de licuefactación. Recién allí descontados todos los costos se pagarán las regalías correspondientes que tienen una tasa diferenciada de 30 % al 38 %, según el precio internacional del Henry Hub sea menor o mayor a 4 dólares.
Las regalías obtenidas por la exportación tras estos descuentos sería una fracción a las que se obtienen en el mercado interno, lo cual constituye una cruel paradoja. Esto ha generado una fuerte crítica y ha motivado Informes de Comisiones Investigadoras del Congreso de la República y la Contraloría General del la República.
Por último, el proyecto de exportación de Perú LNG pondría en riesgo la seguridad y autonomía energética del país en la medida que por lo menos 2.2 TCF del Lote 88 (que en un inicio estuvieron orientadas estrictamente al mercado interno) podrían servir de respaldo al proyecto de exportación hacia México que requiere por los menos 4.2 TCF, y el lote 56 solamente asegura 2 TCF, de allí la necesidad de regresar a la posición contractual original, donde las reservas de gas natural del lote 88 estén destinados exclusivamente al mercado interno.
¿QUÉ HACER?
El gobierno de Alan García ha heredado gran parte de los problemas que modificaron las normas que aseguraban la prioridad del abastecimiento del mercado interno de forma permanente. También se encontraron firmados los contratos del Lote 56 en el 2004 con la fijación de regalías inusuales y el Decreto Supremo 050-2005 que autoriza el préstamo de 2 TCF al proyecto de exportación del Lote 56.
En verdad, el presente gobierno se encuentra entre la espada y la pared, pues por un lado debe promover la inversión y el respeto a la estabilidad de los contratos, y de otro lado debe reconocer la necesidad de asegurar el abastecimiento del mercado interno. En ese sentido, ha dispuesto una serie de acciones para que en los próximos cinco años, es decir hasta el 2014, las empresas del Consorcio Camisea se comprometan a no exportar ningún volumen de gas natural proveniente del Lote 88.
A ello se deben agregar los compromisos empresariales por realizar fuertes inversiones exploratorias en los Lotes 56 y 88 para descubrir mayores volúmenes de gas natural, por valores superiores a los US$1,900 millones. Este creemos que es el hilo de la madeja que debió preverse con anticipación: el fomento de la inversión exploratoria de riesgo, que lamentablemente los gobiernos anteriores no han promovido.
Para que exista inversión de riesgo en una economía de mercado deben existir los estímulos propios del capitalismo, y la variable clave son los precios del gas natural y la existencia de mercados insatisfechos que demanden gas. Para ello, en nuestro país debemos sincerar el precio del gas natural del Lote 88 que es excesivamente barato, a tal punto que promueve un consumo irracional. Además debe fomentar la integración gasífera del Perú y promover la inversión de riesgo con agresivas exploraciones.
En tal sentido, las exportaciones de gas natural tienen un rol importante como “carnada” o estímulo de la inversión exploratoria en el país, siempre y cuando el Estado a través de su participación mediante los impuestos y regalías también se beneficie. En esa medida, cabe preguntarse si los ingresos fiscales obtenidos por el consumo interno de gas resultan mayores a los provenientes por la exportación se hace necesario una renegociación contractual por el bien de las partes.
* Publicado en la Revista ENERGIMINAS (Energía y Minería).Año 2. Edición Nº 3, enero-febrero de 2010
Esto es importante decirlo porque a la luz de lo señalado por Perúpetro, organismo oficial de promover la inversión en el sector de hidrocarburos y de supervisar los contratos firmados, existiría un potencial de más de 37.6 trillones de pies cúbicos de gas natural (TCF en inglés), que esperan ser puestos en valor. En tal sentido, solamente con una agresiva campaña exploratoria se podrá convertir esos 37.6 TCF en reservas probadas.
Esto es importante decirlo porque a la luz de las fuertes críticas respecto a la exportación del gas proveniente de Camisea se firmó un contrato de licencia por el lote 56 con el Consorcio Camisea (que opera el Lote 88). Así, se entregaron más de 2 TCF y 200 millones de barriles de líquidos en negociación directa pactando regalías relativamente menores a las vigentes en el mercado interno. Por tanto, el gas natural convertido a líquido, para hacer posible su exportación en buques metaneros hacia México, es duramente cuestionado por varias razones.
Desde la partida de nacimiento, muchos se han preguntado ¿cómo es posible que se haya otorgado directamente, vía negociación, un lote con reservas probadas de gas natural y líquidos? Es de público conocimiento que el Lote 56 entre 1998 y el 2000 fue explorado por la empresa Shell, y que al tener otros intereses a nivel mundial, y por las limitaciones de acceso al gaseoducto, fue devuelto al Estado peruano y negociado más tarde por Perúpetro en las peores condiciones para el fisco. Si bien el proyecto de Perú LNG involucra importantes inversiones por más de US$3,000 millones tiene un vicio de partida.
En segundo lugar, en una economía capitalista moderna el riesgo es un determinante del beneficio, es decir, quien asume riesgos debe percibir los beneficios correspondientes al margen de la recuperación del capital invertido. No es el caso de los propietarios del Lote 56, porque se trata de reservas probadas, en tal sentido Perúpetro debía hacer respetar la normatividad vigente y asegurar primero el mercado interno por un mínimo definido en el contrato. Se debe tener presente que en el Perú los contratos de gas tienen una duración de 40 años.
En tercer lugar, la crítica al contrato de exportación está en las regalías vigentes en el contrato del Lote 56, cuyas reservas se exportarán. En nuestro país el abono de regalías con la legislación actual constituye el pago en dinero o en especie de una parte de la producción al Estado, por el uso, posesión y usufructo de los hidrocarburos. Es decir, para alcanzar la propiedad plena sobre los hidrocarburos las empresas deben abonar las regalías correspondientes.
Las metodologías son varias para determinar las regalías y van desde el llamado factor “R” hasta los niveles de producción y resultados económicos financieros de la empresa. Sin embargo, ninguna fórmula de las regalías está contemplada en el contrato del Lote 56. En este contrato de exportación las regalías tienen dos variables claves: Por un lado el precio internacional el Henry Hub vigente en los Estados Unidos de Norteamérica. De otro lado, el llamado “Net Back Price” o precio hacia atrás, en el sentido que al precio internacional se le deberá descontar una serie de costos que van desde el transporte en México, el costo de regasificación, el costo del transporte de Pampa Melchorita al puerto de México, el costo de la planta de licuefactación, el transporte del gas desde el lote 56 hacia la planta de licuefactación. Recién allí descontados todos los costos se pagarán las regalías correspondientes que tienen una tasa diferenciada de 30 % al 38 %, según el precio internacional del Henry Hub sea menor o mayor a 4 dólares.
Las regalías obtenidas por la exportación tras estos descuentos sería una fracción a las que se obtienen en el mercado interno, lo cual constituye una cruel paradoja. Esto ha generado una fuerte crítica y ha motivado Informes de Comisiones Investigadoras del Congreso de la República y la Contraloría General del la República.
Por último, el proyecto de exportación de Perú LNG pondría en riesgo la seguridad y autonomía energética del país en la medida que por lo menos 2.2 TCF del Lote 88 (que en un inicio estuvieron orientadas estrictamente al mercado interno) podrían servir de respaldo al proyecto de exportación hacia México que requiere por los menos 4.2 TCF, y el lote 56 solamente asegura 2 TCF, de allí la necesidad de regresar a la posición contractual original, donde las reservas de gas natural del lote 88 estén destinados exclusivamente al mercado interno.
¿QUÉ HACER?
El gobierno de Alan García ha heredado gran parte de los problemas que modificaron las normas que aseguraban la prioridad del abastecimiento del mercado interno de forma permanente. También se encontraron firmados los contratos del Lote 56 en el 2004 con la fijación de regalías inusuales y el Decreto Supremo 050-2005 que autoriza el préstamo de 2 TCF al proyecto de exportación del Lote 56.
En verdad, el presente gobierno se encuentra entre la espada y la pared, pues por un lado debe promover la inversión y el respeto a la estabilidad de los contratos, y de otro lado debe reconocer la necesidad de asegurar el abastecimiento del mercado interno. En ese sentido, ha dispuesto una serie de acciones para que en los próximos cinco años, es decir hasta el 2014, las empresas del Consorcio Camisea se comprometan a no exportar ningún volumen de gas natural proveniente del Lote 88.
A ello se deben agregar los compromisos empresariales por realizar fuertes inversiones exploratorias en los Lotes 56 y 88 para descubrir mayores volúmenes de gas natural, por valores superiores a los US$1,900 millones. Este creemos que es el hilo de la madeja que debió preverse con anticipación: el fomento de la inversión exploratoria de riesgo, que lamentablemente los gobiernos anteriores no han promovido.
Para que exista inversión de riesgo en una economía de mercado deben existir los estímulos propios del capitalismo, y la variable clave son los precios del gas natural y la existencia de mercados insatisfechos que demanden gas. Para ello, en nuestro país debemos sincerar el precio del gas natural del Lote 88 que es excesivamente barato, a tal punto que promueve un consumo irracional. Además debe fomentar la integración gasífera del Perú y promover la inversión de riesgo con agresivas exploraciones.
En tal sentido, las exportaciones de gas natural tienen un rol importante como “carnada” o estímulo de la inversión exploratoria en el país, siempre y cuando el Estado a través de su participación mediante los impuestos y regalías también se beneficie. En esa medida, cabe preguntarse si los ingresos fiscales obtenidos por el consumo interno de gas resultan mayores a los provenientes por la exportación se hace necesario una renegociación contractual por el bien de las partes.
* Publicado en la Revista ENERGIMINAS (Energía y Minería).Año 2. Edición Nº 3, enero-febrero de 2010
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