PERÚ: GRAN EMPRESA PEQUEÑA NACIÓN

TRANSNACIONALIZACIÓN DE LA MINERÍA EN EL PERÚ

ESCRIBE: MANCO ZACONETTI (INVESTIGADOR UNMSM)

Un célebre ensayo escrito por Jorge Bravo Bresani, “Gran empresa pequeña nación” en la década de los años sesenta del siglo pasado, inauguró en nuestro país las investigaciones sobre la naturaleza del poder, sus orígenes, los mecanismos de dominación. Como investigador y maestro universitario en las universidades de La Molina, Ingeniería y San Marcos, y en el Instituto de Estudios Peruanos (IEP), fomentó tales investigaciones. Por ello, Carlos Malpica le dedicó su libro primigenio “Los Dueños del Perú”, cuya actualización resulta una necesidad fundamental.

Frente a la crisis del poder oligárquico, el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado y las reformas estructurales que concentró las decisiones del poder en el Estado, demostró la debilidad de los grupos empresariales nacionales, sobre todo industrial, y la fragilidad de la llamada oligarquía agro exportadora. Los empresarios nativos tuvieron que convivir con el militarismo, haciendo grandes negocios a partir de la cercanía al poder. Ello que se denominó graciosamente como políticas mercantilistas, que los gobiernos de los últimos años elevaron a la décima potencia, con altas dosis de corrupción, sobresaliendo los gobiernos del Dr. García Pérez y el fujimorismo.

En la historia, como en los negocios, se cuenta casi siempre la historia oficial. La otra, o resulta peligrosa o se difunde a nivel de cenáculos de estudiosos y políticos. Por ello, difícilmente escucharemos lo mucho que le deben al modelo de acumulación estatal de la Junta Militar de Gobierno 1968/1980, el surgimiento y/o fortalecimiento de familias con poder económico como el llamado grupo Romero, Brescia, Benavides de la Quintana y otros que supieron aprovechar las oportunidades y hacer estupendos negocios con el Estado, que el régimen fujimorista acrecentó con la privatización de las empresas públicas sobre todo del sector minero energético.

Esta entrada sobre el poder resulta necesaria para entender la presencia de los representantes de las principales empresas mineras que operan en nuestro país, aprovechando el magno evento minero más importante en esta parte del mundo denominado: “Perumin Convención Minera 30”, que se lleva a cabo en la presente semana en la ciudad de Arequipa.

Así, en el cuadro “Accionistas de las Compañías que Explotan Nuestros Recursos Mineros”, resulta evidente la presencia dominante de las más importantes empresas transnacionales en la actividad minera que se desenvuelve en el Perú.

QUIÉN ES QUIÉN

Las principales transnacionales del mundo minero operan en nuestro país, atraídos por las ventajas comparativas ricardianas, las leyes de nuestros minerales, bajos costos de producción y sobre todo un marco tributario promotor sumamente favorable para las empresas.

La presencia de estas transnacionales como Xstrata, BHP Billiton, Teck Cominco, Mitsubishi, Grupo México, Freeport Mc Moran, Sumitomo, Newmont, Barrick, Votorantim, Shougang, Votorantim, Glencore, Mitsui, Gold Fields, sumada a las operaciones de grupos nacionales como el grupo Buenaventura de los Benavides de la Quintana, de los Brescia en Minsur y Letts Colmenares de Volcan, debe plantear una serie de interrogantes sobre la naturaleza del poder y los mecanismos por los cuales se ejerce el mismo.

Muchas de estas empresas transnacionales tienen ingresos a nivel corporativos superiores al presupuesto de la República del Perú y de nuestro PBI, y los impuestos que dejan de pagar en nuestro país son recaudados en sus países de origen USA, Suiza o Canadá lo cual resulta ilógico para nuestros intereses.

Como economistas debemos reconocer que la lógica de las empresas, es la valorización del capital, es decir la maximización de los beneficios lo que supone la minimización del pago de impuestos, y la depredación ambiental, lo que constituye tarea del Estado es el ejercicio de la más efectiva regulación y fiscalización de las actividades mineras formales e informales.

Una evidente constatación de la realidad se relaciona con la debilidad de la acción del Estado frente a una efectiva regulación y fiscalización cuestión que explica en gran parte los llamados conflictos sociales. En general, las empresas mineras no contribuyen con el fisco en proporción a la riqueza obtenida. Evidentemente, ello es mucho más grave con la minería ilegal e informal que depreda y contamina evadiendo el abono de impuestos.

CRECIMIENTO EMPOBRECEDOR

Durante el llamado “boom minero” 2004 al 2010 los precios de los minerales aumentaron significativamente, sin embargo el fisco por concepto de impuesto a la renta, regalías mineras, aporte voluntario, y derechos de vigencia mineros percibió en dicho período un poco más de US$ 12,512 millones de dólares, frente a los ingresos de exportación que sumaron los 84 mil millones de dólares entre el 2004 al 2010.

Esto significa que el fisco en el Perú de cada 100 dólares de ingresos de exportación percibió apenas 15 dólares, es decir el 15% de los ingresos de exportación en el período de bonanza. Evidentemente con tales recursos el Estado nacional, regional y local no tiene los ingresos suficientes para asegurar la educación y salud de calidad de la población, para desarrollar proyectos de infraestructura y conectividad regional y lucha contra la pobreza.

Elevar esta participación resulta un imperativo si de verdad se aspira al fomento de políticas económicas que privilegien la inclusión social. Para ello, debemos incrementar las regalías mineras al 6%, duplicarlas como recomienda el profesor James Otto especialmente para el caso del oro, plata y cobre, sobre el valor de la producción, incrementar los derechos de vigencia, y mantener el 3.75% de la utilidad neta del aporte voluntario como un fondo de responsabilidad social empresarial.

No somos un país reconocido como petrolero como Colombia o Ecuador, sin embargo las empresas de hidrocarburos abonan un promedio del 30% de regalías que se deducen como gasto, y los contratos de explotación tienen un período de vigencia que alcanzan los 25 años en el caso del crudo y 40 años en el gas natural.

En cambio en el mundo minero el Perú es un importante productor minero ocupando los primeros lugares en la producción de plata, cobre, plomo, zinc, oro etc., como se puede observar en el cuadro “Perú: Posición de Liderazgo Mundial en la Producción de los Principales Minerales”, y los contratos mineros, es decir, las concesiones mineras son indefinidas, es decir, hasta el límite económico, hasta el agotamiento del mineral, lo cual resulta lesivo al interés nacional.

En verdad, esta ubicación de privilegio en lugar de complacernos debiera preocuparnos, pues en el largo plazo estos recursos naturales no renovables no existirán. Y debiera ser labor del Estado realizar una debida valorización de los recursos naturales renovables y no renovables. Por tal motivo el Estado debiera estimar el factor agotamiento (depletion) como parte de un costo natural que debiera ser pagado al fisco, reconocido por las empresas.

Es más, con el cierre del complejo metalúrgico de La Oroya bajo responsabilidad de Doe Run, el país ha perdido lo más avanzado que se tiene en valor agregado, pues en dicho complejo los concentrados de cobre, plomo, zinc, plata y oro se convertían en finos y se obtenían más de 18 subproductos producto de la actividad y refino, que incluso se cotizan a mejores precios que los propios concentrados.

Por ello, nuestros gobernantes debieran preguntarse con la exportación de concentrados que realizan las empresas mineras como Antamina, Tintaya, Cerro Verde, Newmont, Barrick etc ¿cuántos subproductos están obteniendo afuera las refinerías que procesan dichos minerales. Alguna institución ha valorizado lo que significan las pérdidas para el país por esta descapitalización, pues hoy día se exportan más concentrados que en la década de los sesenta del siglo pasado.

En verdad, las ventajas de la inversión transnacional y nacional en el sector minero y en la economía del país en general, deben relacionarse con el llamado “valor de retorno” o retenido por la economía, a través de los impuestos realmente pagados, sueldos y salarios remunerados, y sobre todo compras a la industria local y regional. De allí, la necesidad de incrementar la participación del fisco en la riqueza minera, “sin dudas ni murmuraciones”, ni lobbys.