En Madre de Dios, donde se extrae oro de manera ilegal, no solo hay empresas comercializadoras formales que compran esa producción. En la zona de Huepetuhe, por ejemplo, también se pueden encontrar diversas entidades bancarias y grandes empresas que venden maquinaria pesada para la extracción de oro, entre otras que finalmente terminan beneficiándose de un negocio ilegal que está dañando la Amazonía.
Ante la minería ilegal del oro, que no solo está en Madre de Dios, sino también en La Libertad, Ayacucho, Piura y hasta en Lima, el Estado debe encontrar una solución imaginativa y eficaz para hacerle frente.
La represión –intervención policial de las dragas y de las zonas mineras y la destrucción de los equipos que se utilizan– son medidas más bien efectistas y no son sostenibles en el tiempo. La policía no va a poder estar allí los 365 días del año y controlar todas las zonas del país donde se extrae oro.
Además, ese negocio va a continuar, porque es muy rentable, pues el precio del oro –cercano a los US$1.700 la onza– va a propiciar su extracción y comercialización.
Ante esa situación, el Estado podría utilizar algún mecanismo de mercado para hacer viable la formalización de aquellos mineros que extraen el oro y evitar el impacto en el medio ambiente, la evasión tributaria y la degradación social que ello implica. Ya lo hizo Estados Unidos, que tuvo que intervenir en el sistema de comercialización para hacer frente a la extracción informal de oro en California.
En el Perú, el Estado podría crear un estanco o un monopolio de la compra de ese oro y, a través del Banco Central de Reserva (BCR), adquirirlo con una prima o un monto adicional para hacer frente a todas las distorsiones que se están generando en gran parte del país. También como un mecanismo para propiciar la formalización de los mineros ilegales.
Asimismo, debe controlar la comercialización del mercurio y cianuro, pues por cada kilo de oro extraído se contaminan los ríos y los suelos con 2,5 kilos de esos minerales usados en el proceso de producción.
Lo que no puede hacer el Estado es dejar de intervenir, pues hay que acabar con una red colonial de esclavitud, en el que hay miles de personas detrás de un negocio que está contaminando seriamente. Incluso, hay comunidades nativas que ya están participando en el negocio y que están parcelando sus territorios para incursionar en esa actividad extractiva.
* Publicado en el Diario El Comercio el 29-03-2012
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