lunes, 14 de octubre de 2013

GOBIERNO SE INTERESA POCO EN PETROPERÚ*

* Publicado en el diario La Primera el lunes 14 de octubre de 2013

Por Gérman Alarco Tosoni (Universidad del Pacífico)

— ¿Realmente existe intención del gobierno de fortalecer a Petroperú?
—Hay señales contradictorias. Por una parte se aprueba el reglamento de la Ley 28840 orientada a fortalecerla. Por otra parte, se cancelan sus objetivos quinquenales y anuales. Hay anuncios en el discurso presidencial de 28 de julio, pero se decide llevar el tema de Talara al Congreso de la República cuando se pudo incluir en la Ley de Presupuesto de 2014. No se define la participación de la empresa en los lotes petroleros en Piura.

— ¿Hay vocación de privatizar la empresa?
—Pareciera que sí. Si uno revisa el Plan Estratégico Sectorial Multianual 2012-2016 del Ministerio de Energía y Minas (MEM) no hay referencia alguna a PETROPERÚ. En la sección de los roles del MEM se señala que corresponde a PROINVERSIÓN la promoción del proceso de privatización de las empresas públicas del sector energía y minas. Para el MEF y el MEM la empresa podría ser privada.

— ¿Cuál sería la ventaja de que tenga participación privada?
—En teoría le permitiría obtener más recursos del mercado para financiar sus proyectos de expansión. También promovería una relación más transparente con el gobierno, ya que este debería pagarle todos los adeudos pendientes. Sin embargo, uno no puede vender acciones de una empresa cuando todavía no concreta sus principales proyectos.

— ¿Qué pasaría si el gobierno vende ahora parte de sus acciones?
—En realidad las estaría regalando, ya que el nivel de utilidades es reducido como cualquier empresa refinadora y no concreta sus proyectos de participación en el upstream (producción de petróleo) y su proyecto emblemático de modernización de la refinería de Talara (PMRT). Asimismo, todas las empresas ingresan primero al mercado de capitales y luego al de valores.

— ¿Qué otra forma de participación privada podría darse en la empresa?
—Actualmente, todos los directores excepto el presidente del Directorio son del sector privado. Esto también ocurrió con el directorio anterior. Si el gobierno decidiera colocar empresarios en el directorio podría generar conflicto de interés, que están regulados por las normas legales vigentes. Pareciera que las autoridades del MEF y MEM no entienden que PETROPERÚ es una empresa pública.

EMPRESA NO PUEDE SER DEL SECTOR PRIVADO

— ¿Por qué PETROPERÚ debe continuar como empresa pública?
—Hay que leer su actual Plan Estratégico aprobado por los dos últimos directorios. Se trata de una empresa del Estado que maximiza la renta petrolera a favor del desarrollo sostenible del país, contribuye a la seguridad energética y al cambio en la matriz energética. Esto no lo puede hacer una empresa privada. No puede ser del sector privado. También es importante aclarar que la empresa no puede ser utilizada como instrumento clientelar.

— ¿El gobierno podría utilizar la empresa para dar subsidios?
—El primer objetivo de la empresa es generar valor para el accionista, léase utilidades. El artículo 18 del estatuto social de la empresa es muy claro. Si hay un subsidio este debe ser totalmente cubierto por el gobierno. La empresa ya está blindada contra malas prácticas del pasado.

— ¿Hay alternativas a la privatización?
—Sí, hacer un intercambio pequeño de acciones con algunas de las principales empresas petroleras estatales de Latinoamérica. De esta forma se podría aprovechar el expertise de esas empresas, a la par de coadyuvar a la integración regional. 

— ¿El MEF y el MEM acusan a PETROPERÚ de no tener un Buen Gobierno Corporativo (BGC)?
—Hay desconocimiento en el tema. En julio de 2013 fue reconocida por la Bolsa de Valores de Lima como una de las 26 empresas nacionales que cumplen con los estándares de BGC. En julio de 2012 también fue reconocida con relación a la gestión empresarial de 2011. El que evalúa es una reconocida firma internacional de auditoría. Debemos señalar que hay problemas de gobierno corporativo en los representantes de la Junta General de Accionistas.

— ¿Qué problemas hay con los representantes en la Junta General de Accionistas?

—Está información está en la web de la empresa. En 2012 solo se reunieron para la junta obligatoria que revisa los Estados Financieros. En 2013 para colocar a los nuevos directores y nuevamente solo para revisar los estados financieros. Pareciera que el gobierno se interesa poco por PETROPERÚ.


PROYECTOS NO VAN A LA VELOCIDAD ADECUADA

— ¿Los aproximadamente 3,000 millones de dólares que se pagará por la modernización de la Refinería de Talara no es demasiado alto?
—El monto exacto son US$ 2,730 millones más inversiones complementarias a cargo del sector privado. Hay que reconocer que las inversiones en este sector son intensivas en capital. Sin embargo, hay muchos estudios que validan este monto. No entiendo porqué el gobierno quiere un nuevo estudio. No hay que olvidar que el monto anterior tiene una fecha de vencimiento. Esto genera que los proyectos no vayan a la velocidad adecuada.

— ¿Cuántos estudios se han realizado sobre la modernización de la Refinería de Talara?
—Muchos. El primero fue desarrollado por una empresa de ingeniería de España que ganó la licitación internacional convocada durante el gobierno aprista. Luego esta información fue validada por un consorcio internacional supervisor de los trabajos realizados. Después se contrataron dos de la consultora A. D. Little y luego de Technip en 2013. A éstos hay que sumar los realizados por la empresa, el agente financiero internacional y COFIDE. Afortunadamente todos concluyen en lo mismo.

— ¿Puede haber corrupción asociada al monto de inversión?
—Es difícil después de todas estas evaluaciones. Hay que destacar que todavía existe la opción de concursar la ejecución de la modernización de Talara a través de una licitación pública internacional. La cuestión es no dejar pasar más tiempo.

— ¿Cuánto perdería el país por no modernizar la refinería de Talara?
—Existe una ley ambiental vigente mediante la cual los combustibles deben tener, a partir del 2016, menos contenido en azufre. Si no se ejecuta el proyecto la mayor parte de los combustibles no podrían venderse localmente. La única opción sería exportarlos, pero sus precios son muy bajos, lo cual generaría pérdidas en la empresa.

— ¿Cerraría la Refinería de Talara?
—Sí, en el mediano plazo. Para atender el mercado interno habría que importar la mayor parte de los combustibles. Al respecto, debo señalar que el mismo problema existe con la Refinería de la Pampilla. Si no realiza el componente de desulfurización la economía perdería valor agregado por 0.5% del PBI o 3.5% del PBI industrial. Si no se ejecuta el proyecto se contribuiría a la desindustrialización del país. 

— ¿Se puede dividir el proyecto de Talara en dos partes?
—No. La desulfurización de combustibles no es rentable en términos financieros, pero sí en términos económicos. La ampliación de capacidad, mejora en procesos y el procesamiento del crudo pesado debe avanzar al mismo tiempo que la desulfurización, ya que le genera rentabilidad financiera al proyecto. Si se optara por dividir el proyecto en dos la empresa no podría pagar su financiamiento. La empresa quebraría en el mediano plazo.

— ¿Qué ocurriría de no poder procesar los crudos pesados?
—Actualmente se exportan 5.7 millones de barriles de petróleo crudo pesado al año que no pueden procesarse en las refinerías locales. Si se moderniza Talara este crudo se podría procesar localmente generando un valor agregado local de más de US$ 110 millones, dividido a la mitad por el margen de refinación y la otra parte debido a que el crudo pesado se exporta a US$ 10 por barril menos que los crudos más ligeros. 

TALARA REQUIERE RECURSOS DEL ACCIONISTA

— ¿Cómo se financiaría la modernización de Talara?
—Ya tienen un crédito por entre US$ 500 y 600 millones. El agente financiero internacional tiene un tiempo para completar hasta alrededor de US$ 1,800-1,900 millones. Aquí hubo un error del gobierno anterior al permitir el financiamiento por partes. La diferencia como en cualquier inversión la deberían colocar los accionistas. En todo proyecto se exige una contraparte de sus dueños.

— ¿La empresa no la puede generar?
—Es poco probable, ya que la actividad de la empresa solo es de refinación donde la rentabilidad internacional es reducida. No se olvide que a la empresa le quitaron todas las operaciones más rentables en la producción de petróleo hace alrededor de 20 años. Asimismo, le impusieron condiciones de operación más costosas. El proyecto de la Refinería de Talara debe caminar al paso de su regreso a las operaciones del upstream.

— ¿Es imprescindible el aporte del Estado?
—La otra opción es la ruta de la emisión de deuda internacional por parte del Estado peruano. En realidad no hay que olvidar que el país esta subendeudado respecto de los estándares de economías del mismo nivel de ingresos.
Es irracional consumir internamente poco gas natural

¿Qué ocurre con la participación de PETROPERÚ en los lotes petroleros?
—Lamentablemente en marchas y contramarchas. El artículo 8 de la Ley de fortalecimiento de PETROPERÚ da pie para que todos los activos que hayan pertenecido a la empresa reviertan a favor de ella. Al respecto, esto debería ocurrir en todos los lotes alrededor de Talara. Asimismo, todos los lotes de la selva con prospectiva deberían retornar a la empresa.

— ¿Cómo ve en general la estrategia energética del MEM?
—Se insiste en una estrategia orientada a satisfacer intereses particulares. Luego de 30 años se ha reducido la plataforma de producción de petróleo a la tercera parte. En 1980 se producían más de 180,000 barriles diarios y ahora es solo poco más de 60,000. Desde los noventas las facilidades fueron numerosas y no se avanzó. Obviamente hay éxito por el lado del gas natural pero bajo un régimen de exportación con problemas.

— ¿Cuál es el problema con la exportación de gas natural?
—El país importa más de 90,000 barriles diarios de petróleo crudo, cuando el gas natural es cuatro veces más barato y genera menos contaminantes. Esto le cuesta al país US$ 2,750 millones equivalentes al 1.4% del PBI por mayores gastos en energía para las familias y los negocios. Es una irracionalidad. Obviamente habría que invertir en transporte, distribución y reconversión de equipos.

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