ESCRIBE: JORGE MANCO ZACONETTI (Investigador UNMSM)
El viernes 6 a las 19 horas el ejecutivo representados por el presidente de consejo de ministros, los ministros de economía y finanzas, energía y minas, medio ambiente y salud dieron a conocer a la opinión pública la aprobación por unanimidad del proyecto de ley que se presentará al Congreso de la República, sobre la modernización integral de la refinería de Talara la unidad más importante de PetroPerú, que por sí sola explica más del 70 por ciento de los ingresos de la petrolera estatal y el 47 por ciento de participación en el mercado interno de combustibles.
En un ensayo de interpretación uno debiera interrogarse sobre las razones por las cuales el gobierno del comandante Ollanta Humala se pronuncie sobre un tema que fue uno de los estandartes de la campaña electoral, conjuntamente con la construcción del gaseoducto del sur y la disminución del precio en el balón del gas licuado de petróleo a 12 nuevos soles.
En verdad, después de dos años los representantes de la junta de accionistas de la petrolera estatal, el inefable ministro del sector Jorge Merino Tafur y el poderoso ministro de economía Luis Castilla, ratifican dos años después las cifras, valores y montos del conjunto de inversiones que significaba la modernización integral de la refinería de Talara, los 3,500 millones de dólares. De los cuales PetroPerú con sus recursos asumiría 2,730 millones de dólares y el resto sería una responsabilidad privada, para las inversiones complementarias en la planta de energía, gas, terminales y tratamiento del agua de mar.
Por ello cabe preguntarse, si el valor ha sido extrañamente ratificado desde que se dio a conocer oficialmente en noviembre del 2011 por el mismo ministro en declaraciones realizadas en el CADE de Arequipa; es más en su momento se afirmó que tales cifras eran un poco elevadas y que serían revisadas por empresas consultoras. Si las cifras han sido confirmadas ¿Por qué despidieron al Ing. Campodónico y lo sustituyeron por un funcionario de tercer nivel obsecuente y próximo a la jubilación?
Debemos suponer que ante la caída en las encuestas el presidente Humala ha considerado oportuno que una forma de levantar su alicaída popularidad sería presentar el proyecto de modernización integral de la refinería de Talara al Congreso de la República para su análisis, aprobación y/o archivamiento. Si bien se puede considerar al proyecto de interés nacional y de necesidad pública ello solamente lo puede exonerar del debate en las comisiones de economía y energía y minas, mas no del debate en el pleno.
El problema es que el Congreso de la República está actualmente próximo al cierre de su funcionamiento por las fiestas navideñas y un debate tan importante se daría en precarias condiciones. A ello debiera sumarse la hegemonía ideológica que tiene el credo liberal en los miembros del parlamento donde el fujimorismo, el PPC, las fuerzas de Solidaridad, PPK y parte de Perú Posible votarían a favor de la privatización encubierte mediante el mecanismo de venta de acciones del 49 por ciento del capital social de PetroPerú, tal como se sostiene en el proyecto de ley.
Por ello, podemos afirmar que el precio que se ha tenido que pagar para convencer al poderoso ministro de economía y finanzas ha sido aceptar la privatización del 49 por ciento de las acciones que conforman el capital social. Expuesto así se pretende que el propio Congreso de la República deje sin efecto la ley de Fortalecimiento de PetroPerú Ley Nº 28840 vigente desde su aprobación en julio del 2006.
Maquiavélicamente el ejecutivo al presentar el proyecto en referencia aspira a superar las distintas normas aprobadas en especial en la gestión del ex presidente Alejandro Toledo que excluían a PetroPerú del proceso de privatización normado por el DL 674. Así, la ley Nº 28244 de junio del 2004, “Ley Que Excluye a PetroPerú de las Modalidades de Promoción a la inversión Privada en Empresas del Estado Previstas en los Incisos A) y D) del Artículo 2º del Decreto Legislativo Nº 674”
Así, de aprobarse la propuesta del ejecutivo con la venta del 49 por ciento de las acciones del capital social de PetroPerú, en la práctica la ley Nº 28244 quedaría derogada por un Congreso donde la mayoría oficialista fue elegida en una campaña electoral que prometía la integración vertical de la petrolera y su fortalecimiento.
A pesar de todo de aprobarse la ley en el Congreso de la República, se ratifica y se sanciona la realidad de PetroPerú como una empresa exclusivamente refinera con una unidad modernizada y más compleja con una capacidad de refino de 95 mil barriles diarios, con procesamiento de combustibles limpios con un contenido de azufre de 50 partes por millón, con la capacidad de tratamiento de los crudos pesados provenientes de la selva norte, con una planta de ácido sulfúrico etc. pero al borde de una participación mayoritaria en las acciones del sector privado y sin producción propia de crudo.
Sin la integración vertical, es decir sin participar en la explotación de crudo, sin acceso a las reservas probadas de crudo en los contratos próximos a su vencimiento, sin el acceso a los terminales propios, y marginada en la distribución minorista al carecer de grifos propios, PetroPerú está condenada a percibir márgenes de refinación disminuidos; y al 2018 se tendrá una petrolera estatal modernizada en la actividad de refino que será apetecible para las grandes transnacionales, con una inversión realizada que en última instancia la ha financiado el consumidor con las compras de combustibles. Todo ello sería posible gracias al extraño nacionalismo del Presidente de la República Ollanta Humala.
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