Publicado en la Revista IDL (noviembre 2015)**
Muchas idas y venidas se siguen dando
entorno a Petroperú y la posibilidad de que retome la actividad de exploración
y producción de petróleo (el llamado upstream de la industria petrolera). Lo
cierto y evidente es que en cada gobierno de turno, desde la dictadura de
Fujimori, hasta la fecha, han ido desmantelando y orquestando toda una campaña
de desprestigio desde el MEF, MEM, Perupetro y toda la prensa de la concentración
de medios, contra la empresa pública, para terminar de liquidarla, favoreciendo
intereses ajenos al país. Este es el contexto en el que se desarrolla todo el
debate sobre si debe explotar o no Petroperú el Lote 192 (antes 1-AB); ¿cuáles
son las lecciones de todo este proceso?
La predica liberal de que el Estado per-se
es ineficiente es sólo una excusa para impedir la modernización y
fortalecimiento de Petroperú, es decir impedir la integración de las operaciones
de refino con la producción de petróleo, sobre todo que pueda explotar lotes
petroleros con reservas probadas porque de esta forma minimiza el riesgo de la
inversión, para lo cual no necesariamente asumiría el control de los
yacimientos sino que puede ir de manera asociada. Pero bajo el ropaje del
tecnicismo, los tecnócratas del Ejecutivo, los Ministros y demás especialistas
lobistas han impedido la participación de Petroperú en el upstream, actuando al
servicio del capital privado, o de capitales particulares, favoreciendo a
cualquier inversionista menos a Petroperú, como lo ocurrido en los casos de los
lotes III y IV que fuera operado por Interoil y pasaron luego casi a dedo al
Grupo Graña y Montero con el favor del Ministerio de Energía y Minas. En el caso
del lote 64 bajo control de la empresa estatal desde el 2013, ahora está en
“stand by” y con riesgo de ser devuelta, pues la última palabra para aprobar el
plan de explotación y desarrollo de ese lote la tiene el MEF.
De la
fragmentación al desprestigio
Bajo las premisas de reestructurar la
economía, desplazaron al Estado como motor impulsor de la economía con las
reformas de 1990, decían que el inversionista privado era el único eficiente; “el
que lo puede todo”, así el capital público era el malo de la película. Luego
continuaron con “la construcción del segundo piso”, siguieron privatizando y a
la par iban debilitando toda inversión pública que aún quedaba en pie. ¿Y la
regulación?: Un saludo a la bandera!!!
Así, en el sector petrolero se privatizó mal
barateando los activos públicos, primero en 1992 con la venta de los grifos,
luego vendieron Solgas a precio subvaluado, a fines de 1993 fueron las
operaciones en altamar con Petromar (hoy operado por Savia Perú) y Petrolera
Transoceánica, en 1996 la Refinería la Pampilla, después transfirieron los
lotes 8/8X, X/XI (con reservas probadas), continuaron con la venta de las
plantas lubricantes (Petrolube); alquilaron a la norteamericana Maple la
refinería de Pucallpa, vendieron los terminales marítimos (hoy operados por
Graña y Montero); de esta forma redujeron a Petroperú a las operaciones de
cinco refinerías siendo la principal la refinería de Talara, además de
comercializar combustibles como distribuidor mayorista y tener el control del
Oleoducto Norperuano.
Cabe destacar que el proceso de
privatización de 1990 al 2001 fue investigado por La Comisión de Delitos
Económicos y Financieros del Congreso de la República, concluyéndose que los
activos públicos (de todos los peruanos) en el caso de Solgas, Refinería la
Pampilla, Petrolera Transoceánica fueron subvaluados y que existen indicios en
la transferencia de los lotes petroleros de información privilegiada, pero
dicha comisión no logro continuar el trabajo.
Destacamos también que Petroperú, en la
actualidad, a pesar de estar reducida en la práctica como empresa refinera, es
líder en ingresos en la economía peruana (desplazando a su competidor directo
La Pampilla y a las empresas mineras), donde el 98% de sus ingresos proviene de
la producción y comercialización mayorista de combustibles, el 1% del
transporte de crudo por el Oleoducto y otro 1% restante son ingresos por
servicios (almacenamiento, arrendamiento, alquiler, despacho de combustibles,
operaciones de terminales, entre otros). Aunque en algunos períodos ha
registrado utilidades reducidas o pérdidas como en el 2008 y 2014, debe saberse
que en líneas generales la empresa estatal mantiene una buena rentabilidad y
sus ganancias netas serían mayores si es que desde el MEF no se ocuparan en
descapitalizarla.
Así es, a pesar de la trabas que le ponen a
Petroperú desde el MEF, abastece con eficiencia el mercado interno de
combustibles, pero tiene que asumir una serie de «Partidas Inusuales» y «Cargas
Excepcionales» por su naturaleza de Empresa Pública, como es el no recuperar el
IGV por las Ventas en la Amazonía desde 1999 hasta la fecha, asumir las Cargas
Pensionarias de las Unidades Privatizada (S/ 65 millones anuales en promedio) y
mantener Contratos Anti-económicos con empresas privadas. Todo ello le resta
rentabilidad a Petroperú, sin embargo genera excedentes económicos positivos
posicionándose en el primer lugar entre las empresas del sector con mayores
ingresos, ganancias operativas y netas. Entonces: ¿dónde queda eso de que
Petroperú es ineficiente y sólo genera pérdidas, como algunos “especialistas”
arguyen?.
Como se dice popularmente en cada gobierno
le metieron uña a lo que iba quedando de Petroperú, siguiendo políticas de
pirañas, usándola como caja chica (recuérdese la remodelación de Palacio de
Gobierno a finales del 2001), cargándole una serie de costos y gastos que una
empresa privada como Relapasa (dueña de refinería La Pampilla), por ejemplo,
jamás aceptaría, con el objeto de mostrar a Petroperú como ineficiente, ¿para
qué?, para alimentar la campaña de desprestigio y así tener la excusa para
terminar de extinguirla.
Es en este debate que sale a la luz el IGV
no devuelto a Petroperú por la venta de combustibles en la Amazonía, donde el
MEF para lavarse la mano como Pilatos cede y acepta la devolución del IGV, pero
a partir de octubre de este año, así lo estipulan en el Decreto Supremo
266-2015-EF, pero los S/ 1,900 millones que le deben a Petroperú en 15 años no
serán devueltos, es decir el Estado “le tira cabeza a su propia empresa”, cuyos
montos servirían para asumir en gran parte los compromisos de inversión para
modernizar la Refinería de Talara o para cubrir los requerimientos de inversión
en el Lote 64.
¿Por qué
insistir en Petroperú?
La defensa de Petroperú como empresa
estratégica, es la defensa por la soberanía de nuestros recursos naturales, la
defensa por el consumidor y por capitalizar al país, pero manteniendo en
armonía Estado y empresa con el medio ambiente y respetando los derechos de las
comunidades.
No se trata de ningún capricho ver a
Petroperú en forma integrada. En un escenario de crisis mundial y de disputas
por reservas energéticas, tener el control público de algunos lotes petroleros
para producir de manera eficiente y oportuna combustibles limpios y a precios
justos, aliviaría la dependencia energética de comprar crudo y combustibles del
exterior, con lo cual se alivia a la economía del país la salida de divisas para
dichas compras.
Así, la modernización de la Refinería de
Talara y la producción de petróleo de parte de Petroperú van de la mano y es
que “del mismo cuero sale la correa” Con el flujo de caja que se iría generando
con la explotación del lote 64 y el lote 192 se garantizaría el cumplimiento de
las obligaciones que se van generando para modernizar la Refinería de Talara.
Además al producir crudo se dejaría de importar o comprar en el mercado
interno, aumentando la renta petrolera.
Además produciendo petróleo Petroperú se
hará más transparente la estructura de costos para la determinación de los
precios finales de los combustibles y se evitaría la especulación de que a
pesar de ocurrir bajas en el precio internacional del crudo los consumidores
sigan pagando precios altos.
Debemos recordar que los titulares del MEF y
el MEM se oponían a modernizar la refinería de Talara y a fortalecer las
operaciones de Petroperú y al igual que ahora sostenían que la empresa estatal
no tiene condiciones para asumir ese proyecto, incluso deslizaron la idea de
venderla. Así es que desde el MEF sacan la Ley 30130 a fines del 2013 para modernizar
la Refinería de Talara con una inversión de US$ 2,730 millones, pero con dos
condiciones: que se aumente de 20% a 49%
la cantidad de acciones a venderse en Bolsa (Art. 3) y que Petroperú no
emprenda ningún proyecto que le genere pasivos (reales o a futuro), mientras no
pague los préstamos de Talara (Art. 6). En el fondo restringieron más a
Petroperú y sus propios accionistas y directorio negaron la Ley 28840 de
Fortalecimiento y Modernización de Petroperú.
Es decir por ley Petroperú puede operar
lotes petroleros, pero ideológicamente consideran que los capitales privados o
de particulares son los que deben operar en los lotes hidrocarburíferos, cuando
en los hechos la presencia de capitales estatales en el sector ya tiene 20 años
y de eso no dicen nada. Muchos investigadores ya publicaron en diversos medios,
la presencia estatal de terceros países en el sector de petróleo y gas, dicha
información figura en los reportes del Ministerio de Energía y Minas, así como
Perupetro, y eso lo sabe Pro-Inversión, lo sabe el MEF, pues han negociado diversos
contratos de inversión no solo para la explotación de petróleo. Así, tenemos la
presencia de grandes empresas estatales provenientes de países vecinos como
Brasil, Colombia y del continente Asiático.
Más del 43% de compras realizadas por
Petroperú a los principales contratistas que proveen de bienes y servicios,
principalmente por la venta de crudo a Petroperú, son con empresas contratistas
cuyos accionistas principales son empresas estatales de terceros países.
Aspectos Pendientes
La aprobación por insistencia de la Ley que
incorpora una cuarta disposición complementaria final a la Ley 30130 (Ley que
declara de necesidad pública e interés nacional la modernización de la
refinería de Talara….), donde se estipula que Petroperú puede participar en la
explotación del Lote 192, cuando culmine el contrato por dos años con la empresa
canadiense Pacific Stratus Energy, es positivo, es un avance en el proceso de
defensa de los intereses nacionales en la actividad petrolera, sin embargo la
norma dice que debe haber una evaluación de Perupetro y debe exceptuarse la
aplicación del artículo 6 en el caso de suscribir el contrato del Lote 192. ¿Y
si Perupetro no da el visto bueno? ¿Cómo queda el lote 64? ¿Y la posibilidad de
participar en otros lotes? ¿Por qué no se pidió la derogación del art. 6 de la
Ley 30130?
La experiencia nos enseña que desde el
Ejecutivo una y mil veces han sacado la vuelta a las leyes, o han sorprendido
con Decretos de Urgencia, desnaturalizando las normas originales. Además no hay
garantías de que el MEF y el MEM muestren su apoyo, en este proceso de fortalecimiento.
Con este debate debe ponerse en agenda
modificar los contratos petroleros para hacerlos más democráticos, donde la Ley
de la Consulta, no sea una formalidad. No basta con un fondo del 0.75% del
valor de la producción fiscalizada del lote 192, que beneficiará a las
comunidades nativas del área de influencia, lo que debe exigirse es hacer más
activo la labor reguladora del Estado, incorporando a las comunidades en buena
parte del proceso del monitoreo ambiental. Así como se le exige a Petroperú las
condiciones técnicas de operar lotes petroleros, ¿se encuentra preparada la
empresa estatal para establecer políticas ambientales y sociales en el Lote 192
y en otras zonas del país?
(*) Investigador en energía, minas e infraestructura
pems.maldonado@gmail.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario