La experiencia para hacer realidad el proyecto Camisea, después del fracaso del primer gobierno de Alan García, nos demuestra la intervención del Estado como promotor de la inversión, generando un marco legal que permita la existencia y viabilidad del mercado para el gas natural.
Al respecto se debería recordar y analizar la serie de normas que se promulgaron.
Así, se limitó por decreto la construcción de centrales hidroeléctricas para priorizar el mercado en la generación eléctrica a base del gas de Camisea. Es más, se dispuso que la empresa estatal de generación hidráulica Electroperú compre obligatoriamente al Consorcio Camisea 70 millones de pies cúbicos diarios de gas natural, en un contrato take or pay, para que estos volúmenes sirvan a la transnacional Endesa y los consuma en su unidad térmica de Ventanilla ubicada al norte de Lima. Con ello se aseguraba una demanda mínima que rentabilice el gasoducto de Camisea (Malvinas) a Lima.
También se debe recordar que todos los usuarios eléctricos del país financiamos de manera adelantada con un plus en nuestros recibos de energía desde agosto del 2002 hasta el 2009, la Garantía de Red Principal (GRP) por más de 470 millones de dólares que permitió hacer posible y rentable el gasoducto bajo responsabilidad de Transportadora de Gas del Perú (TGP).
Allí estaban, dicho sea de paso, los mismos accionistas que conforman el Consorcio Camisea.
Igualmente, se estableció una serie de beneficios tributarios que permitieron a los accionistas del llamado Consorcio hacer posible la realidad de los importantes montos de inversión, a pesar que no asumieron los riesgos en el descubrimiento de las reservas del gas y líquidos de gas natural de los lotes 88 y 56.
Estos beneficios que van desde el fraccionamiento en el pago de los aranceles de importación, la exoneración del pago de IGV en las actividades de exploración/explotación cuando las actividades de inversión de riesgo eran mínimas.
También se aprobó una ley que permitía la posibilidad de recuperación de la inversión, mediante los cargos de depreciación con el efecto "arrastre de pérdidas" hasta ocho años, lo cual significaba un escudo tributario por concepto de impuesto a la renta.
Es más, las reservas de gas natural y condensados del lote 56 con "reservas probadas" de 2 trillones de pies cúbicos (TCF) y más de 200 millones de barriles de condensados fueron asignadas directamente por Perúpetro al Consorcio Camisea.
No hubo licitación ni concurso alguno. Ahora, este organismo público, responsable de promover la inversión y supervisar los contratos de hidrocarburos, se rehúsa a la transferencia directa de los lotes cuyos contratos están por vencer a Petroperú, que es la única empresa petrolera en el mundo que no produce un barril de crudo.
Es decir, fue una política deliberada de Estado que involucró a cuatro gobiernos (Fujimori, Paniagua, Toledo y García) lo que hizo posible la realidad y los beneficios socioeconómicos de la cultura del gas con la explotación de las reservas de los lotes 88 y 56 que ahora deben ser extendidos a nuestros compatriotas del sur.
Por ello, cuando los críticos a la participación del Estado y la intervención de Petroperú por mandato del gobierno, señalan que el Estado "no debe invertir ni un dólar" en el gasoducto del sur soslayan la necesidad de construir un mercado, negando la posibilidad de una nueva industria, donde debiera apostarse por una alianza pública/privada entre el Estado y el Consorcio Kuntur, o cualquier otra empresa que tenga la decisión con el financiamiento requerido por los altos niveles de inversión que pueden superar los 5,000 millones de dólares, en razón de la longitud de los gasoductos para el gas natural y otro de líquidos.
Un potencial mercado para la masificación del gas en el sur está identificado con el sector minero que demanda energía con parámetros de responsabilidad ambiental y social. Solamente en proyectos mineros en el sur del Perú existe una inversión estimada por encima de los 30,000 millones de dólares, sea en Apurímac (Las Bambas, Los Chancas, Hierro Apurímac), en Cusco (Constancia, Antapaccay, Quechua, etcétera), en Arequipa ( Ampliación de Cerro Verde, Tía María, Pampa de Pongo entre otras), Moquegua (Ampliación de Cuajone, Ampliación de la Fundición y Refinería más Quellaveco, Los Calatos etc.), en Puno (Corani, Ollachea, Bear Creck) y Tacna (Ampliación de Toquepala y Pucamarca).
Si a ello se agregan las inversiones en plantas petroquímicas para aprovechar los hidrocarburos de metano y etano contenidos en el gas natural de los lotes 88, 57 y 58 que serían transformados en Ilo/ Moquegua, donde se levantaría un polo petroquímico con inversiones superiores a los 10 mil millones de dólares.
Así se podrá producir no solamente fertilizantes sino, sobre todo, polietilenos a partir de la transformación del etano en etileno que permitan obtener una serie de subproductos desde plásticos hasta productos sintéticos, fibras, envases, etc.
En esta propuesta el Estado tiene que intervenir como promotor y protagonista, si es que de verdad se quiere masificar la cultura del gas en los departamentos del sur, región donde se concentran a la mayor cantidad de peruanos que se reproducen en condiciones de pobreza y extrema pobreza.
* Publicado en el Diario El Peruano
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