TALARA: ¿DÓNDE ESTÁ EL INTERÉS NACIONAL? (I)

En el asunto de los lotes marginales

En principio debo pedir disculpas públicas a mis lectores y a los afectados por cobardes anónimos, con comentarios calumniosos y difamatorios de la honra de ciudadanos, de peruanos que se desenvuelven en la esfera pública o privada. La libertad de expresión y la confianza no puede ser utilizada para colocar en los blogs palabras ofensivas que afectan la integridad y solvencia moral de las personas.

Como humanos podemos cometer errores, mantener posiciones discrepantes sobre diversos tópicos y problemas en materia de las políticas de hidrocarburos, energía y minería pero nunca se debe perder de vista la calidad y la altura en las diferencias. Desde nuestro punto de vista tenemos una posición clara en defensa de los intereses nacionales sobre los intereses privados, de partido políticos y sindicales corporativos. ¡El interés público antes que los intereses privados!

Tanto en la cátedra en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, el periodismo especializado y la consultoría hemos tomado partido siempre por la defensa de los intereses nacionales, prueba de ello ha sido la defensa del patrimonio público en una fallida privatización que ha significado una transferencia de riqueza desde el Estado hacia los capitales privados especialmente transnacionales, para valorizar el capital a costa de los usuarios y consumidores.

Cuando en la dictadura fujimontesinista se pretendía privatizar una empresa pública por semana levantamos la palabra, y salimos a las calles para rechazar una absurda privatización cuando muchos políticos y respetables profesionales callaban en todos los idiomas. Con los trabajadores de PetroPerú organizados en la Federación Nacional de Trabajadores Petroleros (FENPETROL) estuvimos en las primeras trincheras contra la privatización de PetroPerú y otras empresas estatales.

En el mismo sentido, desde las páginas del diario La República con la confianza del Ing. Gustavo Mohme Llona y Alfonso La Torre (Alat) desde 1990 tuve oportunidad de escribir en la página editorial de dicho medio defendiendo los intereses del Estado, de las regiones, de trabajadores, de los usuarios y consumidores. Por ello, mi más enérgico rechazo sobre cualquier arreglo, contubernio, asociación para percibir un beneficio indebido, “tajada de una bolsa” lo denomina el anónimo cobarde, que pareciera ser un entendido en tales menesteres.

Si algún patrimonio tengo al margen de una biblioteca de más de 5,000 volúmenes, el activo más preciado para mí después de mi familia, es la credibilidad que pueda tener mi nombre en mis estudiantes, trabajadores, alcaldes, consumidores, y autoridades, que demandan una opinión técnica y política. Si algún nombre tenemos en el sector de energía y minas, es el producto de hablar claro, de decir una verdad producto de investigaciones en un sector donde el silencio cómplice permite ganar millones, y los lobbys están a la orden del día. Por ello, mal puede ser uno lobbysta si defiende el interés de las mayorías.

El anónimo cobarde me acusa de no sentar posición sobre el contrato del Z-1. Así, escondido en el anonimato expresa: “Tampoco ha dicho nada del escandaloso beneficio que se está llevando BPZ en Tumbes al permitírsele “pruebas” extendidas de producción en los 5 pozos del campo Corvina pagando solo 5% de regalías por el petróleo que se produce en el Lote Z-1 cuando lo correcto sería renegociar esas regalías a por lo menos 20%”

Evidentemente quien escribe desde la oscuridad es alguien vinculado al sector, en un organismo especializado tipo PerúPetro o del ministerio del sector. Por ello, me extraña de sobremanera que ignore los varios artículos de mi autoría donde demando la necesaria revisión de los lesivos contratos firmados como el Z-1 con regalías del 5%, al igual de los lotes 57 y 58, al amparo del DS 017 del 2003. Todo lector avisado puede revisar las decenas de artículos escritos sobre los contratos de hidrocarburos lesivos al interés nacional.

En el norte, no solamente se trata de revisar el contrato del Z-1, sino también del Z-2B donde expresamente demandamos la participación de PetroPerú como socio estratégico de los nuevos accionistas Ecopetrol y Korea National Oil Corporation, por ser este un contrato de servicios donde los hidrocarburos le pertenecen al Estado, y PetroPerú mantiene la propiedad sobre más de 82 plataformas marinas necesarias para la explotación de crudo y gas en Zócalo Continental.

Presumo a materia de hipótesis sobre el origen del anónimo cobarde que acusa al congresista Carrasco Távara y a mi persona, puede tener una explicación ligada a la cerrada defensa de los intereses nacionales encarnados en la prioridad del mercado interno sobre la exportación del gas natural proveniente del lote 56 que está efectuando el Consorcio Perú LNG. Consorcio que no tiene contrato firmado, dicho sea de paso, con el Estado peruano. Las importantes conclusiones y recomendaciones de la investigación del contrato del lote 56 firmado en el 2004, impone la renegociación de un contrato que está afectando el abastecimiento interno.

La lista de involucrados en un contrato lesivo al interés público es tan amplia que no me extrañaría que uno de los involucrados no tenga el coraje ni la fortaleza moral para asumir sus palabras. Por ello, no me asombraría más anónimos para afectar la honra de las personas, con el objeto de distraer la opinión pública y allanar el piso de un inconveniente contrato que debe ser renegociado.

En un artículo anterior escribía que: “La lectura del Informe Final del Grupo de Trabajo responsable del “Estudio y Propuesta Revisión de los Contratos de Gas de Camisea y de los Contratos de Exportación del Gas” presidida por el congresista del APRA José Carrasco Távara expone con meridiana claridad la nefasta decisión de las más altas autoridades del gobierno del ex Presidente Alejandro Toledo en PerúPetro, y en la Dirección General de Hidrocarburos (DGH) del Ministerio de Energía y Minas, para favorecer un proyecto de exportación a todas luces lesivo al interés nacional”

En tal sentido, cabe interrogarse ¿dónde está encarnado o representado el interés nacional?, lo colectivo frente a los intereses privados. Evidentemente ante el proyecto de exportación del gas natural, importa sobre todo la prioridad del abastecimiento del mercado interno, la dotación de gas natural a las diversas empresas que operan en el mercado interno, que demandan el hidrocarburo y encuentran restricciones. En el mismo sentido, antes que la exportación interesa la integración gasífera del país con el gaseoducto andino del sur con reservas probadas. Por ello, objetivo nacional y política de Estado debiera ser alcanzar la seguridad y autonomía energética.

Talara: ¿Dónde está el interés nacional?

Sin embargo, cuando uno se pregunta donde está encarnado, o representado el interés nacional cuando se trata de la prórroga o devolución de los contratos del noroeste (Talara) que fueron firmados a inicios de los años noventa del siglo pasado en el “proceso de modernización de PetroPerú” entregando lotes marginales para que puedan ser operados por empresas privadas ante la descapitalización y debilidad de la petrolera estatal.

Responder a esta cuestión exige el mayor rigor técnico al margen del romanticismo económico, y los buenos deseos sindicales. Al respecto mi posición está públicamente expuesta y resulta contraria a lo manifestado por el Presidente del Directorio de PetroPerú. Es más, debo reconocer que puedo estar equivocado si se demuestra lo contrario.

Sin embargo, con la información producto de mis investigaciones me ratifico en lo expuesto en un artículo anterior cuando afirmaba que: “…., por el mismo interés nacional esos lotes debieran seguir siendo operados por el sector privado por los altos costos y riesgos que entraña su producción. Por ello, si bien resultaría deseable que PetroPerú asuma paulatinamente la gestión y administración de los referidos lotes, ésta no tiene ni los capitales de inversión, ni el capital humano necesario. Es más políticamente la opinión pública está sensibilizada contra la petrolera estatal por el affaire de los petroaudios, la falta de transparencia en la administración actual, y el excesivo peso político en la determinación de los precios de los combustibles”

A ello agregaría la prioridad que tiene para PetroPerú y el país, la necesaria modernización de la refinería de Talara donde estimaciones oficiales de la inversión demandan capitales superiores a los US$ 1,300 millones de dólares.

El más simple juego de estrategia plantea la prioridad de los objetivos económicos-financieros en una empresa que lamentablemente sigue siendo la “caja chica” del gobierno de turno, donde sus dirigencias sindicales están más preocupadas en sus utilidades laborales antes que su fortalecimiento empresarial.

Por tanto debiera ser objetivo nacional incrementar la producción interna de petróleo, sobre todo en el norte del Perú. Si la capacidad de refino de Talara se ampliará a los 90 mil barriles diarios antes del 2015, lo razonable sería que la mayor proporción del crudo provenga de las operaciones del noroeste, tanto de los viejos campos de Talara como del Zócalo que hoy no producen más de 35 mil barriles diarios. En tal sentido, la demanda futura de la refinería modernizada debe ser cubierta por la producción interna del norte, sumando en ella la producción proveniente de los nuevos lotes 67 (Perenco) y 39 (Repsol/YPF).

Evidentemente para incrementar la producción de los lotes marginales I, II, III, IV, V, VI/VII, IX se requiere maximizar los compromisos de inversión para una mayor actividad exploratoria por medio de perforaciones en pozos de desarrollo y exploratorios. De allí que las reservas probadas, probables y posibles de hidrocarburos transferidas debieran ser valorizadas a los precios y costos vigentes.

Respecto a la definición ortodoxa de las reservas de hidrocarburos es importante tener en consideración el distinto grado de probabilidad que pudiera existir con un grado de certeza. De allí, que las reservas probables tienen un 50% de probabilidades y las reservas posibles solamente el 10%, a pesar de tener ambos la misma estructura geológica. Evidentemente convertir las reservas posibles y probables en probadas exige importantes montos de inversión que PetroPerú no podría arriesgar.

Según El Anuario Estadístico de Hidrocarburos se define Reservas Probadas como: “Las reservas probadas se atribuyen a reservorios conocidos y son cantidades estimadas que pueden, con razonable certeza, ser recuperadas bajo las condiciones económicas, métodos de operación y regulaciones gubernamentales vigentes. Las condiciones económicas vigentes incluyen precios y costos prevalecientes a la fecha del estimado.”

Es importante recordar que a inicios de los años noventa el precio del petróleo no superaba los 21 dólares el barril y el mercado del gas natural era incipiente. Por el contrario, ahora los precios del crudo se mantienen por encima de los 80 dólares y el precio del gas natural se valoriza hasta 7 dólares el millón de BTU en Talara. En tal sentido, toda prórroga debe contemplar mayores compromisos de inversión y un ingreso adicional para el Estado por las reservas probadas.

Las reservas probadas de los lotes marginales fueron entregadas al capital privado sin licitación alguna por las dificultades externas e internas que tenía la economía peruana, desde los problemas de la reinserción internacional, la estabilización económica, la guerra interna, la falta de inversiones etc. Ahora el panorama es absolutamente distinto, de allí la necesidad de renegociar dichos contratos con mayores compromisos de inversiones y mejores regalías para el Estado.

Incrementar la producción interna, maximizar los compromisos de inversión en los llamados lotes marginales, aumentar los volúmenes de reservas probadas tendrá como resultado el incremento de los ingresos fiscales vía regalías e impuesto a la renta, que significará mayores ingresos para los gobiernos locales vía canon y sobrecanon petrolero, al margen de los efectos directos e indirectos en el empleo.

En tal sentido, si las empresas petroleras que operan en los llamados lotes marginales abonan regalías del 51% como Petrolera Monterrico, regalías del 47% como Interoil, o 63% como Unipetro con regalías equivalentes, al margen del impuesto a la renta, es el momento oportuno para renegociar mayores regalías en los otros lotes como Sapet, Graña y Montero, Olympic al margen de superiores compromisos de inversión.

Por último, el debate está abierto con la necesaria responsabilidad y respeto a las posiciones discrepantes. En resumen, si la gestión privada incrementa la producción y las reservas probadas en los lotes marginales de Talara, asumiendo riesgos y las inversiones, abonando un promedio 50% de regalías al margen del impuesto a la renta ¿Por qué cambiar de modelo?