La demora en la ejecución del proyecto de modernización de la Refinería de Talara (PMRT) es inédita. Se han llevado a cabo tres evaluaciones técnicas y de revisión de los montos de inversión por empresas internacionales. Todos estos trabajos fueron supervisados, en este gobierno, por dos administraciones de la empresa y dos directorios sucesivos que están siendo soslayados por los representantes de los accionistas (MEF y MEM). Obviamente estos últimos tienen la obligación de analizar la información a profundidad y proponer mejores opciones de financiamiento. Sin embargo, una demora excesiva en su ejecución o su división en dos partes podría generar tanto sobrecostos entre US$ 200 y 500 millones como la quiebra de PETROPERÚ en pocos años. No se conocen los argumentos contra el PMRT, pero se comenta que en ellos habría mucha ideología, poco análisis financiero y de evaluación económica.
Los críticos al PMRT parten de tres premisas erradas. Creen que el sector energético es como cualquier otro sector productivo, olvidándose que el último ciclo expansivo de la economía mundial del siglo XX se debió al petróleo. La segunda premisa es que piensan que la salida del Estado podría ser cubierta fácilmente por el sector privado. Siguen equivocados. La producción petrolera 20 años después de la privatización está al 35% de 1980 y que REPSOL a cargo de La Pampilla no desea ejecutar el programa de desulfurización de sus combustibles. También suponen equívocamente que alguien pueda ofrecer combustibles en el mercado local por debajo de las actuales referencias internacionales.
El PMRT, en su fase operativa, generaría flujos financieros positivos similares a los estándares internacionales. Se crea valor agregado local y gana dinero. Sin embargo, como cualquier otro proyecto exige un aporte de capital de sus accionistas (entre 20% y 30% de la inversión). En dirección contraria, sus críticos no quieren que el Estado proporcione estos recursos. Estos se olvidan que la empresa existe y que de cancelarse el PMRT no sería capaz de producir combustibles de acuerdo a las normas ambientales. Así, PETROPERÚ se convertiría en importadora de combustibles. El cierre de las refinerías de Talara y La Pampilla generaría –grosso modo- una pérdida anual de valor agregado local equivalente a 0.5% del PBI nacional y 3.5% del PBI del sector manufactura.
La cancelación del PMRT desindustrializa al país. En el gobierno de Fujimori, hace 20 años, se inició el proceso de desaparición de PETROPERÚ al quitarle los activos más rentables en el upstream. Nunca compensaron a la empresa por los bienes enajenados y daños generados. La circunscribieron a la refinación de petróleo que es menos rentable, contra la lógica de la industria petrolera integrada. Ojalá el gobierno actual no culmine su destrucción en contra del futuro de todos los peruanos.
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