REPRIVATIZACIÓN DE LOS TERMINALES POR 20 AÑOS
ESCRIBE: JORGE MANCO ZACONETTI (Investigador UNMSM)
Se debe asumir que los terminales del norte, centro y sur son las “bocas
de entrada y salida” de los combustibles, constituyéndose en la teoría
económica en monopolios naturales regionales donde es casi imposible reproducir
las condiciones de la libre competencia. Por ello, resulta más eficiente la
presencia estatal en los mismos que las operaciones bajo responsabilidad
privada como ha sido hasta ahora, para evitar el abuso del poder en el mercado
y sobrecostos.
En verdad, la reprivatización de los terminales no solamente
incrementaría los costos de operaciones para la petrolera estatal, afectando
los intereses de los consumidores si es que se tiene presente que aumentarán
los costos de cabotaje, despacho, almacenamiento de combustibles para
satisfacer las necesidades del mercado interno.
Esta reprivatización de los terminales en especial del Callao el más
importante por su ubicación para cubrir la demanda de combustibles de Lima y
del centro del Perú, sería una granjería más del ministro de energía y minas,
Ing. Eleodoro Mayorga que antes de ser funcionario público, era accionista del
estudio Laub & Quijandría, él mismo que tiene como uno de sus principales
clientes al grupo Graña y Montero (G&M).
Este grupo económico realiza estupendos negocios privados con PetroPerú
no solamente explotando crudo y gas de Talara sino también opera hasta ahora
los terminales del norte y sur, y con la última licitación convocada por la
petrolera estatal, también operará los terminales del norte y el terminal del
Callao durante los próximos 20 años, conjuntamente con la empresa OIL SAC.
Así, Graña y Montero/Oil SAC ha resultado ganador en la oferta por la
concesión de los terminales del norte (Etén, Salaverry, Chimbote y Supe) y del
centro (Callao).
¿QUÉ HA SIGNIFICADO LA CONCESIÓN DE LOS TERMINALES?
Con la información disponible el 19 de diciembre de 1997 los terminales
de Petroperú, del Norte, Centro y Sur fueron transferidos al sector privado
mediante contratos de operación por un período de quince años que debían vencer
en diciembre del 2011, sin embargo sin una evaluación sobre su pésimo
mantenimiento fueron prorrogados en la gestión del Gobierno del Dr. Alan
García, hasta diciembre del 2013.
Sin embargo, el presente gobierno
nacionalista a través de la Junta de Accionistas de la petrolera estatal
conformada por los ministros de economía y finanzas y el de energía y minas,
han presionado a la débil y servil administración de PetroPerú para
reprivatizarlos por un período adicional de 20 años, sin un análisis económico
serio.
En el pasado, las concesiones de los terminales
fueron efectuadas mediante contratos de operación por 15 años los cuales fueron
atribuidos al Consorcio Serlipsa / Vopak que pagó US$ 3 millones de dólares por
los terminales de Centro (Callao), asumiendo el compromiso de abonar una tarifa
a Petroperú de US$ 0.2784 centavos por barril almacenado.
Los terminales del Norte también fueron
concesionados por 15 años a favor del Grupo Graña y Montero Petróleo que pagó
en efectivo US$ 3 millones y asumió el compromiso de pagar una tarifa de US$
0.4739 por barril almacenado.
Los terminales del Sur fueron atribuidos por
15 años al Grupo Graña y Montero Petrolero que pagó US$ 3 millones en efectivo,
más el compromiso de pagar a Petroperú US$ 0.4567 por barril almacenado.
Una simple evaluación del costo/beneficio de
la privatización de los terminales demostrará el carácter profundamente lesivo
para PetroPerú, para el Estado y los consumidores, utilizando los propios datos
oficiales.
Así, con la información obtenida del Tesoro
Público para el período de 1998 – 2005 y las Notas a los Estados Financieros de
Petroperú, desde 1998 al 2012 la petrolera estatal ha recibido por concepto de
alquileres y tarifa de almacenamiento de parte de los operadores de Serlipsa /
Vopak y el Grupo Graña y Montero, la suma de US$ 214.3 millones, tal como se
puede apreciar en el cuadro “Pagos por Alquileres por Concesionarios a
Petroperú de 1998 – 2012”, por los operadores Consorcio Terminales y Vopak/
Serlipsa.
Por el contrario Petroperú por haber usado
los terminales del Centro, Norte y Sur del País, para hacer posible el
abastecimiento seguro y oportuno en el mercado interno de combustibles ha
tenido que pagar a Serlipsa / Vopak y al Grupo Graña y Montero entre 1998 –
2012 la suma de US$ 517 millones, tal como se puede apreciar en el cuadro:
“Resumen de Ingresos de Almacenamiento y Despacho de los Operadores de
Terminales (1998-2011)”, sin IGV.
Por tanto, constituye un pésimo negocio para
el país, para PetroPerú tener que recibir como pago de alquiler por los activos
de la petrolera estatal una suma de US$ 214.3 millones en el período 1998 –
2012, y en cambio ha tenido que abonar por el uso de sus propios terminales a
los concesionarios privados la suma de US$ 517 millones, generándose para
Petroperú un déficit superior a los US$ 303 millones de dólares en el período
mencionado.
EPÍLOGO
Ante el carácter lesivo de los contratos de
concesión de los Terminales del Centro, Norte y Sur del país, sin una auditoría
ni estudio económico/financiero válido, los mismos han sido nuevamente
concesionados en condiciones nada transparentes, por el presente gobierno que
prometió el fortalecimiento de PetroPerú.
En salvaguarda del interés público, la
seguridad nacional y de acuerdo a la ley de fortalecimiento del PetroPerú
(2006), los terminales debieran ser devueltos a su legítimo propietario pues
está demostrado por la historia que su privatización ha constituido un pésimo
negocio para la petrolera estatal para favorecer la valorización del capital
privado, es decir buenos negocios a costa del Estado, en nombre del “libre
mercado”.
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