Por Humberto Campodónico Sánchez (UNMSM)
La firma del contrato entre Petroperú y Técnicas Reunidas para la modernización y ampliación de la Refinería de Talara constituye el cierre de un largo ciclo. Con la firma, el contrato se ha convertido en un “llave en mano” por US$ 2,730 millones, que la empresa española deberá entregar en un plazo de 5 años.
Las críticas al proyecto han sido una constante. Lo bueno es que han sido derrotadas en toda la línea. Decían que la refinería no era necesaria, que había que cerrarla y convertirla en un simple centro de importación de combustibles. Lo que no explican es por qué países como Chile y Uruguay, países sin petróleo, tienen refinerías propias y modernas.
Aquí entra la seguridad energética, que es una política de Estado. Así lo entiende el mundo entero, ya que el 95% de las reservas de petróleo están en manos del Estado. Y todos los países de la región tienen empresas estatales potenciadas. Solo aquí se sigue el Consenso de Washington, que ya no es consenso allá ni en ningún otro lado. Habría que llamarlo mejor “Consenso de Lima”, pues solo existe en la capital.
También se dice que sería mejor invertir ese “dinero del Estado” en salud, educación o infraestructura. Sucede, sin embargo, que la empresa financia el proyecto con su propio flujo de caja y, como dice el ministro Castilla, es de talla mundial (gran mérito de los profesionales de Petroperú) y tiene una tasa de retorno positiva del 9.6%.
Lo que Castilla no dice es que el MEF le está negando a Petroperú (desde hace 14 años) recuperar el crédito fiscal del IGV por la venta de combustibles en la Amazonía, por S/. 270 millones anuales, lo que equivale a la tercera parte de las utilidades de Petroperú. Si ese crédito fiscal (que aumentará cuando la capacidad de refinación pase de 65,000 a 95,000 barriles diarios) se recupera, la tasa de retorno bien podría llegar a 11 o 12%.
También se ha dicho que Talara es un amasijo de “fierros viejos” (la leyenda urbana de PPK) y que está sobrevaluada (Ricardo Lago en Peru.21). No mencionan que Talara ganó la Medalla de Oro a la Calidad en el 2012, otorgada por la SNI y 20 jurados calificados. ¿Cafetera vieja? Tampoco toman en cuenta que Talara fue validada por dos empresas reconocidas (Arthur D. Little y Technip de Francia), que afirman que están muy bien, tanto el diseño como su valorización. Esto a diferencia de lo que sucede con licitaciones en otros sectores, que se vienen abajo por malos manejos.
Pero la derrota en toda la línea para modernizar Talara ha sido contrarrestada por la Ley 30130, que dice que hay que vender el 49% de las acciones de Petroperú (Art. 3) y que esta no debe invertir en ningún otro proyecto que le genere deudas hasta que se termine la refinería (Art.6).
Se dice que la venta del 49% permite financiar Talara con el aporte de privados (Federico Salazar en El Comercio). No es así. El proyecto se financia con un préstamo que se paga con el flujo de caja de la empresa. Sí es necesario el capital privado hasta en 20%, para que la participación de accionistas minoritarios contribuya al Buen Gobierno Corporativo en todas las actividades (incluye su presencia en Comités de Supervisión de inversiones y compras), como en Colombia. Vender el 49% representa una privatización bien poco encubierta, por decir lo menos.
Tampoco es congruente que Petroperú no pueda participar en otros proyectos, como el Lote 64 en la selva y los lotes de Talara, que permiten un mayor flujo de caja y, por tanto, una mejor tasa de retorno. Lo criticable es, además, que, en setiembre pasado, Perupetro haya cambiado la decisión de sus anteriores directorios y ahora prorrogue “a dedo” los lotes de Talara –que están revirtiendo al Estado– y no se los otorgue a Petroperú.
Se pretende, además de favorecer a los actuales licenciatarios, que Petroperú siga siendo solo “Refinoperú”. Esos dos artículos deben ser derogados y a eso apunta la Iniciativa Legislativa Ciudadana para conseguir las 65,000 firmas necesarias para que el Congreso vote su reconsideración.
Dicho esto, la firma es una buena noticia y debe alegrar a Talara y todo el Perú. Pero hay que ir más lejos en la mejora y cambio de la matriz energética, lo que pasa por el Gasoducto Sur Peruano, cuya licitación tiene fecha de 30 de junio, la misma que debe incluir el ducto de líquidos, así como la petroquímica en la costa sur, como parte del Plan Nacional de Diversificación Productiva.
Para terminar: la desulfurización de los combustibles en Talara permite obtener ácido sulfúrico lo que, unido al gas natural de la zona, sienta las bases para producir fertilizantes con la roca fosfórica de Bayóvar (que hoy la brasileña Vale exporta como roca pura, lo mismo que pretenden hacer los nuevos inversionistas; increíble, pero cierto). Así, la mejora de Talara se convierte también en un eje para la diversificación productiva y el impulso a la agricultura peruana, gran generadora de empleos.
Pero eso solo se hará si el Estado ejerce su rol promotor del desarrollo peruano. Lo que pasa por dejar de lado al Consenso de Lima. Esperemos que así sea.
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