* Publicado en el diario La Primera el viernes 17 de enero de 2014
Por Gérman Alarco Tosoni (Profesor de la Universidad del Pacífico)
El decano de la prensa nacional sigue en campaña contra PETROPERÚ. A inicios de esta semana publicó un editorial contra quienes están proponiendo la derogatoria de los artículos 3 y 6 de la nueva ley que la privatiza y prohíbe la participación en otras actividades. Este grupo sigue insistiendo que existía la alternativa de importar todos los combustibles o vender la empresa a privados. Asimismo, que con la privatización se lograría un buen gobierno corporativo evitando ineficiencia y corrupción.
La venta de PETROPERÚ a particulares no solo se hubiera enfrentado con su misión de generar renta petrolera a favor del Estado, sino que hacerlo resultaba inviable en virtud a que en su condición de refinadora tiene una reducida rentabilidad relativa. La fallida venta de la refinería de La Pampilla por parte de REPSOL a privados es ejemplo de esto, a menos que se esté dispuesto a asumir una importante pérdida patrimonial. Nadie está interesado en comprar este tipo de negocio por las bajas utilidades. Aquí y en todas partes del mundo las empresas de hidrocarburos deben ser integradas, de forma tal que las utilidades totales aumenten a través de desarrollar operaciones en el upstream y otras. El Congreso de la República, mal orientado por el MEF y el MINEM, condenó a la empresa a la refinación. Van contra los estándares de la industria a nivel internacional y contra la Ley 28840 que ordenaba integrarla y fortalecerla.
La alternativa del decano relativa a la opción de importar todos los combustibles no tiene sentido económico alguno. Los precios al consumidor de los productos refinados se fijan de acuerdo a las paridades internacionales y el tipo de cambio. Es francamente improbable que los precios al consumidor se reduzcan para mejorar nuestro bienestar. Por otra parte, en la medida en que las refinadoras generan valor agregado local y utilidades, dejar de producir sólo exportaría empleos y compras internas hacia el exterior. A grosso modo esta pérdida social sería 0.75% del PBI, que se multiplicaría hasta el 1.5% del PBI por los efectos indirectos (US$ 3,000 millones anuales por todas la refinerías del país).
A casi un mes de aprobada la ley no hay noticias de avances concretos con relación al inicio de la ejecución de Talara. Ni siquiera del crédito por US$ 500 millones pre concertado hace un año. El buen gobierno corporativo ha sido vulnerado desde que los directores pueden ser removidos sin causal alguna. El nuevo marco normativo no garantiza la ejecución integral del PMRT. No se ha asignado presupuesto alguno en 2014 al Lote 64, lo que implicaría dejar de ganar un valor presente neto por US$ 500 millones a doce años. Ya se anunció que no se participará en los lotes petroleros del Noroeste, ni en otros. Desafortunadamente, las noticias son malas. La Ley parece que sólo fue un engaña muchachos.
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