Por Germán Alarco Tosoni (Universidad del Pacífico)
El pasado 18 de diciembre se publicó la Ley 30130 sobre el Proyecto de Modernización de la Refinería de Talara (PMRT) y PETROPERÚ. El proyecto de Ley fue elaborado exclusivamente por los titulares del MEF y MINEM. En lo positivo, la Ley declara de necesidad pública e interés nacional el PMRT, autoriza su ejecución y aprueba el otorgamiento de garantías del MEF hasta por US$ 1,000 millones. En lo negativo se limita a la empresa a realizar otras actividades como la explotación de petróleo y se dispone que se privatice hasta un 49% de su capital social. Se omite equivocadamente mencionar los montos del proyecto que hubieran sido una buena señal para frenar las posibles pretensiones del contratista principal y los subcontratistas del PMRT para ampliarlo.
El MEF ha manifestado, luego de estresar las proyecciones, que el proyecto tiene una tasa interna de retorno financiera del 9.6%, la cual es aceptable. Sin embargo, cualquier inversionista privado exigiría para invertir en un proyecto cualquiera al menos una tasa de descuento del 15%. Esto significaría que si el Estado invierte en el PMRT, con recursos de terceros US$ 2,730 millones, los privados que los adquieran sólo estarían dispuestos a pagar alrededor de US$ 1,740 millones. El resultado final, para información de la Contraloría General de la República, sería una pérdida que afectaría los intereses del Estado en casi US$ 1,000 millones por el cien por ciento del proyecto. Aún suponiendo que una reestructuración interna y la participación de privados mejoren los resultados financieros de la empresa en US$ 50 millones anuales, al momento de vender las acciones se tendría una pérdida de US$ 700 millones. Sólo la irracionalidad de los agentes económicos y una gran burbuja en el mercado de valores podrían disminuir esta pérdida.
La exigencia relativa a limitar el desarrollo de otros proyectos, especialmente en el upstream como el Lote 64 no sólo se enfrenta a la Ley sobre fortalecimiento e integración vertical de la empresa, sino que significaría dejar de percibir un valor presente neto de US$ 500 millones en doce años con una tasa de descuento del 15%. Asimismo, habría que tirar al basurero todo lo invertido en certificar reservas, en contratar empresas internacionales para definir las mejores opciones técnicas y financieras y la de un agente financiero internacional que estaba por encontrar los socios privados para el proyecto.
La combinación de financiar, privatizar y limitar actividades no pasa la prueba de las matemáticas financieras básicas. Es imprescindible colectar firmas para derogar los artículos relativos a la privatización y limitación de actividades impuesta por la Ley. Hay que salvar nuevamente a PETROPERÚ y al Estado peruano de la ideología neoliberal, tal como se hizo con la iniciativa ciudadana en 2006.
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